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  • El STIA participó del primer Congreso Bonaerense del Trabajo

    El STIA participó del primer Congreso Bonaerense del Trabajo

    El STIA participó del primer Congreso Bonaerense del Trabajo

    El movimiento obrero bonaerense construye la alternativa al modelo de destrucción productiva. Sergio Escalante presentó un programa industrial en Mar del Plata en el primer Congreso Bonaerense del Trabajo.

     

    El 28 y 29 de mayo de 2026, Mar del Plata fue sede del primer Congreso Bonaerense del Trabajo, convocado bajo el lema «Por una construcción federal del mundo laboral». El encuentro, organizado por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, reunió al gobierno provincial, municipios, organizaciones sindicales, cámaras empresariales, el sector cooperativo y el ámbito académico en un espacio de diálogo social orientado a fortalecer el trabajo decente, la producción y la inclusión laboral.

    El congreso reunió durante dos jornadas a más de seis mil participantes, y se desarrolló con 26 comisiones de debate en las que se analizaron las distintas problemáticas del mundo laboral. La convocatoria desbordó las expectativas de los organizadores: el ministerio calculó que solo la primera jornada reunió a más de tres mil personas entre trabajadores, empresarios, funcionarios, secretarios generales, representantes de la iglesia, la salud y la industria.

    La apertura del encuentro tuvo lugar en el salón «Atlantic» del Hotel 13 de Julio, que para el congreso fue rebautizado «Norberto Centeno», en homenaje al histórico abogado laboralista desaparecido durante la última dictadura militar. El gesto inaugural trazó una línea de continuidad entre la memoria del movimiento obrero y la construcción de políticas laborales hacia el futuro.

    Un diagnóstico que el movimiento obrero sostiene con cifras

    El contexto que enmarcó los debates es concreto y urgente. Correa señaló que existen más de 300 mil trabajadores y trabajadoras despedidos en un proceso que calificó de «industricidio feroz», mucho más veloz que lo ocurrido en los ’90 y más acelerado que el período de Macri.

    El ministro aportó datos precisos: la provincia de Buenos Aires concentra más del 50% de la industria nacional, y las políticas del gobierno de Milei afectan de manera directa al pueblo trabajador bonaerense. Como caso emblemático de ese proceso, el funcionario mencionó la situación de Granja Tres Arroyos, donde peligran 3.200 puestos de trabajo en cinco distritos, a causa de la caída del consumo interno y la paralización de las exportaciones a China.

    El gobernador Axel Kicillof, y el ministro de Trabajo, Walter Correa, encabezaron el cierre del primer Congreso Bonaerense de Trabajo.

    El impacto del modelo alcanza al conjunto de la estructura productiva. Kicillof señaló que los únicos sectores que crecen son el primario y el financiero, que generan poco empleo, mientras se desploman la industria, el comercio y la construcción. La advertencia apunta a una economía que premia la especulación y castiga la producción: el gobernador sostuvo que el mundo protege su industria y sus recursos estratégicos, pero en Argentina se impulsa un modelo que invita a las corporaciones extranjeras a llevarse todo sin dejar valor en el país.

    «Por las políticas económicas del Gobierno nacional ya cerraron 24 mil empresas y se perdió medio millón de puestos de trabajo.» — Axel Kicillof, cierre del Congreso Bonaerense del Trabajo

    La destrucción productiva como política deliberada

    El Congreso instaló con claridad un argumento que el movimiento obrero sostiene desde el inicio de la gestión nacional: el deterioro del empleo y la industria son el resultado de decisiones políticas, y corresponde enfrentarlos con construcción política. Walter Correa cuestionó la política nacional y sostuvo que el país atraviesa un «industricidio feroz, peor que en los 90 y más rápido que en el proceso de Macri».

    El ministro explicó que la provincia enfrenta una problemática compleja, dado que más del 50% de la industria nacional está radicada en el territorio bonaerense, y todas esas actividades sufren el impacto de las políticas de ajuste.

    Correa fue categórico al calificar el proceso como un «industricidio»: «La desindustrialización es una política deliberada que busca destruir el aparato productivo nacional. Y desde el ministerio de Trabajo de la provincia estamos comprometidos en defender las fuentes laborales y en promover políticas que fomenten la industrialización y el empleo genuino».

