La paritaria de Alimentación llega a junio sin acuerdo
La negociación del CCT 244/94 acumula tres audiencias fallidas. Hoy se retoman las conversaciones entre la FTIA y la FIPAA con el reclamo de fondo intacto: actualizar escalas salariales para 80.000 trabajadores en un sector donde la inflación en alimentos supera sistemáticamente al índice general.
Tres reuniones, ningún resultado
La paritaria 2026-2027 del Convenio Colectivo de Trabajo 244/94, que rige las condiciones salariales de los trabajadores de la industria alimentaria en todo el país, llega a su cuarta audiencia con un historial adverso. Las reuniones del 20 de mayo, el 27 de mayo y el 3 de junio concluyeron sin acuerdo. El Consejo Directivo de la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) calificó en el comunicado del 3 de junio de «mezquina» la actitud del sector empresarial y convocó a la FIPAA a cambiar su postura «a los fines de preservar la paz social en el marco de los justos reclamos» de los trabajadores y las trabajadoras del sector. El miércoles 10 de junio, las partes vuelven a la mesa.
El ciclo anterior: un piso insuficiente
El nuevo ciclo de negociaciones abre con un antecedente reciente que marca el punto de partida. En marzo de 2026, la FTIA y la FIPAA alcanzaron un pre-acuerdo que cubrió el tramo enero-abril del ciclo 2025-2026: un incremento del 9,67% sobre la escala salarial y una suma fija no remunerativa de $100.000 para la categoría inicial, con apertura por categorías y liquidación antes del 24 de marzo. El acuerdo incorporó también una cláusula de revisión, un mecanismo que la federación venía exigiendo para no quedar atada a porcentajes fijos ante variaciones inflacionarias. Para el gremio, esa cláusula era el piso de la nueva negociación, no su techo.
El tope oficial como obstáculo de fondo
Detrás del bloqueo empresarial hay una presión que viene del Estado. A partir de marzo de 2026, el Gobierno nacional impuso un tope del 2% mensual para los acuerdos paritarios a través de la Secretaría de Trabajo. La medida, impulsada desde el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo, apunta a anclar las expectativas inflacionarias, pero colisiona con la realidad: el IPC de febrero de 2026 se ubicó en 2,9%, por encima del techo oficial. La política salarial del Gobierno convierte la homologación de los convenios en un instrumento de control: los acuerdos que superen la pauta oficial no acceden al sello del Ministerio de Trabajo, lo que transforma el tope en una pauta de cumplimiento obligatorio para las cámaras empresariales.
La FTIA sigue luchando por la actualización de los salarios de las trabajadoras y trabajadores de Alimentación.
La consecuencia para los trabajadores es directa y verificable. Según el informe «Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones» del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil cayó un 39% entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. En términos interanuales, los salarios acumularon una suba del 35,8% frente a una inflación del 36,25% en el mismo período.
Por qué la inflación en alimentos agrava el problema
La FTIA lleva a cada audiencia un argumento que los números respaldan: la inflación en alimentos es estructuralmente superior al índice general de precios. Los trabajadores de la industria alimentaria producen los bienes que integran la canasta básica y son, al mismo tiempo, los primeros afectados por su encarecimiento. Esa asimetría convierte la pérdida de poder adquisitivo en una doble presión: los salarios crecen por debajo de la inflación general y por debajo de la inflación específica del sector de alimentos.
Los referentes de Alimentación enfrentan la negativa de la cámara empresaria de actualizar salarios.
En su comunicado, la FTIA sintetiza el argumento: la federación «reiteró la necesidad de actualizar las escalas salariales teniendo en cuenta los sucesivos aumentos de precios, en especial los productos de la canasta familiar, servicios, transporte y gastos escolares, que perjudican el poder adquisitivo de las y los trabajadores/as del sector».
El CCT 244/94 cubre a 80.000 trabajadores
El alcance de la negociación no es menor. El CCT 244/94 es el convenio marco que regula las condiciones salariales de unos 80.000 trabajadores y trabajadoras de la industria alimentaria en todo el país. Lo que se defina en esa mesa determina los salarios de quienes producen los alimentos que consume la población argentina: desde frigoríficos hasta panaderías industriales, desde plantas de lácteos hasta embotelladoras. La FTIA negocia en representación de esos trabajadores, con la presión adicional de un ciclo de cierres de plantas, suspensiones y conflictos laborales que no cede.
Alimentación reclama salarios y busca romper el techo salarial del gobierno.
La reunión del miércoles es la cuarta instancia del ciclo 2026-2027 sin resultado positivo. El patrón que se repite —convocatoria, audiencia, levantamiento sin acuerdo, nueva fecha— tiene un límite. El ciclo 2025-2026 terminó en plan de lucha, con convocatoria a movilizaciones y paros antes de que una conciliación obligatoria frenara las medidas de fuerza. La FTIA avisó entonces que la paciencia de los trabajadores tiene un límite: si los próximos encuentros no producen una propuesta que permita recomponer el poder adquisitivo, las medidas de fuerza se retomarán con mayor contundencia. La audiencia de hoy define si la negociación avanza o si el conflicto escala.
Granja Tres Arroyos cerró su planta La China y culpó al gremio de su propia quiebra
Granja Tres Arroyos cerró la planta La China en Concepción del Uruguay y dejó sin trabajo a casi mil familias. La empresa culpa al gremio. Los números del Banco Central cuentan otra historia.
El miércoles 27 de mayo de 2026, los trabajadores del primer turno de la planta La China llegaron a las 3:30 de la madrugada y encontraron los portones encadenados, custodia privada y un cartel que decía «cerrado hasta nuevo aviso». Nadie de la empresa los había llamado. Nadie de la empresa les había enviado una comunicación formal. La mayor avícola del país ejecutó el cierre en silencio y de madrugada, y esperó que los operarios se enteraran solos, parados frente a los accesos vallados de una planta donde algunos llevan más de treinta años de trabajo.
