Autor: infoalimentacion

  • Alimentación marcha el 30 por trabajo, salario y dignidad

    Alimentación marcha el 30 por trabajo, salario y dignidad

    Alimentación marcha el 30 abril por trabajo, salario y dignidad

    El STIA Buenos Aires, liderado por Sergio Escalante, convoca a sus trabajadores a movilizarse junto a la CGT en rechazo a la reforma laboral de Milei y la caída del poder adquisitivo.

     

    El movimiento obrero argentino llega al 30 de abril en un estado de tensión que no se veía en años. La Confederación General del Trabajo convocó a una marcha masiva a Plaza de Mayo en la víspera del Día del Trabajador. El sector de la alimentación adhirió al llamado de la central obrera y llamó a las trabajadoras y trabajadores a sumarse a la columna del movimiento obrero organizado. La consigna que enarbola el gremio es clara, el trabajo es con derechos o es esclavitud.

     

    Una marcha que viene desde lejos

    La convocatoria no surgió de un día para el otro. El triunvirato de la CGT —integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Oscar Argüello— anunció la movilización tras un análisis exhaustivo de la situación laboral y económica del país.

    Sola fue directo: la marcha reclama la caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario y el endeudamiento familiar. El representante del sector de seguros no escondió nada. Dijo que el Gobierno impone un techo por debajo de la inflación a las paritarias. Eso, para el movimiento sindical, es control de salarios.

    La movilización partirá en columnas desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La concentración está prevista para las 17 horas en Plaza de Mayo. Ese mismo escenario histórico recibirá también un homenaje al papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025. La CGT reconoce su defensa constante del mundo del trabajo.

    El lema elegido por la central obrera resume la postura: «Defender el empleo de calidad es proteger el futuro del pueblo argentino.»

    La reforma laboral: el centro del conflicto

    El detonante más inmediato de la marcha tiene nombre: Ley de Modernización Laboral, la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei. El Senado la aprobó el 27 de febrero con 42 votos a favor y 28 en contra. El Congreso la convirtió en ley el 20 de ese mismo mes.

    La norma tiene 218 artículos y modifica de raíz la estructura del derecho laboral argentino. Los sindicatos la califican de regresiva y contraria a la Constitución Nacional.

    Entre los cambios más cuestionados por el movimiento obrero se encuentra la eliminación de la ultraactividad. Hasta ahora, los convenios colectivos mantenían su vigencia hasta que se firmara uno nuevo. Con la reforma, eso desaparece. Los convenios vencen y no hay garantía de continuidad.

    La reforma también prioriza los acuerdos por empresa por sobre los convenios sectoriales. Para los sindicatos, eso pulveriza la negociación colectiva centralizada. Las indemnizaciones por despido también cambian: se crean mecanismos alternativos que pueden reemplazar la indemnización tradicional. La CGT sostiene que eso reduce la protección del trabajador ante un despido injustificado.

    Hay más. Se eliminó el principio jurídico del «in dubio pro operario», que mandaba fallar a favor del trabajador en caso de duda interpretativa. Se restringen las huelgas. Se imponen límites a las asambleas dentro y fuera de los lugares de trabajo. Se deroga la ley de teletrabajo. Los trabajadores de plataformas digitales quedan definidos como independientes.

    El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, no tuvo medias tintas. Calificó la reforma de «maliciosa» y contraria a la carta magna. Jorge Sola fue todavía más claro: el Gobierno viola el principio de progresividad que marcan la Constitución y los tratados internacionales. Un derecho social ganado, dijo, no puede retroceder.

    La pelea judicial: un fallo aberrante

    El conflicto entre la CGT y el Gobierno no quedó en las calles. Llegó a la Justicia. El juez Raúl Ojeda suspendió de manera provisoria 82 artículos de la ley. Fue un fallo que el movimiento sindical celebró como una victoria parcial.

