Marcha universitaria: el pueblo exige que se cumpla la ley

La cuarta Marcha Federal Universitaria colmó la Plaza de Mayo con más de un millón y medio de personas y le exigió al gobierno de Milei que aplique la Ley de Financiamiento Universitario.

El 12 de mayo de 2026 quedará en la memoria colectiva como el día en que Argentina volvió a demostrar que la educación pública es un valor que no se negocia. La cuarta Marcha Federal Universitaria desbordó la Plaza de Mayo y cientos de puntos del país con estudiantes, docentes, investigadores, familias y trabajadores organizados. El reclamo fue uno solo: que el gobierno de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, ratificada con mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras y respaldada dos veces por la Justicia. El movimiento obrero marchó en unidad con la comunidad universitaria, y los trabajadores de la industria alimentaria también llevaron su voz a la calle.

Una marea humana en todo el país

La convocatoria fue masiva desde el mediodía. Horas antes del acto central, las columnas de estudiantes, docentes y trabajadores ya ocupaban las principales vías de acceso al centro porteño.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales llamaron a movilizarse en todo el país. En Buenos Aires, el acto central tuvo lugar en Plaza de Mayo a partir de las 17 horas, con discursos desde las 18.

El presidente del CIN, Franco Bartolacci, estimó una concurrencia de más de 1.500.000 personas en todo el territorio nacional. El gobierno intentó relativizar la cifra y habló de 135.000 asistentes, pero las imágenes desde el aire contradijeron esa versión: la Plaza de Mayo y la Avenida de Mayo fueron literalmente una marea humana.

La jornada fue pacífica de principio a fin. Familias con carteles escritos a mano, coreografías de estudiantes de arte, docentes universitarios con sus batas blancas y columnas sindicales organizadas pintaron un cuadro que nadie pudo ignorar.

El acto cerró con la lectura de un documento unificado de las universidades, que exigió al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la ley de financiamiento, «votada, ratificada y validada en dos instancias por la Justicia».

La pianista Marta Argerich también sumó su voz desde Europa: «Quiero manifestar mi apoyo por la defensa de las universidades públicas y gratuitas en la Argentina», dijo en un video que circuló antes de la marcha. Decenas de referentes de la cultura, el cine y el teatro grabaron mensajes similares.

Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Salta, La Plata y cada ciudad del interior donde funciona una universidad pública tuvieron su propia concentración. La movilización fue federal en el sentido más amplio de la palabra.

La ley que el gobierno se niega a cumplir

La historia del conflicto universitario tiene un hilo conductor: el gobierno de Javier Milei se niega a acatar una ley que el Congreso aprobó, que Milei vetó, que el Congreso ratificó y que la Justicia ordenó cumplir.

La Ley de Financiamiento Universitario establece la recomposición de salarios docentes y no docentes en función de la inflación acumulada desde fines de 2023, y garantiza la actualización mensual del presupuesto universitario. Su aprobación fue el resultado directo de la primera Marcha Federal del 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas tomaron las calles.

Milei la vetó en septiembre de 2025. El Congreso rechazó ese veto con mayoría de dos tercios en ambas cámaras y ratificó la vigencia de la norma. El Poder Ejecutivo siguió sin aplicarla.

La Justicia intervino dos veces en favor del sector universitario y ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la recomposición de salarios y becas. El gobierno ignoró esas resoluciones.

El 7 de mayo de 2026, días antes de la marcha, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó al Ejecutivo a recurrir a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, y suspendió la medida cautelar que le ordenaba transferir fondos. El gobierno interpretó esa habilitación como un triunfo político. Las universidades lo leyeron como una nueva escalada.

«El Gobierno viene dando manotazos de ahogado, tratando de bloquear judicialmente una ley que fue votada y sancionada en dos ocasiones por el Congreso nacional.» — Clara Chevallier, secretaria general de CONADU

La posición oficial es que la ley «no prevé en forma expresa las fuentes de financiamiento» y que su aplicación plena afectaría «la estabilidad económica y la macroeconomía del país». La subsecretaría de Políticas Universitarias trabaja en un proyecto propio que reconoce un atraso salarial del 12% y propone abonarlo en cuotas. Para el sector universitario, esa propuesta es una burla.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue contundente en la antesala de la marcha: «La única ley que vamos a cumplir es la ley de Presupuesto». La frase condensó en pocas palabras tres años de política educativa del gobierno libertario.

