El listado infame: 24.000 empresas cerradas, 230.000 puestos destruidos y un modelo que le cobra el ajuste a los que trabajan

Desde que asumió Milei cerraron 24.180 empresas, se perdieron más de 230.000 empleos formales privados y públicos, y la informalidad trepó al 43%. El mapa completo de la destrucción productiva, sector por sector, con nombres, números y el costo humano de un Estado que se deshace y deja a los más vulnerables por su cuenta.

Hay una lista que el Gobierno no publica y sobre la que las huestes libertarias no comparten en videos épicos realizados con inteligencia artificial. La nómina la engrosan los nombres de las fábricas cerradas, de históricos comercios con avisos de «liquidación total» pegados en las vidrieras. En los últimos dos años, mientras el oficialismo celebraba el equilibrio fiscal, las estimaciones reflejan que cierran treinta empresas por día.

El impacto es imposible de medir con un solo número. No sólo son nombres de marcas de décadas de historia que dejaron de existir, son historias de dolor y  de crisis que se multiplican en el entramado social. El impacto se reconstruye a partir de miles de historias: trabajadoras y trabajadores que perdieron ingresos y derechos, emprendedores que quebraron sin que nadie los cuente, personas que migraron a plataformas digitales para sumar algo a fin de mes, jubiladas y jubilados que volvieron a trabajar porque la jubilación no alcanza, y desempleados al borde de la desesperanza.

Una destrucción sin precedentes

Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023 se produjo el cierre de 24.180 empresas. El parque empresarial activo pasó de 512.357 unidades productivas registradas a 488.177. Según un informe de la organización Fundar basado en registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, este retroceso superó la caída experimentada durante la crisis de 2001 y el período de restricciones sanitarias de 2020. La particularidad del escenario actual es que el récord negativo se alcanza en los primeros 26 meses de un nuevo gobierno, un lapso en el que habitualmente se registran procesos de leve recuperación. La curva muestra una pendiente negativa constante que aún no encontró un piso.

La consultora Audemus cuantificó que se perdieron 72.955 puestos de trabajo industriales entre 2024 y 2025, el 6% del empleo manufacturero. Ningún otro país latinoamericano tuvo una contracción similar: Chile creció 5,2%, Perú 6,5%, Uruguay 3,7% y Brasil 3,5%. México y Colombia, que sí sufrieron caídas, solo registraron bajas del 0,7% y 0,4% respectivamente. «El fenómeno en curso es específicamente argentino. Las empresas que cerraron no reabrirán, el know-how y los equipos se dispersan, y los trabajadores que perdieron sus empleos difícilmente los recuperen en el sector», concluyó la consultora.

El impacto sectorial se concentra en rubros vinculados al mercado interno y la infraestructura. El sector de transporte y almacenamiento perdió 5.899 empresas (-15%), el inmobiliario 3.439 (-11,6%) y la construcción 1.947. Dentro de la industria manufacturera, el rubro más castigado en términos porcentuales es el de cuero y calzado, que perdió el 19,3% de sus unidades productivas. Las provincias más afectadas son La Rioja (-16,06%), Chaco (-10,93%), Tierra del Fuego (-10,48%) y Corrientes (-10,26%). La única provincia que mostró un aumento en la cantidad de empleadores fue Neuquén, impulsada por la actividad vinculada a Vaca Muerta.

El último Monitor de Desempeño Industrial de la UIA ubicó el indicador en 36,5 puntos en enero de 2026, décimoquinto relevamiento consecutivo en zona de contracción. El 53,3% de las empresas informó una reducción en su nivel de producción en ese período, mientras que apenas el 13% reportó aumentos.

Los que ya no existen

Los casos de quiebra formal representan el extremo más duro del proceso. Son empresas que llegaron al final del camino sin retorno.

Garbarino — electrodomésticos — quiebra judicial El Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7 decretó la quiebra de Garbarino, una de las cadenas de electrodomésticos más emblemáticas del país, que había declarado concurso preventivo en 2021. La empresa no logró reunir las mayorías necesarias para un acuerdo de pago. El fallo también alcanzó a Tecnosur y Digital Fueguina, con participaciones societarias en la cadena.

ARSA (Alimentos Refrigerados S.A.) — industria láctea — ~400 empleados La Justicia confirmó en noviembre de 2025 la quiebra de ARSA, empresa dedicada a la producción de yogures y postres bajo licencia de SanCor. El cierre de sus plantas en Arenaza (Lincoln, Buenos Aires) y Monte Cristo (Córdoba) dejó sin empleo a unos 400 trabajadores, muchos con más de 30 años de antigüedad en la ex SanCor. La empresa acumulaba deudas con proveedores, transportistas y empleados, con atrasos salariales desde 2023 y reiteradas suspensiones.

La Suipachense — industria láctea — 143 empleados La planta láctea La Suipachense cerró en Suipacha, Buenos Aires, con 143 trabajadores afectados. Había llegado a procesar 250.000 litros de leche diarios; antes del cierre apenas alcanzaba los 40.000.

