La paritaria de Alimentación llega a junio sin acuerdo
La negociación del CCT 244/94 acumula tres audiencias fallidas. Hoy se retoman las conversaciones entre la FTIA y la FIPAA con el reclamo de fondo intacto: actualizar escalas salariales para 80.000 trabajadores en un sector donde la inflación en alimentos supera sistemáticamente al índice general.
Tres reuniones, ningún resultado
La paritaria 2026-2027 del Convenio Colectivo de Trabajo 244/94, que rige las condiciones salariales de los trabajadores de la industria alimentaria en todo el país, llega a su cuarta audiencia con un historial adverso. Las reuniones del 20 de mayo, el 27 de mayo y el 3 de junio concluyeron sin acuerdo. El Consejo Directivo de la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) calificó en el comunicado del 3 de junio de «mezquina» la actitud del sector empresarial y convocó a la FIPAA a cambiar su postura «a los fines de preservar la paz social en el marco de los justos reclamos» de los trabajadores y las trabajadoras del sector. El miércoles 10 de junio, las partes vuelven a la mesa.
El ciclo anterior: un piso insuficiente
El nuevo ciclo de negociaciones abre con un antecedente reciente que marca el punto de partida. En marzo de 2026, la FTIA y la FIPAA alcanzaron un pre-acuerdo que cubrió el tramo enero-abril del ciclo 2025-2026: un incremento del 9,67% sobre la escala salarial y una suma fija no remunerativa de $100.000 para la categoría inicial, con apertura por categorías y liquidación antes del 24 de marzo. El acuerdo incorporó también una cláusula de revisión, un mecanismo que la federación venía exigiendo para no quedar atada a porcentajes fijos ante variaciones inflacionarias. Para el gremio, esa cláusula era el piso de la nueva negociación, no su techo.
El tope oficial como obstáculo de fondo
Detrás del bloqueo empresarial hay una presión que viene del Estado. A partir de marzo de 2026, el Gobierno nacional impuso un tope del 2% mensual para los acuerdos paritarios a través de la Secretaría de Trabajo. La medida, impulsada desde el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo, apunta a anclar las expectativas inflacionarias, pero colisiona con la realidad: el IPC de febrero de 2026 se ubicó en 2,9%, por encima del techo oficial. La política salarial del Gobierno convierte la homologación de los convenios en un instrumento de control: los acuerdos que superen la pauta oficial no acceden al sello del Ministerio de Trabajo, lo que transforma el tope en una pauta de cumplimiento obligatorio para las cámaras empresariales.
La FTIA sigue luchando por la actualización de los salarios de las trabajadoras y trabajadores de Alimentación.
La consecuencia para los trabajadores es directa y verificable. Según el informe «Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones» del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil cayó un 39% entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. En términos interanuales, los salarios acumularon una suba del 35,8% frente a una inflación del 36,25% en el mismo período.
Por qué la inflación en alimentos agrava el problema
La FTIA lleva a cada audiencia un argumento que los números respaldan: la inflación en alimentos es estructuralmente superior al índice general de precios. Los trabajadores de la industria alimentaria producen los bienes que integran la canasta básica y son, al mismo tiempo, los primeros afectados por su encarecimiento. Esa asimetría convierte la pérdida de poder adquisitivo en una doble presión: los salarios crecen por debajo de la inflación general y por debajo de la inflación específica del sector de alimentos.
Los referentes de Alimentación enfrentan la negativa de la cámara empresaria de actualizar salarios.
En su comunicado, la FTIA sintetiza el argumento: la federación «reiteró la necesidad de actualizar las escalas salariales teniendo en cuenta los sucesivos aumentos de precios, en especial los productos de la canasta familiar, servicios, transporte y gastos escolares, que perjudican el poder adquisitivo de las y los trabajadores/as del sector».
