La paritaria de Alimentación llega a junio sin acuerdo
La negociación del CCT 244/94 acumula tres audiencias fallidas. Hoy se retoman las conversaciones entre la FTIA y la FIPAA con el reclamo de fondo intacto: actualizar escalas salariales para 80.000 trabajadores en un sector donde la inflación en alimentos supera sistemáticamente al índice general.
Tres reuniones, ningún resultado
La paritaria 2026-2027 del Convenio Colectivo de Trabajo 244/94, que rige las condiciones salariales de los trabajadores de la industria alimentaria en todo el país, llega a su cuarta audiencia con un historial adverso. Las reuniones del 20 de mayo, el 27 de mayo y el 3 de junio concluyeron sin acuerdo. El Consejo Directivo de la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) calificó en el comunicado del 3 de junio de «mezquina» la actitud del sector empresarial y convocó a la FIPAA a cambiar su postura «a los fines de preservar la paz social en el marco de los justos reclamos» de los trabajadores y las trabajadoras del sector. El miércoles 10 de junio, las partes vuelven a la mesa.
El ciclo anterior: un piso insuficiente
El nuevo ciclo de negociaciones abre con un antecedente reciente que marca el punto de partida. En marzo de 2026, la FTIA y la FIPAA alcanzaron un pre-acuerdo que cubrió el tramo enero-abril del ciclo 2025-2026: un incremento del 9,67% sobre la escala salarial y una suma fija no remunerativa de $100.000 para la categoría inicial, con apertura por categorías y liquidación antes del 24 de marzo. El acuerdo incorporó también una cláusula de revisión, un mecanismo que la federación venía exigiendo para no quedar atada a porcentajes fijos ante variaciones inflacionarias. Para el gremio, esa cláusula era el piso de la nueva negociación, no su techo.
El tope oficial como obstáculo de fondo
Detrás del bloqueo empresarial hay una presión que viene del Estado. A partir de marzo de 2026, el Gobierno nacional impuso un tope del 2% mensual para los acuerdos paritarios a través de la Secretaría de Trabajo. La medida, impulsada desde el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo, apunta a anclar las expectativas inflacionarias, pero colisiona con la realidad: el IPC de febrero de 2026 se ubicó en 2,9%, por encima del techo oficial. La política salarial del Gobierno convierte la homologación de los convenios en un instrumento de control: los acuerdos que superen la pauta oficial no acceden al sello del Ministerio de Trabajo, lo que transforma el tope en una pauta de cumplimiento obligatorio para las cámaras empresariales.
La FTIA sigue luchando por la actualización de los salarios de las trabajadoras y trabajadores de Alimentación.
La consecuencia para los trabajadores es directa y verificable. Según el informe «Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones» del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil cayó un 39% entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. En términos interanuales, los salarios acumularon una suba del 35,8% frente a una inflación del 36,25% en el mismo período.
Por qué la inflación en alimentos agrava el problema
La FTIA lleva a cada audiencia un argumento que los números respaldan: la inflación en alimentos es estructuralmente superior al índice general de precios. Los trabajadores de la industria alimentaria producen los bienes que integran la canasta básica y son, al mismo tiempo, los primeros afectados por su encarecimiento. Esa asimetría convierte la pérdida de poder adquisitivo en una doble presión: los salarios crecen por debajo de la inflación general y por debajo de la inflación específica del sector de alimentos.
Los referentes de Alimentación enfrentan la negativa de la cámara empresaria de actualizar salarios.
En su comunicado, la FTIA sintetiza el argumento: la federación «reiteró la necesidad de actualizar las escalas salariales teniendo en cuenta los sucesivos aumentos de precios, en especial los productos de la canasta familiar, servicios, transporte y gastos escolares, que perjudican el poder adquisitivo de las y los trabajadores/as del sector».
El CCT 244/94 cubre a 80.000 trabajadores
El alcance de la negociación no es menor. El CCT 244/94 es el convenio marco que regula las condiciones salariales de unos 80.000 trabajadores y trabajadoras de la industria alimentaria en todo el país. Lo que se defina en esa mesa determina los salarios de quienes producen los alimentos que consume la población argentina: desde frigoríficos hasta panaderías industriales, desde plantas de lácteos hasta embotelladoras. La FTIA negocia en representación de esos trabajadores, con la presión adicional de un ciclo de cierres de plantas, suspensiones y conflictos laborales que no cede.
Alimentación reclama salarios y busca romper el techo salarial del gobierno.
La reunión del miércoles es la cuarta instancia del ciclo 2026-2027 sin resultado positivo. El patrón que se repite —convocatoria, audiencia, levantamiento sin acuerdo, nueva fecha— tiene un límite. El ciclo 2025-2026 terminó en plan de lucha, con convocatoria a movilizaciones y paros antes de que una conciliación obligatoria frenara las medidas de fuerza. La FTIA avisó entonces que la paciencia de los trabajadores tiene un límite: si los próximos encuentros no producen una propuesta que permita recomponer el poder adquisitivo, las medidas de fuerza se retomarán con mayor contundencia. La audiencia de hoy define si la negociación avanza o si el conflicto escala.
Granja Tres Arroyos cerró su planta La China y culpó al gremio de su propia quiebra
Granja Tres Arroyos cerró la planta La China en Concepción del Uruguay y dejó sin trabajo a casi mil familias. La empresa culpa al gremio. Los números del Banco Central cuentan otra historia.
El miércoles 27 de mayo de 2026, los trabajadores del primer turno de la planta La China llegaron a las 3:30 de la madrugada y encontraron los portones encadenados, custodia privada y un cartel que decía «cerrado hasta nuevo aviso». Nadie de la empresa los había llamado. Nadie de la empresa les había enviado una comunicación formal. La mayor avícola del país ejecutó el cierre en silencio y de madrugada, y esperó que los operarios se enteraran solos, parados frente a los accesos vallados de una planta donde algunos llevan más de treinta años de trabajo.
