El ajuste libertario enferma y mata a los más vulnerables

El  ajuste del sistema de salud bajo la gestión Milei acumula consecuencias concretas: mortalidad infantil en alza, enfermedades que se creían controladas volvieron a los hospitales y jubilados que ya no pueden acceder a sus medicamentos. Un fallo judicial de alcance nacional le dio 72 horas al gobierno para regularizar los pagos a prestadores de discapacidad.

La crisis sanitaria que atraviesa Argentina tiene números y tiene nombres. 11 niños menores de dos años que murieron de coqueluche en 2025 sin esquema de vacunación completo. Axel Kicillof calificó de «criminal» la política sanitaria del gobierno nacional. El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja dictó una cautelar de alcance nacional para obligar al gobierno a pagar en 72 horas lo que les debe a los prestadores de personas con discapacidad. La política de ajuste se mide en vidas de los sectores más vulnerables; niños, jubilados, discapacitados son las víctimas de un modelo cruel que excluye y

El recorte tiene número: 40%

Entre 2023 y 2025, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud se redujo un 40%. Ese porcentaje se traduce en recortes del 34% en hospitales nacionales y del 17% en centros de salud. Desde diciembre de 2023, los hospitales públicos nacionales perdieron el 12% de su dotación de personal. El gobierno desmanteló el Plan ENIA —modelo regional en reducción del embarazo adolescente— y debilitó el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, que prevé 1.370 intervenciones menos que en 2024.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, lo sintetizó con precisión ante más de 60 intendentes reunidos el 19 de mayo en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial: «Javier Milei decidió abandonar a la población argentina: desde que asumió, recortó el presupuesto en Salud un 40%, paralizó la entrega de medicamentos, redujo la distribución de vacunas y aplicó la motosierra sobre el PAMI».

A ese escenario se sumó, días antes de la reunión, una Decisión Administrativa firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo que dispuso un nuevo recorte de más de 63.000 millones de pesos en el área de Salud.

Mortalidad infantil: una tendencia que se revirtió

El último dato oficial del Ministerio de Salud nacional ubicó la tasa de mortalidad infantil en 8,5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2024. Es un incremento del 6,25% respecto de 2023, cuando el indicador era de 8 por cada 1.000. La tendencia descendente que el país sostuvo durante décadas, con algunas excepciones, se interrumpió en el primer año de gestión de Milei.

La mortalidad materna siguió el mismo camino: trepó a 4,4 por cada 10.000 nacidos vivos en 2024, un incremento del 37% respecto del año anterior.

El pediatra e investigador Fernando Zingman advirtió que el salto simultáneo en ambos indicadores constituye una señal de alerta sobre el funcionamiento general del sistema sanitario. Kreplak fue más específico: el gobierno recortó la provisión de surfactante pulmonar —insumo crítico para tratar patologías respiratorias en recién nacidos—, interrumpió el envío de medicamentos para prematuros y paralizó tratamientos para enfermedades congénitas como la toxoplasmosis. Ante la retirada del Estado nacional, varias provincias debieron asumir por su cuenta la compra y distribución de esos insumos.

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, atribuyó el deterioro de las cifras a «consecuencias sociales de una catástrofe económica previa», y afirmó que el gobierno anterior le dejó una herencia que está «ordenando».

Enfermedades que volvieron

La caída en la cobertura de vacunación produjo consecuencias epidemiológicas directas. En 2024, ninguna vacuna del Calendario Nacional alcanzó el 95% de cobertura que los organismos internacionales establecen como mínimo para garantizar la inmunidad colectiva. La triple viral —que protege contra sarampión, rubéola y paperas— cayó al 46,7% en niños de cinco años. La cobertura contra poliomielitis, en ese mismo grupo, descendió al 47,6%. Uno de cada tres niños argentinos no recibió el refuerzo de la vacuna quíntuple a los 15 meses.

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) describió la situación como «un escenario de fragilidad inmunológica colectiva». Las consecuencias ya están en los registros epidemiológicos:

Los casos de coqueluche pasaron de 11.202 en 2023 a 66.184 en 2024. En 2025, once niños menores de dos años murieron de esa enfermedad, todos con esquemas de vacunación incompletos. En las primeras once semanas de 2026, ya se notificaron 824 casos sospechosos y 252 confirmados.

El último dato oficial del Ministerio de Salud nacional ubicó la tasa de mortalidad infantil en 8,5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2024. Es un incremento del 6,25% respecto de 2023

Los casos de sarampión aumentaron 1.700% desde el inicio de la gestión Milei. En 2025 se confirmaron 36 casos en el país —21 en la provincia de Buenos Aires, 13 en CABA— y la región de las Américas perdió su estatus de área libre de transmisión endémica.

Los casos de hepatitis A se cuadruplicaron a inicios de 2026 en comparación con el promedio del período 2021-2025. La sífilis registró un incremento del 71% respecto a los últimos cinco años, con un aumento del 15% entre embarazadas. La tuberculosis acumuló un crecimiento cercano al 80% entre 2020 y 2025.

El ministro Kreplak cuantificó la responsabilidad del Estado nacional en el problema de las vacunas: «El país era un modelo a nivel internacional y hoy es todo lo contrario. Pasamos de comprar 50 millones de dosis a 36 millones de dosis».