El CCT 244/94 cubre a 80.000 trabajadores
El alcance de la negociación no es menor. El CCT 244/94 es el convenio marco que regula las condiciones salariales de unos 80.000 trabajadores y trabajadoras de la industria alimentaria en todo el país. Lo que se defina en esa mesa determina los salarios de quienes producen los alimentos que consume la población argentina: desde frigoríficos hasta panaderías industriales, desde plantas de lácteos hasta embotelladoras. La FTIA negocia en representación de esos trabajadores, con la presión adicional de un ciclo de cierres de plantas, suspensiones y conflictos laborales que no cede.
Alimentación reclama salarios y busca romper el techo salarial del gobierno.
La reunión del miércoles es la cuarta instancia del ciclo 2026-2027 sin resultado positivo. El patrón que se repite —convocatoria, audiencia, levantamiento sin acuerdo, nueva fecha— tiene un límite. El ciclo 2025-2026 terminó en plan de lucha, con convocatoria a movilizaciones y paros antes de que una conciliación obligatoria frenara las medidas de fuerza. La FTIA avisó entonces que la paciencia de los trabajadores tiene un límite: si los próximos encuentros no producen una propuesta que permita recomponer el poder adquisitivo, las medidas de fuerza se retomarán con mayor contundencia. La audiencia de hoy define si la negociación avanza o si el conflicto escala.
Industria: 24.000 empresas cerradas y el sector alimentario golpeado
La destrucción del tejido productivo bajo la gestión Milei alcanza niveles comparables a la pandemia. La industria alimentaria acumula frigoríficos cerrados, suspensiones masivas y pérdida de puestos de trabajo, mientras el Gobierno prioriza importaciones y ancla salarios.
El STIA participó del primer Congreso Bonaerense del Trabajo
El movimiento obrero bonaerense construye la alternativa al modelo de destrucción productiva. Sergio Escalante presentó un programa industrial en Mar del Plata en el primer Congreso Bonaerense del Trabajo.
El 28 y 29 de mayo de 2026, Mar del Plata fue sede del primer Congreso Bonaerense del Trabajo, convocado bajo el lema «Por una construcción federal del mundo laboral». El encuentro, organizado por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, reunió al gobierno provincial, municipios, organizaciones sindicales, cámaras empresariales, el sector cooperativo y el ámbito académico en un espacio de diálogo social orientado a fortalecer el trabajo decente, la producción y la inclusión laboral.
El congreso reunió durante dos jornadas a más de seis mil participantes, y se desarrolló con 26 comisiones de debate en las que se analizaron las distintas problemáticas del mundo laboral. La convocatoria desbordó las expectativas de los organizadores: el ministerio calculó que solo la primera jornada reunió a más de tres mil personas entre trabajadores, empresarios, funcionarios, secretarios generales, representantes de la iglesia, la salud y la industria.
La apertura del encuentro tuvo lugar en el salón «Atlantic» del Hotel 13 de Julio, que para el congreso fue rebautizado «Norberto Centeno», en homenaje al histórico abogado laboralista desaparecido durante la última dictadura militar. El gesto inaugural trazó una línea de continuidad entre la memoria del movimiento obrero y la construcción de políticas laborales hacia el futuro.
Un diagnóstico que el movimiento obrero sostiene con cifras
El contexto que enmarcó los debates es concreto y urgente. Correa señaló que existen más de 300 mil trabajadores y trabajadoras despedidos en un proceso que calificó de «industricidio feroz», mucho más veloz que lo ocurrido en los ’90 y más acelerado que el período de Macri.
El ministro aportó datos precisos: la provincia de Buenos Aires concentra más del 50% de la industria nacional, y las políticas del gobierno de Milei afectan de manera directa al pueblo trabajador bonaerense. Como caso emblemático de ese proceso, el funcionario mencionó la situación de Granja Tres Arroyos, donde peligran 3.200 puestos de trabajo en cinco distritos, a causa de la caída del consumo interno y la paralización de las exportaciones a China.
El gobernador Axel Kicillof, y el ministro de Trabajo, Walter Correa, encabezaron el cierre del primer Congreso Bonaerense de Trabajo.