Granja Tres Arroyos (GTA) comunicó después, por escrito, que la decisión respondía a «constantes conflictos gremiales que paralizaron sus operaciones generando un quiebre en la cadena de producción avícola de la región». La empresa describió paros, trabajo a desgano, ausentismo elevado y presuntos bloqueos violentos de delegados sindicales contra quienes querían trabajar. Es una narrativa que omite los datos más relevantes para entender la crisis.
Lo que los números del Banco Central registran
Antes de entrar al terreno de los motivos, conviene detenerse en los datos duros que la empresa no incluyó en su comunicado. Según registros del Banco Central de la República Argentina, Granja Tres Arroyos acumula $36.942 millones en cheques rechazados y una deuda bancaria de $51.763 millones, distribuidos en 1.813 documentos impagos. El ente recaudador intensificó los embargos sobre las cuentas bancarias de la compañía, a causa de millonarias deudas impositivas y previsionales, bloqueando la poca liquidez disponible.
Granja Tres Arroyos atraviesa un panorama crítico por la importación descontrolada de pollos de Brasil.
La empresa ya perdió más del 85% de sus productores integrados. Su faena cayó de 700.000 a apenas 200.000 pollos diarios. Las quincenas comenzaron a pagarse en dos cuotas, luego en cinco y finalmente en diez, con incumplimientos permanentes en los cronogramas acordados. La empresa debe el 70% de la segunda quincena de abril y la totalidad de la primera quincena de mayo a cerca de 900 empleados.
«Nos pagan las quincenas en cuotas y cada vez peor. Empezaron en dos pagos, después tres, cinco y ahora ni siquiera cumplen.» — Trabajador de Granja Tres Arroyos con más de tres décadas de antigüedad en la empresa
Quienes conocen la situación desde adentro señalan que el colapso de la compañía responde a un problema estructural de acumulación de pasivos que desborda cualquier explicación basada en el conflicto gremial. Un trabajador con 22 años de antigüedad fue más directo en sus declaraciones al canal C5N: «la compañía tiene el dinero para pagar, pero no quiere hacerlo».
Un cierre que siguió a otro cierre
El capítulo de La China tiene un antecedente directo que la empresa preferiría no recordar. En noviembre de 2025, la empresa cerró de manera definitiva la planta Becar, también ubicada en Concepción del Uruguay, y trasladó unos 270 trabajadores a La China, ubicada a pocos metros, bajo el argumento de concentrar producción y bajar costos. Ese mismo año, la empresa había cerrado la planta de Tristán Suárez y desvinculado a 200 de sus 270 empleados.
La decisión de cerrar Becar, presentada en su momento como una reestructuración para preservar empleos, terminó desplazando todavía más presión sobre la planta que ahora quedó cerrada. La misma empresa que prometió preservar el empleo al cerrar Becar cerró La China seis meses después, con los mismos trabajadores adentro y con los salarios adeudados encima.
La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos citó a los directivos de Granja Tres Arroyos y a las federaciones del sector a una audiencia de carácter «urgente e indeclinable» en la ciudad de Paraná para restablecer los canales de diálogo, pero los empresarios se negaron a concurrir a la reunión del lunes. Aproximadamente 950 personas, la mayoría residentes de la ciudad y localidades cercanas, quedaron sin empleo y sin información clara sobre su futuro. El intendente José Lauritto calificó la situación como «dramática» y advirtió sobre las consecuencias económicas que podría tener el cierre para toda la ciudad.
La crisis se extiende a toda la estructura del grupo
La planta La China concentra la atención mediática, pero la crisis de GTA abarca toda su estructura operativa. En la planta de La Lonja se aplicó un esquema de tres días de trabajo semanales y el pago del 50% del salario en las jornadas sin actividad. La planta avícola Wade S.A., ex Cresta Roja y actualmente propiedad del grupo, frenó su actividad en el mismo contexto de atrasos salariales y deuda financiera.
Joaquín De Grazia, férreo defensor del gobierno de Javier Milei, complicado por la importación de pollos de Brasil.
Los datos de Wade confirman la dimensión sistémica del problema. La subsidiaria bajó su producción de 110.000 a 80.000 pollos diarios, una caída del 30% que la empresa respondió paralizando la planta completa los miércoles, jornada en la que los empleados cobran el 65% de su salario. Según el Banco Central, Wade acumula una deuda superior a los $6.000 millones, producto de 615 cheques rechazados por falta de fondos.
Carlos Stasiuk, referente de los despedidos de ex Cresta Roja, había advertido hace tiempo: «Se está haciendo una pelota gigante que en cualquier momento va a tener serias consecuencias.»
El historial de Cresta Roja como advertencia ignorada
La planta Wade es la misma que durante más de una década fue el emblema de la inestabilidad estructural del sector avícola argentino. Cresta Roja, propiedad de los hermanos Milenko e Ivo Rasic, empezó a acumular problemas económicos a fines de 2013, cuando la deuda de la firma alcanzó los 1.200 millones de pesos. En 2014, Rasic Hermanos se presentó a convocatoria de acreedores, emitió cheques sin fondos por 43 millones de pesos y dispuso cerca de 1.300 despidos, lo que derivó en un duro conflicto gremial con el sindicato de la Alimentación.
Para diciembre de 2015, la Justicia decretó la quiebra y, en abril del año siguiente, la firma fue adjudicada a Proteinsa por un total de USD 121 millones. Recién en 2018, tras dos años en los que Proteinsa nunca logró hacerse cargo plenamente de la operación, Granja Tres Arroyos asumió el control operativo de la planta, con el aval del gobierno nacional. En ese momento, el entonces presidente Mauricio Macri definió a Cresta Roja como «un ejemplo de fábrica».