    Pero el triunfo duró poco. La Cámara Nacional del Trabajo dejó sin efecto esa cautelar. El fallo habilitó la aplicación de la reforma. Y al día siguiente, en el Boletín Oficial, apareció publicada la extensión del mandato de uno de los jueces que firmó esa resolución.

    Jerónimo llamó a eso «aberrante». Fue más allá: habló de «obscenidad institucional». Dijo que el hecho pone un grado de gravedad institucional que genera dudas sobre los procesos democráticos del país.

    La CGT respondió en los tribunales. El secretario adjunto Andrés Rodríguez confirmó que la central apelará el fallo. El equipo jurídico evalúa además la recusación del magistrado cuestionado. La pelea legal no terminó.

    Un juzgado de primera instancia laboral aportó otro dato de peso: el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 decidió mantener la causa en el fuero laboral, rechazando el intento del Gobierno de llevarla al fuero Contencioso Administrativo Federal. El magistrado declaró que el expediente debate instituciones exclusivamente laborales: plataformas, laboralidad, contratos a plazo, indemnizaciones, vacaciones, huelga, negociación colectiva.

    Fue, en palabras de Escalante, una señal que el movimiento obrero organizado debe sostener y ampliar.

    Los reclamos sobre la mesa

    La reforma laboral es el eje, pero no el único reclamo, el movimiento sindical acumula una lista de agravios concretos.

    El primero es la pérdida del poder adquisitivo. Jorge Sola lo describió como un ajuste brutal que comenzó el día que Milei asumió. La caída no discrimina: afecta a trabajadores formales, informales y monotributistas. El endeudamiento familiar creció. Los salarios perdieron terreno frente a los precios mes a mes.

    Los gremios marcharán a Plaza de Mayo en la tarde de este jueves para reclamar por la situación económica del país y en contra de la reforma laboral.

     

    El segundo reclamo apunta a las paritarias. La CGT denuncia que el Gobierno impone techos por debajo de la inflación. Para los sindicatos, eso equivale a convalidar una reducción salarial encubierta. El mecanismo de homologación de acuerdos se convierte, denuncian, en un instrumento de control.

    El tercer punto es la política económica en general. La CGT critica los cambios en el sistema aduanero impulsados por el ministro Federico Sturzenegger. También cuestiona la apertura importadora, que golpea directamente a la industria nacional y amenaza puestos de trabajo.

    Jerónimo resumió el malestar en una frase: «El clima social va a cambiar. La gente está muy enojada. No le alcanza para llegar a fin de mes.»

    La central sindical fue un paso más allá. Anunció que publicará su propio índice de inflación para contrastar con los datos del INDEC. La decisión deja en claro que la CGT no reconoce como válidas las cifras oficiales de pobreza e inflación.

    El sector se une: gremios y federaciones detrás de la CGT

    La marcha del 30 de abril no es solo de la CGT. Es del movimiento obrero en sentido amplio. Gremios de distintos sectores ratificaron su adhesión a la convocatoria.

    La UPCN, la UOCRA, los trabajadores de Sanidad, Camioneros y el gremio de Judiciales confirmaron su participación. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) también se sumó. Desde los barrios populares, la organización social acompañó los reclamos con relevamientos propios sobre la caída del poder adquisitivo.

    El Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa se preparan para extender la protesta durante todo mayo con actividades en distintas provincias.

    El conlficto social se agrava mientras el gobierno de Milei se hunde en escándalos de corrupción.

     

    El frente sindical que enfrenta al Gobierno incluye también a sectores que históricamente mantuvieron una relación más moderada con el poder. El punto de quiebre fue la reforma laboral. Incluso gremios que negociaron con el oficialismo durante los primeros meses de gestión cerraron filas contra la ley.

    La Federación Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) también se posicionó. El sector cerró un preacuerdo paritario en marzo que incluyó un aumento del 9,67% sobre los salarios de diciembre y un bono de 100.000 pesos para la categoría inicial. La cláusula de revisión para mayo es señal de que la discusión salarial no está cerrada.