Granja Tres Arroyos (GTA) comunicó después, por escrito, que la decisión respondía a «constantes conflictos gremiales que paralizaron sus operaciones generando un quiebre en la cadena de producción avícola de la región». La empresa describió paros, trabajo a desgano, ausentismo elevado y presuntos bloqueos violentos de delegados sindicales contra quienes querían trabajar. Es una narrativa que omite los datos más relevantes para entender la crisis.
Lo que los números del Banco Central registran
Antes de entrar al terreno de los motivos, conviene detenerse en los datos duros que la empresa no incluyó en su comunicado. Según registros del Banco Central de la República Argentina, Granja Tres Arroyos acumula $36.942 millones en cheques rechazados y una deuda bancaria de $51.763 millones, distribuidos en 1.813 documentos impagos. El ente recaudador intensificó los embargos sobre las cuentas bancarias de la compañía, a causa de millonarias deudas impositivas y previsionales, bloqueando la poca liquidez disponible.
Granja Tres Arroyos atraviesa un panorama crítico por la importación descontrolada de pollos de Brasil.
La empresa ya perdió más del 85% de sus productores integrados. Su faena cayó de 700.000 a apenas 200.000 pollos diarios. Las quincenas comenzaron a pagarse en dos cuotas, luego en cinco y finalmente en diez, con incumplimientos permanentes en los cronogramas acordados. La empresa debe el 70% de la segunda quincena de abril y la totalidad de la primera quincena de mayo a cerca de 900 empleados.
«Nos pagan las quincenas en cuotas y cada vez peor. Empezaron en dos pagos, después tres, cinco y ahora ni siquiera cumplen.» — Trabajador de Granja Tres Arroyos con más de tres décadas de antigüedad en la empresa
Quienes conocen la situación desde adentro señalan que el colapso de la compañía responde a un problema estructural de acumulación de pasivos que desborda cualquier explicación basada en el conflicto gremial. Un trabajador con 22 años de antigüedad fue más directo en sus declaraciones al canal C5N: «la compañía tiene el dinero para pagar, pero no quiere hacerlo».
Un cierre que siguió a otro cierre
El capítulo de La China tiene un antecedente directo que la empresa preferiría no recordar. En noviembre de 2025, la empresa cerró de manera definitiva la planta Becar, también ubicada en Concepción del Uruguay, y trasladó unos 270 trabajadores a La China, ubicada a pocos metros, bajo el argumento de concentrar producción y bajar costos. Ese mismo año, la empresa había cerrado la planta de Tristán Suárez y desvinculado a 200 de sus 270 empleados.
La decisión de cerrar Becar, presentada en su momento como una reestructuración para preservar empleos, terminó desplazando todavía más presión sobre la planta que ahora quedó cerrada. La misma empresa que prometió preservar el empleo al cerrar Becar cerró La China seis meses después, con los mismos trabajadores adentro y con los salarios adeudados encima.
La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos citó a los directivos de Granja Tres Arroyos y a las federaciones del sector a una audiencia de carácter «urgente e indeclinable» en la ciudad de Paraná para restablecer los canales de diálogo, pero los empresarios se negaron a concurrir a la reunión del lunes. Aproximadamente 950 personas, la mayoría residentes de la ciudad y localidades cercanas, quedaron sin empleo y sin información clara sobre su futuro. El intendente José Lauritto calificó la situación como «dramática» y advirtió sobre las consecuencias económicas que podría tener el cierre para toda la ciudad.
La crisis se extiende a toda la estructura del grupo
La planta La China concentra la atención mediática, pero la crisis de GTA abarca toda su estructura operativa. En la planta de La Lonja se aplicó un esquema de tres días de trabajo semanales y el pago del 50% del salario en las jornadas sin actividad. La planta avícola Wade S.A., ex Cresta Roja y actualmente propiedad del grupo, frenó su actividad en el mismo contexto de atrasos salariales y deuda financiera.
Joaquín De Grazia, férreo defensor del gobierno de Javier Milei, complicado por la importación de pollos de Brasil.
Los datos de Wade confirman la dimensión sistémica del problema. La subsidiaria bajó su producción de 110.000 a 80.000 pollos diarios, una caída del 30% que la empresa respondió paralizando la planta completa los miércoles, jornada en la que los empleados cobran el 65% de su salario. Según el Banco Central, Wade acumula una deuda superior a los $6.000 millones, producto de 615 cheques rechazados por falta de fondos.
Carlos Stasiuk, referente de los despedidos de ex Cresta Roja, había advertido hace tiempo: «Se está haciendo una pelota gigante que en cualquier momento va a tener serias consecuencias.»
El historial de Cresta Roja como advertencia ignorada
La planta Wade es la misma que durante más de una década fue el emblema de la inestabilidad estructural del sector avícola argentino. Cresta Roja, propiedad de los hermanos Milenko e Ivo Rasic, empezó a acumular problemas económicos a fines de 2013, cuando la deuda de la firma alcanzó los 1.200 millones de pesos. En 2014, Rasic Hermanos se presentó a convocatoria de acreedores, emitió cheques sin fondos por 43 millones de pesos y dispuso cerca de 1.300 despidos, lo que derivó en un duro conflicto gremial con el sindicato de la Alimentación.
Para diciembre de 2015, la Justicia decretó la quiebra y, en abril del año siguiente, la firma fue adjudicada a Proteinsa por un total de USD 121 millones. Recién en 2018, tras dos años en los que Proteinsa nunca logró hacerse cargo plenamente de la operación, Granja Tres Arroyos asumió el control operativo de la planta, con el aval del gobierno nacional. En ese momento, el entonces presidente Mauricio Macri definió a Cresta Roja como «un ejemplo de fábrica».
El contraste con el presente resulta ilustrativo. Cresta Roja llegó a tener 3.500 trabajadores cuando comenzó su crisis en 2015. Hoy, en toda la cadena productiva de Wade que incluye producción de huevos, incubación, granjas de cría, molinos y frigoríficos, los empleados no llegan a 800. Además, GTA cerró y desmanteló la Planta 1 de Ezeiza para concentrar toda la producción en Esteban Echeverría.
