Alimentación blindó su convenio y postergó el debate a 2027
FTIA y FIPAA firmaron el primer acuerdo tras la intimación oficial a renegociar 800 convenios: el CCT 244/94 sigue intacto y la discusión pasa a mayo de 2027.
La industria de la alimentación produjo la primera respuesta concreta del país a la ofensiva del Gobierno sobre los convenios colectivos. Tras la convocatoria de la Secretaría de Trabajo a más de 800 sindicatos y cámaras para adecuar sus convenios a la reforma laboral, la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y la cámara FIPAA firmaron la extensión por un año del CCT 244/94 sin introducir una sola modificación. El acuerdo preservó todas las condiciones vigentes, ratificó los aportes sindicales y sumó un aumento salarial que perfora la pauta oficial.
La convocatoria oficial que encendió las alarmas
La Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, comenzó a enviar notificaciones a empresas y sindicatos para rediscutir los convenios colectivos bajo la normativa de la reforma laboral. El proceso arrancó con 446 intimaciones y se amplió hasta alcanzar cerca de 800 acuerdos, al sumarse los convenios de empresa.
El fundamento jurídico de la avanzada es el fin de la ultraactividad. La Ley 27.802 modificó el principio que mantenía la vigencia automática de los convenios vencidos hasta la firma de uno nuevo, una garantía que los gremios consideraban clave para evitar la pérdida de derechos cuando las negociaciones se estancaban.
La nueva legislación introdujo una distinción decisiva. Las cláusulas normativas, que definen condiciones de trabajo, conservan la ultraactividad, mientras las cláusulas obligacionales, como cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y gremios, caducan al vencimiento del convenio.
La primera tanda de citaciones alcanzó a las actividades de mayor peso económico y sindical. La lista incluye a Alimentación junto a Aceiteros, Bancarios, Camioneros, Construcción, Sanidad, Gastronómicos, Petroleros y el sector Aeronáutico, entre decenas de ramas de la producción y los servicios.
El mecanismo previsto deja la negociación en manos de las partes. La cartera laboral insta a discutir la actualización por fuera del ámbito oficial y a presentar luego el acuerdo alcanzado para su análisis y eventual homologación dentro de los límites de la nueva ley.
El primer acuerdo del país llegó desde la Alimentación
La FTIA, conducida por Héctor Morcillo, y la Federación de Industrias de Productos Alimenticios y Afines (FIPAA) firmaron el primer entendimiento entre una organización sindical y otra empresaria desde la convocatoria masiva de la Secretaría de Trabajo.
La decisión de fondo fue contundente: las partes resolvieron preservar el texto vigente del CCT 244/94 y postergar cualquier discusión sobre su contenido hasta mayo de 2027. El convenio que rige a unos 80.000 trabajadores de la actividad quedó extendido por un año sin cambios.
La continuidad alcanza a los puntos más sensibles de la agenda oficial. El acuerdo mantuvo intactas las jornadas, las categorías, las modalidades de trabajo y el resto de los aspectos del convenio, precisamente los capítulos que el Gobierno busca «modernizar» en la renegociación masiva.
El sector empresario acompañó la fórmula con argumentos propios. Desde FIPAA explicaron que el convenio de la actividad, creado en 1975, ya atravesó numerosas actualizaciones vinculadas a nuevas tecnologías, métodos de producción y organización del trabajo, por lo que consideraron conveniente continuar ese proceso dentro del esquema de negociación habitual.
Los aportes sindicales quedaron ratificados
El acuerdo incluyó un capítulo de alto voltaje institucional. Las partes ratificaron de manera transitoria los aportes de los trabajadores a las organizaciones sindicales, un punto que la reforma laboral habilita a reducir tras el vencimiento de los convenios.
La preservación de ese esquema tiene consecuencias directas sobre el financiamiento gremial. La caducidad de las cláusulas obligacionales que impuso la nueva ley amenazaba la estructura de recursos de los sindicatos, y el entendimiento con la cámara empresaria desactivó ese riesgo por el plazo de la prórroga.
La señal excede al sector. El acuerdo demuestra que empresarios y sindicatos pueden sostener de común acuerdo las condiciones convencionales completas, incluidos los aportes, aun dentro del nuevo marco legal que el Gobierno diseñó para modificarlas.
Un aumento que perfora la pauta oficial
El componente salarial del acuerdo desafió el techo que pretende el equipo económico. Las partes pactaron una mejora del 9% junto a una suma extraordinaria, un paquete que supera con holgura la pauta de aumentos mensuales que promueve el ministro Luis Caputo para las paritarias.
La estructura del acuerdo combina alivio inmediato y recomposición de escala. La suma fija no remunerativa de $120.000 para la categoría inicial cubre el trimestre mayo-julio con apertura de categoría, mientras el incremento porcentual se aplica sobre los valores hora de las planillas vigentes.
El contraste con la política salarial oficial es directo. El Gobierno impulsa acuerdos alineados con la desaceleración inflacionaria y presiona a la baja las homologaciones, mientras la paritaria de la alimentación consiguió un sendero de recomposición por encima de esa referencia.
Qué deben controlar el gremio en julio
El calendario de pagos del acuerdo tiene un vencimiento inmediato. La segunda cuota de la suma extraordinaria, de $50.000, debe abonarse antes del 21 de julio, tras la primera cuota de $70.000 que venció el 26 de junio.
El carácter no remunerativo del bono define su liquidación. El monto corresponde a la categoría inicial y se paga por fuera del salario básico, por lo que el recibo debe reflejarlo como concepto separado, sin aportes ni contribuciones asociadas.