El impacto del modelo alcanza al conjunto de la estructura productiva. Kicillof señaló que los únicos sectores que crecen son el primario y el financiero, que generan poco empleo, mientras se desploman la industria, el comercio y la construcción. La advertencia apunta a una economía que premia la especulación y castiga la producción: el gobernador sostuvo que el mundo protege su industria y sus recursos estratégicos, pero en Argentina se impulsa un modelo que invita a las corporaciones extranjeras a llevarse todo sin dejar valor en el país.
«Por las políticas económicas del Gobierno nacional ya cerraron 24 mil empresas y se perdió medio millón de puestos de trabajo.» — Axel Kicillof, cierre del Congreso Bonaerense del Trabajo
La destrucción productiva como política deliberada
El Congreso instaló con claridad un argumento que el movimiento obrero sostiene desde el inicio de la gestión nacional: el deterioro del empleo y la industria son el resultado de decisiones políticas, y corresponde enfrentarlos con construcción política. Walter Correa cuestionó la política nacional y sostuvo que el país atraviesa un «industricidio feroz, peor que en los 90 y más rápido que en el proceso de Macri».
El ministro explicó que la provincia enfrenta una problemática compleja, dado que más del 50% de la industria nacional está radicada en el territorio bonaerense, y todas esas actividades sufren el impacto de las políticas de ajuste.
Correa fue categórico al calificar el proceso como un «industricidio»: «La desindustrialización es una política deliberada que busca destruir el aparato productivo nacional. Y desde el ministerio de Trabajo de la provincia estamos comprometidos en defender las fuentes laborales y en promover políticas que fomenten la industrialización y el empleo genuino».
Los debates del Congreso se vertebraron sobre esa lectura compartida. En las 26 comisiones se abordaron las diferentes situaciones que afectan al mundo del trabajo, provocadas por las medidas de apertura y desregulación de la economía implementadas por el gobierno nacional. Las discusiones incorporaron también los desafíos emergentes: la inclusión laboral, el trabajo en plataformas digitales, la prevención de la violencia laboral, el trabajo rural, la erradicación del trabajo infantil y el fortalecimiento de la economía social y cooperativa.
El Consejo Bonaerense del Trabajo: una herramienta institucional
El Congreso no fue solo un espacio de diagnóstico. En su marco se realizó la primera Asamblea del Consejo Bonaerense del Trabajo, un ámbito institucional creado para pasar del debate a la política concreta. El Consejo fue creado mediante la Resolución Nº 37/2026 de la cartera laboral y funciona como un ámbito institucional de diálogo y articulación entre el gobierno provincial, los municipios bonaerenses, las centrales sindicales, los sectores de la producción y otros actores relevantes del mundo laboral.
Walter Correa designó a Gustavo Mariani como coordinador ejecutivo del espacio.
Axel Kicillof propuso discutir el futuro del empleo con una perspectiva federal.
Presidido por Correa, el Consejo contó con la participación de ministros bonaerenses, intendentes, funcionarios de áreas laborales municipales, representantes de las tres centrales obreras y entidades empresarias como la UIPBA y la CGERA.
El objetivo del Consejo es claro: promover el diseño y la implementación de políticas públicas laborales con enfoque territorial, federal y participativo, orientadas a fomentar el trabajo digno, fortalecer la equidad en el acceso y permanencia en el empleo, y atender las particularidades sociales, económicas y productivas de las distintas regiones de la provincia.
Correa destacó que en el Congreso participaron representantes de todos los sectores: el trabajo, la industria y la iglesia. «Aquí hubo representación de las 24 provincias argentinas, con sus diferentes realidades, porque este fue un Congreso federal, y no uno unitario», concluyó el ministro.
Kicillof y la apuesta por una Argentina productiva
El gobernador Axel Kicillof encabezó el acto de cierre y trazó el horizonte político del encuentro. En su discurso señaló que la Argentina enfrenta el riesgo de profundizar un rumbo que ya causó daños irreparables al tejido productivo y laboral.