La secuencia se repite con una regularidad que debería resultar inquietante: atraso de pagos, conflicto gremial, culpabilización de los trabajadores, cierre parcial, promesas de continuidad que no se cumplen. Uno de los temores que circula entre los operarios es que la empresa busque quedarse con el monopolio del mercado avícola y aplique planes de «reestructuración y vaciamiento» sobre cada planta que absorbe.
El empresario que aplaudió el modelo que lo hundió
Joaquín de Grazia, dueño de Granja Tres Arroyos, salió públicamente a defender la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La apertura de importaciones que integra ese mismo modelo instaló en las góndolas argentinas pollo brasileño a precios que la producción local resulta incapaz de igualar. En 2025, las importaciones de pollo de Brasil se acercaron a las 20.000 toneladas, con un crecimiento superior al 300% respecto al año anterior.
A eso se sumó el cierre del mercado europeo para la carne avícola argentina, por restricciones sanitarias vinculadas a un rebrote de gripe aviar, y el desplome del mercado chino: la participación de ese destino en el volumen exportado por GTA cayó del 33% al 25%, obligando a redirigir al mercado local mercadería producida para exportación. En el sector reconocen que la combinación de costos internos dolarizados, tarifas energéticas elevadas y un tipo de cambio que no acompaña la competitividad terminó de hacer inviable la ecuación.
«La crisis industrial empezó a revelar su costado más estructural y ya no distingue entre críticos y entusiastas del proyecto libertario.» — La Política Online, febrero de 2026
El mismo empresario que respaldó la apertura de importaciones hoy ve cómo el pollo brasileño desplaza su producción en las góndolas. El mismo que defendió la reforma laboral acusa a los trabajadores de destruir la empresa con sus reclamos salariales.
El modelo como causa, los trabajadores como consecuencia
El cierre de La China en Concepción del Uruguay es el capítulo más reciente de una crisis estructural con causas identificables que atraviesa a toda la industria avícola argentina. La combinación de apertura de importaciones, pérdida de mercados de exportación, deuda acumulada y decisiones de gestión de la familia de Grazia produjo un colapso que la empresa atribuye al gremio y que los números del Banco Central atribuyen a otra cosa.
Desde 2022, el 34% de la compañía es propiedad del gigante estadounidense Tyson Foods, y en medio del conflicto circularon versiones sobre una posible compra total del paquete accionario por parte de la firma americana. La incorporación de un actor de esa magnitud al esquema accionario no resolvió los problemas operativos, y abre interrogantes sobre el destino de la empresa y sus trabajadores en un escenario de mayor concentración del mercado.
La estructura de costos del pollo, uno de los principales sustitutos de la carne vacuna en la canasta familiar, depende de que esas plantas continúen operando. Para las casi mil familias de Concepción del Uruguay, ese debate económico ya tomó forma concreta: portones encadenados, custodia privada y ningún representante de la empresa dispuesto a dar la cara.
Paritarias: no hay acuerdo y la FTIA reclama actualizar salarios
La FTIA y la FIPAA volvieron a reunirse el 27 de mayo en el marco de las paritarias 2026-2027 del CCT 244/94 y levantaron la sesión sin resultados. La negociación pasa al 3 de junio. La federación insiste en actualizar las escalas salariales ante el deterioro del poder adquisitivo.
La FTIA abrió paritarias 2026-2027 con un reclamo urgente
La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) se reunió el 20 de mayo con la Cámara Empresaria FIPAA. Sin acuerdo por paritarias, la próxima audiencia es el miércoles 27 de mayo.
El 19 de mayo a las 11 horas se realizará la presentación oficial de Argentina Alimenta 2026, una feria internacional que buscará transformarse en uno de los grandes espacios de negocios, innovación y proyección internacional del sector alimentario y agroindustrial.
Argentina Alimenta 2026, busca convertirse en la primera gran feria internacional de la industria alimentaria del país, impulsada por COPAL, La Rural, Fira Barcelona y PROMArgentina. El evento llega en un momento de fuerte tensión. El sector que genera el 39% de las exportaciones nacionales y más de 416.000 puestos de trabajo formales enfrenta cierres de plantas, caída del consumo y una reforma laboral recién habilitada por la Justicia. La pregunta es si esa vitrina internacional tiene como correlato las condiciones para que la industria siga en pie.
El peso del sector
La industria de alimentos y bebidas es uno de los pilares estructurales de la economía argentina. Explica el 30% del PBI industrial y concentra el 33% del empleo industrial registrado, con más de 416.000 puestos formales directos.
Es, además, el principal motor exportador del país. Argentina ocupa el segundo lugar mundial entre los exportadores netos de alimentos, con presencia en todos los continentes y una diversidad productiva que abarca carnes, lácteos, galletería, aceites y productos orgánicos.
Esa base es la que le da sentido a Argentina Alimenta 2026. Del 17 al 19 de noviembre, La Rural de Buenos Aires será sede de la primera feria internacional específicamente dedicada al sector, con más de 300 expositores, rondas de negocios con compradores globales, workshops, espacios de innovación y demostraciones gastronómicas en más de 10.000 m2 de exhibición.
En marzo pasado, durante su presentación internacional en la feria Alimentaria de Barcelona, el sector se mostró bajo el concepto «confianza, capacidad y proyección global». El mensaje fue claro: la Argentina tiene escala, tradición y potencial para ser un actor central en el comercio alimentario mundial.
El evento en Barcelona tenía una agenda exportadora. Las condiciones internas de la industria quedaron fuera del escenario. Y son precisamente esas condiciones las que determinan si la proyección global tiene sustento real.
El tejido productivo se rompe por abajo
Desde noviembre de 2023 hasta diciembre de 2025, Argentina perdió 22.608 empresas, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo relevados por la organización Fundar. La cifra equivale a una reducción del 4,4% del total de unidades productivas del país.
La industria manufacturera registró la baja de 146 empresas solo en diciembre de 2025. Ese mes cerró con la pérdida de 670 empleadores respecto al anterior, consolidando la décimoquinta caída mensual consecutiva. Son los peores números en los primeros 25 meses de un gobierno desde 2003.
Argentina Alimenta busca promover la industria alimenticia a nivel internacional.