El contraste con el presente resulta ilustrativo. Cresta Roja llegó a tener 3.500 trabajadores cuando comenzó su crisis en 2015. Hoy, en toda la cadena productiva de Wade que incluye producción de huevos, incubación, granjas de cría, molinos y frigoríficos, los empleados no llegan a 800. Además, GTA cerró y desmanteló la Planta 1 de Ezeiza para concentrar toda la producción en Esteban Echeverría.
La secuencia se repite con una regularidad que debería resultar inquietante: atraso de pagos, conflicto gremial, culpabilización de los trabajadores, cierre parcial, promesas de continuidad que no se cumplen. Uno de los temores que circula entre los operarios es que la empresa busque quedarse con el monopolio del mercado avícola y aplique planes de «reestructuración y vaciamiento» sobre cada planta que absorbe.
El empresario que aplaudió el modelo que lo hundió
Joaquín de Grazia, dueño de Granja Tres Arroyos, salió públicamente a defender la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La apertura de importaciones que integra ese mismo modelo instaló en las góndolas argentinas pollo brasileño a precios que la producción local resulta incapaz de igualar. En 2025, las importaciones de pollo de Brasil se acercaron a las 20.000 toneladas, con un crecimiento superior al 300% respecto al año anterior.
A eso se sumó el cierre del mercado europeo para la carne avícola argentina, por restricciones sanitarias vinculadas a un rebrote de gripe aviar, y el desplome del mercado chino: la participación de ese destino en el volumen exportado por GTA cayó del 33% al 25%, obligando a redirigir al mercado local mercadería producida para exportación. En el sector reconocen que la combinación de costos internos dolarizados, tarifas energéticas elevadas y un tipo de cambio que no acompaña la competitividad terminó de hacer inviable la ecuación.
«La crisis industrial empezó a revelar su costado más estructural y ya no distingue entre críticos y entusiastas del proyecto libertario.» — La Política Online, febrero de 2026
El mismo empresario que respaldó la apertura de importaciones hoy ve cómo el pollo brasileño desplaza su producción en las góndolas. El mismo que defendió la reforma laboral acusa a los trabajadores de destruir la empresa con sus reclamos salariales.
El modelo como causa, los trabajadores como consecuencia
El cierre de La China en Concepción del Uruguay es el capítulo más reciente de una crisis estructural con causas identificables que atraviesa a toda la industria avícola argentina. La combinación de apertura de importaciones, pérdida de mercados de exportación, deuda acumulada y decisiones de gestión de la familia de Grazia produjo un colapso que la empresa atribuye al gremio y que los números del Banco Central atribuyen a otra cosa.
Desde 2022, el 34% de la compañía es propiedad del gigante estadounidense Tyson Foods, y en medio del conflicto circularon versiones sobre una posible compra total del paquete accionario por parte de la firma americana. La incorporación de un actor de esa magnitud al esquema accionario no resolvió los problemas operativos, y abre interrogantes sobre el destino de la empresa y sus trabajadores en un escenario de mayor concentración del mercado.
La estructura de costos del pollo, uno de los principales sustitutos de la carne vacuna en la canasta familiar, depende de que esas plantas continúen operando. Para las casi mil familias de Concepción del Uruguay, ese debate económico ya tomó forma concreta: portones encadenados, custodia privada y ningún representante de la empresa dispuesto a dar la cara.
Paritarias: no hay acuerdo y la FTIA reclama actualizar salarios
La FTIA y la FIPAA volvieron a reunirse el 27 de mayo en el marco de las paritarias 2026-2027 del CCT 244/94 y levantaron la sesión sin resultados. La negociación pasa al 3 de junio. La federación insiste en actualizar las escalas salariales ante el deterioro del poder adquisitivo.
La FTIA abrió paritarias 2026-2027 con un reclamo urgente
La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) se reunió el 20 de mayo con la Cámara Empresaria FIPAA. Sin acuerdo por paritarias, la próxima audiencia es el miércoles 27 de mayo.
El STIA Buenos Aires marchó junto a trabajadores, empresarios y gremios en San Martín en defensa del INTI. La Policía de la Ciudad reprimió fuera de su jurisdicción con gases y palos.
El 19 de mayo a las 11 horas se realizará la presentación oficial de Argentina Alimenta 2026, una feria internacional que buscará transformarse en uno de los grandes espacios de negocios, innovación y proyección internacional del sector alimentario y agroindustrial.
Argentina Alimenta 2026, busca convertirse en la primera gran feria internacional de la industria alimentaria del país, impulsada por COPAL, La Rural, Fira Barcelona y PROMArgentina. El evento llega en un momento de fuerte tensión. El sector que genera el 39% de las exportaciones nacionales y más de 416.000 puestos de trabajo formales enfrenta cierres de plantas, caída del consumo y una reforma laboral recién habilitada por la Justicia. La pregunta es si esa vitrina internacional tiene como correlato las condiciones para que la industria siga en pie.
El peso del sector
La industria de alimentos y bebidas es uno de los pilares estructurales de la economía argentina. Explica el 30% del PBI industrial y concentra el 33% del empleo industrial registrado, con más de 416.000 puestos formales directos.
Es, además, el principal motor exportador del país. Argentina ocupa el segundo lugar mundial entre los exportadores netos de alimentos, con presencia en todos los continentes y una diversidad productiva que abarca carnes, lácteos, galletería, aceites y productos orgánicos.
Esa base es la que le da sentido a Argentina Alimenta 2026. Del 17 al 19 de noviembre, La Rural de Buenos Aires será sede de la primera feria internacional específicamente dedicada al sector, con más de 300 expositores, rondas de negocios con compradores globales, workshops, espacios de innovación y demostraciones gastronómicas en más de 10.000 m2 de exhibición.
En marzo pasado, durante su presentación internacional en la feria Alimentaria de Barcelona, el sector se mostró bajo el concepto «confianza, capacidad y proyección global». El mensaje fue claro: la Argentina tiene escala, tradición y potencial para ser un actor central en el comercio alimentario mundial.