    Los debates del Congreso se vertebraron sobre esa lectura compartida. En las 26 comisiones se abordaron las diferentes situaciones que afectan al mundo del trabajo, provocadas por las medidas de apertura y desregulación de la economía implementadas por el gobierno nacional. Las discusiones incorporaron también los desafíos emergentes: la inclusión laboral, el trabajo en plataformas digitales, la prevención de la violencia laboral, el trabajo rural, la erradicación del trabajo infantil y el fortalecimiento de la economía social y cooperativa.

     

    El Consejo Bonaerense del Trabajo: una herramienta institucional

    El Congreso no fue solo un espacio de diagnóstico. En su marco se realizó la primera Asamblea del Consejo Bonaerense del Trabajo, un ámbito institucional creado para pasar del debate a la política concreta. El Consejo fue creado mediante la Resolución Nº 37/2026 de la cartera laboral y funciona como un ámbito institucional de diálogo y articulación entre el gobierno provincial, los municipios bonaerenses, las centrales sindicales, los sectores de la producción y otros actores relevantes del mundo laboral.

    Walter Correa designó a Gustavo Mariani como coordinador ejecutivo del espacio.

    Axel Kicillof propuso discutir el futuro del empleo con una perspectiva federal.

     

    Presidido por Correa, el Consejo contó con la participación de ministros bonaerenses, intendentes, funcionarios de áreas laborales municipales, representantes de las tres centrales obreras y entidades empresarias como la UIPBA y la CGERA.

    El objetivo del Consejo es claro: promover el diseño y la implementación de políticas públicas laborales con enfoque territorial, federal y participativo, orientadas a fomentar el trabajo digno, fortalecer la equidad en el acceso y permanencia en el empleo, y atender las particularidades sociales, económicas y productivas de las distintas regiones de la provincia.

    Correa destacó que en el Congreso participaron representantes de todos los sectores: el trabajo, la industria y la iglesia. «Aquí hubo representación de las 24 provincias argentinas, con sus diferentes realidades, porque este fue un Congreso federal, y no uno unitario», concluyó el ministro.

    Kicillof y la apuesta por una Argentina productiva

    El gobernador Axel Kicillof encabezó el acto de cierre y trazó el horizonte político del encuentro. En su discurso señaló que la Argentina enfrenta el riesgo de profundizar un rumbo que ya causó daños irreparables al tejido productivo y laboral.

    «Los argentinos sabemos muy bien que no hay proyecto de país si no hay participación popular del movimiento obrero y de los empresarios genuinos y nacionales. Este Congreso llegó para demostrar que hay otro camino: el de una Nación con ciencia, educación, industria y empleo. Eso es lo que vinimos a reafirmar hoy: gobernar es cuidar a los nuestros y crear trabajo», subrayó.

    Correa, por su parte, destacó que el Congreso permitió al gobernador «otorgarle un marco institucional al debate que siempre tenemos dentro de todas las organizaciones: debatir estas cuestiones del mundo del trabajo».

    El encuentro contó con la presencia de referentes sindicales de primera línea, entre ellos Héctor Daer, Hugo Moyano hijo y Octavio Argüello, el triunviro de la CGT, junto a ministros provinciales y representantes de organismos internacionales.

    El STIA Buenos Aires llevó programa al Congreso

    El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Buenos Aires tuvo participación directa en el Congreso Bonaerense del Trabajo. Sergio Escalante, secretario general del STIA Buenos Aires, y miembros del Consejo Directivo estuvieron presentes en las dos jornadas de debate e intercambio.

    La presencia del STIA fue activa y propositiva. Durante las jornadas, Escalante expuso un programa estratégico para el desarrollo industrial, construido desde la experiencia del gremio y desde las realidades concretas que el sector comparte con las empresas de la alimentación.

    El STIA llevó propuestas al Congreso Bonaerense del Trabajo

     

    El programa que presentó Escalante es consecuente con la línea que el STIA Buenos Aires sostiene desde hace tiempo: el trabajo, la producción y la industria son los motores del desarrollo de cada argentino y de cada argentina. Esa orientación industrialista y de construcción cooperativa con el sector empleador distingue al gremio alimentario dentro del movimiento obrero bonaerense.

