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El ajuste de Milei deja las obras sociales al borde del colapso
El ajuste de Milei deja las obras sociales al borde del colapso
El gobierno recortó aportes patronales, desfinancia el Fondo Solidario y transfiere el costo de la discapacidad al sistema sindical. La salud de millones de trabajadores está en riesgo.
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Alimentación marcha el 30 por trabajo, salario y dignidad
Alimentación marcha el 30 abril por trabajo, salario y dignidad
El STIA Buenos Aires, liderado por Sergio Escalante, convoca a sus trabajadores a movilizarse junto a la CGT en rechazo a la reforma laboral de Milei y la caída del poder adquisitivo.
El movimiento obrero argentino llega al 30 de abril en un estado de tensión que no se veía en años. La Confederación General del Trabajo convocó a una marcha masiva a Plaza de Mayo en la víspera del Día del Trabajador. El sector de la alimentación adhirió al llamado de la central obrera y llamó a las trabajadoras y trabajadores a sumarse a la columna del movimiento obrero organizado. La consigna que enarbola el gremio es clara, el trabajo es con derechos o es esclavitud.
Una marcha que viene desde lejos
La convocatoria no surgió de un día para el otro. El triunvirato de la CGT —integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Oscar Argüello— anunció la movilización tras un análisis exhaustivo de la situación laboral y económica del país.
Sola fue directo: la marcha reclama la caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario y el endeudamiento familiar. El representante del sector de seguros no escondió nada. Dijo que el Gobierno impone un techo por debajo de la inflación a las paritarias. Eso, para el movimiento sindical, es control de salarios.
La movilización partirá en columnas desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La concentración está prevista para las 17 horas en Plaza de Mayo. Ese mismo escenario histórico recibirá también un homenaje al papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025. La CGT reconoce su defensa constante del mundo del trabajo.
El lema elegido por la central obrera resume la postura: «Defender el empleo de calidad es proteger el futuro del pueblo argentino.»
La reforma laboral: el centro del conflicto
El detonante más inmediato de la marcha tiene nombre: Ley de Modernización Laboral, la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei. El Senado la aprobó el 27 de febrero con 42 votos a favor y 28 en contra. El Congreso la convirtió en ley el 20 de ese mismo mes.
La norma tiene 218 artículos y modifica de raíz la estructura del derecho laboral argentino. Los sindicatos la califican de regresiva y contraria a la Constitución Nacional.
Entre los cambios más cuestionados por el movimiento obrero se encuentra la eliminación de la ultraactividad. Hasta ahora, los convenios colectivos mantenían su vigencia hasta que se firmara uno nuevo. Con la reforma, eso desaparece. Los convenios vencen y no hay garantía de continuidad.
La reforma también prioriza los acuerdos por empresa por sobre los convenios sectoriales. Para los sindicatos, eso pulveriza la negociación colectiva centralizada. Las indemnizaciones por despido también cambian: se crean mecanismos alternativos que pueden reemplazar la indemnización tradicional. La CGT sostiene que eso reduce la protección del trabajador ante un despido injustificado.
Hay más. Se eliminó el principio jurídico del «in dubio pro operario», que mandaba fallar a favor del trabajador en caso de duda interpretativa. Se restringen las huelgas. Se imponen límites a las asambleas dentro y fuera de los lugares de trabajo. Se deroga la ley de teletrabajo. Los trabajadores de plataformas digitales quedan definidos como independientes.
El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, no tuvo medias tintas. Calificó la reforma de «maliciosa» y contraria a la carta magna. Jorge Sola fue todavía más claro: el Gobierno viola el principio de progresividad que marcan la Constitución y los tratados internacionales. Un derecho social ganado, dijo, no puede retroceder.
La pelea judicial: un fallo aberrante
El conflicto entre la CGT y el Gobierno no quedó en las calles. Llegó a la Justicia. El juez Raúl Ojeda suspendió de manera provisoria 82 artículos de la ley. Fue un fallo que el movimiento sindical celebró como una victoria parcial.
Pero el triunfo duró poco. La Cámara Nacional del Trabajo dejó sin efecto esa cautelar. El fallo habilitó la aplicación de la reforma. Y al día siguiente, en el Boletín Oficial, apareció publicada la extensión del mandato de uno de los jueces que firmó esa resolución.
Jerónimo llamó a eso «aberrante». Fue más allá: habló de «obscenidad institucional». Dijo que el hecho pone un grado de gravedad institucional que genera dudas sobre los procesos democráticos del país.
La CGT respondió en los tribunales. El secretario adjunto Andrés Rodríguez confirmó que la central apelará el fallo. El equipo jurídico evalúa además la recusación del magistrado cuestionado. La pelea legal no terminó.
Un juzgado de primera instancia laboral aportó otro dato de peso: el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 decidió mantener la causa en el fuero laboral, rechazando el intento del Gobierno de llevarla al fuero Contencioso Administrativo Federal. El magistrado declaró que el expediente debate instituciones exclusivamente laborales: plataformas, laboralidad, contratos a plazo, indemnizaciones, vacaciones, huelga, negociación colectiva.
Fue, en palabras de Escalante, una señal que el movimiento obrero organizado debe sostener y ampliar.