El evento en Barcelona tenía una agenda exportadora. Las condiciones internas de la industria quedaron fuera del escenario. Y son precisamente esas condiciones las que determinan si la proyección global tiene sustento real.
El tejido productivo se rompe por abajo
Desde noviembre de 2023 hasta diciembre de 2025, Argentina perdió 22.608 empresas, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo relevados por la organización Fundar. La cifra equivale a una reducción del 4,4% del total de unidades productivas del país.
La industria manufacturera registró la baja de 146 empresas solo en diciembre de 2025. Ese mes cerró con la pérdida de 670 empleadores respecto al anterior, consolidando la décimoquinta caída mensual consecutiva. Son los peores números en los primeros 25 meses de un gobierno desde 2003.
Argentina Alimenta busca promover la industria alimenticia a nivel internacional.
El sector alimentario concentró algunos de los cierres más emblemáticos. El Frigorífico San Roque, en Morón, cerró definitivamente y dejó a 140 trabajadores sin empleo. El Frigorífico General Pico desvinculó a casi 200 operarios. La planta de Lamb Weston en Munro despidió a 100 trabajadores. El STIA denunció en cada caso el «industricidio» que provoca la apertura indiscriminada de importaciones.
Las grandes empresas también registraron sacudidas de magnitud con cientos de despidos, reducción de turnos, suspensiones e incumplimientos de pagos. Casos como los de Paty, que suspendió a 450 operarios por deudas y desplome de ventas, se replican por todo el país en un contexto de desintegración del aparato productivo.
La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria. La reconstrucción del tejido productivo requiere, además, política industrial activa, paritarias que preserven el poder adquisitivo y educación pública de calidad. Argentina Alimenta 2026 puede ser la plataforma que el sector necesita para proyectarse globalmente.
Los motivos se repiten en toda la cadena: caída del consumo interno y avance de la competencia importada. Las dificultades para competir con bienes importados pasaron de cero menciones en octubre de 2024 al 19,4% de los problemas identificados por las empresas en enero de 2026. El 46,1% de las empresas identifica la caída de la demanda interna como su principal problema.
Detrás de cada cierre hay puestos de trabajo que se pierden, cadenas de valor que se interrumpen y economías regionales que pierden tracción.
Exportar alimentos con valor agregado requiere más que materia prima y maquinaria. Requiere trabajadores calificados, capaces de operar procesos tecnificados y de adaptarse a los estándares internacionales de calidad y trazabilidad.
El informe de Ceta Capital Humano sobre el mercado laboral del segundo semestre de 2025 ubicó a la producción alimenticia como el tercer sector en demanda de empleo, con el 13% de las búsquedas laborales. Solo la superaron logística y servicios.
La misma fuente advirtió que muchos puestos quedan vacantes por falta de formación específica. «Hay puestos disponibles que no siempre se logran cubrir por falta de capacitación específica», señaló Soledad Curbelo, coordinadora de Reclutamiento y Selección de Ceta Capital Humano.
Argenina Alimenta es impulsada de manera conjunta por La Rural, Fira Barcelona International, COPAL y PROMArgentina.
El trabajo conjunto entre empresas, instituciones educativas y programas de inclusión laboral aparece como una condición para fortalecer el talento disponible en el sector. La tecnología se integra cada vez más a procesos que antes eran puramente manuales, y la demanda de perfiles técnicos crece junto con esa transformación.
La paradoja es elocuente: el sector alimentario demanda perfiles formados en el mismo momento en que el financiamiento de la educación pública superior está en disputa. El gobierno de Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, el Congreso revirtió el veto y el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación por decreto en octubre de 2025.
La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) respondieron con una decisión política concreta: marcharon el 12 de mayo junto a docentes, investigadores y estudiantes en la cuarta Marcha Federal Universitaria, en adhesión a la convocatoria de la CGT.
La postura del gremio conecta educación, formación y producción industrial. La industria alimentaria que Argentina quiere proyectar al mundo necesita universidades públicas que formen a los técnicos y operarios del mañana.
El gremio como interlocutor razonable
En ese escenario complejo, la FTIA y el STIA construyen una posición que va más allá de la defensa de sus afiliados. Es una postura industrialista que apuesta a la producción y al empleo de calidad como ejes de un modelo de desarrollo.
El máximo referente del STIA Buenos Aires, Sergio Escalante, expresa esa visión con precisión: invertir en el bienestar del trabajador es una estrategia de productividad. El trabajador con derechos garantizados, bien remunerado y formado produce más y mejor, y esa ecuación beneficia a toda la cadena de valor.
Argentina Alimenta buscará reunir a empresarios, exportadores, industriales, autoridades nacionales y provinciales, representantes diplomáticos y medios especializados de toda la cadena de valor alimentaria.
La consigna «Sin salario no hay producción», que resonó en las fábricas y las redes sociales del sector durante las negociaciones paritarias, resume una verdad estructural que la feria de noviembre debería incluir en su agenda: la cadena exportadora empieza en la planta, y en la planta hay personas.
La FTIA convocó para el 26 de mayo un Plenario de Secretarios Generales de los STIA de todo el país. El objetivo es debatir las acciones a seguir ante el techo del 1% mensual que el Ministerio de Economía impone a las paritarias, mientras la inflación de abril cerró en 2,8%, casi triplicando esa pauta oficial.
El gremio busca negociar y sabe construir puentes con las cámaras empresarias. Esa capacidad de interlocución es un activo estratégico para el sector: un sindicato orientado a la producción y al empleo de calidad es un factor de estabilidad en la cadena de valor.
Alijor: el costo de la mala gestión
El caso de Alijor ilustra con precisión lo que ocurre cuando una empresa elige la precarización en lugar de la inversión. La firma, dueña de los panificados con la marca La Salteña y con planta en Garín, partido de Escobar, tiene demanda estable de productos esenciales. A pesar de eso, sus 180 trabajadores cobran los salarios de manera parcial y fuera de término desde finales de 2024.