El sector alimentario concentró algunos de los cierres más emblemáticos. El Frigorífico San Roque, en Morón, cerró definitivamente y dejó a 140 trabajadores sin empleo. El Frigorífico General Pico desvinculó a casi 200 operarios. La planta de Lamb Weston en Munro despidió a 100 trabajadores. El STIA denunció en cada caso el «industricidio» que provoca la apertura indiscriminada de importaciones.
Las grandes empresas también registraron sacudidas de magnitud con cientos de despidos, reducción de turnos, suspensiones e incumplimientos de pagos. Casos como los de Paty, que suspendió a 450 operarios por deudas y desplome de ventas, se replican por todo el país en un contexto de desintegración del aparato productivo.
La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria. La reconstrucción del tejido productivo requiere, además, política industrial activa, paritarias que preserven el poder adquisitivo y educación pública de calidad. Argentina Alimenta 2026 puede ser la plataforma que el sector necesita para proyectarse globalmente.
Los motivos se repiten en toda la cadena: caída del consumo interno y avance de la competencia importada. Las dificultades para competir con bienes importados pasaron de cero menciones en octubre de 2024 al 19,4% de los problemas identificados por las empresas en enero de 2026. El 46,1% de las empresas identifica la caída de la demanda interna como su principal problema.
Detrás de cada cierre hay puestos de trabajo que se pierden, cadenas de valor que se interrumpen y economías regionales que pierden tracción.
Exportar alimentos con valor agregado requiere más que materia prima y maquinaria. Requiere trabajadores calificados, capaces de operar procesos tecnificados y de adaptarse a los estándares internacionales de calidad y trazabilidad.
El informe de Ceta Capital Humano sobre el mercado laboral del segundo semestre de 2025 ubicó a la producción alimenticia como el tercer sector en demanda de empleo, con el 13% de las búsquedas laborales. Solo la superaron logística y servicios.
La misma fuente advirtió que muchos puestos quedan vacantes por falta de formación específica. «Hay puestos disponibles que no siempre se logran cubrir por falta de capacitación específica», señaló Soledad Curbelo, coordinadora de Reclutamiento y Selección de Ceta Capital Humano.
Argenina Alimenta es impulsada de manera conjunta por La Rural, Fira Barcelona International, COPAL y PROMArgentina.
El trabajo conjunto entre empresas, instituciones educativas y programas de inclusión laboral aparece como una condición para fortalecer el talento disponible en el sector. La tecnología se integra cada vez más a procesos que antes eran puramente manuales, y la demanda de perfiles técnicos crece junto con esa transformación.
La paradoja es elocuente: el sector alimentario demanda perfiles formados en el mismo momento en que el financiamiento de la educación pública superior está en disputa. El gobierno de Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, el Congreso revirtió el veto y el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación por decreto en octubre de 2025.
La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) respondieron con una decisión política concreta: marcharon el 12 de mayo junto a docentes, investigadores y estudiantes en la cuarta Marcha Federal Universitaria, en adhesión a la convocatoria de la CGT.
La postura del gremio conecta educación, formación y producción industrial. La industria alimentaria que Argentina quiere proyectar al mundo necesita universidades públicas que formen a los técnicos y operarios del mañana.
El gremio como interlocutor razonable
En ese escenario complejo, la FTIA y el STIA construyen una posición que va más allá de la defensa de sus afiliados. Es una postura industrialista que apuesta a la producción y al empleo de calidad como ejes de un modelo de desarrollo.
El máximo referente del STIA Buenos Aires, Sergio Escalante, expresa esa visión con precisión: invertir en el bienestar del trabajador es una estrategia de productividad. El trabajador con derechos garantizados, bien remunerado y formado produce más y mejor, y esa ecuación beneficia a toda la cadena de valor.
Argentina Alimenta buscará reunir a empresarios, exportadores, industriales, autoridades nacionales y provinciales, representantes diplomáticos y medios especializados de toda la cadena de valor alimentaria.
La consigna «Sin salario no hay producción», que resonó en las fábricas y las redes sociales del sector durante las negociaciones paritarias, resume una verdad estructural que la feria de noviembre debería incluir en su agenda: la cadena exportadora empieza en la planta, y en la planta hay personas.
La FTIA convocó para el 26 de mayo un Plenario de Secretarios Generales de los STIA de todo el país. El objetivo es debatir las acciones a seguir ante el techo del 1% mensual que el Ministerio de Economía impone a las paritarias, mientras la inflación de abril cerró en 2,8%, casi triplicando esa pauta oficial.
El gremio busca negociar y sabe construir puentes con las cámaras empresarias. Esa capacidad de interlocución es un activo estratégico para el sector: un sindicato orientado a la producción y al empleo de calidad es un factor de estabilidad en la cadena de valor.
Alijor: el costo de la mala gestión
El caso de Alijor ilustra con precisión lo que ocurre cuando una empresa elige la precarización en lugar de la inversión. La firma, dueña de los panificados con la marca La Salteña y con planta en Garín, partido de Escobar, tiene demanda estable de productos esenciales. A pesar de eso, sus 180 trabajadores cobran los salarios de manera parcial y fuera de término desde finales de 2024.
La planta llegó a emplear a más de 320 personas hace una década. La gestión la redujo a poco más de la mitad. Los operarios denuncian que desde 2019 la empresa no les compra ropa de trabajo ni elementos de protección personal: hay compañeros que no pueden ingresar a la planta por falta de calzado de seguridad. El comedor fue eliminado hace dos años. Las cuentas bancarias de la firma están embargadas, y los sueldos se pagan en efectivo y en cuotas.
Alijor expone el alcance de una mala gestión que no respeta derechos laborales ni normas de control.
«Nos amenaza con un lock out patronal, nos dice «si no les gusta cómo les pago, cierro la fábrica y me voy del país»», relató Nicolás Viñas, delegado congresal del STIA. «Entrás a la fábrica y ves caras largas, la gente está desganada, cansada. En Alijor perdimos todos los derechos.»
El STIA responsabiliza directamente a la conducción de la empresa. El conflicto acumula casi veinte audiencias en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires sin avances concretos. Para el gremio, la situación de Alijor es «el resultado acumulado de años de desinversión y decisiones de gestión que la empresa nunca corrigió», según el comunicado institucional difundido esta semana.