Emilio Alal — textil — 254 empleados — Goya (Corrientes) y Villa Ángela (Chaco) El domingo 25 de enero de 2026 la empresa envió telegramas anunciando el cierre y la desvinculación de sus trabajadores, argumentando «el actual contexto económico y comercial adverso». Con el cierre de sus plantas de hilados y telas en Goya y Villa Ángela, 254 trabajadores quedaron en la calle. Los operarios iniciaron protestas y denunciaron que las indemnizaciones ofrecidas eran incompletas.

Dfac — indumentaria básica — cierre definitivo La firma de indumentaria básica Dfac anunció el cierre definitivo y la liquidación total de su mercadería, a poco más de dos años de haber comenzado a operar. Las marcas con las que trabajaban optaron por importar productos terminados y los dejaron sin margen para continuar. Era una marca de ropa propiedad de la familia Karagozian, vinculada al grupo textil TN&Platex

Frigorífico San Roque — carnes — 140 empleados — Morón San Roque cerró su planta en Morón el 27 de febrero de 2026, despidiendo a 140 trabajadores encuadrados en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. La empresa atribuyó la decisión al desplome del consumo y al avance de las importaciones.

Sueño Fueguino — Río Negro/Tierra del Fuego — cierre Sueño Fueguino anunció el cierre de sus operaciones a principios de marzo, en el mismo período de alta densidad de bajas empresariales que marcó el arranque del trimestre.

Tapebicuá — Corrientes — cierre con conflicto laboral Tapebicuá es una de las empresas del interior con procesos de cierre y conflicto laboral activo registrados durante el primer trimestre de 2026.

Concursos preventivos y crisis financiera crítica

Goldmun S.A. (Peabody) — electrodomésticos — concurso de acreedores Goldmun S.A., fabricante de la marca Peabody, anunció formalmente su entrada en concurso de acreedores con presentación en el Juzgado Comercial N° 21, Secretaría N° 41. La apertura comercial y la competencia con productos importados volvieron inviable la operación local de una empresa que había sobrevivido décadas en el mercado.

Granja Tres Arroyos — avícola — la mayor del país El grupo acumula casi 2.000 cheques rechazados entre sus tres principales sociedades por más de $26.400 millones. La faena diaria cayó de 700.000 pollos a aproximadamente 200.000. Esta semana formalizó un acuerdo que recorta la faena a cuatro días semanales, con el lunes pagado al 65% en modalidad no remunerativa por seis meses. En Pilar, 200 trabajadores fueron suspendidos por 180 días con actividad reducida a tres días semanales.

Lácteos Verónica — lácteos — 700 puestos en riesgo Lácteos Verónica atraviesa una profunda crisis que pone en riesgo alrededor de 700 puestos de trabajo en sus plantas de Lehmann, Suardi y Clason (Santa Fe), con paralización de actividades y retrasos en el pago de salarios.

Viamo (Lannot S.A.) — calzado — concurso preventivo y cierre de sucursales Lannot S.A., responsable de la marca Viamo, avanzó con despidos, cierre de locales y la presentación en concurso preventivo, reconociendo que no puede afrontar sus compromisos financieros.

Farmacias del Dr. Ahorro — farmacéutico — 90 despidos, más de 10 sucursales cerradas La cadena profundizó su crisis con el cierre de al menos 10 sucursales y el despido de alrededor de 90 trabajadores en CABA y el interior. Declaró la cesación de pagos y perdió el crédito comercial de proveedores y droguerías.

La desindustrialización en números

Fate — neumáticos — 920 empleados Fate anunció el cierre de su principal planta, con capacidad para más de cinco millones de neumáticos por año, con el despido de unos 920 trabajadores.

Ilva — cerámicas — 300 empleados — Pilar Ilva cerró su planta en Pilar, Buenos Aires, dejando sin empleo a 300 trabajadores, en uno de los mayores cierres individuales del período.

Whirlpool — electrodomésticos — 220 empleados — Pilar Whirlpool cerró su planta de Pilar y despidió a 220 trabajadores, abandonando la producción local para sustituirla por importaciones asiáticas.

Mabe — electrodomésticos — 200 empleados — Córdoba La mexicana Mabe cerró su planta de Río Segundo, con 200 personas afectadas, y ofreció retiros voluntarios o traslados a su fábrica de Luque, San Luis.

TN & Platex (Hilados S.A.) — textil — múltiples plantas Hilados S.A., del Grupo TN Platex, cerró su planta de confección en el Parque Industrial de La Rioja con 70 trabajadores despedidos. La empresa había iniciado 2025 con 140 empleados y proyectaba una expansión que nunca llegó a concretarse. La firma tiene plantas en múltiples provincias, todas con reducciones de personal.

Panpack — bolsas de rafia — 50 años de historia — Tucumán Los trabajadores de Panpack S.A., líder histórica en la fabricación de tejidos y bolsas de rafia con 50 años de trayectoria en Tucumán, proveedora de 15 ingenios azucareros, llegaron un lunes a las 6 de la mañana y encontraron el acceso bloqueado. La compañía ya había iniciado un concurso preventivo, pero la apertura comercial y la competencia importada terminaron por volver inviable la operación local.

Corven — autopartista — 150 empleados — Venado Tuerto Corven avanzó con despidos en su planta de Venado Tuerto, Santa Fe, alcanzando a 150 trabajadores.