    La participación en el Congreso reafirmó el compromiso del STIA Buenos Aires con el diálogo, con la construcción federal y con la búsqueda de un modelo de país con inclusión. El sindicato lleva a los espacios de deliberación colectiva la misma convicción que orienta su práctica gremial cotidiana: la defensa del empleo genuino y la apuesta por la industria nacional.

    «Necesitamos un modelo de país con inclusión, donde el trabajo, la producción y la industria sean los motores del desarrollo de cada argentino.» — Sergio Escalante, secretario general del STIA Buenos Aires

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    Una construcción que el movimiento obrero sostiene con hechos

    El primer Congreso Bonaerense del Trabajo dejó instalado un debate sobre el modelo productivo en un momento en que las consecuencias del ajuste se miden en cierres de empresas, despidos y caída de los ingresos reales. La articulación entre sindicatos, empresas, municipios y el gobierno provincial para diseñar políticas públicas orientadas al trabajo digno es la respuesta institucional a ese proceso.

    Carla Gaudensi, secretaria general de la FATPREN, resumió el espíritu del encuentro: «La iniciativa del ministro Correa y del gobernador Kicillof es muy importante en un momento donde los trabajadores y el mundo laboral está siendo fuertemente atacado por las políticas del gobierno de Javier Milei».

    El Congreso Bonaerense del Trabajo es un punto de partida. El Consejo Bonaerense del Trabajo, con representación de los 135 municipios y las centrales obreras, tiene la responsabilidad de transformar ese debate en política pública. El movimiento obrero bonaerense lleva al espacio institucional lo que sostiene en la calle, en las paritarias y en el trabajo cotidiano de cada gremio: que el desarrollo del país pasa por la industria, por el empleo formal y por la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

  • Gases y palos contra quienes defienden el INTI

    Gases y palos contra quienes defienden el INTI

    Gases y palos contra quienes defienden el INTI

    El STIA Buenos Aires marchó junto a trabajadores, empresarios y gremios en San Martín en defensa del INTI. La Policía de la Ciudad reprimió fuera de su jurisdicción con gases y palos.

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  • Argentina Alimenta: la industria frente al espejo

    Argentina Alimenta: la industria frente al espejo

    Argentina Alimenta: la industria frente al espejo

    El 19 de mayo a las 11 horas se realizará la presentación oficial de Argentina Alimenta 2026, una feria internacional que buscará transformarse en uno de los grandes espacios de negocios, innovación y proyección internacional del sector alimentario y agroindustrial.

     

    Argentina Alimenta 2026, busca convertirse en la primera gran feria internacional de la industria alimentaria del país, impulsada por COPAL, La Rural, Fira Barcelona y PROMArgentina. El evento llega en un momento de fuerte tensión. El sector que genera el 39% de las exportaciones nacionales y más de 416.000 puestos de trabajo formales enfrenta cierres de plantas, caída del consumo y una reforma laboral recién habilitada por la Justicia. La pregunta es si esa vitrina internacional tiene como correlato las condiciones para que la industria siga en pie.

     

    El peso del sector

    La industria de alimentos y bebidas es uno de los pilares estructurales de la economía argentina. Explica el 30% del PBI industrial y concentra el 33% del empleo industrial registrado, con más de 416.000 puestos formales directos.

    Es, además, el principal motor exportador del país. Argentina ocupa el segundo lugar mundial entre los exportadores netos de alimentos, con presencia en todos los continentes y una diversidad productiva que abarca carnes, lácteos, galletería, aceites y productos orgánicos.

    Esa base es la que le da sentido a Argentina Alimenta 2026. Del 17 al 19 de noviembre, La Rural de Buenos Aires será sede de la primera feria internacional específicamente dedicada al sector, con más de 300 expositores, rondas de negocios con compradores globales, workshops, espacios de innovación y demostraciones gastronómicas en más de 10.000 m2 de exhibición.

    En marzo pasado, durante su presentación internacional en la feria Alimentaria de Barcelona, el sector se mostró bajo el concepto «confianza, capacidad y proyección global». El mensaje fue claro: la Argentina tiene escala, tradición y potencial para ser un actor central en el comercio alimentario mundial.

