Info Alimentación Noticias del sector de Industrias de la Alimentación El ajuste de Milei deja las obras sociales al borde del colapso
El gobierno recortó aportes patronales, desfinancia el Fondo Solidario y transfiere el costo de la discapacidad al sistema sindical. La salud de millones de trabajadores está en riesgo.
El modelo de salud solidaria que construyeron los trabajadores argentinos durante décadas se encuentra al borde del colapso. Desde que asumió Javier Milei, las obras sociales sindicales enfrentan una tormenta sin precedentes: salarios pulverizados por la inflación, aportes patronales reducidos por ley, el Fondo Solidario de Redistribución vaciado y el costo de la discapacidad descargado sobre las prestadoras gremiales. El resultado es una crisis sistémica que se mide en prestaciones recortadas, medicamentos que ya no llegan y afiliados que quedan sin cobertura. En ese contexto, José Luis Lingeri, secretario de Acción Social de la CGT, aseguró que el recorte y el ajuste en obras sociales han sido brutales y que el sistema solidario de salud se encuentra al borde del colapso.
LA TORMENTA PERFECTA CONTRA LAS OBRAS SOCIALES
El sistema de obras sociales sindicales atiende a 14 millones de personas en todo el país. No funciona con subsidios estatales discrecionales: se financia con los aportes de los trabajadores y las contribuciones de los empleadores sobre los salarios. Ese mecanismo solidario, donde quienes más ganan sostienen a quienes más necesitan, es la columna vertebral del derecho a la salud de las trabajadoras, trabajadores y sus familias en argentina.
El gobierno de Milei atacó esa columna desde múltiples flancos. La reforma laboral reducía la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales del 6% al 5%. Esta modificación, presentada como un alivio para los empleadores, implicaba en los hechos un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral. Las estimaciones oficiales indicaban que esa rebaja representa una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, equivalentes a aproximadamente el 0,1% del PBI.
El golpe no fue solo normativo. La licuación de los salarios operó como un segundo frente de ataque. Los salarios se convirtieron en la nueva variable de ajuste. Las obras sociales sindicales perciben un porcentaje sobre los sueldos devaluados y deben enfrentar gastos bajo la lógica del mercado, donde los medicamentos triplicaron su valor. La erosión salarial afectó no solo a las obras sociales sino también a la capacidad financiera de los sindicatos, la principal fuente de ayuda económica.
La CGT documentó el daño con precisión. Un informe especial de la Secretaría de Acción Social de la CGT sostiene que las medidas profundizarían la crisis financiera de las prestadoras, con menos cobertura, menos prestaciones y un deterioro progresivo del servicio. El documento concluye que el desfinanciamiento de las obras sociales es un objetivo político y no un efecto colateral.
Lingeri señaló que el proyecto oficial no constituye una simple actualización normativa ni una modernización del mundo del trabajo sino que se trata, por el contrario, de una transformación estructural regresiva que impacta de manera directa y profunda sobre uno de los pilares históricos del modelo sindical argentino. Y fue contundente en la defensa del modelo: las obras sociales sindicales no son un privilegio corporativo ni un beneficio accesorio sino que son parte integrante del sistema de seguridad social y cumplen una función esencial de redistribución del ingreso y de garantía del derecho a la salud de millones de trabajadores y sus familias.
EL FONDO SOLIDARIO Y LA DEUDA QUE EL ESTADO SE NIEGA A PAGAR
Uno de los nudos más críticos de la crisis está en el financiamiento de las prestaciones por discapacidad. El tema excluyente es el de discapacidad, que se lleva el 90% del Fondo Solidario de Redistribución, según explicó el propio Lingeri. Ese fondo, que debería equilibrar las diferencias entre obras sociales grandes y pequeñas, quedó al borde del colapso.
En 2023 hubo un compromiso por parte del gobierno de Alberto Fernández de entregar 132.000 millones de pesos para solventar los gastos adicionales de las obras sociales sindicales. Recién se completó en enero de 2024 la suma de 70.000 millones de pesos y luego no se pagó más, por lo que ya estaban en rojo. Los gremios reclaman un faltante de 62.000 millones de pesos. Lingeri fue directo ante ese panorama: «El panorama es muy incierto.»
El recorte en el organismo que administra los fondos fue del 44,3% comparando el primer cuatrimestre de 2024 con el mismo período del año anterior, lo que impactó de manera muy negativa en el ente autárquico que administra los fondos de las obras sociales.