La universidad en el punto más bajo de su historia

Las universidades nacionales atraviesan la peor crisis presupuestaria de su historia moderna. Los datos son contundentes y provienen de fuentes académicas y organismos independientes.

Las transferencias del Estado nacional a las universidades acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, según datos del sector. Para 2026, el gobierno presupuestó 4,8 billones de pesos para educación superior, cifra que implica una reducción del 42% en términos reales respecto de 2023, el último año de la gestión anterior. Para equiparar el valor real de ese año, el presupuesto debería ascender a 8,4 billones de pesos.

Los salarios docentes y no docentes son la expresión más visible del deterioro. Según datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), en abril de 2026 el salario bruto de un docente con dedicación simple y 10 años de antigüedad fue de 332.000 pesos. Eso representa una caída real del 34,2% desde noviembre de 2023.

El dato más impactante lo aportó el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti): el 80% de los docentes universitarios cobra por debajo de la línea de pobreza. El propio rector de la UBA, Ricardo Gelpi, lo graficó con crudeza: «En esta situación podemos sobrevivir unos meses más, no años».

La situación en el aula tiene consecuencias directas. El sistema universitario registra una renuncia docente cada dos días. Los profesores que no renuncian caen en el pluriempleo: trabajan en dos o tres instituciones para sostener un ingreso mínimo. El sistema se vacía por arriba, con los mejores docentes que se van, y por abajo, con estudiantes de menores recursos que no pueden sostener la cursada.

Las becas Progresar permanecen congeladas en 35.000 pesos desde diciembre de 2023. Para los 2,5 millones de estudiantes inscriptos en universidades nacionales, ese congelamiento representa la diferencia entre poder estudiar o no.

«Necesitamos que seamos muchos y muchas en todas las plazas del país. No solo quienes formamos parte de la comunidad universitaria y científica, sino la sociedad en su conjunto.» — Franco Bartolacci, rector de la UNR y presidente del CIN

El rector también precisó que el financiamiento universitario está en el punto histórico más bajo, equivalente a apenas el 0,4% del PBI. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) confirmó que el financiamiento por estudiante cayó al valor más bajo registrado en al menos una década.

Los hospitales universitarios de la UBA reflejan la misma crisis. Sus directivos denunciaron que en 2026 todavía no recibieron fondos de funcionamiento. La atención a la comunidad está en riesgo directo.

El desmantelamiento de la ciencia argentina

El impacto del ajuste sobre la ciencia y la tecnología es una de las dimensiones más graves del conflicto. Argentina construyó durante décadas un sistema científico de reconocimiento internacional. Hoy ese sistema está en proceso de desmantelamiento.

El gobierno de Milei eliminó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desde el inicio de su gestión. La cartera fue degradada a subsecretaría. Los manifestantes del 12 de mayo hicieron referencia explícita a esa decisión: un desfile de «viudas de la ciencia» recorrió la Avenida de Mayo, simulando velar a un sistema que el gobierno decidió abandonar.

El CONICET acumula tres años de parálisis institucional. El organismo perdió el 14% de sus investigadores entre 2023 y 2026, entre despidos, recortes de becas y renuncias voluntarias. El presupuesto destinado a ciencia y técnica se redujo casi el 50% en términos reales respecto de 2023. El financiamiento para becas cayó un 39%.

«El Conicet está absolutamente paralizado. Una institución de ciencia y técnica paralizada va al muere.» — Jorge Geffner, investigador del CONICET

El bioinformático Rodrigo Quiroga, del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba, fue más directo aún: «Se siente como una provocación, como un ataque direccionado e intencional. No me quedan dudas de que el gobierno tiene un plan de destrucción del sistema científico y universitario».

La proyección presupuestaria para ciencia y técnica en 2026 es inferior al 0,15% del PBI, perforando mínimos históricos. El ex presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, Roberto Salvarezza, advirtió que esa cifra equivale al «estrangulamiento definitivo del sector».