Newsan — electrónica fueguina — 150 empleados — Ushuaia Newsan no renovó el contrato de 150 operarios en Ushuaia, en un contexto donde la industria electrónica fueguina sigue en vilo por la reducción de aranceles a celulares importados.

SKF — rodamientos — 145 empleados — Tortuguitas La firma sueca cerró su planta de Tortuguitas, Buenos Aires, dentro de una estrategia global de reestructuración.

Grupo Dass — calzado — 360 + 43 empleados — Coronel Suárez y Eldorado Grupo Dass cerró definitivamente su planta de Coronel Suárez, que producía para Adidas, con 360 desvinculaciones. En 2026 redujo su plantel en otros 43 trabajadores en Eldorado, Misiones, donde la producción estaría garantizada solo hasta junio.

Magnera — textil industrial — 100 empleados — Pilar La estadounidense Magnera bajó la persiana en el Parque Industrial de Pilar y despidió a 100 empleados.

Lamb Weston — papas fritas congeladas — 100 empleados — Munro (Buenos Aires) La multinacional Lamb Weston cerró su planta de Munro con 100 trabajadores afectados. La producción para América Latina se concentrará en su planta de Mar del Plata.

DBT-Cramaco — equipos eléctricos — 37 empleados — Sastre, Santa Fe Cerró y se reconvirtió en distribuidora de productos importados desde China. Las importaciones de bienes metalúrgicos terminados crecieron un 70% en 2025.

Dana — autopartista — 50 empleados — San Luis La empresa de origen estadounidense comunicó el cierre definitivo de su planta en Naschel, San Luis.

Essen — utensilios de cocina — 34 empleados — Venado Tuerto La fábrica de ollas despidió a 34 empleados y acumula cerca de 60 bajas en el último año, atribuidas a la caída de la demanda y al ingreso de productos importados.

Luxo — textil — 40 empleados — La Rioja

Vulcalar — calzado — 80 empleados — Sanagasta, La Rioja

Otito — dulces — 40 empleados — Jujuy

Color Living — 40 empleados

Acerías Berisso — siderurgia — 50 empleados — en proceso de conciliación con denuncia de vaciamiento

En las provincias también pierden

La destrucción del tejido productivo alcanza a todo el país. En el interior, la crisis golpea comunidades enteras donde una sola empresa puede ser la principal fuente de empleo.

Moño Azul — empaque de fruta — 270 trabajadores — Villa Regina (Río Negro) Trabajadores de Moño Azul acampan en los portones de la planta de Villa Regina reclamando el pago de salarios que la empresa adeuda desde que adelantó el final de temporada el 21 de marzo. Entre los afectados hay trabajadores golondrinas del NOA y el NEA que viajaron para la temporada y ahora no pueden pagar alquileres ni retornar a sus provincias. Paradójicamente, Moño Azul es la principal exportadora de fruta fresca de la Patagonia con ventas a Estados Unidos, Europa y China, y se encontraría en proceso de venta a la multinacional Global Fresh. La patronal viene cambiando las fechas de pago y los trabajadores denuncian que la intención es avanzar sobre conquistas salariales como el ítem de productividad.

Aires del Sur — Tierra del Fuego — cierre y conflicto laboral Aires del Sur es una de las empresas de Tierra del Fuego con conflicto laboral y cierre activo registrado en abril de 2026, en una provincia que perdió el 10,48% de su parque empresarial.

Mirgor — electrónica fueguina — suspensiones y ajuste — Tierra del Fuego La empresa enfrenta presión creciente por la reducción de aranceles a electrónica importada, con esquemas de suspensiones que mantienen en incertidumbre a su plantilla.

FADEA — aeronáutica — Córdoba — conflicto y ajuste de personal La Fábrica Argentina de Aviones, en Córdoba, figura entre las empresas con conflictos laborales activos en el primer trimestre de 2026.

SCAR — Córdoba — conflicto laboral activo

Tía Maruca — alimentaria — cerró su planta principal en Albardón, San Juan. En septiembre de 2025, la empresa ya había cerrado una planta más pequeña enChascomús, la cual afectó a 27 empleados. 

Dabra — Catamarca — cierre

Desmotadores de algodón — Chaco — conflicto salarial crítico El sector desmotador de algodón, primer eslabón de la cadena textil con plantas principalmente en Chaco, Santiago del Estero, Formosa, norte de Santa Fe y San Luis, atraviesa un congreso de trabajadores que debate un plan de lucha por un salario mínimo de $2.700.000. Los dirigentes plantearon que la huelga es la única herramienta para enfrentar la situación.

Autovía 12 — Entre Ríos — conflicto laboral activo

Beer Market — gastronómico — múltiples cierres en AMBA y CABA Beer Market anunció el cierre de locales en el AMBA y CABA en el mismo período de alta densidad de bajas empresariales de principios de marzo.

Lácteos Suipacha — lácteos — problemas operativos severos

Multinacionales que se fueron o reestructuraron: ExxonMobil, HSBC, Prudential, P&G, Clorox y Xerox, entre otras, registraron salidas o reestructuraciones significativas en el período, en un contexto de inversión extranjera directa con saldo negativo de 1.500 millones de dólares en los primeros diez meses de 2025.