    El evento en Barcelona tenía una agenda exportadora. Las condiciones internas de la industria quedaron fuera del escenario. Y son precisamente esas condiciones las que determinan si la proyección global tiene sustento real.

     

    El tejido productivo se rompe por abajo

    Desde noviembre de 2023 hasta diciembre de 2025, Argentina perdió 22.608 empresas, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo relevados por la organización Fundar. La cifra equivale a una reducción del 4,4% del total de unidades productivas del país.

    La industria manufacturera registró la baja de 146 empresas solo en diciembre de 2025. Ese mes cerró con la pérdida de 670 empleadores respecto al anterior, consolidando la décimoquinta caída mensual consecutiva. Son los peores números en los primeros 25 meses de un gobierno desde 2003.

    Argentina Alimenta busca promover la industria alimenticia a nivel internacional.

     

    El sector alimentario concentró algunos de los cierres más emblemáticos. El Frigorífico San Roque, en Morón, cerró definitivamente y dejó a 140 trabajadores sin empleo. El Frigorífico General Pico desvinculó a casi 200 operarios. La planta de Lamb Weston en Munro despidió a 100 trabajadores. El STIA denunció en cada caso el «industricidio» que provoca la apertura indiscriminada de importaciones.

    Las grandes empresas también registraron sacudidas de magnitud con cientos de despidos, reducción de turnos, suspensiones e incumplimientos de pagos. Casos como los de Paty, que suspendió a 450 operarios por deudas y desplome de ventas, se replican por todo el país en un contexto de desintegración del aparato productivo.

    La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria. La reconstrucción del tejido productivo requiere, además, política industrial activa, paritarias que preserven el poder adquisitivo y educación pública de calidad. Argentina Alimenta 2026 puede ser la plataforma que el sector necesita para proyectarse globalmente.

    Los motivos se repiten en toda la cadena: caída del consumo interno y avance de la competencia importada. Las dificultades para competir con bienes importados pasaron de cero menciones en octubre de 2024 al 19,4% de los problemas identificados por las empresas en enero de 2026. El 46,1% de las empresas identifica la caída de la demanda interna como su principal problema.

    Detrás de cada cierre hay puestos de trabajo que se pierden, cadenas de valor que se interrumpen y economías regionales que pierden tracción.

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    El eslabón que falta: la mano de obra calificada

    Exportar alimentos con valor agregado requiere más que materia prima y maquinaria. Requiere trabajadores calificados, capaces de operar procesos tecnificados y de adaptarse a los estándares internacionales de calidad y trazabilidad.

    El informe de Ceta Capital Humano sobre el mercado laboral del segundo semestre de 2025 ubicó a la producción alimenticia como el tercer sector en demanda de empleo, con el 13% de las búsquedas laborales. Solo la superaron logística y servicios.

    La misma fuente advirtió que muchos puestos quedan vacantes por falta de formación específica. «Hay puestos disponibles que no siempre se logran cubrir por falta de capacitación específica», señaló Soledad Curbelo, coordinadora de Reclutamiento y Selección de Ceta Capital Humano.

    Argenina Alimenta es impulsada de manera conjunta por La Rural, Fira Barcelona International, COPAL y PROMArgentina.

     

    El trabajo conjunto entre empresas, instituciones educativas y programas de inclusión laboral aparece como una condición para fortalecer el talento disponible en el sector. La tecnología se integra cada vez más a procesos que antes eran puramente manuales, y la demanda de perfiles técnicos crece junto con esa transformación.

    La paradoja es elocuente: el sector alimentario demanda perfiles formados en el mismo momento en que el financiamiento de la educación pública superior está en disputa. El gobierno de Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, el Congreso revirtió el veto y el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación por decreto en octubre de 2025.

    La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) respondieron con una decisión política concreta: marcharon el 12 de mayo junto a docentes, investigadores y estudiantes en la cuarta Marcha Federal Universitaria, en adhesión a la convocatoria de la CGT.

    La postura del gremio conecta educación, formación y producción industrial. La industria alimentaria que Argentina quiere proyectar al mundo necesita universidades públicas que formen a los técnicos y operarios del mañana.

     

    El gremio como interlocutor razonable

    En ese escenario complejo, la FTIA y el STIA construyen una posición que va más allá de la defensa de sus afiliados. Es una postura industrialista que apuesta a la producción y al empleo de calidad como ejes de un modelo de desarrollo.