La fuga de cerebros es el resultado más visible. Argentina pierde científicos, investigadores y docentes calificados que se van al exterior o que directamente abandonan la carrera académica. El sistema universitario registra una renuncia docente cada dos días. Cada renuncia es una acumulación de conocimiento, de formación y de años de inversión pública que se pierde sin retorno.

En la previa de la marcha, el gobierno profundizó el ajuste con un recorte de 3.000 millones de pesos al CONICET y 5.000 millones de pesos a fondos de infraestructura universitaria. La comunidad científica lo interpretó como una provocación deliberada.

La eliminación del ministerio tiene también consecuencias productivas concretas. El sector industrial, y en particular la industria de la alimentación, depende de la investigación aplicada para desarrollar procesos, mejorar productividad y generar innovación. El vaciamiento del sistema científico es una pérdida para toda la cadena productiva del país.

La Justicia y el conflicto que no se cierra

El conflicto universitario llegó a la Justicia en varias ocasiones, y en todas el Poder Ejecutivo quedó en una posición difícil: los tribunales le ordenaron cumplir la ley, y el gobierno buscó vías para eludir esas órdenes.

Dos instancias judiciales ordenaron al Estado el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, los que establecen la recomposición de salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas. El Ejecutivo siguió sin ejecutar esas transferencias.

El 7 de mayo de 2026, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal dio al gobierno una herramienta que este buscaba: suspendió la medida cautelar que lo obligaba a transferir fondos y habilitó el camino hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el máximo tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley y su aplicación.

Desde el gobierno leyeron esa resolución como una victoria. Desde las universidades, la lectura fue la opuesta: el Ejecutivo usó una instancia judicial para seguir postergando el cumplimiento de una obligación legal mientras la crisis se profundiza en cada aula y en cada laboratorio del país.

La pelota quedó en la cancha de la Corte Suprema. Mientras tanto, las universidades funcionan con presupuestos que no alcanzan, con docentes que cobran sueldos de pobreza y con investigadores que se van del país.

El documento leído en Plaza de Mayo fue preciso al respecto: el gobierno tiene una ley aprobada, una ratificación parlamentaria y dos fallos judiciales a favor de las universidades. El incumplimiento es una decisión política, no una limitación legal.

La CGT y el movimiento obrero en la calle

La cuarta Marcha Federal Universitaria no fue solo de la comunidad académica. El movimiento obrero argentino marchó junto a las universidades y reafirmó una alianza que se consolida cada vez que el gobierno aplica el ajuste.

La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado firmado por su Consejo Directivo Nacional con un título que no dejaba lugar a interpretaciones: «¡Que cumplan con la ley!». La central convocó a los trabajadores a concentrar a las 15 horas en la esquina de Diagonal Sur y Bolívar, para marchar juntos hacia Plaza de Mayo.

«Frente a un gobierno nacional que está implementando políticas de desfinanciamiento del sistema educativo en general y que se retira de sus obligaciones fundamentales como el sostenimiento de la educación pública, desde la CGT convocamos al conjunto de las y los trabajadores a apoyar y participar de la movilización.» — Comunicado del Consejo Directivo Nacional de la CGT

La central sindical también fue explícita sobre el significado de la educación pública para el mundo del trabajo: «Defender la universidad pública es defender el derecho a un futuro mejor, el desarrollo de la Nación, la producción y el trabajo argentino». La educación es la puerta de entrada al empleo de calidad, a la movilidad social ascendente y a la construcción de una clase trabajadora con derechos.

La adhesión de la CGT no fue solo declarativa. La convocatoria reunió a un arco amplio del movimiento sindical argentino: la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA). También estuvieron el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y decenas de gremios de distintas ramas.

La articulación entre el movimiento obrero y las universidades tiene una lógica que va más allá del acompañamiento coyuntural. Los hijos e hijas de los trabajadores son los principales usuarios de la universidad pública. Los profesionales que se forman en esas casas de estudio son los que luego integran las plantillas de las empresas y las industrias del país. Atacar la universidad es atacar la movilidad social y el futuro productivo de la Argentina.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) también adhirió a la marcha y advirtió que el ajuste al sistema educativo y científico equivale a «una demolición calculada contra el desenvolvimiento de la actividad nacional».