Suspensiones masivas: trabajar menos, cobrar menos

Granja Tres Arroyos — avícola — ~1.200 trabajadores afectados (Concepción del Uruguay y Pilar) Cuatro días de faena con el lunes pagado al 65% en modalidad no remunerativa por seis meses, lo que excluye ese ingreso del cálculo del aguinaldo, las vacaciones y los aportes previsionales.

Acindar (ArcelorMittal) — siderurgia — miles de suspensiones acumuladas Acindar registró suspensiones masivas y paradas periódicas durante 2024 y 2025, con impacto en miles de trabajadores en sus plantas.

Cervecería Quilmes — bebidas — de 260 a 80 empleados — Zárate Quilmes redujo su dotación en la planta de Zárate de 260 a unos 80 trabajadores mediante retiros voluntarios, pasando de tres turnos diarios a uno ante una caída de ventas estimada en un 45% interanual.

Mondelez — alimentaria — 2.300 trabajadores — General Pacheco En diciembre de 2025, Mondelez frenó su producción por primera vez en su historia local durante 21 días, con 2.300 trabajadores afectados, ante la caída abrupta del consumo y la acumulación de sobrestock. Una aclaración relevante: en abril de 2026, el STIA liderado por Sergio Escalante alcanzó un acuerdo con la multinacional que garantiza los puestos de trabajo por al menos un año, con recategorización de 230 trabajadores, bono de $920.000 y el compromiso de producir localmente artículos que hasta entonces se importaban. El caso Mondelez queda como ejemplo de lo que la organización sindical puede lograr: la crisis de diciembre fue real y alarmante, y la respuesta del STIA la revirtió. Escalante lo enmarcó con precisión: «Si seguimos por este camino esto solo va a empeorar, con cierre de fábricas, con pérdida de empleo irreversible, con miles de trabajadores arrojados a la marginalidad.»

Electrolux — electrodomésticos — 400 trabajadores — Rosario Electrolux extendió hasta fin de 2025 un esquema de suspensiones rotativas que afectó a 400 empleados en su planta de Rosario.

Georgalos — alimentaria — plantilla completa con reducción salarial del 20% Georgalos implementó suspensiones rotativas de 15 días para todos sus trabajadores con una merma del 20% en sus ingresos, en medio de denuncias de que las medidas se realizaron de forma irregular.

Textilana (Mauro Sergio) — textil — 175 trabajadores

Peugeot/Stellantis — automotriz — pausa de fabricación extendida sin cantidad de afectados precisada

Cierre de locales y redes comerciales

La crisis alcanza también a las redes comerciales que sostenían el consumo popular.

Le Utthe — indumentaria — más de 50 locales en el país Le Utthe, con más de 55 locales propios en Argentina y tres décadas de trayectoria, comenzó a cerrar sucursales ante la caída del consumo y el aumento de costos operativos. Su sucursal de Posadas, que era la tienda número uno en ventas de la ciudad, bajó la persiana. El secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas lo resumió sin vueltas: «El comercio —el 99% del consumo— es del mercado interno, de los asalariados, de las familias locales. Y hoy se ve muy deteriorado el poder adquisitivo del trabajador.»

Antares — cervecerías artesanales — múltiples locales en La Plata y Mar del Plata Antares cerró en La Plata el local de la calle 56, inaugurado en 2005, ante subas de costos fijos de hasta el 600% en dos años, incluyendo servicios básicos y alquileres. También confirmó el cierre del histórico local de Playa Grande, en Mar del Plata, con dos décadas de actividad. Durante 2024 ya había cerrado en Diagonal 74, City Bell y Ensenada por factores económicos similares.

Viamo (Lannot S.A.) — calzado — concurso y cierre de sucursales

Farmacias del Dr. Ahorro — 10 sucursales y 90 despidos, cesación de pagos

El sector público: la motosierra que también destruye empleo

La destrucción de empleo alcanza también al sector público. Desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2025, la Administración Pública Nacional junto con empresas y sociedades estatales mostró una disminución total de 58.903 empleados, pasando de 341.473 a 282.570. El recorte más pronunciado se observó en la Administración Centralizada, que perdió 15.519 puestos.

Las instituciones con mayor reducción de personal forman un mapa del desguace estatal: el Correo Argentino perdió 5.114 trabajadores, la Operadora Ferroviaria 3.353, ARCA (ex AFIP) 3.112, CONICET 1.958, Banco Nación 1.951, Aerolíneas Argentinas 1.914, AySA 1.677, ANSES 1.548, INAREPS 429, INADI 408, ENRE 396 y la ANMAC 391.

Con datos a febrero de 2026, el Ministerio de Desregulación eliminó 65.528 puestos de trabajo en el sector público, una baja del 13% del total. La reducción alcanza el 18,5% en la Administración Pública Nacional. Y la política continúa: el Gobierno avanza con un nuevo ajuste que reduciría un 10% adicional la planta estatal en 2026, lo que equivaldría a unos 28.000 trabajadores más, con foco en organismos descentralizados como INDEC, CONICET, CONEAU, ARCA, ANSES, CONADIS, ENARGAS, ENRE, INTA, INTI y ENACOM.