Los reclamos sobre la mesa
La reforma laboral es el eje, pero no el único reclamo, el movimiento sindical acumula una lista de agravios concretos.
El primero es la pérdida del poder adquisitivo. Jorge Sola lo describió como un ajuste brutal que comenzó el día que Milei asumió. La caída no discrimina: afecta a trabajadores formales, informales y monotributistas. El endeudamiento familiar creció. Los salarios perdieron terreno frente a los precios mes a mes.
Los gremios marcharán a Plaza de Mayo en la tarde de este jueves para reclamar por la situación económica del país y en contra de la reforma laboral. El segundo reclamo apunta a las paritarias. La CGT denuncia que el Gobierno impone techos por debajo de la inflación. Para los sindicatos, eso equivale a convalidar una reducción salarial encubierta. El mecanismo de homologación de acuerdos se convierte, denuncian, en un instrumento de control.
El tercer punto es la política económica en general. La CGT critica los cambios en el sistema aduanero impulsados por el ministro Federico Sturzenegger. También cuestiona la apertura importadora, que golpea directamente a la industria nacional y amenaza puestos de trabajo.
Jerónimo resumió el malestar en una frase: «El clima social va a cambiar. La gente está muy enojada. No le alcanza para llegar a fin de mes.»
La central sindical fue un paso más allá. Anunció que publicará su propio índice de inflación para contrastar con los datos del INDEC. La decisión deja en claro que la CGT no reconoce como válidas las cifras oficiales de pobreza e inflación.
El sector se une: gremios y federaciones detrás de la CGT
La marcha del 30 de abril no es solo de la CGT. Es del movimiento obrero en sentido amplio. Gremios de distintos sectores ratificaron su adhesión a la convocatoria.
La UPCN, la UOCRA, los trabajadores de Sanidad, Camioneros y el gremio de Judiciales confirmaron su participación. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) también se sumó. Desde los barrios populares, la organización social acompañó los reclamos con relevamientos propios sobre la caída del poder adquisitivo.
El Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa se preparan para extender la protesta durante todo mayo con actividades en distintas provincias.
El conlficto social se agrava mientras el gobierno de Milei se hunde en escándalos de corrupción. El frente sindical que enfrenta al Gobierno incluye también a sectores que históricamente mantuvieron una relación más moderada con el poder. El punto de quiebre fue la reforma laboral. Incluso gremios que negociaron con el oficialismo durante los primeros meses de gestión cerraron filas contra la ley.
La Federación Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) también se posicionó. El sector cerró un preacuerdo paritario en marzo que incluyó un aumento del 9,67% sobre los salarios de diciembre y un bono de 100.000 pesos para la categoría inicial. La cláusula de revisión para mayo es señal de que la discusión salarial no está cerrada.
Alimentación en la calle: la proclama del STIA Buenos Aires
El STIA Buenos Aires, con Sergio Escalante al frente, convoca a sus trabajadores con un mensaje que alude a la necesidad de luchar de forma colectiva y en unidad. La fecha es el jueves 30 de abril ye punto de encuentro es la sede del sindicato, a las 11 de la mañana.
«Este 30 de abril salimos a la calle con todo el movimiento obrero», dice la proclama del sindicato. «Estamos en un momento bisagra: la sociedad comenzó a darse cuenta a qué vino este Gobierno.»
El STIA Buenos Aires es uno de los sindicatos con mayor peso en la estructura de la CGT. Escalante ocupa además el cargo de secretario de Interior de la central obrera. Esa posición le da a la filial un rol político que va más allá de la representación sectorial.
El STIA Buenos Aires convoca a marchar en defensa de los derechos adquiridos. La proclama es directa y sin rodeos. El ajuste que prometía caer sobre «la casta» lo están pagando los trabajadores. El sindicato llama a no mirar para otro lado. Defiende el trabajo, el salario y la dignidad como banderas irrenunciables. La industria nacional y cada familia trabajadora están en el centro de la disputa.
El llamado termina con una consigna que resume la postura del gremio: «La patria no se vende, se defiende.»
El STIA Buenos Aires, con Sergio Escalante al frente, convoca a sus trabajadores con un mensaje que alude a la necesidad de luchar de forma colectiva y en unidad. La fecha es el jueves 30 de abril ye punto de encuentro es la sede del sindicato, a las 11 de la mañana.
Las palabras de Escalante completan el cuadro. En distintas declaraciones públicas, el secretario general del STIA definió la reforma laboral como «inconstitucional» y advirtió que el Gobierno quiere una Argentina «pre peronista», sin las leyes favorables a los trabajadores incorporadas desde 1945. Dijo que la reforma aumentará los juicios laborales y que la Justicia será la herramienta que el trabajador usará para defenderse.
Para Escalante, el STIA no reaccionará con medidas aisladas. La estrategia combina movilización política y negociación técnica. El acuerdo histórico firmado con Mondelez —que garantizó la estabilidad de más de 2.300 trabajadores durante doce meses y obligó a la empresa a producir en el país mercadería que antes se importaba— es la prueba de que esa combinación da resultados.