«Los argentinos sabemos muy bien que no hay proyecto de país si no hay participación popular del movimiento obrero y de los empresarios genuinos y nacionales. Este Congreso llegó para demostrar que hay otro camino: el de una Nación con ciencia, educación, industria y empleo. Eso es lo que vinimos a reafirmar hoy: gobernar es cuidar a los nuestros y crear trabajo», subrayó.
Correa, por su parte, destacó que el Congreso permitió al gobernador «otorgarle un marco institucional al debate que siempre tenemos dentro de todas las organizaciones: debatir estas cuestiones del mundo del trabajo».
El encuentro contó con la presencia de referentes sindicales de primera línea, entre ellos Héctor Daer, Hugo Moyano hijo y Octavio Argüello, el triunviro de la CGT, junto a ministros provinciales y representantes de organismos internacionales.
El STIA Buenos Aires llevó programa al Congreso
El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Buenos Aires tuvo participación directa en el Congreso Bonaerense del Trabajo. Sergio Escalante, secretario general del STIA Buenos Aires, y miembros del Consejo Directivo estuvieron presentes en las dos jornadas de debate e intercambio.
La presencia del STIA fue activa y propositiva. Durante las jornadas, Escalante expuso un programa estratégico para el desarrollo industrial, construido desde la experiencia del gremio y desde las realidades concretas que el sector comparte con las empresas de la alimentación.
El STIA llevó propuestas al Congreso Bonaerense del Trabajo
El programa que presentó Escalante es consecuente con la línea que el STIA Buenos Aires sostiene desde hace tiempo: el trabajo, la producción y la industria son los motores del desarrollo de cada argentino y de cada argentina. Esa orientación industrialista y de construcción cooperativa con el sector empleador distingue al gremio alimentario dentro del movimiento obrero bonaerense.
La participación en el Congreso reafirmó el compromiso del STIA Buenos Aires con el diálogo, con la construcción federal y con la búsqueda de un modelo de país con inclusión. El sindicato lleva a los espacios de deliberación colectiva la misma convicción que orienta su práctica gremial cotidiana: la defensa del empleo genuino y la apuesta por la industria nacional.
«Necesitamos un modelo de país con inclusión, donde el trabajo, la producción y la industria sean los motores del desarrollo de cada argentino.» — Sergio Escalante, secretario general del STIA Buenos Aires
Una construcción que el movimiento obrero sostiene con hechos
El primer Congreso Bonaerense del Trabajo dejó instalado un debate sobre el modelo productivo en un momento en que las consecuencias del ajuste se miden en cierres de empresas, despidos y caída de los ingresos reales. La articulación entre sindicatos, empresas, municipios y el gobierno provincial para diseñar políticas públicas orientadas al trabajo digno es la respuesta institucional a ese proceso.
Carla Gaudensi, secretaria general de la FATPREN, resumió el espíritu del encuentro: «La iniciativa del ministro Correa y del gobernador Kicillof es muy importante en un momento donde los trabajadores y el mundo laboral está siendo fuertemente atacado por las políticas del gobierno de Javier Milei».
El Congreso Bonaerense del Trabajo es un punto de partida. El Consejo Bonaerense del Trabajo, con representación de los 135 municipios y las centrales obreras, tiene la responsabilidad de transformar ese debate en política pública. El movimiento obrero bonaerense lleva al espacio institucional lo que sostiene en la calle, en las paritarias y en el trabajo cotidiano de cada gremio: que el desarrollo del país pasa por la industria, por el empleo formal y por la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
Granja Tres Arroyos cerró su planta La China y culpó al gremio de su propia quiebra
Granja Tres Arroyos cerró la planta La China en Concepción del Uruguay y dejó sin trabajo a casi mil familias. La empresa culpa al gremio. Los números del Banco Central cuentan otra historia.