    El máximo referente del STIA Buenos Aires, Sergio Escalante, expresa esa visión con precisión: invertir en el bienestar del trabajador es una estrategia de productividad. El trabajador con derechos garantizados, bien remunerado y formado produce más y mejor, y esa ecuación beneficia a toda la cadena de valor.

    Argentina Alimenta buscará reunir a empresarios, exportadores, industriales, autoridades nacionales y provinciales, representantes diplomáticos y medios especializados de toda la cadena de valor alimentaria.

     

    La consigna «Sin salario no hay producción», que resonó en las fábricas y las redes sociales del sector durante las negociaciones paritarias, resume una verdad estructural que la feria de noviembre debería incluir en su agenda: la cadena exportadora empieza en la planta, y en la planta hay personas.

    La FTIA convocó para el 26 de mayo un Plenario de Secretarios Generales de los STIA de todo el país. El objetivo es debatir las acciones a seguir ante el techo del 1% mensual que el Ministerio de Economía impone a las paritarias, mientras la inflación de abril cerró en 2,8%, casi triplicando esa pauta oficial.

    El gremio busca negociar y sabe construir puentes con las cámaras empresarias. Esa capacidad de interlocución es un activo estratégico para el sector: un sindicato orientado a la producción y al empleo de calidad es un factor de estabilidad en la cadena de valor.

     

    Alijor: el costo de la mala gestión

    El caso de Alijor ilustra con precisión lo que ocurre cuando una empresa elige la precarización en lugar de la inversión. La firma, dueña de los panificados con la marca La Salteña y con planta en Garín, partido de Escobar, tiene demanda estable de productos esenciales. A pesar de eso, sus 180 trabajadores cobran los salarios de manera parcial y fuera de término desde finales de 2024.

    La planta llegó a emplear a más de 320 personas hace una década. La gestión la redujo a poco más de la mitad. Los operarios denuncian que desde 2019 la empresa no les compra ropa de trabajo ni elementos de protección personal: hay compañeros que no pueden ingresar a la planta por falta de calzado de seguridad. El comedor fue eliminado hace dos años. Las cuentas bancarias de la firma están embargadas, y los sueldos se pagan en efectivo y en cuotas.

    Alijor alimentacion stia despidos cierre
    Alijor expone el alcance de una mala gestión que no respeta derechos laborales ni normas de control.

     

    «Nos amenaza con un lock out patronal, nos dice «si no les gusta cómo les pago, cierro la fábrica y me voy del país»», relató Nicolás Viñas, delegado congresal del STIA. «Entrás a la fábrica y ves caras largas, la gente está desganada, cansada. En Alijor perdimos todos los derechos.»

    El STIA responsabiliza directamente a la conducción de la empresa. El conflicto acumula casi veinte audiencias en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires sin avances concretos. Para el gremio, la situación de Alijor es «el resultado acumulado de años de desinversión y decisiones de gestión que la empresa nunca corrigió», según el comunicado institucional difundido esta semana.

    La posición del sindicato distingue con claridad entre los efectos del contexto macroeconómico que afecta a todo el sector y las fallas internas de una empresa con marcas competitivas y demanda probada. El STIA identifica problemas graves en la comercialización, la planificación financiera y la distribución, y concluye que el costo de esa mala administración está siendo trasladado a los trabajadores.

    La salida que plantea el gremio es industrialista: la continuidad productiva bajo una nueva administración, ya sea a través de la venta de la firma o del ingreso de un socio capitalista que aporte gestión profesional junto con el capital. Los tres puntos que el STIA pone como condición son claros: pago inmediato de los haberes adeudados, garantía de continuidad laboral para los 180 operarios y creación de una mesa tripartita de seguimiento integrada por la empresa, el sindicato y el Estado.

    La historia también muestra que el gremio tiene resultados. Tras movilizaciones y un acampe sostenido en la puerta de la planta, el STIA logró en enero de 2026 un acuerdo que obligó a la empresa a pagar la deuda salarial acumulada. La presión colectiva, organizada y sostenida, fue la única herramienta que forzó una instancia de negociación real.