«Este acuerdo es un ejemplo de cómo el sindicato, con sus propias fuerzas, pone el bienestar de las familias trabajadoras por encima de todo», declaró Escalante hace algunas semanas tras firmar el convenio en la planta de Pacheco.
Otras filiales de Alimentación se suman a la columna
La convocatoria del STIA Buenos Aires no es una voz aislada dentro del sector. Otras filiales de la Federación Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) se suman a la movilización del 30 de abril.
El STIA de la Provincia de Buenos Aires, el STIA Santa Fe, el STIA Córdoba y el STIA San Rafael, Mendoza, son parte de una estructura nacional que cubre a decenas de miles de trabajadores del sector en todo el país. El Convenio Colectivo de Trabajo 244/94, marco que regula a unos 80.000 trabajadores de la alimentación, es uno de los que la reforma laboral amenaza con afectar directamente.
El gremio de Alimentación vuelve a marchar para resistir la reforma laboral. La industria alimenticia es uno de los pocos sectores que resistió la contracción general. Mientras la industria acumuló ocho meses consecutivos de retroceso, el rubro de alimentos y bebidas registró un crecimiento interanual del 0,9% en el primer bimestre de 2026. Pero esa relativa estabilidad no alcanza para frenar el deterioro salarial ni para blindar los puestos de trabajo frente a una política económica que desalienta la producción nacional.
Las filiales provinciales entienden que la marcha del 30 de abril no es solo un acto sindical. Es una demostración de fuerza organizada en un momento que el propio STIA Buenos Aires calificó de «bisagra». La reforma laboral está en vigencia, aunque con artículos suspendidos. La batalla judicial continúa. Y la calle, este jueves, vuelve a ser el campo de disputa del movimiento obrero argentino.
La CGT no descarta ir más lejos
La marcha del 30 de abril es una advertencia para la gestión libertaria, no el punto final. Jerónimo fue explícito: si la situación se agrava, un paro general vuelve a la agenda. En febrero de 2026 la CGT ya ejecutó una medida de fuerza de ese tipo. La posibilidad de repetirla está sobre la mesa.
El dirigente también apuntó contra los gobernadores que no alzaron la voz frente al proceso. Criticó al Ejecutivo por usar temas como la soberanía de las Islas Malvinas para desviar la atención de los problemas internos. «Están jugando con la vida de los trabajadores», dijo. La central obrera se prepara además para el terreno político. Jerónimo anunció que la CGT trabaja en la construcción de una alternativa amplia que trascienda al peronismo tradicional.
El movimiento obrero argentino llega al 30 de abril unido y con agenda propia. La reforma laboral condensa mucho más que el ataque a los derechos adquiridos, el reclamo también es por deterioro del salario real, la pérdida de puestos de trabajo formales, la caída abrupta de la capacidad industrial instalada y el abandono del sistema de salud y educación. La marcha de este jueves unifica reclamos que el movimiento sindical lleva a Plaza de Mayo bajo la bandera de la lucha contra la reforma y el pedido de cambios inmediatos ante el colapso económico y social.
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Sergio Escalante: «Invertir en el bienestar del trabajador no es un costo»
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El secretario general del STIA Buenos Aires, Sergio Escalante, analizó el acuerdo alcanzado con Mondelez que garantiza la estabilidad laboral de 2.300 trabajadores en la planta de Pacheco por un año, en un contexto de industricidio y caída del consumo.
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El STIA cerró un histórico acuerdo con Mondelez
El STIA cerró un histórico acuerdo en Mondelez que protege el empleo
El sindicato logró blindar los puestos de trabajo por un año, garantizar producción local de artículos importados y obtener una suma fija de $920.000 para los trabajadores de la planta Mondelez de Pacheco.
En un sector industrial que acumula ocho meses consecutivos de retroceso productivo y un consumo que no termina de recomponerse, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) firmó con Mondelez un convenio que sus propios protagonistas calificaron de histórico. El acuerdo, alcanzado tras meses de negociaciones directas en la planta de Pacheco, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, garantiza la estabilidad laboral de más de 2.300 trabajadores y trabajadoras por un plazo de un año, establece una suma fija de 920.000 pesos en dos cuotas, dispone la recategorización profesional de 230 operarios, y obliga a la empresa a producir en el país mercadería que hasta ahora llegaba importada del exterior. El convenio fue presentado por el secretario general del STIA, Sergio Escalante, como una demostración de que la organización gremial puede dar respuestas concretas a los trabajadores incluso cuando el Estado nacional se desentiende del sector. «Las partes estamos dispuestas a sortear las adversidades sin recibir ningún tipo de asistencia del Gobierno Nacional», subrayó el dirigente.
EL CONTEXTO: DE LA CRISIS DE DICIEMBRE AL ACUERDO DE ABRIL
Para entender el peso político y simbólico de lo que el STIA logró esta semana en Mondelez, es necesario volver a diciembre de 2025. La planta de la multinacional en Pacheco, ubicada sobre el ramal Escobar de Acceso Norte, detuvo sus líneas de producción en un movimiento que sumó preocupación entre los más de 2.300 trabajadores que allí se desempeñan. La fábrica produce varias de las marcas más reconocidas del mercado argentino de galletitas y chocolates: Oreo, Terrabusi, Milka, Pepitos, Cadbury, Halls, Beldent, Cerealitas y Clight, entre otras.