La planta llegó a emplear a más de 320 personas hace una década. La gestión la redujo a poco más de la mitad. Los operarios denuncian que desde 2019 la empresa no les compra ropa de trabajo ni elementos de protección personal: hay compañeros que no pueden ingresar a la planta por falta de calzado de seguridad. El comedor fue eliminado hace dos años. Las cuentas bancarias de la firma están embargadas, y los sueldos se pagan en efectivo y en cuotas.
Alijor expone el alcance de una mala gestión que no respeta derechos laborales ni normas de control.
«Nos amenaza con un lock out patronal, nos dice «si no les gusta cómo les pago, cierro la fábrica y me voy del país»», relató Nicolás Viñas, delegado congresal del STIA. «Entrás a la fábrica y ves caras largas, la gente está desganada, cansada. En Alijor perdimos todos los derechos.»
El STIA responsabiliza directamente a la conducción de la empresa. El conflicto acumula casi veinte audiencias en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires sin avances concretos. Para el gremio, la situación de Alijor es «el resultado acumulado de años de desinversión y decisiones de gestión que la empresa nunca corrigió», según el comunicado institucional difundido esta semana.
La posición del sindicato distingue con claridad entre los efectos del contexto macroeconómico que afecta a todo el sector y las fallas internas de una empresa con marcas competitivas y demanda probada. El STIA identifica problemas graves en la comercialización, la planificación financiera y la distribución, y concluye que el costo de esa mala administración está siendo trasladado a los trabajadores.
La salida que plantea el gremio es industrialista: la continuidad productiva bajo una nueva administración, ya sea a través de la venta de la firma o del ingreso de un socio capitalista que aporte gestión profesional junto con el capital. Los tres puntos que el STIA pone como condición son claros: pago inmediato de los haberes adeudados, garantía de continuidad laboral para los 180 operarios y creación de una mesa tripartita de seguimiento integrada por la empresa, el sindicato y el Estado.
La historia también muestra que el gremio tiene resultados. Tras movilizaciones y un acampe sostenido en la puerta de la planta, el STIA logró en enero de 2026 un acuerdo que obligó a la empresa a pagar la deuda salarial acumulada. La presión colectiva, organizada y sostenida, fue la única herramienta que forzó una instancia de negociación real.
Sin estándares laborales, no hay mercado global
El caso Alijor tiene una dimensión que trasciende el conflicto puntual: expone una contradicción que el sector no puede ignorar cuando se proyecta al mundo.
Los mercados internacionales de alimentos con valor agregado exigen hoy mucho más que calidad de producto. Los grandes compradores globales —cadenas de supermercados europeas, distribuidores internacionales, importadores de mercados premium— incorporan criterios de sustentabilidad y responsabilidad social en sus procesos de selección de proveedores. Una empresa con veinte audiencias laborales sin resolución, salarios impagos y trabajadores sin elementos de seguridad no cumple esos estándares. Y una empresa que no los cumple no puede proyectarse como exportadora de calidad.
La FTIA mantiene el diálogo constante con autoridades y representantes de la cámara empmresaria.
La trazabilidad que demanda el mercado global incluye la trazabilidad de las condiciones laborales. Los estándares de ESG (environmental, social and governance) que rigen la compra de alimentos en mercados desarrollados contemplan explícitamente el tratamiento de la fuerza de trabajo. Una marca que quiera entrar en una cadena de supermercados europea o en un distribuidor de mercados de alto poder adquisitivo tiene que demostrar que sus productos se fabrican en condiciones dignas.
Dicho en términos concretos: el modelo de Alijor es incompatible con el objetivo de Argentina Alimenta. Una industria que maltrata a sus trabajadores erosiona la reputación de todo el sector exportador. Los escándalos laborales no quedan dentro de las fronteras del país; en la era de la información global, llegan a los compradores internacionales antes que los folletos de la feria.
El STIA, al defender los derechos de los trabajadores de Alijor con firmeza y con propuestas concretas orientadas a salvar la fuente de trabajo, cumple una función que va más allá de lo gremial. Actúa como un guardián de la reputación sectorial y como un promotor involuntario de los estándares que el mercado mundial exige. Un gremio que cuida a sus trabajadores también cuida la imagen del sector que quiere exportar.
La sustentabilidad no es un valor abstracto. Es un requisito de acceso al mercado global de alimentos. Y ese requisito empieza en la planta, en el salario, en los zapatos de seguridad y en el comedor que Alijor le quitó a sus operarios.
Una vitrina que necesita piso firme
Argentina Alimenta 2026 es una buena noticia para el sector. La articulación entre La Rural, COPAL, Fira Barcelona y PROMArgentina para organizar una feria internacional de esta escala es un paso en la dirección correcta.
Reunir a más de 300 expositores, compradores globales e instituciones del 17 al 19 de noviembre puede generar oportunidades reales de negocios y visibilidad para una industria que tiene con qué mostrarse al mundo.
Pero una vitrina necesita piso firme. El potencial exportador se construye con empresas que producen, con trabajadores que ganan lo suficiente para también consumir, con universidades que forman a los operarios del mañana y con un marco laboral que proteja los derechos en lugar de flexibilizarlos.
Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de PROMArgentina, afirmó en Barcelona que «Argentina hoy ofrece estabilidad, visión estratégica y oportunidades concretas para el desarrollo de la industria alimentaria». Es la narrativa que el gobierno proyecta al mundo. La industria y el movimiento sindical le agregan los matices que esa narrativa necesita para ser verdadera.
La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria. La reconstrucción del tejido productivo requiere, además, política industrial activa, paritarias que preserven el poder adquisitivo y educación pública de calidad. Argentina Alimenta 2026 puede ser la plataforma que el sector necesita para proyectarse globalmente.
Para que lo sea, la cadena de valor completa —empresas, trabajadores y estado— tiene que participar en condiciones de equidad. Sin esa ecuación, la feria corre el riesgo de ser una gran foto sin correlato en las plantas y los frigoríficos donde se produce lo que el mundo quiere comprar.