     

    Sin estándares laborales, no hay mercado global

    El caso Alijor tiene una dimensión que trasciende el conflicto puntual: expone una contradicción que el sector no puede ignorar cuando se proyecta al mundo.

    Los mercados internacionales de alimentos con valor agregado exigen hoy mucho más que calidad de producto. Los grandes compradores globales —cadenas de supermercados europeas, distribuidores internacionales, importadores de mercados premium— incorporan criterios de sustentabilidad y responsabilidad social en sus procesos de selección de proveedores. Una empresa con veinte audiencias laborales sin resolución, salarios impagos y trabajadores sin elementos de seguridad no cumple esos estándares. Y una empresa que no los cumple no puede proyectarse como exportadora de calidad.

    La FTIA mantiene el diálogo constante con autoridades y representantes de la cámara empmresaria.

     

    La trazabilidad que demanda el mercado global incluye la trazabilidad de las condiciones laborales. Los estándares de ESG (environmental, social and governance) que rigen la compra de alimentos en mercados desarrollados contemplan explícitamente el tratamiento de la fuerza de trabajo. Una marca que quiera entrar en una cadena de supermercados europea o en un distribuidor de mercados de alto poder adquisitivo tiene que demostrar que sus productos se fabrican en condiciones dignas.

    Dicho en términos concretos: el modelo de Alijor es incompatible con el objetivo de Argentina Alimenta. Una industria que maltrata a sus trabajadores erosiona la reputación de todo el sector exportador. Los escándalos laborales no quedan dentro de las fronteras del país; en la era de la información global, llegan a los compradores internacionales antes que los folletos de la feria.

    El STIA, al defender los derechos de los trabajadores de Alijor con firmeza y con propuestas concretas orientadas a salvar la fuente de trabajo, cumple una función que va más allá de lo gremial. Actúa como un guardián de la reputación sectorial y como un promotor involuntario de los estándares que el mercado mundial exige. Un gremio que cuida a sus trabajadores también cuida la imagen del sector que quiere exportar.

    La sustentabilidad no es un valor abstracto. Es un requisito de acceso al mercado global de alimentos. Y ese requisito empieza en la planta, en el salario, en los zapatos de seguridad y en el comedor que Alijor le quitó a sus operarios.

     

    Una vitrina que necesita piso firme

    Argentina Alimenta 2026 es una buena noticia para el sector. La articulación entre La Rural, COPAL, Fira Barcelona y PROMArgentina para organizar una feria internacional de esta escala es un paso en la dirección correcta.

    Reunir a más de 300 expositores, compradores globales e instituciones del 17 al 19 de noviembre puede generar oportunidades reales de negocios y visibilidad para una industria que tiene con qué mostrarse al mundo.

    Pero una vitrina necesita piso firme. El potencial exportador se construye con empresas que producen, con trabajadores que ganan lo suficiente para también consumir, con universidades que forman a los operarios del mañana y con un marco laboral que proteja los derechos en lugar de flexibilizarlos.

    Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de PROMArgentina, afirmó en Barcelona que «Argentina hoy ofrece estabilidad, visión estratégica y oportunidades concretas para el desarrollo de la industria alimentaria». Es la narrativa que el gobierno proyecta al mundo. La industria y el movimiento sindical le agregan los matices que esa narrativa necesita para ser verdadera.

    La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria. La reconstrucción del tejido productivo requiere, además, política industrial activa, paritarias que preserven el poder adquisitivo y educación pública de calidad. Argentina Alimenta 2026 puede ser la plataforma que el sector necesita para proyectarse globalmente.

    Para que lo sea, la cadena de valor completa —empresas, trabajadores y estado— tiene que participar en condiciones de equidad. Sin esa ecuación, la feria corre el riesgo de ser una gran foto sin correlato en las plantas y los frigoríficos donde se produce lo que el mundo quiere comprar.

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  • SanCor pidió su quiebra: fin de una era láctea

    SanCor pidió su quiebra: fin de una era láctea

    SanCor pidió su quiebra: fin de una era láctea

     

    La histórica cooperativa fundada en 1938 solicitó su propia quiebra ante la Justicia de Rafaela con una deuda de 120 millones de dólares, ocho meses de salarios impagos y una producción que cayó el 87% en menos de una década. El desenlace es también el espejo de un modelo de desindustrialización que el gobierno libertario aceleró sin frenos.