    Alimentación en la calle: la proclama del STIA Buenos Aires

    El STIA Buenos Aires, con Sergio Escalante al frente, convoca a sus trabajadores con un mensaje que alude a la necesidad de luchar de forma colectiva y en unidad. La fecha es el jueves 30 de abril ye punto de encuentro es la sede del sindicato, a las 11 de la mañana.

    «Este 30 de abril salimos a la calle con todo el movimiento obrero», dice la proclama del sindicato. «Estamos en un momento bisagra: la sociedad comenzó a darse cuenta a qué vino este Gobierno.»

    El STIA Buenos Aires es uno de los sindicatos con mayor peso en la estructura de la CGT. Escalante ocupa además el cargo de secretario de Interior de la central obrera. Esa posición le da a la filial un rol político que va más allá de la representación sectorial.

    El STIA Buenos Aires convoca a marchar en defensa de los derechos adquiridos.

     

    La proclama es directa y sin rodeos. El ajuste que prometía caer sobre «la casta» lo están pagando los trabajadores. El sindicato llama a no mirar para otro lado. Defiende el trabajo, el salario y la dignidad como banderas irrenunciables. La industria nacional y cada familia trabajadora están en el centro de la disputa.

    El llamado termina con una consigna que resume la postura del gremio: «La patria no se vende, se defiende.»

    El STIA Buenos Aires, con Sergio Escalante al frente, convoca a sus trabajadores con un mensaje que alude a la necesidad de luchar de forma colectiva y en unidad. La fecha es el jueves 30 de abril ye punto de encuentro es la sede del sindicato, a las 11 de la mañana.

    Las palabras de Escalante completan el cuadro. En distintas declaraciones públicas, el secretario general del STIA definió la reforma laboral como «inconstitucional» y advirtió que el Gobierno quiere una Argentina «pre peronista», sin las leyes favorables a los trabajadores incorporadas desde 1945. Dijo que la reforma aumentará los juicios laborales y que la Justicia será la herramienta que el trabajador usará para defenderse.

    Para Escalante, el STIA no reaccionará con medidas aisladas. La estrategia combina movilización política y negociación técnica. El acuerdo histórico firmado con Mondelez —que garantizó la estabilidad de más de 2.300 trabajadores durante doce meses y obligó a la empresa a producir en el país mercadería que antes se importaba— es la prueba de que esa combinación da resultados.

    «Este acuerdo es un ejemplo de cómo el sindicato, con sus propias fuerzas, pone el bienestar de las familias trabajadoras por encima de todo», declaró Escalante hace algunas semanas tras firmar el convenio en la planta de Pacheco.

    Otras filiales de Alimentación se suman a la columna

    La convocatoria del STIA Buenos Aires no es una voz aislada dentro del sector. Otras filiales de la Federación Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) se suman a la movilización del 30 de abril.

    El STIA de la Provincia de Buenos Aires, el STIA Santa Fe, el STIA Córdoba y el STIA San Rafael, Mendoza, son parte de una estructura nacional que cubre a decenas de miles de trabajadores del sector en todo el país. El Convenio Colectivo de Trabajo 244/94, marco que regula a unos 80.000 trabajadores de la alimentación, es uno de los que la reforma laboral amenaza con afectar directamente.

    El gremio de Alimentación vuelve a marchar para resistir la reforma laboral.

     

    La industria alimenticia es uno de los pocos sectores que resistió la contracción general. Mientras la industria acumuló ocho meses consecutivos de retroceso, el rubro de alimentos y bebidas registró un crecimiento interanual del 0,9% en el primer bimestre de 2026. Pero esa relativa estabilidad no alcanza para frenar el deterioro salarial ni para blindar los puestos de trabajo frente a una política económica que desalienta la producción nacional.