El Estado que se deshace: cuando el ahorro cuesta vidas

Hasta aquí, la destrucción tiene cara de empresas y nombre de trabajadores. Hay otra dimensión del desguace que los números de empleo no capturan: la protección que el Estado dejó de garantizar. El ajuste en los organismos públicos es una decisión sobre qué riesgos van a correr los argentinos sin que nadie los avise, qué alimentos van a consumir sin que nadie los controle, qué vuelos van a despegar sin información meteorológica confiable, qué medicamentos van a ser inyectados en pacientes internados sin que nadie los haya auditado. Lo que se destruye acá es infraestructura de vida cotidiana.

El Servicio Meteorológico Nacional: los 140 despidos que pueden costar vidas

Esta semana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó los despidos que el sector venía denunciando desde hace meses. Se desvincularon 140 personas en la primera de dos tandas que podría alcanzar a 240 trabajadores sobre una planta total de 972. Tras este recorte, la dotación quedaría reducida a 540 empleados, menos de la mitad de los 1.156 considerados óptimos según una auditoría del propio Estado nacional.

Los despidos afectan principalmente a observadores meteorológicos: técnicos capacitados que miden, en las 125 estaciones del país, los datos básicos sobre los que se construyen los pronósticos, la información destinada a la pesca y la agricultura y los sistemas de alerta temprana. Son quienes recopilan los datos que permiten anticipar lluvias, tormentas, nevadas, ventiscas o períodos de calor extremo. En un país golpeado en los últimos años por inundaciones, tormentas extremas y sequías de escala histórica, esa función es infraestructura de supervivencia.

Las consecuencias son concretas y múltiples. Carla Gulizia, presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), fue directa: «Argentina está perdiendo un pilar de su defensa nacional. Enfrentaremos tragedias que hoy son evitables debido a la falta de información clave.» La Sociedad Rural Argentina ya le expresó al Gobierno su preocupación por los recortes: la planificación de siembras y cosechas depende estrictamente de los modelos de previsión climática. El SMN también es el proveedor oficial de información meteorológica aeronáutica: cada vuelo que opera en territorio nacional depende de los informes técnicos emitidos por el organismo. La sobrecarga de tareas en el personal remanente abre la posibilidad de demoras operativas o riesgos para la navegación aérea.

El presupuesto del SMN acumula una pérdida del 40,6% en tres años. El sistema de alerta temprana opera con una efectividad superior al 80% y hoy está en riesgo. Cada estación que cierre es un punto ciego en el mapa. En la meteorología, los puntos ciegos se pagan con vidas.

El INTI: cuando el Estado le cede al mercado lo que le corresponde hacer

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) enfrenta el desguace más sistemático del período. La administración libertaria desvinculó a 850 profesionales y personal técnico desde 2023, redujo salarios y proyecta la eliminación de otras 900 ofertas tecnológicas y servicios técnicos que ofrecía a las pymes. La planta del organismo se redujo un 26,4%. El plan lleva la firma de Federico Sturzenegger y otros 700 puestos adicionales están en riesgo.

Lo que el INTI dejó de hacer es también lo que los ciudadanos dejaron de tener garantizado. El Gobierno avanzó con el cierre de 22 sedes de extensión regionales. Suspendió el control obligatorio de caravanas de identificación del ganado vacuno. Amplió los plazos para los controles de calidad del cemento y el acero. Suspendió controles y certificaciones para radiadores de aluminio, colectores solares y placas cerámicas. Suspendió la certificación obligatoria de materiales para cubiertas y cámaras neumáticas nuevas de bicicletas. Avanza ahora sobre los controles de alimentos y bebidas: el análisis de aditivos, antioxidantes y edulcorantes, estudios de vida útil, contenido de cafeína y detección de contaminantes como micotoxinas.

El punto más sensible para el consumidor cotidiano es la metrología legal. La Resolución 213/2025, publicada en el último día hábil de 2025, ordena la baja de la Dirección de Metrología Legal y del Organismo de Certificación, áreas encargadas de verificar y certificar los surtidores de combustible, las balanzas comerciales y portuarias, los radares de velocidad y los alcoholímetros utilizados en controles viales. El costo de privatizar estos controles es regresivo y concreto: verificar un alcoholímetro en el INTI tenía un costo aproximado de $140.000 para un municipio. Con laboratorios privados, el mismo control ronda $1.200.000 por instrumento. Muchos municipios pequeños directamente abandonarán el control. El resultado previsible es menos seguridad vial y más rutas sin fiscalización.

Como señaló Roberto Salvarezza, presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires: «Legalmente el gobierno puede decir que no elimina el INTI, pero en la práctica lo liquida, lo reduce a un mínimo incapaz de cumplir funciones.»

El INTA: 1.500 retiros y un agro sin red de seguridad

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con 350 oficinas distribuidas en todo el país y presencia en las zonas rurales más alejadas, enfrenta la pérdida del 26% de su planta. El Consejo Directivo aprobó, luego de resistencias internas y presiones del Ministerio de Economía, un plan de retiros voluntarios para 1.500 personas sobre un total de 5.800. Es el segundo retiro voluntario lanzado: el primero, a fines de 2024, captó a poco más de 300 trabajadores.