El freno productivo fue una medida sin antecedentes para una fábrica con esa historia y ese tamaño: la compañía confirmó la interrupción total por 21 días como resultado del fuerte sobrestock acumulado tras el desplome de ventas. Los delegados y sindicalistas destacaron en ese momento un combo de factores: la caída del consumo, la política de apertura de importaciones y un deterioro general del poder adquisitivo que se había profundizado en los meses previos.
Mondelez y el gremio de Alimentación lograron un acuerdo entre partes sin intervención estatal. Frente a ese escenario, el STIA adoptó una postura clara desde el primer día. Escalante calificó entonces la situación como un «industricidio con apertura indiscriminada de las importaciones» y fue categórico sobre las causas: «Esto es culpa del gobierno de Milei y sus políticas y un país que enfrenta un presente muy complicado. Si seguimos por este camino, esto solo va a empeorar con cierres de fábricas, con pérdidas de empleo irreversibles, con un territorio totalmente roto y miles de trabajadores arrojados a la marginalidad.»
Lejos de resignarse, el sindicato se puso al frente de la negociación para limitar el impacto sobre los trabajadores. Tras «duras negociaciones», Escalante informó que se había acordado el esquema de vacaciones y licencias pagas para evitar suspensiones, y que el bono de fin de año sería de $525.000, a abonarse el 11 de diciembre y liquidado en enero para evitar descuentos por el Impuesto a las Ganancias. También se mantuvieron el paquete navideño y un voucher de 53.000 pesos para la proveeduría interna, beneficios que el gremio reivindicó como un logro en un contexto adverso: «Mantener estos beneficios en una situación tan dura es un gran desafío y tenemos que celebrarlo, pero también mantenernos unidos más que nunca.»
Esa gestión de diciembre fue el primer eslabón de una cadena de negociaciones que desembocó en el acuerdo integral de esta semana.
UN ACUERDO QUE APUNTA ALTO
En un contexto económico marcado por la caída en la producción industrial y una fuerte retracción del consumo, el STIA logró sellar un convenio inédito con Mondelez que garantiza los puestos de trabajo en la planta de Pacheco por al menos un año. Además, la empresa reafirmó su compromiso de producir en la Argentina incluso productos que hasta ahora llegaban importados, un punto que el gremio considera estratégico para la defensa del trabajo nacional.
El acuerdo, alcanzado mediante el diálogo directo en la planta de Pacheco con participación de los trabajadores, los delegados y el Consejo Directivo del Sindicato, contempla los siguientes puntos centrales:
Mejora económica. Se acordó el pago de una suma fija de $920.000, que se liquidará en dos cuotas iguales. El monto, casi el doble del bono de fin de año obtenido en diciembre, refleja la progresión de la capacidad negociadora del gremio en apenas cuatro meses.
Recategorización masiva. 230 trabajadores y trabajadoras serán recategorizados a un nivel superior, en lo que el gremio describió como un reconocimiento histórico de la trayectoria y el desempeño de los operarios de la planta. Esta recategorización no es un dato menor: implica incrementos salariales permanentes y mejora directa en el salario de bolsillo de quienes accedan a la nueva categoría.
Estabilidad laboral garantizada. La empresa se comprometió a no realizar despidos por el plazo de un año, con respaldo en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que otorga previsibilidad a las familias trabajadoras de la planta.
Sustitución de importaciones. El acuerdo incluye la garantía de producción local de artículos que la empresa hasta ahora importaba, un compromiso que el sindicato reivindicó como central para la defensa de la industria nacional y el sostenimiento del empleo genuino.
Infraestructura y condiciones de trabajo. Se acordó la construcción de dos nuevas salas de descanso —en el sector de chocolate y en el segundo piso—, lo que mejora las condiciones físicas de la planta para el conjunto del personal.
Incentivos salariales. El convenio incorpora un aumento del 18% en el incentivo logístico —que se mantiene incluso durante las vacaciones— y la ampliación de la bonificación por productividad para 200 horas de oficiales calificados de mantenimiento, sumando incentivos directos al salario mensual de los operarios.
Descanso estandarizado. La reorganización fabril incluyó la estandarización del descanso de 80 minutos en cada turno de 8 horas, una práctica que quedó formalizada para toda la planta, poniendo fin a reducciones unilaterales que en algunos sectores venían afectando a los trabajadores.
ESCALANTE: ORGANIZACIÓN, DIÁLOGO Y LUCHA PROPIA
Desde que asumió la conducción del STIA Buenos Aires en septiembre de 2025, Sergio Escalante demostró que era capaz de combinar dos registros que no siempre van juntos en la dirigencia sindical: la confrontación política clara con el gobierno de Milei y la negociación técnica en profundidad con las empresas. El acuerdo con Mondelez sintetiza ese equilibrio.
Escalante explicó cómo se llegó al convenio: «Alcanzamos este acuerdo con mucha organización, compromiso y diálogo, en el que participamos los trabajadores y delegados de la planta junto al Consejo Directivo del Sindicato, que sostiene y recibe importantes beneficios para nuestros representados y en el que la empresa garantiza su producción y funcionamiento en un difícil contexto por las políticas del Gobierno, lo que valoriza aún más este logro.»