El STIA exige un cambio de gestión en Alijor para salvar 180 empleos
El sindicato que conduce Sergio Escalante agotó 20 audiencias en el Ministerio de Trabajo. La familia Biderman, responsable de Alijor, acumula años de incumplimientos, amenazas de cierre y desinversión.
La reforma laboral rige en pleno y presiona al CCT 244/94
La jueza federal Marra Giménez levantó la cautelar contra la reforma laboral. La Ley 27.802 rige en pleno y el sector alimentario enfrenta cambios concretos.
Marcha universitaria: el pueblo exige que se cumpla la ley
La cuarta Marcha Federal Universitaria colmó la Plaza de Mayo con más de un millón y medio de personas y le exigió al gobierno de Milei que aplique la Ley de Financiamiento Universitario.
El 12 de mayo de 2026 quedará en la memoria colectiva como el día en que Argentina volvió a demostrar que la educación pública es un valor que no se negocia. La cuarta Marcha Federal Universitaria desbordó la Plaza de Mayo y cientos de puntos del país con estudiantes, docentes, investigadores, familias y trabajadores organizados. El reclamo fue uno solo: que el gobierno de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, ratificada con mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras y respaldada dos veces por la Justicia. El movimiento obrero marchó en unidad con la comunidad universitaria, y los trabajadores de la industria alimentaria también llevaron su voz a la calle.
Una marea humana en todo el país
La convocatoria fue masiva desde el mediodía. Horas antes del acto central, las columnas de estudiantes, docentes y trabajadores ya ocupaban las principales vías de acceso al centro porteño.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales llamaron a movilizarse en todo el país. En Buenos Aires, el acto central tuvo lugar en Plaza de Mayo a partir de las 17 horas, con discursos desde las 18.
El presidente del CIN, Franco Bartolacci, estimó una concurrencia de más de 1.500.000 personas en todo el territorio nacional. El gobierno intentó relativizar la cifra y habló de 135.000 asistentes, pero las imágenes desde el aire contradijeron esa versión: la Plaza de Mayo y la Avenida de Mayo fueron literalmente una marea humana.
La jornada fue pacífica de principio a fin. Familias con carteles escritos a mano, coreografías de estudiantes de arte, docentes universitarios con sus batas blancas y columnas sindicales organizadas pintaron un cuadro que nadie pudo ignorar.
El acto cerró con la lectura de un documento unificado de las universidades, que exigió al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la ley de financiamiento, «votada, ratificada y validada en dos instancias por la Justicia».
La pianista Marta Argerich también sumó su voz desde Europa: «Quiero manifestar mi apoyo por la defensa de las universidades públicas y gratuitas en la Argentina», dijo en un video que circuló antes de la marcha. Decenas de referentes de la cultura, el cine y el teatro grabaron mensajes similares.
Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Salta, La Plata y cada ciudad del interior donde funciona una universidad pública tuvieron su propia concentración. La movilización fue federal en el sentido más amplio de la palabra.
La ley que el gobierno se niega a cumplir
La historia del conflicto universitario tiene un hilo conductor: el gobierno de Javier Milei se niega a acatar una ley que el Congreso aprobó, que Milei vetó, que el Congreso ratificó y que la Justicia ordenó cumplir.
La Ley de Financiamiento Universitario establece la recomposición de salarios docentes y no docentes en función de la inflación acumulada desde fines de 2023, y garantiza la actualización mensual del presupuesto universitario. Su aprobación fue el resultado directo de la primera Marcha Federal del 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas tomaron las calles.
Milei la vetó en septiembre de 2025. El Congreso rechazó ese veto con mayoría de dos tercios en ambas cámaras y ratificó la vigencia de la norma. El Poder Ejecutivo siguió sin aplicarla.
La Justicia intervino dos veces en favor del sector universitario y ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la recomposición de salarios y becas. El gobierno ignoró esas resoluciones.
El 7 de mayo de 2026, días antes de la marcha, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó al Ejecutivo a recurrir a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, y suspendió la medida cautelar que le ordenaba transferir fondos. El gobierno interpretó esa habilitación como un triunfo político. Las universidades lo leyeron como una nueva escalada.
«El Gobierno viene dando manotazos de ahogado, tratando de bloquear judicialmente una ley que fue votada y sancionada en dos ocasiones por el Congreso nacional.» — Clara Chevallier, secretaria general de CONADU
La posición oficial es que la ley «no prevé en forma expresa las fuentes de financiamiento» y que su aplicación plena afectaría «la estabilidad económica y la macroeconomía del país». La subsecretaría de Políticas Universitarias trabaja en un proyecto propio que reconoce un atraso salarial del 12% y propone abonarlo en cuotas. Para el sector universitario, esa propuesta es una burla.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue contundente en la antesala de la marcha: «La única ley que vamos a cumplir es la ley de Presupuesto». La frase condensó en pocas palabras tres años de política educativa del gobierno libertario.
La universidad en el punto más bajo de su historia
Las universidades nacionales atraviesan la peor crisis presupuestaria de su historia moderna. Los datos son contundentes y provienen de fuentes académicas y organismos independientes.
Las transferencias del Estado nacional a las universidades acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, según datos del sector. Para 2026, el gobierno presupuestó 4,8 billones de pesos para educación superior, cifra que implica una reducción del 42% en términos reales respecto de 2023, el último año de la gestión anterior. Para equiparar el valor real de ese año, el presupuesto debería ascender a 8,4 billones de pesos.
Los salarios docentes y no docentes son la expresión más visible del deterioro. Según datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), en abril de 2026 el salario bruto de un docente con dedicación simple y 10 años de antigüedad fue de 332.000 pesos. Eso representa una caída real del 34,2% desde noviembre de 2023.