La posición del sindicato distingue con claridad entre los efectos del contexto macroeconómico que afecta a todo el sector y las fallas internas de una empresa con marcas competitivas y demanda probada. El STIA identifica problemas graves en la comercialización, la planificación financiera y la distribución, y concluye que el costo de esa mala administración está siendo trasladado a los trabajadores.
La salida que plantea el gremio es industrialista: la continuidad productiva bajo una nueva administración, ya sea a través de la venta de la firma o del ingreso de un socio capitalista que aporte gestión profesional junto con el capital. Los tres puntos que el STIA pone como condición son claros: pago inmediato de los haberes adeudados, garantía de continuidad laboral para los 180 operarios y creación de una mesa tripartita de seguimiento integrada por la empresa, el sindicato y el Estado.
La historia también muestra que el gremio tiene resultados. Tras movilizaciones y un acampe sostenido en la puerta de la planta, el STIA logró en enero de 2026 un acuerdo que obligó a la empresa a pagar la deuda salarial acumulada. La presión colectiva, organizada y sostenida, fue la única herramienta que forzó una instancia de negociación real.
Sin estándares laborales, no hay mercado global
El caso Alijor tiene una dimensión que trasciende el conflicto puntual: expone una contradicción que el sector no puede ignorar cuando se proyecta al mundo.
Los mercados internacionales de alimentos con valor agregado exigen hoy mucho más que calidad de producto. Los grandes compradores globales —cadenas de supermercados europeas, distribuidores internacionales, importadores de mercados premium— incorporan criterios de sustentabilidad y responsabilidad social en sus procesos de selección de proveedores. Una empresa con veinte audiencias laborales sin resolución, salarios impagos y trabajadores sin elementos de seguridad no cumple esos estándares. Y una empresa que no los cumple no puede proyectarse como exportadora de calidad.
La FTIA mantiene el diálogo constante con autoridades y representantes de la cámara empmresaria.
La trazabilidad que demanda el mercado global incluye la trazabilidad de las condiciones laborales. Los estándares de ESG (environmental, social and governance) que rigen la compra de alimentos en mercados desarrollados contemplan explícitamente el tratamiento de la fuerza de trabajo. Una marca que quiera entrar en una cadena de supermercados europea o en un distribuidor de mercados de alto poder adquisitivo tiene que demostrar que sus productos se fabrican en condiciones dignas.
Dicho en términos concretos: el modelo de Alijor es incompatible con el objetivo de Argentina Alimenta. Una industria que maltrata a sus trabajadores erosiona la reputación de todo el sector exportador. Los escándalos laborales no quedan dentro de las fronteras del país; en la era de la información global, llegan a los compradores internacionales antes que los folletos de la feria.
El STIA, al defender los derechos de los trabajadores de Alijor con firmeza y con propuestas concretas orientadas a salvar la fuente de trabajo, cumple una función que va más allá de lo gremial. Actúa como un guardián de la reputación sectorial y como un promotor involuntario de los estándares que el mercado mundial exige. Un gremio que cuida a sus trabajadores también cuida la imagen del sector que quiere exportar.
La sustentabilidad no es un valor abstracto. Es un requisito de acceso al mercado global de alimentos. Y ese requisito empieza en la planta, en el salario, en los zapatos de seguridad y en el comedor que Alijor le quitó a sus operarios.
Una vitrina que necesita piso firme
Argentina Alimenta 2026 es una buena noticia para el sector. La articulación entre La Rural, COPAL, Fira Barcelona y PROMArgentina para organizar una feria internacional de esta escala es un paso en la dirección correcta.
Reunir a más de 300 expositores, compradores globales e instituciones del 17 al 19 de noviembre puede generar oportunidades reales de negocios y visibilidad para una industria que tiene con qué mostrarse al mundo.
Pero una vitrina necesita piso firme. El potencial exportador se construye con empresas que producen, con trabajadores que ganan lo suficiente para también consumir, con universidades que forman a los operarios del mañana y con un marco laboral que proteja los derechos en lugar de flexibilizarlos.
Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de PROMArgentina, afirmó en Barcelona que «Argentina hoy ofrece estabilidad, visión estratégica y oportunidades concretas para el desarrollo de la industria alimentaria». Es la narrativa que el gobierno proyecta al mundo. La industria y el movimiento sindical le agregan los matices que esa narrativa necesita para ser verdadera.
La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria. La reconstrucción del tejido productivo requiere, además, política industrial activa, paritarias que preserven el poder adquisitivo y educación pública de calidad. Argentina Alimenta 2026 puede ser la plataforma que el sector necesita para proyectarse globalmente.
Para que lo sea, la cadena de valor completa —empresas, trabajadores y estado— tiene que participar en condiciones de equidad. Sin esa ecuación, la feria corre el riesgo de ser una gran foto sin correlato en las plantas y los frigoríficos donde se produce lo que el mundo quiere comprar.
FTIA reelige a Morcillo y lanza su Observatorio de Datos
El 22 de abril, el Congreso Nacional ratificó la conducción encabezada por Hector Morcillo para el periodo 2026-2030 con el 100% de los votos y presentó una nueva herramienta de análisis sectorial.
La reforma laboral, los despidos en empresas del rubro y la presión sobre las paritarias marcaron el debate. El Congreso respondió con unidad: ratificó la conducción por unanimidad, lanzó una herramienta de datos propia y trazó la línea de acción para los próximos cuatro años.
Un Congreso en pleno temporal
La jornada incluyó instancias de capacitación y debate sobre la reforma laboral recientemente aprobada por el oficialismo y sectores aliados. Allí se analizaron los desafíos actuales, las estrategias para frenar su aplicación y la necesidad de continuar luchando en todos los frentes en defensa de los derechos conquistados.
Morcillo fue ratificado en el Congreso Nacional Ordinario de Delegadas y Delegados.
El Congreso sesionó tres semanas antes de que la jueza Marra Giménez levantara la cautelar de la CGT. En ese momento la suspensión de 81 artículos de la Ley 27.802 aún estaba vigente. El gremio ya debatía estrategias para el escenario que se habilitó el 8 de mayo.