    Las filiales provinciales entienden que la marcha del 30 de abril no es solo un acto sindical. Es una demostración de fuerza organizada en un momento que el propio STIA Buenos Aires calificó de «bisagra». La reforma laboral está en vigencia, aunque con artículos suspendidos. La batalla judicial continúa. Y la calle, este jueves, vuelve a ser el campo de disputa del movimiento obrero argentino.

    La CGT no descarta ir más lejos

    La marcha del 30 de abril es una advertencia para la gestión libertaria, no el punto final. Jerónimo fue explícito: si la situación se agrava, un paro general vuelve a la agenda. En febrero de 2026 la CGT ya ejecutó una medida de fuerza de ese tipo. La posibilidad de repetirla está sobre la mesa.

    El dirigente también apuntó contra los gobernadores que no alzaron la voz frente al proceso. Criticó al Ejecutivo por usar temas como la soberanía de las Islas Malvinas para desviar la atención de los problemas internos. «Están jugando con la vida de los trabajadores», dijo. La central obrera se prepara además para el terreno político. Jerónimo anunció que la CGT trabaja en la construcción de una alternativa amplia que trascienda al peronismo tradicional.

    El movimiento obrero argentino llega al 30 de abril unido y con agenda propia. La reforma laboral condensa mucho más que el ataque a los derechos adquiridos, el reclamo también es por deterioro del salario real, la pérdida de puestos de trabajo formales, la caída abrupta de la capacidad industrial instalada y el abandono del sistema de salud y educación. La marcha de este jueves unifica reclamos que el movimiento sindical lleva a Plaza de Mayo bajo la bandera de la lucha contra la reforma y el pedido de cambios inmediatos ante el colapso económico y social.

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  • Paritarias bloqueadas: el gobierno le pone techo al salario

    Paritarias bloqueadas: el gobierno le pone techo al salario

    Paritarias bloqueadas: el gobierno le pone techo al salario

    La federación de Empleados de Comercio marcha el 30 de abril con la CGT mientras el gobierno bloquea acuerdos salariales firmados entre partes y el salario mínimo acumula una caída del 39% desde diciembre de 2023.

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  • Desarman el INTI y los amigos de Caputo quieren el negocio

    Desarman el INTI y los amigos de Caputo quieren el negocio

    Desarman el INTI y los amigos de Caputo quieren el negocio

    El gobierno libertario desguaza el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y busca entregar el negocio del control de los surtidores a una empresa ligada al ministro Caputo.

     

    La Resolución 42/2026 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) eliminó casi un millar de servicios técnicos que el organismo brindaba al sector productivo. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, festejó la medida en sus redes sociales con el argumento de que los servicios «no tenían demanda» y subsidiaban a las empresas. Detrás del discurso desregulatorio se esconde un negocio millonario: el Grupo Lenor, empresa ligada al entorno del ministro de Economía Luis Caputo, ya opera como el principal beneficiario del desmantelamiento del área de Metrología Legal del INTI, la que hasta 2025 controlaba la exactitud de los surtidores de combustible en todo el país.

    Sturzenegger, el cínico

    Sturzenegger eligió la ironía para justificar el mayor recorte en la historia del INTI. En su cuenta de X celebró la Resolución 42/2026 como un acto de liberación industrial y describió los servicios dados de baja como simples «insumos industriales» que el Estado no tenía razón de ofrecer. Llegó a sostener que los servicios «no revestían el carácter de servicios públicos, ni tenían ninguna especificidad particular», como ejemplo mencionó «testear la durabilidad de una alfombra», y agregó que el INTI los ofrecía «a un precio muy bajo», lo cual implicaba que era el contribuyente quien los financiaba.  «Por eso algunos lo llaman irónicamente el Instituto Nacional de Trabas Industriales», remató.

    Sturzenegger argumenta que desarticular el INTI permitirá bajar costos para los consumidores al eliminar «costitos» estatales innecesarios.