El dato más impactante lo aportó el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti): el 80% de los docentes universitarios cobra por debajo de la línea de pobreza. El propio rector de la UBA, Ricardo Gelpi, lo graficó con crudeza: «En esta situación podemos sobrevivir unos meses más, no años».
La situación en el aula tiene consecuencias directas. El sistema universitario registra una renuncia docente cada dos días. Los profesores que no renuncian caen en el pluriempleo: trabajan en dos o tres instituciones para sostener un ingreso mínimo. El sistema se vacía por arriba, con los mejores docentes que se van, y por abajo, con estudiantes de menores recursos que no pueden sostener la cursada.
Las becas Progresar permanecen congeladas en 35.000 pesos desde diciembre de 2023. Para los 2,5 millones de estudiantes inscriptos en universidades nacionales, ese congelamiento representa la diferencia entre poder estudiar o no.
«Necesitamos que seamos muchos y muchas en todas las plazas del país. No solo quienes formamos parte de la comunidad universitaria y científica, sino la sociedad en su conjunto.» — Franco Bartolacci, rector de la UNR y presidente del CIN
El rector también precisó que el financiamiento universitario está en el punto histórico más bajo, equivalente a apenas el 0,4% del PBI. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) confirmó que el financiamiento por estudiante cayó al valor más bajo registrado en al menos una década.
Los hospitales universitarios de la UBA reflejan la misma crisis. Sus directivos denunciaron que en 2026 todavía no recibieron fondos de funcionamiento. La atención a la comunidad está en riesgo directo.
El desmantelamiento de la ciencia argentina
El impacto del ajuste sobre la ciencia y la tecnología es una de las dimensiones más graves del conflicto. Argentina construyó durante décadas un sistema científico de reconocimiento internacional. Hoy ese sistema está en proceso de desmantelamiento.
El gobierno de Milei eliminó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desde el inicio de su gestión. La cartera fue degradada a subsecretaría. Los manifestantes del 12 de mayo hicieron referencia explícita a esa decisión: un desfile de «viudas de la ciencia» recorrió la Avenida de Mayo, simulando velar a un sistema que el gobierno decidió abandonar.
El CONICET acumula tres años de parálisis institucional. El organismo perdió el 14% de sus investigadores entre 2023 y 2026, entre despidos, recortes de becas y renuncias voluntarias. El presupuesto destinado a ciencia y técnica se redujo casi el 50% en términos reales respecto de 2023. El financiamiento para becas cayó un 39%.
«El Conicet está absolutamente paralizado. Una institución de ciencia y técnica paralizada va al muere.» — Jorge Geffner, investigador del CONICET
El bioinformático Rodrigo Quiroga, del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba, fue más directo aún: «Se siente como una provocación, como un ataque direccionado e intencional. No me quedan dudas de que el gobierno tiene un plan de destrucción del sistema científico y universitario».
La proyección presupuestaria para ciencia y técnica en 2026 es inferior al 0,15% del PBI, perforando mínimos históricos. El ex presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, Roberto Salvarezza, advirtió que esa cifra equivale al «estrangulamiento definitivo del sector».
La fuga de cerebros es el resultado más visible. Argentina pierde científicos, investigadores y docentes calificados que se van al exterior o que directamente abandonan la carrera académica. El sistema universitario registra una renuncia docente cada dos días. Cada renuncia es una acumulación de conocimiento, de formación y de años de inversión pública que se pierde sin retorno.
En la previa de la marcha, el gobierno profundizó el ajuste con un recorte de 3.000 millones de pesos al CONICET y 5.000 millones de pesos a fondos de infraestructura universitaria. La comunidad científica lo interpretó como una provocación deliberada.
La eliminación del ministerio tiene también consecuencias productivas concretas. El sector industrial, y en particular la industria de la alimentación, depende de la investigación aplicada para desarrollar procesos, mejorar productividad y generar innovación. El vaciamiento del sistema científico es una pérdida para toda la cadena productiva del país.
La Justicia y el conflicto que no se cierra
El conflicto universitario llegó a la Justicia en varias ocasiones, y en todas el Poder Ejecutivo quedó en una posición difícil: los tribunales le ordenaron cumplir la ley, y el gobierno buscó vías para eludir esas órdenes.
Dos instancias judiciales ordenaron al Estado el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, los que establecen la recomposición de salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas. El Ejecutivo siguió sin ejecutar esas transferencias.
El 7 de mayo de 2026, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal dio al gobierno una herramienta que este buscaba: suspendió la medida cautelar que lo obligaba a transferir fondos y habilitó el camino hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el máximo tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley y su aplicación.
Desde el gobierno leyeron esa resolución como una victoria. Desde las universidades, la lectura fue la opuesta: el Ejecutivo usó una instancia judicial para seguir postergando el cumplimiento de una obligación legal mientras la crisis se profundiza en cada aula y en cada laboratorio del país.
La pelota quedó en la cancha de la Corte Suprema. Mientras tanto, las universidades funcionan con presupuestos que no alcanzan, con docentes que cobran sueldos de pobreza y con investigadores que se van del país.
El documento leído en Plaza de Mayo fue preciso al respecto: el gobierno tiene una ley aprobada, una ratificación parlamentaria y dos fallos judiciales a favor de las universidades. El incumplimiento es una decisión política, no una limitación legal.
La CGT y el movimiento obrero en la calle
La cuarta Marcha Federal Universitaria no fue solo de la comunidad académica. El movimiento obrero argentino marchó junto a las universidades y reafirmó una alianza que se consolida cada vez que el gobierno aplica el ajuste.
La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado firmado por su Consejo Directivo Nacional con un título que no dejaba lugar a interpretaciones: «¡Que cumplan con la ley!». La central convocó a los trabajadores a concentrar a las 15 horas en la esquina de Diagonal Sur y Bolívar, para marchar juntos hacia Plaza de Mayo.