La FTIA aprobó por unanimidad la memoria y el balance, respaldando el trabajo realizado por la conducción durante el último período. El respaldo unánime llegó en el inicio de un nuevo mandato que la federación asume con la reforma laboral activa y el CCT 244/94 bajo presión.
El CEPA aportó el diagnóstico económico del sector
El Congreso contó con los aportes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que brindó un panorama pormenorizado de la situación económica actual, aportando herramientas para la comprensión del contexto.
El CEPA trazó el impacto de la apertura comercial, la caída del consumo y la conflictividad laboral creciente sobre la industria alimentaria. Los datos sostienen el diagnóstico que el gremio viene formulando desde el inicio del gobierno de Milei: el sector absorbe el ajuste en forma de despidos, suspensiones e incumplimientos salariales.
Morcillo tiene la responsabilidad de conducir la FTIA en un contexto de fuertes ataques a los trabajadores industriales.
La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación expresó su preocupación y repudio por la situación que atraviesan varias empresas del rubro, las cuales generan suspensiones, despidos y falta de pago de haberes. Los casos más emblemáticos son Lamb Weston, con más de 100 trabajadores despedidos en su planta de Munro, y Granja Tres Arroyos, donde corren riesgo unos 700 puestos de trabajo.
El Observatorio de Datos, una herramienta de lucha
A partir del diagnóstico presentado por el CEPA, se anunció el lanzamiento del Observatorio de Datos de la FTIA, una herramienta clave para fortalecer el análisis y la producción de información propia del sector.
Rodolfo Daer y Sergio Escalante acompañaron la reelección de Héctor Morcillo.
La decisión tiene una lógica política clara. Ante un gobierno que disputa el relato sobre el mercado laboral con estadísticas propias —y que en las paritarias usa techos inflacionarios como argumento—, el gremio desarrolla capacidad de análisis independiente.
El Observatorio cubrirá empleo, salarios, condiciones de trabajo y conflictividad en la industria alimentaria. La información propia fortalece la posición negociadora del gremio en paritarias y en la arena pública.
La conducción renovada para un período clave
En el tramo final del Congreso se llevó a cabo la renovación de autoridades. La Lista Verde fue elegida con la totalidad de los votos. Junto a Morcillo, la conducción quedó integrada por Daniel Leo, del STIA Provincia de Buenos Aires, como secretario adjunto, y Rodolfo Daer, del STIA Buenos Aires, como tesorero, entre otros representantes de los distintos sindicatos de la actividad en todo el país, para el período 2026-2030.
La composición refleja el peso institucional de las tres filiales más grandes del país. Morcillo, histórico conductor del STIA Córdoba, encabeza la federación por segundo mandato consecutivo. Daer, que durante cuatro décadas condujo el STIA Buenos Aires y cedió la secretaría general a Sergio Escalante, asume el rol de tesorero de la federación.
La línea de acción para los próximos cuatro años
«La FTIA reafirma el camino de la organización y la unidad para enfrentar cada ataque de los sectores concentrados y sostener la solidaridad como bandera, en defensa del salario, de las condiciones laborales y de todos y cada uno de los derechos conquistados.» — Conducción FTIA, Congreso Nacional Ordinario, 22 de abril de 2026.
La FTIA ratificó su línea de acción basada en la organización, la unidad y la solidaridad, y advirtió sobre el impacto del actual escenario económico en el sector.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalló la situación económica actual.
Los cuatro años que se abren presentan tres frentes simultáneos: la reforma laboral en vigencia plena, paritarias que el Ejecutivo intentó frenar con techos salariales, y empresas que trasladan el ajuste a los trabajadores. El Observatorio de Datos y la continuidad de la conducción son las dos apuestas institucionales con las que la FTIA encara ese escenario.
Las paritarias y la cláusula de revisión
En el pre-acuerdo de marzo, la FTIA y la cámara empresaria FIPAA establecieron un aumento del 9,67% sobre las escalas para abril de 2026 y una suma no remunerativa de $100.000 para la categoría inicial, con una cláusula de revisión para monitorear la evolución del poder adquisitivo.
El STIA Buenos Aires caracterizó el acuerdo como una victoria arrancada en un contexto de hostilidad oficial: el Gobierno de Milei, sostuvo el gremio, intentó por todos los medios que no hubiera aumento, imponiendo techos salariales y demorando homologaciones.
Con la reforma laboral en vigencia y el tope del 2% sobre las remuneraciones para aportes sindicales, las próximas rondas paritarias serán el primer test del nuevo marco normativo sobre la capacidad negociadora de la FTIA y el STIA.
La reforma laboral rige en pleno y presiona al CCT 244/94
La jueza federal Marra Giménez levantó la cautelar contra la reforma laboral. La Ley 27.802 rige en pleno y el sector alimentario enfrenta cambios concretos.
El gremio de Alimentación participará de la cuarta Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo en defensa de la educación pública y el empleo de calidad. Desde la filial que conduce Sergio Escalante convocaron a concentrar a las 14 h. en la sede del STIA Buenos Aires.
Alimentación marcha el 30 abril por trabajo, salario y dignidad
El STIA Buenos Aires, liderado por Sergio Escalante, convoca a sus trabajadores a movilizarse junto a la CGT en rechazo a la reforma laboral de Milei y la caída del poder adquisitivo.
El movimiento obrero argentino llega al 30 de abril en un estado de tensión que no se veía en años. La Confederación General del Trabajo convocó a una marcha masiva a Plaza de Mayo en la víspera del Día del Trabajador. El sector de la alimentación adhirió al llamado de la central obrera y llamó a las trabajadoras y trabajadores a sumarse a la columna del movimiento obrero organizado. La consigna que enarbola el gremio es clara, el trabajo es con derechos o es esclavitud.
Una marcha que viene desde lejos
La convocatoria no surgió de un día para el otro. El triunvirato de la CGT —integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Oscar Argüello— anunció la movilización tras un análisis exhaustivo de la situación laboral y económica del país.