El miércoles 27 de mayo de 2026, los trabajadores del primer turno de la planta La China llegaron a las 3:30 de la madrugada y encontraron los portones encadenados, custodia privada y un cartel que decía «cerrado hasta nuevo aviso». Nadie de la empresa los había llamado. Nadie de la empresa les había enviado una comunicación formal. La mayor avícola del país ejecutó el cierre en silencio y de madrugada, y esperó que los operarios se enteraran solos, parados frente a los accesos vallados de una planta donde algunos llevan más de treinta años de trabajo.
Granja Tres Arroyos (GTA) comunicó después, por escrito, que la decisión respondía a «constantes conflictos gremiales que paralizaron sus operaciones generando un quiebre en la cadena de producción avícola de la región». La empresa describió paros, trabajo a desgano, ausentismo elevado y presuntos bloqueos violentos de delegados sindicales contra quienes querían trabajar. Es una narrativa que omite los datos más relevantes para entender la crisis.
Lo que los números del Banco Central registran
Antes de entrar al terreno de los motivos, conviene detenerse en los datos duros que la empresa no incluyó en su comunicado. Según registros del Banco Central de la República Argentina, Granja Tres Arroyos acumula $36.942 millones en cheques rechazados y una deuda bancaria de $51.763 millones, distribuidos en 1.813 documentos impagos. El ente recaudador intensificó los embargos sobre las cuentas bancarias de la compañía, a causa de millonarias deudas impositivas y previsionales, bloqueando la poca liquidez disponible.
Granja Tres Arroyos atraviesa un panorama crítico por la importación descontrolada de pollos de Brasil.
La empresa ya perdió más del 85% de sus productores integrados. Su faena cayó de 700.000 a apenas 200.000 pollos diarios. Las quincenas comenzaron a pagarse en dos cuotas, luego en cinco y finalmente en diez, con incumplimientos permanentes en los cronogramas acordados. La empresa debe el 70% de la segunda quincena de abril y la totalidad de la primera quincena de mayo a cerca de 900 empleados.
«Nos pagan las quincenas en cuotas y cada vez peor. Empezaron en dos pagos, después tres, cinco y ahora ni siquiera cumplen.» — Trabajador de Granja Tres Arroyos con más de tres décadas de antigüedad en la empresa
Quienes conocen la situación desde adentro señalan que el colapso de la compañía responde a un problema estructural de acumulación de pasivos que desborda cualquier explicación basada en el conflicto gremial. Un trabajador con 22 años de antigüedad fue más directo en sus declaraciones al canal C5N: «la compañía tiene el dinero para pagar, pero no quiere hacerlo».
Un cierre que siguió a otro cierre
El capítulo de La China tiene un antecedente directo que la empresa preferiría no recordar. En noviembre de 2025, la empresa cerró de manera definitiva la planta Becar, también ubicada en Concepción del Uruguay, y trasladó unos 270 trabajadores a La China, ubicada a pocos metros, bajo el argumento de concentrar producción y bajar costos. Ese mismo año, la empresa había cerrado la planta de Tristán Suárez y desvinculado a 200 de sus 270 empleados.
La decisión de cerrar Becar, presentada en su momento como una reestructuración para preservar empleos, terminó desplazando todavía más presión sobre la planta que ahora quedó cerrada. La misma empresa que prometió preservar el empleo al cerrar Becar cerró La China seis meses después, con los mismos trabajadores adentro y con los salarios adeudados encima.
La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos citó a los directivos de Granja Tres Arroyos y a las federaciones del sector a una audiencia de carácter «urgente e indeclinable» en la ciudad de Paraná para restablecer los canales de diálogo, pero los empresarios se negaron a concurrir a la reunión del lunes. Aproximadamente 950 personas, la mayoría residentes de la ciudad y localidades cercanas, quedaron sin empleo y sin información clara sobre su futuro. El intendente José Lauritto calificó la situación como «dramática» y advirtió sobre las consecuencias económicas que podría tener el cierre para toda la ciudad.