El ajuste no discrimina entre grandes y pequeñas. La Superintendencia de Servicios de Salud declaró en situación de crisis a múltiples obras sociales, sumándose a una lista de al menos ocho ya intervenidas por el gobierno, lo que recrudeció la tensión con los gremios. La ofensiva oficial se justifica como un reordenamiento para garantizar la competencia, pero para los gremios es una política deliberada de vaciamiento del sistema solidario.
ALIMENTACIÓN SOSTIENE LA OSPIA: EL ESFUERZO DE UN GREMIO
En ese contexto de tormenta, el gremio de los trabajadores de la industria de la alimentación es uno de los ejemplos más claros del esfuerzo colectivo para sostener el modelo. La Obra Social del Personal de Industrias de la Alimentación (OSPIA) sostiene la cobertura de salud de decenas de miles de trabajadores y sus familias con un esquema prestacional construido sobre los principios que el movimiento obrero defiende: compromiso, solidaridad y equidad.
Desde su creación, la OSPIA se constituyó como una herramienta para un modelo sanitario inclusivo, universal, solidario y equitativo, con el principal compromiso de la cobertura en salud de sus afiliados y sus familias, en un esquema prestacional orientado a garantizar la permanencia y la certeza en el cumplimiento de sus obligaciones.
Mantener ese modelo exige hoy un esfuerzo extraordinario. Con salarios reales caídos, la recaudación por aportes es menor en términos reales. Los medicamentos, insumos y prestaciones, en cambio, se actualizan por precios de mercado. La brecha entre ingresos y costos se agranda cada mes. El nivel promedio de los recursos per cápita del sistema de obras sociales y prepagas es de 67.525 pesos por mes, el 67% de los afiliados cuenta con recursos per cápita inferiores a ese promedio, y el costo del Programa Médico Obligatorio se estima en 85.000 pesos por mes. Los recursos disponibles están lejos de cubrir las obligaciones.
Rodolfo Daer, exsecretario general del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) y figura histórica del movimiento obrero, sostuvo siempre con claridad la necesidad de defender el sistema solidario de salud. Daer, quién trabajó por más de 40 años en la construcción de la obra social del gremio, afirmó que están jugando con la salud de la mitad de la población y que si no fuera por el aporte del sindicato, las obras sociales no podrían funcionar. Para Daer, el cuidado de la salud de los trabajadores y sus familias es un derecho que el movimiento sindical tiene la obligación histórica de proteger. En ese sentido, planteó que hay que buscar una solución a los problemas del sistema de salud, que abarca al sector público y a las obras sociales que cubren más de la mitad de la población, y que el sistema es ejemplar en el mundo y dio excelentes resultados, incluso durante la pandemia, comparado con la región.
EL PAMI Y LOS QUE QUEDAN AFUERA: JUBILADOS Y DISCAPACITADOS
La crueldad del ajuste no se detiene en las obras sociales sindicales. El PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados que cubre a millones de adultos mayores, fue otro frente de ataque del gobierno libertario.
A partir de diciembre de 2024, los jubilados y pensionados que integraban el PAMI dejaron de ser beneficiarios de la cobertura del 100% en medicamentos. La medida, que marcó un ajuste en la obra social, afectó a decenas de miles de afiliados que mes a mes accedían a sus medicamentos con una cobertura total.
El timing fue brutal: según datos de la entidad de defensa del consumidor DEUCO, los precios de los medicamentos aumentaron un 240% durante ese año, una cifra considerablemente superior a la inflación anual. Con jubilaciones que habían perdido poder adquisitivo real y medicamentos que triplicaron su precio, el recorte de la cobertura del 100% fue un golpe directo al bolsillo de quienes menos tienen.
El bono de 70.000 pesos para la jubilación mínima quedó congelado desde marzo de 2024. La fórmula de movilidad jubilatoria fue reemplazada por un ajuste por inflación que impide recuperar el poder adquisitivo perdido. Los haberes se estabilizan en el piso mientras los gastos crecen por encima de cualquier actualización.
La Justicia dio una señal de alerta. El Juzgado Federal N°2 de Mendoza, tras una medida cautelar presentada por centrales sindicales, reconoció que las resoluciones del PAMI que restringían el acceso a medicamentos gratuitos son regresivas, arbitrarias y violan los principios de progresividad que deben regir toda política pública en materia de seguridad social.