El STIA Buenos Aires logró un histórico acuerdo con Mondelez en beneficio de los trabajadores. El secretario general fue contundente al situar el acuerdo dentro del cuadro general del sector: «En el medio de un industricidio que desatiende al sector y con una caída generalizada de ventas y producción, logramos garantizar la estabilidad de los trabajadores y blindar los puestos de trabajo.» Y subrayó: «Este acuerdo es un ejemplo de cómo el sindicato, con sus propias fuerzas, pone el bienestar de las familias trabajadoras por encima de todo y sienta las bases para la defensa de la producción nacional frente a las importaciones y el contexto económico adverso.»
El punto que Escalante puso en primer plano —y que distingue a este convenio de otros acuerdos salariales habituales— fue el compromiso de sustitución de importaciones. El dirigente destacó que el acuerdo trasciende los beneficios individuales y responde a una lógica de defensa de la industria local: «Uno de los puntos centrales es el compromiso de la empresa de producir en el país artículos que hoy se importan. Este paso es fundamental para la defensa de la industria nacional y asegura la continuidad y creación de empleo genuino en Argentina.»
Y en referencia directa a la ausencia del Estado nacional en la resolución del conflicto, Escalante marcó una posición que también tiene contenido político: «Las partes estamos dispuestas a sortear las adversidades sin recibir ningún tipo de asistencia del Gobierno Nacional. Enfocados en el bienestar de los trabajadores y sus familias, alcanzamos este pacto con nuestras propias fuerzas y convicciones.»
EL STIA EN LA PRIMERA LÍNEA DE UN SECTOR BAJO PRESIÓN
El acuerdo con Mondelez no es un hecho aislado sino parte de una estrategia gremial sostenida que el STIA viene desplegando desde hace meses en distintos frentes. La conducción encabezada por Escalante heredó una situación compleja cuando asumió: el sector alimentario enfrentaba una paritaria trabada, cierres de plantas en distintos rubros y un marco macroeconómico que golpeaba directamente el consumo.
Según el Índice de Producción Industrial (IPI) de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el sector de alimentos y bebidas registró un crecimiento interanual del 0,9% en el primer bimestre de 2026, dato que contrasta con la tendencia general de la industria, que acumuló una contracción del 3,9% respecto al mismo período de 2025 y sumó ocho meses consecutivos de retroceso. Mientras los bienes de consumo durable y los bienes de capital registraron caídas del 15,8% y 18,3% respectivamente, el rubro alimenticio se posicionó entre los pocos que lograron sostener su nivel de actividad.
Sergio Escalante deja una marca de gestión propia al frente del STIA Buenos Aires. Sin embargo, ese leve dato positivo del sector no oculta el cuadro de fondo del consumo. Un estudio de Worldpanel by Numerator reportó que al cierre de 2025 el consumo en los hogares argentinos arrastró cinco meses consecutivos a la baja, con una caída del 8,2% en la frecuencia de compra y de 4,7% en el volumen de productos adquiridos durante el último trimestre respecto al año anterior. Este comportamiento derivó en canastas familiares más pequeñas y una preferencia creciente por segundas marcas.
El convenio de Mondelez se produce además en un año en que, a pesar de un crecimiento económico general del 4%, el consumo masivo solo logró recuperarse un 2% en 2025 después de una dura caída del 16% en 2024, de acuerdo con las cifras de la consultora NielsenIQ. La brecha entre el crecimiento macroeconómico y la recuperación real del poder de compra de los trabajadores es, precisamente, el argumento central que el STIA viene sosteniendo en todas sus negociaciones.
Fue en ese contexto que el gremio también rechazó públicamente el proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo. El STIA, encabezado por Escalante, se reunió con el intendente Julio Zamora para analizar la crisis industrial y la situación en Mondelez, y alertó sobre la reforma laboral por considerarla regresiva, defendiendo los derechos adquiridos y llamando a la unidad para construir una Argentina más justa.
UN ANTECEDENTE Y UN PRECEDENTE
Lo sucedido en Pacheco en diciembre y lo firmado esta semana configuran juntos una narrativa gremial coherente: frente a la crisis, el STIA no reaccionó con medidas de fuerza aisladas sino con una estrategia que combinó la movilización política y la negociación técnica. El resultado es un convenio que, por su amplitud y por los compromisos que involucra —en materia salarial, de estabilidad, de infraestructura y de política industrial—, constituye un punto de referencia para el sector.
El pacto, alcanzado mediante el diálogo directo en la planta de Pacheco, no solo representa un alivio inmediato para el bolsillo de los operarios, sino que establece un precedente de estabilidad único en el sector industrial actual. En un momento en que otros establecimientos del sector alimentario registraron suspensiones, despidos y cierres, la planta de Mondelez en Pacheco cierra el primer trimestre de 2026 con un horizonte laboral garantizado por doce meses y con la firma de que lo que antes se importaba pasará a fabricarse en el país.