Sola fue directo: la marcha reclama la caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario y el endeudamiento familiar. El representante del sector de seguros no escondió nada. Dijo que el Gobierno impone un techo por debajo de la inflación a las paritarias. Eso, para el movimiento sindical, es control de salarios.
La movilización partirá en columnas desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La concentración está prevista para las 17 horas en Plaza de Mayo. Ese mismo escenario histórico recibirá también un homenaje al papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025. La CGT reconoce su defensa constante del mundo del trabajo.
El lema elegido por la central obrera resume la postura: «Defender el empleo de calidad es proteger el futuro del pueblo argentino.»
La reforma laboral: el centro del conflicto
El detonante más inmediato de la marcha tiene nombre: Ley de Modernización Laboral, la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei. El Senado la aprobó el 27 de febrero con 42 votos a favor y 28 en contra. El Congreso la convirtió en ley el 20 de ese mismo mes.
La norma tiene 218 artículos y modifica de raíz la estructura del derecho laboral argentino. Los sindicatos la califican de regresiva y contraria a la Constitución Nacional.
Entre los cambios más cuestionados por el movimiento obrero se encuentra la eliminación de la ultraactividad. Hasta ahora, los convenios colectivos mantenían su vigencia hasta que se firmara uno nuevo. Con la reforma, eso desaparece. Los convenios vencen y no hay garantía de continuidad.
La reforma también prioriza los acuerdos por empresa por sobre los convenios sectoriales. Para los sindicatos, eso pulveriza la negociación colectiva centralizada. Las indemnizaciones por despido también cambian: se crean mecanismos alternativos que pueden reemplazar la indemnización tradicional. La CGT sostiene que eso reduce la protección del trabajador ante un despido injustificado.
Hay más. Se eliminó el principio jurídico del «in dubio pro operario», que mandaba fallar a favor del trabajador en caso de duda interpretativa. Se restringen las huelgas. Se imponen límites a las asambleas dentro y fuera de los lugares de trabajo. Se deroga la ley de teletrabajo. Los trabajadores de plataformas digitales quedan definidos como independientes.
El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, no tuvo medias tintas. Calificó la reforma de «maliciosa» y contraria a la carta magna. Jorge Sola fue todavía más claro: el Gobierno viola el principio de progresividad que marcan la Constitución y los tratados internacionales. Un derecho social ganado, dijo, no puede retroceder.
La pelea judicial: un fallo aberrante
El conflicto entre la CGT y el Gobierno no quedó en las calles. Llegó a la Justicia. El juez Raúl Ojeda suspendió de manera provisoria 82 artículos de la ley. Fue un fallo que el movimiento sindical celebró como una victoria parcial.
Pero el triunfo duró poco. La Cámara Nacional del Trabajo dejó sin efecto esa cautelar. El fallo habilitó la aplicación de la reforma. Y al día siguiente, en el Boletín Oficial, apareció publicada la extensión del mandato de uno de los jueces que firmó esa resolución.
Jerónimo llamó a eso «aberrante». Fue más allá: habló de «obscenidad institucional». Dijo que el hecho pone un grado de gravedad institucional que genera dudas sobre los procesos democráticos del país.
La CGT respondió en los tribunales. El secretario adjunto Andrés Rodríguez confirmó que la central apelará el fallo. El equipo jurídico evalúa además la recusación del magistrado cuestionado. La pelea legal no terminó.
Un juzgado de primera instancia laboral aportó otro dato de peso: el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 decidió mantener la causa en el fuero laboral, rechazando el intento del Gobierno de llevarla al fuero Contencioso Administrativo Federal. El magistrado declaró que el expediente debate instituciones exclusivamente laborales: plataformas, laboralidad, contratos a plazo, indemnizaciones, vacaciones, huelga, negociación colectiva.
Fue, en palabras de Escalante, una señal que el movimiento obrero organizado debe sostener y ampliar.
Los reclamos sobre la mesa
La reforma laboral es el eje, pero no el único reclamo, el movimiento sindical acumula una lista de agravios concretos.
El primero es la pérdida del poder adquisitivo. Jorge Sola lo describió como un ajuste brutal que comenzó el día que Milei asumió. La caída no discrimina: afecta a trabajadores formales, informales y monotributistas. El endeudamiento familiar creció. Los salarios perdieron terreno frente a los precios mes a mes.
Los gremios marcharán a Plaza de Mayo en la tarde de este jueves para reclamar por la situación económica del país y en contra de la reforma laboral.
El segundo reclamo apunta a las paritarias. La CGT denuncia que el Gobierno impone techos por debajo de la inflación. Para los sindicatos, eso equivale a convalidar una reducción salarial encubierta. El mecanismo de homologación de acuerdos se convierte, denuncian, en un instrumento de control.
El tercer punto es la política económica en general. La CGT critica los cambios en el sistema aduanero impulsados por el ministro Federico Sturzenegger. También cuestiona la apertura importadora, que golpea directamente a la industria nacional y amenaza puestos de trabajo.
Jerónimo resumió el malestar en una frase: «El clima social va a cambiar. La gente está muy enojada. No le alcanza para llegar a fin de mes.»
La central sindical fue un paso más allá. Anunció que publicará su propio índice de inflación para contrastar con los datos del INDEC. La decisión deja en claro que la CGT no reconoce como válidas las cifras oficiales de pobreza e inflación.
El sector se une: gremios y federaciones detrás de la CGT
La marcha del 30 de abril no es solo de la CGT. Es del movimiento obrero en sentido amplio. Gremios de distintos sectores ratificaron su adhesión a la convocatoria.
La UPCN, la UOCRA, los trabajadores de Sanidad, Camioneros y el gremio de Judiciales confirmaron su participación. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) también se sumó. Desde los barrios populares, la organización social acompañó los reclamos con relevamientos propios sobre la caída del poder adquisitivo.
El Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa se preparan para extender la protesta durante todo mayo con actividades en distintas provincias.
El conlficto social se agrava mientras el gobierno de Milei se hunde en escándalos de corrupción.