     

    La respuesta de los trabajadores fue inmediata y demoledora. Desde la Multisectorial de Trabajadores del INTI desmintieron varias afirmaciones de Sturzenegger: señalaron que el ministro confundió las 12 camionetas de verificación de surtidores con el 12% del plantel, cuando en realidad se trataba de apenas 24 de los 2.300 trabajadores del organismo. Un error de proporciones difícil de explicar en quien diseña política de Estado.

    La diputada y economista Julia Strada fue más directa. Le enrostró al ministro que hay «un problema de base que es desconocer el rol que cumplen estas herramientas en cualquier estrategia de desarrollo productivo» y que no se trata de servicios de mercado en sentido estricto, sino de infraestructura tecnológica que permite que el entramado productivo —y en particular las pymes— acceda a capacidades técnicas a costos razonables.

    Cuando el mercado no existe: el caso del litio

    Uno de los argumentos más repetidos por el oficialismo es que el sector privado puede reemplazar lo que hacía el Estado. La realidad técnica desmiente esa afirmación en casos concretos y de alta sensibilidad. Entre los servicios eliminados figura un ensayo dentro de una batería de pruebas para el control de bolsones utilizados en el transporte de sustancias peligrosas como el litio. Ese ensayo fue dado de baja siendo el INTI el único laboratorio del país con capacidad técnica para realizarlo, y era requerido por Prefectura y Gendarmería para habilitar el traslado de litio como sustancia peligrosa.

    El INTI sufre despidos masivos que desarticularían el organismo de control.

     

    Entre las prestaciones eliminadas también figuran ensayos microbiológicos fundamentales para la seguridad alimentaria, como la detección de Salmonella y E. coli. No existen, en el corto plazo, laboratorios privados en Argentina capaces de absorber esa demanda. Los propios subgerentes del INTI advirtieron que no hay oferta suficiente en el ámbito privado para reemplazar los controles, que algunos afectan exportaciones y estándares internacionales, y que otros tienen que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías.

    La Unión Industrial Argentina, lejos de celebrar el «alivio de trabas» prometido por Sturzenegger, salió a defender al organismo. La UIA afirmó que el INTI «juega un papel estratégico para asumir nuevos desafíos productivos y de inserción internacional». La respuesta del ministro fue una ironía: «Le ofrecimos que se lo queden, si tanto les gusta, pero no aceptaron».

    El negocio detrás de la desregulación: Lenor y Caputo

    El desguace del INTI no responde únicamente a una doctrina de achicamiento del Estado. Hay un beneficiario concreto, identificado e identificable, que opera detrás de cada resolución. La empresa que realizará en primer lugar la verificación de surtidores de combustible es Lenor, del empresario Julio Made, cercano al ministro de Economía Luis Caputo.

    El mecanismo fue construido en etapas. Hasta diciembre de 2025, el INTI realizaba el control de los surtidores con un arancel de 25.000 pesos por unidad, un servicio de bajo costo que le generaba al organismo ingresos anuales de entre 3.600 y 4.000 millones de pesos. Los privados como Lenor cobraban 75.000 pesos por la misma prestación. Cuando las estaciones de servicio siguieron eligiendo al INTI por precio y calidad, el gobierno subió el arancel público a 100.000 pesos para desalentar esa demanda. Pero ni así alcanzó. Fue entonces que el gobierno decidió el cierre definitivo del área de metrología del INTI, a fines del año pasado, por orden de Caputo y la presión de los allegados de Lenor en el Ministerio de Economía.

    La Resolución 213/2025 del INTI estableció el cese progresivo de actividades en materia de control metrológico, con un cronograma que comenzó en enero de 2026 en el Área Metropolitana y culminará el 30 de junio de 2026 en el resto del país. A partir de esa fecha, los 45.000 surtidores del país quedarán exclusivamente en manos privadas. El área de Metrología Legal representaba aproximadamente el 50% de la facturación por aranceles del INTI. Fuentes cercanas al sector estiman que el negocio habilitado por el gobierno podría alcanzar los 12.000 millones de pesos anuales.