Las consecuencias sobre los productores son directas. El cierre de 14 agencias de extensión rural en Buenos Aires y Córdoba implica menos asistencia técnica y menos acompañamiento para productores, familias rurales y comunidades enteras. En el noroeste argentino, el cierre de 24 Agencias de Extensión Rural y Oficinas Técnicas paralizaría programas de innovación, investigación aplicada y acompañamiento técnico en zonas donde el INTA es el único soporte técnico disponible. Solo en Salta y Jujuy, más de 130 trabajadores podrían perder sus fuentes laborales.

La sanidad agropecuaria concentra el riesgo más grave. La reciente detección de scrapie clásico —la «tembladera»— en reproductores ovinos importados desde Paraguay ilustra hasta dónde puede llegar el problema. El caso fue derivado al INTA de Castelar para diagnóstico. Si la Argentina pierde el estatus de «país libre de scrapie», todos los certificados de exportación emitidos con esa leyenda quedarían anulados, con impacto directo sobre las ventas externas de lácteos, carne, harina de carne y hueso destinadas principalmente al mercado chino. Un brote detectado tarde, una certificación anulada, una cadena de controles inexistentes son mercados cerrados y divisas que no entran.

La desregulación en materia de sanidad animal y el recorte del plantel del SENASA —también en la mira del ajuste— generan el mismo tipo de riesgo. Argentina es un país cuya principal fuente de divisas es la producción agropecuaria. Recortar los organismos que garantizan la trazabilidad y la sanidad de esa producción es un riesgo sistémico para la economía entera.

Vialidad Nacional: la aritmética del desastre

Hay un argumento que el Gobierno repite para justificar el desguace de Vialidad Nacional: el ahorro. La disolución del organismo, según voceros oficiales, generaría un ahorro estimado de 100 millones de dólares anuales. El número suena contundente hasta que se lo pone en perspectiva.

El mantenimiento anual del sistema vial argentino —rutas nacionales y provinciales— se estima en 4.213 millones de dólares. Recuperar la infraestructura deteriorada si se abandona el mantenimiento asciende a 40.773 millones de dólares, según estimaciones de la Cámara Argentina de la Construcción. En el caso de las rutas nacionales solamente, el costo de recuperación ya supera los 23.240 millones de dólares. Por cada peso que se ahorra en mantenimiento, se necesitan diez para recuperar lo perdido. El Gobierno ahorra 100 millones de dólares por año y genera un pasivo de recuperación que multiplica ese número por más de doscientos.

Un estudio de la Cámara de la Construcción estima una «deuda invisible» equivalente a 70 millones de dólares diarios por depreciación de infraestructura. «Si no reparás una fisura cuando corresponde, después gastás el triple. Eso es lo que nos está pasando», advirtió el presidente del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires. El propio sector es categórico: cuando no se mantiene una ruta, en un año se deteriora todo lo que se cuidó en cuatro.

El presupuesto del organismo acumula una destrucción sin precedentes. Para 2026 se consolidó un ajuste en términos reales del 75% comparado con el presupuesto de 2023. Durante 2024 y 2025 se alcanzó una subejecución de casi el 50%, sin invertir siquiera los fondos específicos que corresponden por ley a través del impuesto a los combustibles líquidos. Esos fondos existen y se recaudan con cada litro de nafta: en 2024 el Gobierno recaudó más de $2,52 billones por ese impuesto, de los cuales el 28,58% debían ir al fideicomiso SISVIAL para obras viales, pero menos de la mitad llegó a Vialidad Nacional. El caso del Impuesto PAIS fue más explícito aún: de los $6,27 billones recaudados, $2,08 billones debían destinarse a obras de infraestructura, pero apenas se ejecutó el 2% y por decreto se transfirió $1 billón al Tesoro Nacional.

El Estado nacional invierte hoy 3,5 dólares por mes por habitante en obra pública. En 2023 invertía más de 20 dólares.

El estado de las rutas refleja esas decisiones. Un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) establece que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en condición regular o mala. De 66 obras que estaban en curso, solo se certificaron 20 en el último mes, en su mayoría menores. «Vialidad llegó a ejecutar entre 2.500 y 3.000 obras anuales. Hoy solo 20. Es una muestra clara del desmantelamiento», alertó la Federación.

Las obras paralizadas tienen nombre y geografía concreta. La Ruta Nacional 3 está detenida en el tramo San Miguel del Monte-Gorchs, acceso de la producción cerealera al puerto de Bahía Blanca, con alta siniestralidad por choques frontales. La Ruta Nacional 5 fue denominada por usuarios como el «peaje hacia la muerte» por el aumento de tarifas sin mejoras. La Ruta Nacional 7 tiene la variante Chacabuco paralizada desde 2025, obligando al tránsito a cruzar zonas urbanas o desvíos peligrosos.