Los trabajadores que detecten incumplimientos cuentan con la vía gremial habitual. Los cuerpos de delegados y las seccionales del STIA canalizan los reclamos ante las empresas que demoren o liquiden de manera incorrecta las sumas acordadas.
Agosto trae nueva escala y una revisión clave
La segunda etapa del acuerdo arranca el mes próximo. A partir de agosto rige una nueva escala salarial basada en valores hora, con el incremento pactado sobre las planillas anteriores para todas las categorías de la actividad.
El mismo mes concentra la instancia más estratégica del entendimiento. Las partes incorporaron una cláusula de revisión, distinta de una cláusula gatillo, que habilita a reabrir la discusión y pautar las readecuaciones necesarias según la evolución de la macroeconomía.
La diferencia técnica importa. La cláusula gatillo dispara ajustes automáticos atados a la inflación, mientras la revisión pactada exige volver a sentarse a negociar, un formato que preserva la iniciativa sindical y evita convalidar de antemano cualquier escenario de precios.
La palabra de los protagonistas
El secretario general del STIA Buenos Aires, Sergio Escalante, sintetizó los dos objetivos que ordenaron la negociación: «que el salario le gane a la inflación y que el Convenio Colectivo no se toque».
El dirigente subrayó el carácter colectivo del resultado y advirtió sobre el costo de resignar derechos:
«Este acuerdo no cayó del cielo, fue posible porque hay un sindicato fuerte, porque hay compañeros y compañeras que se organizan y participan», afirmó Escalante.
Desde la conducción nacional, la FTIA remarcó la firmeza sostenida durante las mesas técnicas. La federación señaló que la organización llegó a la negociación decidida a defender conquistas construidas con años de lucha y esfuerzo colectivo, porque los derechos que se pierden resultan luego muy difíciles de recuperar.
El acuerdo coronó un año de negociación cuesta arriba
La firma llegó tras un ciclo paritario de alta tensión. Durante 2025, el gremio atravesó reuniones fracasadas ante la Secretaría de Trabajo, una conciliación obligatoria que dejó en suspenso un paro nacional y sucesivos acuerdos cortos firmados bajo la presión de la pauta oficial.
El STIA Buenos Aires sostuvo en ese período una postura pública de rechazo a los techos salariales. El sindicato convocó plenarios de delegados para discutir la marcha de la paritaria y la situación de las empresas en crisis, y se negó a convalidar ofertas por debajo de la inflación.
La conflictividad del sector alimentó esa firmeza. Los despidos de Lamb Weston en Munro, las suspensiones en Georgalos y las deudas salariales de Granja Tres Arroyos marcaron el clima en el que la federación llegó a la mesa de negociación con la cámara empresaria.
El resultado final invirtió la lógica defensiva de los acuerdos previos. La paritaria 2026-2027 consiguió un esquema anual con recomposición, blindaje convencional y una instancia de revisión, en lugar de los tramos cortos que obligaban a renegociar cada pocos meses.
Qué protege el convenio que quedó blindado
El CCT 244/94 regula las condiciones de trabajo de los obreros y empleados de las industrias de la alimentación en todo el país. El texto ordena el sistema de categorías, los adicionales por tarea, los regímenes de jornada y descansos, las licencias y los derechos de la representación gremial en las plantas.
La arquitectura del convenio explica la prioridad que el gremio asignó a su defensa. Cada capítulo consolidó a lo largo de décadas condiciones superiores al piso legal, el tipo de conquista que la negociación a la baja habilitada por la reforma pone en riesgo.
La extensión firmada congela ese patrimonio normativo completo. Ninguna empresa del sector puede invocar la caducidad del convenio para discutir condiciones individuales o por planta mientras rija la prórroga acordada entre la federación y la cámara.
El movimiento sindical toma nota del precedente
El caso de la alimentación se convirtió en referencia inmediata para el resto de los gremios intimados. Dentro de la CGT predomina la lectura de que la renegociación masiva funciona como una pantalla para una flexibilización de hecho, con las jornadas y los sistemas de categorías como blancos principales.
Las posturas ante la convocatoria muestran matices. El gremio de Estaciones de Servicio que conduce Carlos Acuña aceptó sentarse a discutir con agenda propia, y el aceitero Daniel Yofra se declaró dispuesto a negociar mejoras, mientras Gerardo Martínez (UOCRA) relativizó el alcance real de las citaciones y ratificó su rechazo a la reforma.
Los especialistas anticipan un escenario de alta litigiosidad. Abogados laboralistas advierten que buena parte de la discusión se trasladará de la Secretaría de Trabajo a los tribunales, con planteos sobre la autonomía colectiva y la libertad sindical.
La estrategia de la central obrera suma un componente de acción directa. La CGT impulsa que cada sindicato motorice su propio plan de lucha y sus acciones judiciales contra los artículos que afectan a los convenios, con un esquema de conflictos por sectores previsto para después del Mundial, que termina el 19 de julio.
La fórmula de la alimentación quedó instalada como el primer modelo de respuesta: extender el convenio de común acuerdo con la contraparte empresaria, sostener los derechos y los aportes, y ganar tiempo hasta que la Justicia defina el fondo de la reforma.
La homologación oficial será la próxima instancia a seguir. El acuerdo deberá pasar por el análisis de la Secretaría de Trabajo dentro de los límites de la nueva ley, un trámite que pondrá a prueba la voluntad del Gobierno de convalidar entendimientos que preservan los convenios completos y superan su pauta salarial.
El calendario del sector ya tiene los hitos marcados. El pago de la segunda cuota del bono este mes, la entrada en vigencia de la nueva escala y la revisión de agosto, y la rediscusión convencional de mayo de 2027 estructuran una agenda gremial que Info Alimentación seguirá ronda por ronda.
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