Las trabajadoras y trabajadores de Alimentación forman parte de la vida política del gremio. Para el STIA, el acuerdo tiene además una dimensión institucional: el sindicato anunció que ejercerá el rol de fiscalización del cumplimiento del convenio punto por punto. Escalante fue explícito al respecto: el gremio no solo negocia sino que controla. Esa postura —que combina la capacidad de lograr acuerdos con la voluntad de hacerlos cumplir— es la que define el perfil de conducción que la nueva dirección del STIA viene construyendo desde que desplazó más de cuatro décadas de conducción encabezada por Rodolfo Daer.
El convenio con Mondelez demuestra que en medio del peor ciclo industrial de los últimos veinte años, la organización gremial sigue siendo la herramienta más eficaz con la que cuentan los trabajadores de la alimentación para defender lo que es suyo: el trabajo, el salario y la dignidad dentro de la fábrica.
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El STIA Capital convoca a concentrarse a las 9 en la sede del sindicato para sumarse a la movilización de la CGT en Plaza de Mayo por Memoria, Verdad y Justicia.
Este martes 24 de marzo se cumplen exactamente cincuenta años del golpe de Estado cívico-militar que instauró la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Una fecha que sacude la memoria colectiva de un pueblo que aprendió, a fuerza de dolor, que el «Nunca Más» no es una frase: es una consigna de lucha permanente. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Buenos Aires (STIA Capital) convocó a concentrarse a las 9 de la mañana en la sede del gremio, para sumarse a las 11 a las columnas que confluirán hacia Plaza de Mayo junto a la CGT y las organizaciones de derechos humanos.
El 24 de Marzo en la memoria colectiva argentina
Cada 24 de marzo, la Argentina se detiene. No por decreto ni por formalidad institucional, sino porque existe en el cuerpo social una herida que cincuenta años no han cerrado. Ese día de 1976, una junta militar encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e inauguró el período más oscuro de la historia del país: la autodenominada «Reorganización Nacional» que se extendería hasta diciembre de 1983.
El 24 de marzo de 1976 inauguró un programa económico que transformó la estructura productiva, debilitó el poder de los trabajadores y consolidó la valorización financiera, cuyos efectos todavía atraviesan problemas crónicos como la deuda, el retroceso salarial y el acceso a la vivienda. Pero más allá de sus consecuencias materiales, esa fecha representa en la memoria colectiva el punto de partida de un plan sistemático de exterminio que tuvo como blanco al pueblo organizado.
A cincuenta años del golpe, la disputa simbólica en torno al pasado —pero también al presente y el porvenir— busca erosionar uno de los consensos más firmes del período posdictatorial: el Nunca Más. En ese escenario, la movilización popular adquiere un significado que trasciende la conmemoración: es una afirmación colectiva de que la democracia, los derechos humanos y la dignidad de los trabajadores no son conquistas definitivas sino territorios que hay que defender todos los días.
Miles de ciudadanos marcharán este martes hacia la Plaza de Mayo, punto de encuentro de los distintos colectivos y partidos que partirán desde múltiples lugares de la ciudad, con el acto central programado para las 16.30. Las convocatorias se multiplicarán en todo el país, desde Rosario hasta Mendoza, desde La Plata hasta Neuquén, en una jornada que el pueblo argentino vive como propia, año tras año, con la misma intensidad que el primer día.
Un golpe contra la clase trabajadora: la represión sindical
La dictadura cívico-militar que comenzó el 24 de marzo de 1976 fue un ataque total contra la clase trabajadora. Antes de cumplirse un mes del asalto al gobierno, esa dictadura llevó adelante su propia reforma laboral: congeló la actividad gremial, suspendió el derecho a huelga y las paritarias.
El mismo 24 de marzo de 1976 se suspendió el derecho de huelga y se prohibió la actividad política y sindical. En menos de un mes se hizo desaparecer varios artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y se modificaron otros, quedando básicamente anulados todos los principios que establecían usos y costumbres más favorables al trabajador. Se eliminó la actualización periódica del Salario Mínimo Vital y Móvil, se generaron condiciones para favorecer la tercerización y se desreguló la inversión extranjera otorgando igualdad al capital foráneo sobre el nacional.
Más de cien cuerpos inhumados de manera clandestina fueron hallados en una fosa común del Cementerio San Vicente. Para la última dictadura militar, su principal enemigo estaba en el mundo del trabajo: seis de cada diez víctimas de la junta militar eran delegados de base, integrantes de comisiones internas o simplemente activistas. Según investigadores y dirigentes sindicales, las Fuerzas Armadas fueron el brazo ejecutor del plan de la cúpula empresaria, que buscaba disciplinar al movimiento obrero para reemplazar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones por uno basado en la valorización financiera.
De acuerdo con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), el 30,2% de los desaparecidos eran obreros, el 17,9% empleados y el 5,7% docentes. Los gremios más perseguidos fueron los metalúrgicos y mecánicos, además de los empleados de servicios públicos como transporte, ferrocarril y Luz y Fuerza. El 81% de las personas desaparecidas tenía entre 16 y 35 años.
El sector alimentario no fue ajeno a este zarpazo represivo. Las compañeras y los compañeros aceiteros de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, sufrieron directamente la violencia de la dictadura. Para sostener la vinculación de Molinos Río de la Plata con los secuestros, los fiscales analizaron el contexto laboral y la coyuntura político-sindical, destacando la persecución sistemática de la dirección contra trabajadores con actividad político-sindical. Esos expedientes judiciales, que hoy avanzan como causas de lesa humanidad, son parte de la deuda de justicia que el movimiento obrero sigue reclamando.