El Gobierno intentó disolver el organismo por decreto en 2025. El Congreso rechazó el decreto 461/2025, pero el Gobierno avanzó de todas formas con la licitación pública para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas en cinco provincias. El plan es concesionar los corredores rentables y abandonar el resto. La federación de trabajadores viales plantea la pregunta sin respuesta oficial: qué pasará con los otros 30.000 kilómetros que nadie va a querer concesionar.

La respuesta del organismo ante los reclamos judiciales expuso la doctrina detrás del ajuste. Ante una presentación judicial del Municipio de Azul que reclamaba por el abandono de la Ruta 3, Vialidad Nacional respondió que los accidentes se deben «a la negligencia, impericia y/o imprudencia del usuario conductor» y que «el mantenimiento de las vías de circulación no corresponde indudablemente de manera exclusiva al Estado Nacional.»

Lo que el deterioro cobra en vidas

La desinversión tiene víctimas. Las víctimas fatales en rutas nacionales aumentaron un 14% interanual, alcanzando las 4.369 muertes en 2025. Son 12 muertes diarias en promedio. Cada siniestro vial representa en promedio más de 62.000 dólares por víctima, considerando atención sanitaria, intervenciones policiales y judiciales. La siniestralidad vial equivale al 1,4% del PBI. El Instituto de Seguridad y Educación Vial estima un gasto anual de entre 8.000 y 8.350 millones de dólares asociados a estos siniestros, equivalente al 2% del PBI, abarcando atención médica, rehabilitación, lucro cesante, daños materiales e impactos administrativos.

Dicho de otra manera: el costo anual de la siniestralidad vial es veinte veces mayor que el «ahorro» que el Gobierno invoca para justificar el vaciamiento de Vialidad Nacional. Por cada peso que el Estado se ahorra en mantenimiento, gasta entre tres y cinco en obras de rehabilitación y afrontar el costo social de los accidentes.

La conclusión que los números imponen es una sola: el ajuste en Vialidad no ahorra dinero. Traslada costos al futuro y los multiplica. Traslada riesgos a las rutas y los cobra en vidas. La deuda invisible crece a razón de 70 millones de dólares por día. El ahorro que el Gobierno exhibe en sus presentaciones se sostiene sobre ese pasivo acumulado y sobre las 4.369 muertes del año pasado en rutas que el Estado decidió no mantener.

La CNEA: el desguace de la soberanía energética

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismo que desarrolló la tecnología nuclear argentina durante décadas, sufre el desfinanciamiento más profundo de su historia reciente. La inversión en el organismo descendió un 26,8% en 2024 y un 21,4% en 2025. Para 2026, el Crédito Inicial implica una reducción adicional del 12,6%, consolidando una caída real del presupuesto del 49,7% en apenas tres años.

Unos 340 trabajadores estuvieron en vilo a fines de marzo por la no renovación de contratos. La pérdida salarial acumulada supera el 30%. Directivos de 89 áreas del organismo —divisiones, departamentos, subgerencias y gerencias— enviaron una carta al presidente de la CNEA advirtiendo sobre la pérdida de personal altamente calificado, la precarización laboral y la paralización de proyectos estratégicos. Es la primera vez que cuadros jerárquicos del organismo adoptan una postura pública de este tipo.

Los especialistas formados en la CNEA se van: Candu Energy y Meitner, filiales de empresas estadounidenses y canadienses, pusieron oficinas en Buenos Aires para reclutarlos, con salarios cuatro veces mayores. Proyectos estratégicos como el CAREM 25, el primer reactor modular diseñado y construido en Argentina, y el RA-10, reactor multipropósito para producción de radioisótopos, están desfinanciados.

Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), a cargo de las centrales de Atucha I, Atucha II y Embalse —que generan entre el 7% y el 9% de la energía eléctrica del país— despidió a 300 trabajadores en dos años. El fondo que quiere comprarla pretende reducir la dotación de 2.700 a 2.000 trabajadores. El Gobierno incluyó a NASA en la Ley Bases como empresa a privatizar. «NASA siempre trabajó de forma segura y continua, generando ganancias, y ahora se la quiere privatizar», denunció Andrés Kreiner, investigador de la CNEA y secretario de la Asociación de Profesionales del sector.

El fentanilo contaminado: la tragedia que no hay que dejar pasar

Hay un caso que merece ser contado sin eufemismos. El 8 de mayo de 2025, la ANMAT emitió la advertencia que marcaría el inicio de la peor tragedia sanitaria de la Argentina moderna: al menos 111 personas murieron y otras 48 resultaron infectadas por fentanilo contaminado administrado en unidades de cuidados intensivos de al menos veinte centros médicos en todo el país. En las ampollas cerradas se hallaron dos bacterias multirresistentes: Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Las investigaciones del Cuerpo Médico Forense y del Instituto Malbrán confirmaron que el medicamento adulterado fue un factor determinante en la muerte de los pacientes.