    Capital humano que no se recupera

    El vaciamiento del INTI no es solo contable. Es también la destrucción de décadas de formación técnica especializada que el Estado argentino invirtió en construir. El INTI cuenta actualmente con aproximadamente 2.300 empleados, frente a los 3.100 trabajadores que tenía en 2023. Y el ajuste no terminó.

    El plan oficial incluye un ajuste de planta de más de 700 empleos. Son técnicos, especialistas, investigadores y profesionales. El objetivo, según se supo, implicaría achicar la estructura con hasta 1.500 despidos, apenas una semana después de que se eliminaran más de 900 prestaciones del organismo.

    Fuentes del organismo advirtieron que «se apunta directamente a desarmar los Centros de Investigación y Desarrollo, la columna vertebral del INTI, ya que laboratorios enteros se quedarían sin funciones». El propio presidente del organismo, Miguel Ángel Romero, reconoció la gravedad de la situación y advirtió que si los despidos se concretan, no serán bajo su gestión, porque «el acuerdo era bajar servicios, pero no despedir».

    Un técnico de metrología legal no se forma en seis meses. Un laboratorio de calibración acreditado internacionalmente no se reconstruye en un año. El capital humano estatal que se destruye bajo el eufemismo de la «desregulación» es, en realidad, la infraestructura invisible sobre la que descansa la soberanía tecnológica de cualquier nación industrial.

    Un organismo que nació para cuidar a los que compran

    El INTI no nació para trabar industrias. Nació para proteger a los trabajadores, a las pymes y a los consumidores de las asimetrías del mercado. El Programa de Metrología Legal que sostenía el INTI ejecutaba el mandato del artículo 9° de la Ley 19.511, que establece la obligatoriedad de la verificación periódica de todo instrumento de medición utilizado en transacciones comerciales, explotaciones industriales y actividades que puedan afectar a la población. Esa ley no cambió. Lo que cambió fue la voluntad política de cumplirla.

    Desde 2005, 24 técnicos del INTI recorrían aproximadamente 4.000 estaciones de servicio por año, verificando el correcto funcionamiento de unos 60.000 surtidores. En casos de fraude o falla, los verificadores inhabilitaban el despacho de combustibles y derivaban las actuaciones a la Dirección de Comercio Interior. Esa función de control —independiente, estatal, de bajo costo— es la que el gobierno acaba de entregar a una empresa privada con vínculos directos en el Ministerio de Economía.

    La fiebre desregulatoria del gobierno de Milei no libera al mercado. Lo captura en beneficio de quienes tienen acceso al poder. Y mientras Sturzenegger celebra en redes sociales, los consumidores argentinos quedan expuestos y pierden en términos de seguridad para favorecer negocios privados de los amigos del gobierno.

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  • SanCor pidió su quiebra: fin de una era láctea

    SanCor pidió su quiebra: fin de una era láctea

    SanCor pidió su quiebra: fin de una era láctea

     

    La histórica cooperativa fundada en 1938 solicitó su propia quiebra ante la Justicia de Rafaela con una deuda de 120 millones de dólares, ocho meses de salarios impagos y una producción que cayó el 87% en menos de una década. El desenlace es también el espejo de un modelo de desindustrialización que el gobierno libertario aceleró sin frenos.

    Fundada en 1938 como cooperativa de pequeños y medianos productores de Santa Fe y Córdoba, SanCor fue durante décadas una referencia de la industria láctea argentina. Su nombre condensaba una geografía y una forma de entender la producción: el asociativismo como motor del desarrollo federal, la leche como materia prima de un país que podía procesar, agregar valor y exportar. Esta semana, ese nombre quedó inscripto en los tribunales de Rafaela bajo un expediente de quiebra.

    La cooperativa solicitó su propia quiebra ante la Justicia al admitir que ya no está en condiciones de cumplir con sus obligaciones financieras. El pedido fue presentado ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, a cargo del juez Marcelo Germán Gelcich, quien interviene en el proceso concursal. La empresa se encontraba en concurso de acreedores desde febrero de 2025 y tomó la decisión tras confirmarse un estado de insolvencia generalizada que compromete su continuidad operativa.