El frente sindical que enfrenta al Gobierno incluye también a sectores que históricamente mantuvieron una relación más moderada con el poder. El punto de quiebre fue la reforma laboral. Incluso gremios que negociaron con el oficialismo durante los primeros meses de gestión cerraron filas contra la ley.
La Federación Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) también se posicionó. El sector cerró un preacuerdo paritario en marzo que incluyó un aumento del 9,67% sobre los salarios de diciembre y un bono de 100.000 pesos para la categoría inicial. La cláusula de revisión para mayo es señal de que la discusión salarial no está cerrada.
Alimentación en la calle: la proclama del STIA Buenos Aires
El STIA Buenos Aires, con Sergio Escalante al frente, convoca a sus trabajadores con un mensaje que alude a la necesidad de luchar de forma colectiva y en unidad. La fecha es el jueves 30 de abril ye punto de encuentro es la sede del sindicato, a las 11 de la mañana.
«Este 30 de abril salimos a la calle con todo el movimiento obrero», dice la proclama del sindicato. «Estamos en un momento bisagra: la sociedad comenzó a darse cuenta a qué vino este Gobierno.»
El STIA Buenos Aires es uno de los sindicatos con mayor peso en la estructura de la CGT. Escalante ocupa además el cargo de secretario de Interior de la central obrera. Esa posición le da a la filial un rol político que va más allá de la representación sectorial.
El STIA Buenos Aires convoca a marchar en defensa de los derechos adquiridos.
La proclama es directa y sin rodeos. El ajuste que prometía caer sobre «la casta» lo están pagando los trabajadores. El sindicato llama a no mirar para otro lado. Defiende el trabajo, el salario y la dignidad como banderas irrenunciables. La industria nacional y cada familia trabajadora están en el centro de la disputa.
El llamado termina con una consigna que resume la postura del gremio: «La patria no se vende, se defiende.»
El STIA Buenos Aires, con Sergio Escalante al frente, convoca a sus trabajadores con un mensaje que alude a la necesidad de luchar de forma colectiva y en unidad. La fecha es el jueves 30 de abril ye punto de encuentro es la sede del sindicato, a las 11 de la mañana.
Las palabras de Escalante completan el cuadro. En distintas declaraciones públicas, el secretario general del STIA definió la reforma laboral como «inconstitucional» y advirtió que el Gobierno quiere una Argentina «pre peronista», sin las leyes favorables a los trabajadores incorporadas desde 1945. Dijo que la reforma aumentará los juicios laborales y que la Justicia será la herramienta que el trabajador usará para defenderse.
Para Escalante, el STIA no reaccionará con medidas aisladas. La estrategia combina movilización política y negociación técnica. El acuerdo histórico firmado con Mondelez —que garantizó la estabilidad de más de 2.300 trabajadores durante doce meses y obligó a la empresa a producir en el país mercadería que antes se importaba— es la prueba de que esa combinación da resultados.
«Este acuerdo es un ejemplo de cómo el sindicato, con sus propias fuerzas, pone el bienestar de las familias trabajadoras por encima de todo», declaró Escalante hace algunas semanas tras firmar el convenio en la planta de Pacheco.
Otras filiales de Alimentación se suman a la columna
La convocatoria del STIA Buenos Aires no es una voz aislada dentro del sector. Otras filiales de la Federación Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) se suman a la movilización del 30 de abril.
El STIA de la Provincia de Buenos Aires, el STIA Santa Fe, el STIA Córdoba y el STIA San Rafael, Mendoza, son parte de una estructura nacional que cubre a decenas de miles de trabajadores del sector en todo el país. El Convenio Colectivo de Trabajo 244/94, marco que regula a unos 80.000 trabajadores de la alimentación, es uno de los que la reforma laboral amenaza con afectar directamente.
El gremio de Alimentación vuelve a marchar para resistir la reforma laboral.
La industria alimenticia es uno de los pocos sectores que resistió la contracción general. Mientras la industria acumuló ocho meses consecutivos de retroceso, el rubro de alimentos y bebidas registró un crecimiento interanual del 0,9% en el primer bimestre de 2026. Pero esa relativa estabilidad no alcanza para frenar el deterioro salarial ni para blindar los puestos de trabajo frente a una política económica que desalienta la producción nacional.
Las filiales provinciales entienden que la marcha del 30 de abril no es solo un acto sindical. Es una demostración de fuerza organizada en un momento que el propio STIA Buenos Aires calificó de «bisagra». La reforma laboral está en vigencia, aunque con artículos suspendidos. La batalla judicial continúa. Y la calle, este jueves, vuelve a ser el campo de disputa del movimiento obrero argentino.
La CGT no descarta ir más lejos
La marcha del 30 de abril es una advertencia para la gestión libertaria, no el punto final. Jerónimo fue explícito: si la situación se agrava, un paro general vuelve a la agenda. En febrero de 2026 la CGT ya ejecutó una medida de fuerza de ese tipo. La posibilidad de repetirla está sobre la mesa.
El dirigente también apuntó contra los gobernadores que no alzaron la voz frente al proceso. Criticó al Ejecutivo por usar temas como la soberanía de las Islas Malvinas para desviar la atención de los problemas internos. «Están jugando con la vida de los trabajadores», dijo. La central obrera se prepara además para el terreno político. Jerónimo anunció que la CGT trabaja en la construcción de una alternativa amplia que trascienda al peronismo tradicional.
El movimiento obrero argentino llega al 30 de abril unido y con agenda propia. La reforma laboral condensa mucho más que el ataque a los derechos adquiridos, el reclamo también es por deterioro del salario real, la pérdida de puestos de trabajo formales, la caída abrupta de la capacidad industrial instalada y el abandono del sistema de salud y educación. La marcha de este jueves unifica reclamos que el movimiento sindical lleva a Plaza de Mayo bajo la bandera de la lucha contra la reforma y el pedido de cambios inmediatos ante el colapso económico y social.
Reforma laboral: la UIA entra a la causa judicial mientras gremios defienden la cautelar
La central fabril apeló la medida que suspendió 82 artículos de la Ley 27.802 y pidió intervenir como parte. FTIA y STIA Buenos Aires ratifican su respaldo a la estrategia sindical que logró frenar el núcleo de la reforma laboral.