Las personas con discapacidad sufrieron un golpe adicional. Milei vetó en su totalidad la ley de emergencia en discapacidad sancionada por el Senado, junto con la ley de aumento jubilatorio y la restitución de la moratoria previsional, mediante el Decreto 534/2025. El presupuesto 2026 proyecta una reducción de la partida total destinada a las pensiones por discapacidad, que el gobierno explica como consecuencia de las auditorías que reducen el universo de beneficiarios de la Agencia Nacional de Discapacidad. El recorte en personas vulnerables se presenta como eficiencia administrativa.
GALPERÍN Y LA MISERIA DE REGOCIJARSE CON EL SUFRIMIENTO DE UNA JUBILADA
Mientras el ajuste aplasta a jubilados, trabajadores y personas con discapacidad, la semana trajo una imagen que sintetiza como ninguna el abismo moral del modelo libertario. Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, segundo argentino más rico según Forbes con una fortuna superior a los 7.500 millones de dólares, reaccionó el 3 de mayo de 2026 en redes sociales ante el video de una jubilada que relataba no poder vivir con su haber ni costear sus medicamentos.
La mujer explicaba a una cronista: «Mi noticia es que, como jubilada, no puedo vivir.» Y detalló que, debido a que le quitaron beneficios en medicamentos, debe pagarlos de su bolsillo y no le alcanza. La señora, que nunca tuvo un empleo formal porque dedicó su vida a las tareas del hogar y la crianza, fue el blanco elegido por el empresario.
Galperin respondió el 3 de mayo con un emoji de carita sonriente. El gesto, simple en su forma, cobró dimensión al ser interpretado por una parte significativa de los usuarios como una burla hacia la mujer que protagonizaba el video. Lejos de retroceder ante las críticas, el fundador de Mercado Libre sentenció de forma directa: «Si no trabajaste nunca en tu vida y tenés más de 65 años, no sos jubilado.»
El streamer Martín «Coscu» Pérez Disalvo respondió con dureza: «Cuando les pregunten si la plata les da la felicidad acuérdense de este ejemplo: la persona más rica de nuestro país riéndose de una jubilada que no le alcanza para los remedios.»
La indignación que generó el gesto de Galperin no es solo moral. Es la expresión de una contradicción estructural que el empresario jamás menciona cuando habla de libertad de mercado y Estado ausente.
Los registros indican que Mercado Libre recibe subsidios del Estado argentino por cerca de 100 millones de dólares anuales bajo el régimen de economía del conocimiento. Solo en los primeros nueve meses de 2023, la firma reportó un beneficio fiscal de 84 millones de dólares en impuestos y contribuciones a la seguridad social. Es decir: la misma empresa cuyo dueño se ríe de una jubilada que no puede pagar sus remedios es una de las mayores beneficiarias del sistema público de promoción empresarial.
En los últimos cinco años, Mercado Libre acumuló beneficios fiscales del Estado argentino por nada menos que 373 millones de dólares bajo ese régimen. En 2025, esos beneficios crecieron un 52% respecto al año anterior. Las exenciones, que incluyen reducción del impuesto a las ganancias y bonificaciones en contribuciones patronales, continuarán vigentes al menos hasta el 31 de diciembre de 2029.
La controversia desnudó el abismo existente entre la realidad de un magnate que ostenta una fortuna superior a los 7.500 millones de dólares —con residencia fiscal en Uruguay para evitar pagar impuestos en su país— y la crudeza diaria de una anciana que no puede costear los medicamentos que necesita.
El cuadro es completo. Un empresario que evade impuestos en Argentina radicándose en Uruguay, que cobra cientos de millones de dólares en subsidios del Estado que dice despreciar, y que se burla de una ama de casa porque el sistema que él mismo esquiva no la cubre. Esa es la ideología del gobierno que desfinancia las obras sociales, veta las leyes de jubilados y recorta los medicamentos del PAMI.
Frente a esa insensibilidad, la respuesta del movimiento obrero no puede ser otra que la defensa colectiva del sistema de salud solidario. Cada peso que sostienen los sindicatos en sus obras sociales, cada negociación que la CGT da por el Fondo de Redistribución, cada trabajadora y trabajador que defiende su obra social es un acto de resistencia contra un modelo que concentra la riqueza arriba y traslada el ajuste hacia abajo. Defender la OSPIA, defender el PAMI, defender las pensiones por discapacidad: todo forma parte de la misma batalla. La salud no es un privilegio. Es un derecho que se defiende con organización.
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