Hacia marzo de 1977 se formaba la Comisión de los 25, integrada por sindicatos medianos como alimentación, estatales, camioneros, gastronómicos, Luz y Fuerza, mecánicos y telefónicos, entre otros. Fue esa misma resistencia silenciosa, construida en las seccionales, en los comedores, en las asambleas clandestinas, la que fue sembrando el camino de regreso a la democracia.
Los objetivos económicos de la Dictadura Cívico-Militar
El golpe del 76 no fue solamente una operación militar: fue un proyecto de refundación económica y social. A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 comenzó a implementarse un conjunto de medidas económicas que produjeron transformaciones sustanciales en el funcionamiento de la economía argentina, modificando el peso y el balance de poder entre sectores e intereses económicos, locales y externos, dando paso a un tipo de economía que se diferenciaría claramente de la prevaleciente en la etapa sustitutiva de importaciones.
El ministro de Economía designado por la Junta, José Alfredo Martínez de Hoz, anunció el 2 de abril de 1976 su programa de «recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina». El manejo de la economía por parte de la Junta Militar dejó secuelas casi irreversibles: la contracción de una enorme deuda externa, la reprimarización de la economía, la destrucción de la industria argentina y su reemplazo por un modelo de acumulación financiero.
El programa económico de Martínez de Hoz buscaba destruir la industria y profundizando la dependencia del país. La dictadura militar se propuso restablecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, restringir la participación del Estado y abrir la competencia de los productos nacionales con los extranjeros, aunque ello significara sacrificar la industria local. En una primera etapa, de 1976 a 1978, se implementó un plan de ajuste ortodoxo, con devaluación, liberación de precios, congelamiento de salarios, facilidades para las importaciones y cese de la promoción de exportaciones industriales.
Al mismo tiempo que atacó a la clase trabajadora, la dictadura aplicó una política de desindustrialización, apertura de importaciones y de desregulación de sectores cruciales de la economía, como el capital financiero, con la Ley de Entidades Financieras que continúa vigente hasta hoy. Son rasgos de la política de miseria planificada que denunció Rodolfo Walsh en 1977, donde señaló que en el primer año la dictadura había reducido el salario real un 40%, disminuido la participación de los trabajadores en el ingreso nacional al 30%, y elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar.
Los resultados generales de este plan fueron muy claros: la participación de los trabajadores en el ingreso nacional bajó del 45% en 1974 al 26% en 1983, la deuda externa evolucionó de 9.738 a 45.038 millones de dólares, y la población en hogares pobres aumentó del 3,2% al 28% del total entre 1974 y 1982.
En 1976 la deuda externa pública era de 6.648 millones de dólares; cinco años más tarde, cuando Martínez de Hoz dejaba su cargo, el país debía 35.671 millones. A fines de 1983, los compromisos externos totales pasaban de 9.739 millones a 45.069 millones de dólares. Cada habitante del país, que debía 320 dólares en 1976, llegó a cargar con una deuda de 1.500 dólares en 1983.
La dictadura se proponía inclinar definitivamente la balanza de poder a favor de las élites agrarias y de grandes grupos económicos y financieros locales y empresas transnacionales, cercenando la industria nacional y el mercado interno, sede de la fuerza del movimiento obrero y de los sectores empresarios vinculados a su desarrollo. Para eso necesitaban destruir primero la organización obrera, y lo hicieron con una ferocidad sin precedentes en la historia argentina.
Memoria, Verdad y Justicia: una conquista que no admite retrocesos
A cincuenta años del golpe, la tríada Memoria, Verdad y Justicia no es solo una consigna histórica: es el programa político más importante que construyó la democracia argentina. Cada uno de esos tres valores representa una batalla que continúa librándose en los tribunales, en las escuelas, en las calles y en la disputa cotidiana por el relato del pasado.
En los días previos a la marcha se realizaron decenas de actividades para exigir Memoria, Verdad y Justicia, como la de las Abuelas de Plaza de Mayo, que lanzó la campaña «Florecerán pañuelos». La iniciativa consistió en intervenir pañuelos blancos con frases, nombres, símbolos, dibujos, flores; bordados, dibujados, pegados para que florezcan historias en todos los rincones del país.
Por primera vez desde la recuperación democrática, desde el propio Estado argentino se relativiza o directamente se niega el terrorismo de Estado que ejerció la dictadura que hace medio siglo ocupó el poder. En ese contexto, la marcha del 24 de marzo adquiere una dimensión política que va más allá de la conmemoración: es una respuesta popular al negacionismo que avanza desde las instituciones.
Las Madres de Plaza de Mayo luchan incansablemente por la restitución de hijos y nietos desaparecidos. A 50 años del golpe cívico-militar, el escenario de disputas simbólicas en torno al pasado busca erosionar uno de los consensos más firmes del devenir posdictatorial: el Nunca Más. Los organismos de derechos humanos, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Equipo Argentino de Antropología Forense, H.I.J.O.S. y decenas de organizaciones mantienen viva la exigencia de saber dónde están los 30.000 detenidos-desaparecidos, de restituir la identidad de los nietos apropiados y de llevar ante la Justicia a cada responsable civil y militar de los crímenes de lesa humanidad.