La crisis se extiende a toda la estructura del grupo
La planta La China concentra la atención mediática, pero la crisis de GTA abarca toda su estructura operativa. En la planta de La Lonja se aplicó un esquema de tres días de trabajo semanales y el pago del 50% del salario en las jornadas sin actividad. La planta avícola Wade S.A., ex Cresta Roja y actualmente propiedad del grupo, frenó su actividad en el mismo contexto de atrasos salariales y deuda financiera.
Joaquín De Grazia, férreo defensor del gobierno de Javier Milei, complicado por la importación de pollos de Brasil.
Los datos de Wade confirman la dimensión sistémica del problema. La subsidiaria bajó su producción de 110.000 a 80.000 pollos diarios, una caída del 30% que la empresa respondió paralizando la planta completa los miércoles, jornada en la que los empleados cobran el 65% de su salario. Según el Banco Central, Wade acumula una deuda superior a los $6.000 millones, producto de 615 cheques rechazados por falta de fondos.
Carlos Stasiuk, referente de los despedidos de ex Cresta Roja, había advertido hace tiempo: «Se está haciendo una pelota gigante que en cualquier momento va a tener serias consecuencias.»
El historial de Cresta Roja como advertencia ignorada
La planta Wade es la misma que durante más de una década fue el emblema de la inestabilidad estructural del sector avícola argentino. Cresta Roja, propiedad de los hermanos Milenko e Ivo Rasic, empezó a acumular problemas económicos a fines de 2013, cuando la deuda de la firma alcanzó los 1.200 millones de pesos. En 2014, Rasic Hermanos se presentó a convocatoria de acreedores, emitió cheques sin fondos por 43 millones de pesos y dispuso cerca de 1.300 despidos, lo que derivó en un duro conflicto gremial con el sindicato de la Alimentación.
Para diciembre de 2015, la Justicia decretó la quiebra y, en abril del año siguiente, la firma fue adjudicada a Proteinsa por un total de USD 121 millones. Recién en 2018, tras dos años en los que Proteinsa nunca logró hacerse cargo plenamente de la operación, Granja Tres Arroyos asumió el control operativo de la planta, con el aval del gobierno nacional. En ese momento, el entonces presidente Mauricio Macri definió a Cresta Roja como «un ejemplo de fábrica».
El contraste con el presente resulta ilustrativo. Cresta Roja llegó a tener 3.500 trabajadores cuando comenzó su crisis en 2015. Hoy, en toda la cadena productiva de Wade que incluye producción de huevos, incubación, granjas de cría, molinos y frigoríficos, los empleados no llegan a 800. Además, GTA cerró y desmanteló la Planta 1 de Ezeiza para concentrar toda la producción en Esteban Echeverría.
La secuencia se repite con una regularidad que debería resultar inquietante: atraso de pagos, conflicto gremial, culpabilización de los trabajadores, cierre parcial, promesas de continuidad que no se cumplen. Uno de los temores que circula entre los operarios es que la empresa busque quedarse con el monopolio del mercado avícola y aplique planes de «reestructuración y vaciamiento» sobre cada planta que absorbe.
El empresario que aplaudió el modelo que lo hundió
Joaquín de Grazia, dueño de Granja Tres Arroyos, salió públicamente a defender la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La apertura de importaciones que integra ese mismo modelo instaló en las góndolas argentinas pollo brasileño a precios que la producción local resulta incapaz de igualar. En 2025, las importaciones de pollo de Brasil se acercaron a las 20.000 toneladas, con un crecimiento superior al 300% respecto al año anterior.
A eso se sumó el cierre del mercado europeo para la carne avícola argentina, por restricciones sanitarias vinculadas a un rebrote de gripe aviar, y el desplome del mercado chino: la participación de ese destino en el volumen exportado por GTA cayó del 33% al 25%, obligando a redirigir al mercado local mercadería producida para exportación. En el sector reconocen que la combinación de costos internos dolarizados, tarifas energéticas elevadas y un tipo de cambio que no acompaña la competitividad terminó de hacer inviable la ecuación.