El STIA Buenos Aires defiende el futuro del país

Los trabajadores de la industria alimentaria estuvieron presentes en la cuarta Marcha Federal Universitaria. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Filial Buenos Aires, se movilizó junto al movimiento obrero en defensa de la educación pública, la universidad y la ciencia nacional.

El Consejo Directivo del STIA Buenos Aires convocó a sus afiliadas y afiliados a participar de la Marcha Federal en defensa de la Educación Pública con una posición clara y sin rodeos: «Desde nuestra organización exigimos que se garantice la Ley de Financiamiento Universitario, por el futuro y el desarrollo de nuestro país, por la movilidad social ascendente».

La convocatoria del STIA Buenos Aires hizo explícita una certeza que atraviesa la cultura del sindicalismo de la alimentación: la educación y la ciencia son el motor del país. El texto también subrayó el carácter colectivo de la lucha: «Nos movilizamos junto a todo el movimiento obrero, junto a todo el pueblo. Defender la universidad es defender el futuro de todos».

La frase con la que el STIA Buenos Aires cerró su llamado a la movilización resume el espíritu de la jornada: «¡La educación no debe ser una variable de ajuste!». Una consigna que conecta directamente con las consecuencias del desfinanciamiento sobre el empleo, la industria y las posibilidades de desarrollo del país.

El secretario de Interior de la CGT Regional San Martín, Sergio Escalante, también acompañó la convocatoria y la movilización. Desde su militancia en el sector alimentario, Escalante sostiene que la lucha por la educación pública es inseparable de la lucha por los derechos de los trabajadores. Su participación en la marcha es coherente con una visión sindical que concibe a la educación como una herramienta central para la movilidad social ascendente y para el fortalecimiento del tejido productivo nacional.

Para la industria alimentaria, el vínculo entre la universidad pública y el sector no es abstracto. Las universidades forman a los ingenieros en alimentos, a los bromatólogos, a los nutricionistas, a los técnicos en calidad y a los investigadores que trabajan en la innovación de procesos productivos. El vaciamiento del sistema universitario y científico tiene un impacto directo sobre la capacidad del sector para generar empleo de calidad, mejorar sus productos y sostener la competitividad de la industria.

La FTIA —Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación— y el conjunto del sindicalismo de la alimentación comparten esa convicción. Defender la educación pública es defender la industria. Defender la ciencia es defender el trabajo.

La presencia del STIA Buenos Aires en la cuarta Marcha Federal Universitaria no fue un gesto de solidaridad aislado. Es parte de una posición política y sindical que entiende que el ajuste sobre la educación, la ciencia y la tecnología es un ajuste sobre el modelo productivo argentino y sobre las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.

El gobierno no cede

La respuesta del gobierno a la marcha fue la misma que en las tres ocasiones anteriores: minimizar la convocatoria, atribuirle motivaciones políticas y ratificar la negativa a cumplir la ley.

El Ejecutivo insistió en que la movilización fue «completamente política» y que estuvo impulsada por sectores opositores. Señaló la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, de referentes de la CGT y del exministro Sergio Massa entre los asistentes. El argumento oficial ignora que la primera marcha, en abril de 2024, fue protagonizada en gran parte por ciudadanos autoconvocados sin bandera partidaria, que salieron a la calle simplemente para defender la educación.

El rector Gelpi expresó la síntesis de lo que ocurrió: «Afectar la educación y la ciencia es hipotecar el futuro». La frase no es una metáfora. Es una descripción literal de lo que está en juego.

Tres años de ajuste sobre las universidades públicas no produjeron ni un solo resultado que el gobierno pueda mostrar como beneficio concreto para la sociedad. El sistema universitario está al borde del colapso, los científicos se van del país, los docentes cobran salarios de indigencia y los estudiantes de los sectores más vulnerables no pueden sostener la cursada.

La cuarta Marcha Federal Universitaria demostró que la resistencia tampoco cede. El movimiento universitario, científico y sindical sigue en la calle, sigue organizando y sigue exigiendo lo mismo que desde el primer día: que se cumpla la ley.

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