A las 16.30 del 24 de marzo será el acto central en Plaza de Mayo, con la presencia de referentes de los organismos como «Taty» Almeida, Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto. Se espera que sobre el escenario haya discursos críticos hacia la gestión de Javier Milei y hacia su postura sobre las políticas de derechos humanos.
La lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia es también la lucha por el presente. No hay Nunca Más posible sin trabajo digno, sin salario justo, sin derechos conquistados. La clase trabajadora lo sabe y por eso, cada 24 de marzo, vuelve a las calles.
La lucha del pueblo trabajador sigue viva
Lo hizo el movimiento obrero con Saúl Ubaldini a la cabeza en 1982, en el punto de quiebre donde empezó a caer la dictadura. Lo volvió a hacer con la larga resistencia en los 90 contra el neoliberalismo, que culminó con la rebelión popular de 2001. Lo volvimos a hacer construyendo unidad y rechazando las reformas previsional y laboral durante el macrismo, y lo estamos haciendo ahora, con el Frente de Sindicatos Unidos y en cada lucha por salario, trabajo y cada uno de nuestros derechos que surge y crece en todo el territorio nacional.
La CGT destaca la figura icónica de Saúl Ubaldini, quien durante la dictadura se erigió como un defensor incansable de los derechos de los trabajadores, convirtiéndose en un símbolo de la recuperación democrática y, sobre todo, de la esperanza en un mundo mejor. Esa tradición de lucha es la que el sindicalismo argentino lleva en la sangre y en los huesos, la que no pudo ser doblegada ni por la represión más brutal de la historia.
Saúl Ubaldini desafío a la última Dictadura a pesar de la feroz represión militar. La CGT expresó públicamente: «A 50 años del Golpe cívico-militar, marchamos. Este 24 de marzo volvemos a las calles por Memoria, Verdad y Justicia. La CGT sale a la calle para reafirmar nuestro compromiso con la democracia, los derechos humanos y la memoria de las y los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos».
A 50 años del inicio de la dictadura genocida, que pulverizó los salarios, destruyó la industria y multiplicó la deuda externa, el movimiento sindical reafirma su compromiso con la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. Es parte de un camino que se recorre junto al resto de la clase trabajadora, codo a codo con los familiares de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado. Por eso se exige que avancen los juicios de lesa humanidad para investigar y castigar la responsabilidad empresaria en esos crímenes.
La lucha del pueblo trabajador no es un recuerdo del pasado. Es una práctica del presente. La industria de la alimentación, que produce los bienes esenciales que llegan a cada mesa argentina, tiene una historia de resistencia y también tiene un compromiso con el futuro. Ese futuro se construye marchando.
Alimentación presente: el STIA convoca a Plaza de Mayo
El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Buenos Aires (STIA Capital) mantuvo históricamente su compromiso con la defensa de los derechos humanos y con la memoria de los trabajadores y las trabajadoras víctimas de la dictadura. Este 24 de marzo, en la jornada histórica que marca el quincuagésimo aniversario del golpe cívico-militar, el gremio de Alimentación ratifica ese compromiso con presencia activa en las calles.
La convocatoria del STIA Capital establece dos momentos de concentración. A las 9 de la mañana, las trabajadoras y los trabajadores de la industria de la alimentación deberán reunirse en la sede del sindicato en la Ciudad de Buenos Aires. La concentración inicial permitirá organizar la columna del gremio, compartir el significado histórico de la jornada y preparar la participación en la movilización general.
Alimentación marcha como todos los 24 de marzo por Memoria, Verdad y Justicia. A las 11 de la mañana, la columna del STIA Capital se sumará a las distintas columnas que nutrirán la marcha convocada por la CGT y los organismos de derechos humanos hacia Plaza de Mayo. Organizaciones de derechos humanos, agrupaciones políticas, sindicatos y movimientos sociales se movilizarán este martes a Plaza de Mayo y en distintos puntos del país, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
La jornada tendrá su momento culminante a las 16.30, con la lectura del documento elaborado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, en el escenario central de Plaza de Mayo.
La participación del gremio de Alimentación en esta jornada histórica no es un acto protocolar. Es la expresión más concreta del compromiso que el STIA sostiene desde su fundación con los valores que el movimiento obrero conquistó a costa de su propia sangre: el derecho a organizarse, a negociar colectivamente, a tener trabajo digno y a vivir en paz en democracia. Cincuenta años después del golpe, esos derechos siguen siendo la razón de cada lucha, de cada paritaria, de cada movilización.
El gremio de Alimentación marcha hoy porque recuerda a sus compañeros y compañeras que no están. Marcha porque sabe que la memoria es el arma más poderosa contra quienes quieren repetir la historia. Y marcha porque, en un contexto en que el negacionismo avanza y los derechos laborales son atacados desde el Estado, estar en la calle es la forma más directa de decir: la lucha sigue, el pueblo trabajador sigue vivo, y el Nunca Más es irrenunciable.
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