PAMI: jubilados sin remedios

El ajuste también llegó al sistema de cobertura de medicamentos para jubilados y pensionados. Desde noviembre de 2023 hasta febrero de 2025, el costo de los medicamentos aumentó en promedio un 382% para los afiliados al PAMI (por encima del IPC del período, que fue del 186%, y por encima del aumento de los haberes jubilatorios, del 176%). Como consecuencia, las dispensas de medicamentos con receta cayeron un 26% en la provincia de Buenos Aires durante 2024.

El PAMI eliminó en 2025 un total de 44 medicamentos de su listado gratuito y reformuló los criterios de acceso a la cobertura del 100%, restringiéndola a afiliados que perciban menos de 1,5 jubilaciones mínimas o cuyo gasto en medicamentos supere el 15% de sus ingresos. El problema es que la canasta básica de un jubilado fue estimada en 912.584 pesos en octubre de 2024, mientras que el umbral de 1,5 jubilaciones mínimas equivale a 389.398 pesos: quienes cobren más de eso —menos de la mitad de lo que necesitan para vivir— dejaron de tener cobertura total en medicamentos.

La abogada especialista en salud Jimena Abdala señaló que en Argentina hay 7 millones de jubilados y el 71% está en situación de vulnerabilidad económica.

El fallo de Vaca Narvaja: la justicia le pone límites al ajuste

El 18 de mayo de 2026, el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja dictó una medida cautelar de alcance nacional. Le ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud —a través del programa Incluir Salud— regularizar en un plazo de 72 horas la cadena de pagos a prestadores que atienden a personas con discapacidad titulares de pensiones no contributivas. La cautelar tiene vigencia de seis meses o hasta sentencia firme, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento.

La resolución responde a un amparo colectivo presentado por la abogada Marta Lastra, en representación del colectivo Defendamos Córdoba y organizaciones como Apadim y el Pequeño Cottolengo Don Orione. El propio expediente documenta el impacto concreto del atraso: el Cottolengo debió afrontar 41.556.675 pesos en intereses ante ARCA por aportes y contribuciones impagas durante 2026, más 14.429.407 pesos pagados en 2025. Durante febrero, marzo y abril de 2026, la entrega de medicamentos se interrumpió por completo.

El juez consideró que las «demoras crónicas» y la interrupción en la entrega de medicamentos implican un «riesgo inminente» para quienes deben recibir esas prestaciones, y que los problemas administrativos del Estado no pueden justificar la interrupción de tratamientos vinculados al derecho a la salud.

«La falta de cobertura o la interrupción de un tratamiento genera retrocesos en el grado de desarrollo alcanzado mediante la intervención terapéutica, y el esfuerzo aplicado en sostener esos espacios por parte de los grupos familiares y personas responsables del cuidado de las personas con discapacidad.» – Resolución del juez Vaca Narvaja, 18 de mayo de 2026

El fallo tomó como antecedente una sentencia del Juzgado Federal de Campana de diciembre de 2025, que ya había declarado inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025 y ordenado la plena aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. El Poder Ejecutivo había promulgado esa ley pero suspendió su ejecución argumentando que el Congreso debía determinar las fuentes de financiamiento.

En su resolución, Vaca Narvaja señaló que existen «numerosos intentos por parte de la autoridad estatal de evadir o dilatar el cumplimiento de su obligación de observar y garantizar los estándares constitucionales e internacionales de protección integral de los grupos más vulnerables». En declaraciones posteriores al fallo, el magistrado fue categórico: «Estamos en un estado de derecho. Rige la Constitución, la división de poderes y gobierna la ley».

El propio Ministerio de Salud reconoció ante la Justicia los retrasos en los pagos, aunque los justificó como parte de un «reordenamiento estructural». El criterio del juez fue distinto: las explicaciones técnicas no resultaron válidas frente a los hechos documentados.

Kicillof y los intendentes: un acta contra el ajuste

El 19 de mayo, Axel Kicillof encabezó la reunión con más de 60 intendentes bonaerenses junto a Kreplak, la vicegobernadora Verónica Magario y la subsecretaria de Atención de la Salud Alexia Navarro. El encuentro concluyó con la firma de un acta conjunta para reclamar la restitución de los recursos sanitarios recortados por el gobierno nacional.

«En muy poco tiempo, el ajuste y la eliminación de programas generaron un aumento sin precedentes en la mortalidad infantil, la mortalidad materna y las internaciones por causas evitables», dijo Kicillof ante los jefes comunales. El gobernador también puso en cifras el efecto indirecto del ajuste sobre el sistema público provincial: «Debido a la crisis económica, la pérdida de empleos y la desregulación de la medicina prepaga, más de 742 mil personas perdieron su cobertura y, como consecuencia, se ha sobrecargado todo el sistema público provincial y municipal».

La provincia de Buenos Aires reclama al gobierno nacional atrasos por más de 24,6 billones de pesos en materia de salud —equivalentes, según el gobierno bonaerense, a dos presupuestos anuales del área—. Al cierre del acto, Kicillof confirmó que el gobierno bonaerense participará de la marcha federal convocada para defender el derecho a la salud pública y que continuará sosteniendo el programa «Medicamentos Bonaerenses» para suplir la falta de asistencia nacional.

«Estamos frente a una crisis sanitaria muy grave», resumió Kicillof.

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