    El derrumbe es cuantificable y es devastador. En 2017 SanCor empleaba a 4.000 personas y procesaba 4 millones de litros diarios de leche; hoy esa cifra se redujo a 500.000 litros y el plantel laboral cayó a menos de 850 operarios, muchos de los cuales llegaron al final sin cobrar un solo sueldo en ocho meses. Atilra, el sindicato del sector, denunció que la empresa se sostuvo con el patrimonio de los trabajadores, es decir,  SanCor se sostuvo con el sacrificio de quienes pusieron el cuerpo hasta el último día.

     

    EL DESARME DEL APARATO PRODUCTIVO

    Desde 2017, la firma atravesó un proceso de reestructuración que incluyó el cierre de plantas, la venta de activos y el ajuste de todo el plantel. Se desprendió de marcas de yogures y postres, pero nada alcanzó. Cada etapa de achicamiento fue presentada como un paso hacia la viabilidad. Cada paso fue, en realidad, una estación más del derrumbe.

    El proceso judicial ya había dejado en evidencia el deterioro: a fines de diciembre de 2025, el juez resolvió intervenir la cooperativa y designar una coadministradora ante incumplimientos, falta de información suficiente y atrasos acumulados. En sus resoluciones, el juez identificó tres problemas centrales: la reticencia informativa —la empresa no aportó datos claros sobre contratos ni niveles de producción—, la crisis laboral y previsional —con salarios adeudados desde junio de 2025 y el aguinaldo completo sin pagar—, y un pasivo que no dejaba margen de maniobra.

    La caída de un gigante del sector lácteo golpea a los productores del interior del país.

     

    El pasivo está compuesto por unos 90 millones de dólares y más de 40.000 millones de pesos, con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y fondos financieros internacionales entre los principales acreedores. El deterioro económico quedó expuesto en el proceso judicial de verificación de créditos, donde se analizaron más de 1.500 acreedores sobre un total superior a los 2.700 denunciados.

    El caso de ARSA —la firma que producía los yogures, flanes y postres de la marca— cerró antes. Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima fue declarada en quiebra también recientemente, después del fracaso del concurso preventivo abierto en abril de 2024, donde no se presentaron interesados. La desmembración fue por partes. Primero los derivados, después la cooperativa madre.

    Hace cinco años que no se realizan los aportes correspondientes a la obra social y al sindicato. Los trabajadores no solo perdieron el salario: perdieron la cobertura médica, la historia previsional, la red básica de protección social que el trabajo formal debería garantizar.

    EL CONTEXTO: UN GOBIERNO QUE MIRÓ PARA OTRO LADO

    La quiebra de SanCor no ocurre en el vacío. Ocurre en el marco de un gobierno que hizo del desmantelamiento del Estado productivo su política deliberada.

    Desde la llegada de Javier Milei al gobierno en diciembre de 2023, se habrían cerrado más de 24.000 empresas en la Argentina, según un informe de la organización Fundar basado en registros administrativos de la Seguridad Social. El número de empleadores pasó de 512.357 a 488.177, una disminución de 24.180 unidades productivas. SanCor es la más visible de esa lista, pero no es la única del sector.

    El ajuste de Javier Milei colapsa el aparato productivo y la crisis se agrava.

    La sobrevaluación del peso, las altas tasas de interés con las que Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, buscan sostener la moneda, y la fuerte caída del consumo interno afectan a todas las empresas, incluidas las lácteas. Lácteos Verónica, otra empresa del ramo con deterioro sostenido, consiguió de momento evitar la quiebra pero mantiene congelada su producción en las tres plantas que posee y adeuda meses de sueldo a sus trabajadores.