«La crisis industrial empezó a revelar su costado más estructural y ya no distingue entre críticos y entusiastas del proyecto libertario.» — La Política Online, febrero de 2026
El mismo empresario que respaldó la apertura de importaciones hoy ve cómo el pollo brasileño desplaza su producción en las góndolas. El mismo que defendió la reforma laboral acusa a los trabajadores de destruir la empresa con sus reclamos salariales.
El modelo como causa, los trabajadores como consecuencia
El cierre de La China en Concepción del Uruguay es el capítulo más reciente de una crisis estructural con causas identificables que atraviesa a toda la industria avícola argentina. La combinación de apertura de importaciones, pérdida de mercados de exportación, deuda acumulada y decisiones de gestión de la familia de Grazia produjo un colapso que la empresa atribuye al gremio y que los números del Banco Central atribuyen a otra cosa.
Desde 2022, el 34% de la compañía es propiedad del gigante estadounidense Tyson Foods, y en medio del conflicto circularon versiones sobre una posible compra total del paquete accionario por parte de la firma americana. La incorporación de un actor de esa magnitud al esquema accionario no resolvió los problemas operativos, y abre interrogantes sobre el destino de la empresa y sus trabajadores en un escenario de mayor concentración del mercado.
La estructura de costos del pollo, uno de los principales sustitutos de la carne vacuna en la canasta familiar, depende de que esas plantas continúen operando. Para las casi mil familias de Concepción del Uruguay, ese debate económico ya tomó forma concreta: portones encadenados, custodia privada y ningún representante de la empresa dispuesto a dar la cara.
Paritarias: no hay acuerdo y la FTIA reclama actualizar salarios
La FTIA y la FIPAA volvieron a reunirse el 27 de mayo en el marco de las paritarias 2026-2027 del CCT 244/94 y levantaron la sesión sin resultados. La negociación pasa al 3 de junio. La federación insiste en actualizar las escalas salariales ante el deterioro del poder adquisitivo.
Del boom kirchnerista al desplome libertario en la industria. Un análisis por gestión presidencial muestra que la industria creció solo con los Kirchner. Con Macri y Milei, la manufactura perdió más de 220.000 puestos registrados.
El gobierno sacrifica la salud pública por las corporaciones
El gobierno envía al Congreso un proyecto para derogar la ley de etiquetado frontal y protege los intereses de la industria alimentaria
El Poder Ejecutivo firmó y envió al Senado un proyecto de derogación total de la Ley 27.642, la norma que obliga a estampar octógonos negros en alimentos con exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías. Detrás de los argumentos técnicos se esconde una presión sostenida de la COPAL y las grandes alimenticias. La OPS, la OMS, la FAO, UNICEF y la evidencia acumulada en una decena de países van en sentido exactamente contrario. Derogar la ley no es una corrección técnica: es una decisión política que transfiere el costo de la mala alimentación a la salud pública, a los trabajadores y al sistema de salud.
La FTIA abrió paritarias 2026-2027 con un reclamo urgente
La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) se reunió el 20 de mayo con la Cámara Empresaria FIPAA. Sin acuerdo por paritarias, la próxima audiencia es el miércoles 27 de mayo.
El STIA Buenos Aires marchó junto a trabajadores, empresarios y gremios en San Martín en defensa del INTI. La Policía de la Ciudad reprimió fuera de su jurisdicción con gases y palos.
El ajuste libertario enferma y mata a los más vulnerables
El ajuste del sistema de salud bajo la gestión Milei acumula consecuencias concretas: mortalidad infantil en alza, enfermedades que se creían controladas volvieron a los hospitales y jubilados que ya no pueden acceder a sus medicamentos. Un fallo judicial de alcance nacional le dio 72 horas al gobierno para regularizar los pagos a prestadores de discapacidad.