«Frente a un gobierno nacional que está implementando políticas de desfinanciamiento del sistema educativo en general y que se retira de sus obligaciones fundamentales como el sostenimiento de la educación pública, desde la CGT convocamos al conjunto de las y los trabajadores a apoyar y participar de la movilización.» — Comunicado del Consejo Directivo Nacional de la CGT
La central sindical también fue explícita sobre el significado de la educación pública para el mundo del trabajo: «Defender la universidad pública es defender el derecho a un futuro mejor, el desarrollo de la Nación, la producción y el trabajo argentino». La educación es la puerta de entrada al empleo de calidad, a la movilidad social ascendente y a la construcción de una clase trabajadora con derechos.
Una multitudinaria movilización colmó Plaza de Mayo para exigir que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.
La adhesión de la CGT no fue solo declarativa. La convocatoria reunió a un arco amplio del movimiento sindical argentino: la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA). También estuvieron el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y decenas de gremios de distintas ramas.
La articulación entre el movimiento obrero y las universidades tiene una lógica que va más allá del acompañamiento coyuntural. Los hijos e hijas de los trabajadores son los principales usuarios de la universidad pública. Los profesionales que se forman en esas casas de estudio son los que luego integran las plantillas de las empresas y las industrias del país. Atacar la universidad es atacar la movilidad social y el futuro productivo de la Argentina.
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) también adhirió a la marcha y advirtió que el ajuste al sistema educativo y científico equivale a «una demolición calculada contra el desenvolvimiento de la actividad nacional».
El STIA Buenos Aires defiende el futuro del país
Los trabajadores de la industria alimentaria estuvieron presentes en la cuarta Marcha Federal Universitaria. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Filial Buenos Aires, se movilizó junto al movimiento obrero en defensa de la educación pública, la universidad y la ciencia nacional.
El Consejo Directivo del STIA Buenos Aires convocó a sus afiliadas y afiliados a participar de la Marcha Federal en defensa de la Educación Pública con una posición clara y sin rodeos: «Desde nuestra organización exigimos que se garantice la Ley de Financiamiento Universitario, por el futuro y el desarrollo de nuestro país, por la movilidad social ascendente».
La convocatoria del STIA Buenos Aires hizo explícita una certeza que atraviesa la cultura del sindicalismo de la alimentación: la educación y la ciencia son el motor del país. El texto también subrayó el carácter colectivo de la lucha: «Nos movilizamos junto a todo el movimiento obrero, junto a todo el pueblo. Defender la universidad es defender el futuro de todos».
La frase con la que el STIA Buenos Aires cerró su llamado a la movilización resume el espíritu de la jornada: «¡La educación no debe ser una variable de ajuste!». Una consigna que conecta directamente con las consecuencias del desfinanciamiento sobre el empleo, la industria y las posibilidades de desarrollo del país.
Héctor Morcillo, Rodolfo Daer y Sergio Escalante, referentes del gremio de Alimentación al frente de la columna del STIA.
El secretario de Interior de la CGT Regional San Martín, Sergio Escalante, también acompañó la convocatoria y la movilización. Desde su militancia en el sector alimentario, Escalante sostiene que la lucha por la educación pública es inseparable de la lucha por los derechos de los trabajadores. Su participación en la marcha es coherente con una visión sindical que concibe a la educación como una herramienta central para la movilidad social ascendente y para el fortalecimiento del tejido productivo nacional.
Para la industria alimentaria, el vínculo entre la universidad pública y el sector no es abstracto. Las universidades forman a los ingenieros en alimentos, a los bromatólogos, a los nutricionistas, a los técnicos en calidad y a los investigadores que trabajan en la innovación de procesos productivos. El vaciamiento del sistema universitario y científico tiene un impacto directo sobre la capacidad del sector para generar empleo de calidad, mejorar sus productos y sostener la competitividad de la industria.
La FTIA —Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación— y el conjunto del sindicalismo de la alimentación comparten esa convicción. Defender la educación pública es defender la industria. Defender la ciencia es defender el trabajo.
La presencia del STIA Buenos Aires en la cuarta Marcha Federal Universitaria no fue un gesto de solidaridad aislado. Es parte de una posición política y sindical que entiende que el ajuste sobre la educación, la ciencia y la tecnología es un ajuste sobre el modelo productivo argentino y sobre las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.
El gobierno no cede
La respuesta del gobierno a la marcha fue la misma que en las tres ocasiones anteriores: minimizar la convocatoria, atribuirle motivaciones políticas y ratificar la negativa a cumplir la ley.
El Ejecutivo insistió en que la movilización fue «completamente política» y que estuvo impulsada por sectores opositores. Señaló la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, de referentes de la CGT y del exministro Sergio Massa entre los asistentes. El argumento oficial ignora que la primera marcha, en abril de 2024, fue protagonizada en gran parte por ciudadanos autoconvocados sin bandera partidaria, que salieron a la calle simplemente para defender la educación.
Alejandro Álvarez, el siniestro funcionario detrás de la “batalla cultural” del Gobierno contra las universidades públicas, junto a Milei y Petovello.
El rector Gelpi expresó la síntesis de lo que ocurrió: «Afectar la educación y la ciencia es hipotecar el futuro». La frase no es una metáfora. Es una descripción literal de lo que está en juego.
Tres años de ajuste sobre las universidades públicas no produjeron ni un solo resultado que el gobierno pueda mostrar como beneficio concreto para la sociedad. El sistema universitario está al borde del colapso, los científicos se van del país, los docentes cobran salarios de indigencia y los estudiantes de los sectores más vulnerables no pueden sostener la cursada.
La cuarta Marcha Federal Universitaria demostró que la resistencia tampoco cede. El movimiento universitario, científico y sindical sigue en la calle, sigue organizando y sigue exigiendo lo mismo que desde el primer día: que se cumpla la ley.
El gremio de Alimentación participará de la cuarta Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo en defensa de la educación pública y el empleo de calidad. Desde la filial que conduce Sergio Escalante convocaron a concentrar a las 14 h. en la sede del STIA Buenos Aires.