    La lógica libertaria presenta cada cierre como una consecuencia de la ineficiencia propia, como si el contexto macroeconómico fuera irrelevante, como si el crédito accesible, las tarifas razonables y el consumo interno activo no fueran condiciones que el Estado puede crear o destruir. En el caso de SanCor, esas condiciones se destruyeron. Las tarifas energéticas escalaron, el costo financiero se volvió insostenible y el poder adquisitivo del mercado interno —la base de la demanda de productos lácteos— cayó de forma estructural durante 2024 y 2025.

    El gobierno nacional no ofreció ninguna herramienta de asistencia. No hubo refinanciación de deudas fiscales, no hubo crédito subsidiado para cooperativas en crisis, no hubo mesa de negociación articulada desde el Estado nacional. El ministerio de Economía celebró el superávit fiscal mientras el entramado productivo del interior del país se apagaba planta por planta.

     

    LOS TRABAJADORES Y EL SINDICATO

    Si hay un actor que sintetiza el impacto de esta crisis, son los trabajadores: con ocho meses de salarios adeudados y prestaciones sostenidas en muchos casos por mecanismos extraordinarios, el escenario social es tan crítico como el económico.

    En enero de 2025, la cooperativa ya había despedido a 300 trabajadores en plantas de Córdoba y Santa Fe, bajo el argumento de «fuerza mayor». Al momento de esos despidos, SanCor tenía alrededor de 1.350 empleados, muy lejos de los 4.000 puestos de trabajo que llegó a sostener en 2017.

    Atilra eligió no rendirse frente al resultado judicial. El gremio sostuvo que la quiebra no constituye un final sino el comienzo de una nueva etapa donde la marca SanCor, despojada de las estructuras que la llevaron al borde de su extinción, debe volver a florecer con el impulso de la nobleza y calidad de los productos que las y los trabajadores elaboran. Fuentes gremiales señalaron que hay empresas serias interesadas en adquirir la firma una vez dictada la quiebra, y que esperan ese momento para avanzar.

    La asamblea extraordinaria de productores socios está convocada para el 30 de abril. Allí se definirá si los asociados ratifican la solicitud. Pero la realidad productiva ya habló: de 4,6 millones de litros diarios a 500.000. De 4.000 trabajadores a menos de 850. De exportar a 30 países a pedir la quiebra con 1.500 acreedores en fila.

     

    Otra empresa víctima del experimento libertario

    SanCor no murió de repente. Murió de a poco, con cada planta que cerró, cada marca que se vendió, cada sueldo que no llegó y cada aporte previsional que se retuvo sin girar. Murió mientras el gobierno nacional miraba para otro lado y explicaba que el mercado sabe lo que hace.

    Lo que el mercado hizo es destruir una cooperativa de 88 años que era orgullo del cooperativismo argentino, empleaba a miles de familias del interior y procesaba la leche de cientos de tambos que hoy tampoco saben qué va a pasar. Eso no es ajuste. Es demolición.

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    La central fabril apeló la medida que suspendió 82 artículos de la Ley 27.802 y pidió intervenir como parte. FTIA y STIA Buenos Aires ratifican su respaldo a la estrategia sindical que logró frenar el núcleo de la reforma laboral.

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  • IA en la industria: tecnología que avanza y empleo en juego

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    La inteligencia artificial (IA) cada vez opera en más eslabones de la cadena productiva, de comercio y consumo. Los datos son concretos, los casos están documentados y el impacto sobre el empleo es medible. Mientras las grandes empresas del sector evalúan y adoptan estas tecnologías, el sindicalismo mundial debate cómo negociar sus condiciones. En Argentina, la discusión todavía no empezó.

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  • La industria cayó 8,7%: el peor febrero desde 2009

    La industria cayó 8,7%: el peor febrero desde 2009

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    El INDEC confirmó la octava caída consecutiva del sector manufacturero: 14 de 16 rubros en rojo, con alimentos y bebidas entre los más golpeados y más de 100.000 empleos destruidos en el ciclo.

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