Lo que el expediente revela va más allá de la responsabilidad de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Entre junio de 2018 y mayo de 2025, se iniciaron al menos 65 expedientes administrativos vinculados a reportes de desvíos de calidad, reacciones adversas o medicamentos presuntamente adulterados en esos mismos laboratorios. Los fiscales de la causa advierten «un escenario sostenido de vulnerabilidades en la calidad de productos críticos» y concluyen que la reiteración de hallazgos graves sugiere «la existencia de deficiencias estructurales en los mecanismos de control y prevención». Las advertencias existieron durante años. Las auditorías del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) revelaron además un patrón previo al brote: en febrero de 2025 se prohibió la distribución de dopamina por falta de trazabilidad, en abril se ordenó el retiro de lotes de propofol por sospecha de falsificación, y se detectó contaminación cruzada en diclofenac y morfina. Los inspectores constataron que al menos 69 lotes de soluciones fueron acondicionados en envases no autorizados, sin validación de procesos ni estudios de estabilidad.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, intentó atribuir la responsabilidad a «la ANMAT kirchnerista», a pesar de que la contaminación se produjo en 2025. El Gobierno separó de su cargo a la directora del Instituto Nacional de Medicamentos. Los 111 muertos no tienen devolución posible. La ANMAT revocó definitivamente las habilitaciones de los laboratorios en abril de 2026, casi un año después de las primeras muertes. La Auditoría General de la Nación anunció que auditará la gestión del sistema de trazabilidad de medicamentos y los sistemas de alerta de la ANMAT entre 2023 y 2025. Para las familias que perdieron a alguien en una unidad de cuidados intensivos, ya es tarde. Para que el país tome nota, todavía hay tiempo.

La pregunta que el Gobierno evita responder

El ahorro en el SMN asciende a unos 3.500 millones de pesos anuales según datos del Grupo EPC. El ahorro en el INTI, el INTA, el CONICET, la CNEA, el Correo Argentino y la ANSES suma miles de millones más. Lo que queda fuera del cálculo es lo que cuesta en divisas perdidas cuando se cierra un mercado de exportación por fallas sanitarias, en vidas cuando un sistema de alerta temprana falla frente a una inundación, en accidentes cuando los surtidores funcionan sin control, en enfermedades cuando los alimentos carecen de quien los analice, en muertes cuando los medicamentos carecen de quien los audite. La pregunta es simple y el Gobierno la esquiva: ¿cuánto ahorro justifica vivir así?

Los números que explican el derrumbe: informalidad, empleo y previsión

El empleo destruido se recicla en condiciones cada vez más precarias. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA reveló que la tasa de informalidad laboral en el cuarto trimestre de 2025 fue del 43%. Más de 4 de cada 10 trabajadores se desempeñan en empleos sin cobertura legal, impositiva ni previsional. El dato se suma al 7,5% de desempleo oficial confirmado por el INDEC, el nivel más alto desde el cierre de 2020. En términos concretos, 5,8 millones de argentinos en los 31 aglomerados urbanos carecen de obra social y descuento jubilatorio.

La informalidad golpea especialmente a los extremos del mercado laboral: al 58,4% de los jóvenes menores de 29 años y al 58% en los mayores de 65. Las mujeres registran el índice más alto con un 44,5%. Desde la asunción de Milei se perdieron en total 173.524 puestos de trabajo asalariados registrados: 124.010 en el sector privado y 49.514 en el ámbito público.

Las consecuencias sobre el sistema previsional son estructurales. Cada punto porcentual adicional de informalidad implica una pérdida anual de unos 975 millones de dólares para el sistema. El superávit operativo de ANSES se desplomó el 98% entre 2024 y 2025: pasó de 4,05 billones de pesos a poco más de 100.000 millones. Un sistema previsional que se desfinancia es un sistema que tarde o temprano deja de pagar jubilaciones.

Entre 2017 y 2025, un trabajador formal del sector privado resignó el equivalente a 16 salarios mensuales de poder adquisitivo. Para los informales, que representan el 43,3% de la fuerza laboral, la pérdida alcanza los 29 sueldos.

Lo que el modelo produce y lo que no produce

El presidente de Industriales PyMEs Argentina, Daniel Rosato, fue directo: «Es un grave error poner las reformas por delante de todo. A Macri le advertimos que la apertura de importaciones iba a destruir a la industria. Macri perdió en 2019 porque la gente se cansó, y acá va a pasar lo mismo. Cuando cierra una industria, cierran tres comercios.»

La paradoja es elocuente: la macro mejora, pero el tejido productivo sigue sin estabilizarse. Lo que distingue la situación actual es que el aumento de conflictos empresariales ocurre en paralelo con indicadores de crecimiento de la actividad económica. La estabilidad fiscal existe. Lo que falta es el derrame hacia el empleo, el salario y el consumo que sostenga a las empresas que dependen del mercado interno.

El 56% de los argentinos, según una encuesta de Hugo Haime, pide que el próximo gobierno lleve adelante una política de estabilidad económica con fortalecimiento de la industria nacional y generación de empleo. Solo el 23% opta por continuar con el modelo actual.

Esta lista no es completa. A este ritmo, mientras se publica esta nota, habrán cerrado dos o tres empresas más. Lo que sí es completa es la descripción del modelo que lo produce: un esquema que licua salarios para bajar la inflación, abre importaciones para bajar precios, elimina el Estado para bajar el déficit y luego les pregunta a los argentinos si no están mejor que antes. La respuesta, nombre por nombre y empresa por empresa, está en esta lista.

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