    Fundada en 1938 como cooperativa de pequeños y medianos productores de Santa Fe y Córdoba, SanCor fue durante décadas una referencia de la industria láctea argentina. Su nombre condensaba una geografía y una forma de entender la producción: el asociativismo como motor del desarrollo federal, la leche como materia prima de un país que podía procesar, agregar valor y exportar. Esta semana, ese nombre quedó inscripto en los tribunales de Rafaela bajo un expediente de quiebra.

    La cooperativa solicitó su propia quiebra ante la Justicia al admitir que ya no está en condiciones de cumplir con sus obligaciones financieras. El pedido fue presentado ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, a cargo del juez Marcelo Germán Gelcich, quien interviene en el proceso concursal. La empresa se encontraba en concurso de acreedores desde febrero de 2025 y tomó la decisión tras confirmarse un estado de insolvencia generalizada que compromete su continuidad operativa.

    El derrumbe es cuantificable y es devastador. En 2017 SanCor empleaba a 4.000 personas y procesaba 4 millones de litros diarios de leche; hoy esa cifra se redujo a 500.000 litros y el plantel laboral cayó a menos de 850 operarios, muchos de los cuales llegaron al final sin cobrar un solo sueldo en ocho meses. Atilra, el sindicato del sector, denunció que la empresa se sostuvo con el patrimonio de los trabajadores, es decir,  SanCor se sostuvo con el sacrificio de quienes pusieron el cuerpo hasta el último día.

     

    EL DESARME DEL APARATO PRODUCTIVO

    Desde 2017, la firma atravesó un proceso de reestructuración que incluyó el cierre de plantas, la venta de activos y el ajuste de todo el plantel. Se desprendió de marcas de yogures y postres, pero nada alcanzó. Cada etapa de achicamiento fue presentada como un paso hacia la viabilidad. Cada paso fue, en realidad, una estación más del derrumbe.

    El proceso judicial ya había dejado en evidencia el deterioro: a fines de diciembre de 2025, el juez resolvió intervenir la cooperativa y designar una coadministradora ante incumplimientos, falta de información suficiente y atrasos acumulados. En sus resoluciones, el juez identificó tres problemas centrales: la reticencia informativa —la empresa no aportó datos claros sobre contratos ni niveles de producción—, la crisis laboral y previsional —con salarios adeudados desde junio de 2025 y el aguinaldo completo sin pagar—, y un pasivo que no dejaba margen de maniobra.

    La caída de un gigante del sector lácteo golpea a los productores del interior del país.

     

    El pasivo está compuesto por unos 90 millones de dólares y más de 40.000 millones de pesos, con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y fondos financieros internacionales entre los principales acreedores. El deterioro económico quedó expuesto en el proceso judicial de verificación de créditos, donde se analizaron más de 1.500 acreedores sobre un total superior a los 2.700 denunciados.

    El caso de ARSA —la firma que producía los yogures, flanes y postres de la marca— cerró antes. Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima fue declarada en quiebra también recientemente, después del fracaso del concurso preventivo abierto en abril de 2024, donde no se presentaron interesados. La desmembración fue por partes. Primero los derivados, después la cooperativa madre.

    Hace cinco años que no se realizan los aportes correspondientes a la obra social y al sindicato. Los trabajadores no solo perdieron el salario: perdieron la cobertura médica, la historia previsional, la red básica de protección social que el trabajo formal debería garantizar.

    EL CONTEXTO: UN GOBIERNO QUE MIRÓ PARA OTRO LADO

    La quiebra de SanCor no ocurre en el vacío. Ocurre en el marco de un gobierno que hizo del desmantelamiento del Estado productivo su política deliberada.

    Desde la llegada de Javier Milei al gobierno en diciembre de 2023, se habrían cerrado más de 24.000 empresas en la Argentina, según un informe de la organización Fundar basado en registros administrativos de la Seguridad Social. El número de empleadores pasó de 512.357 a 488.177, una disminución de 24.180 unidades productivas. SanCor es la más visible de esa lista, pero no es la única del sector.

    El ajuste de Javier Milei colapsa el aparato productivo y la crisis se agrava.

    La sobrevaluación del peso, las altas tasas de interés con las que Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, buscan sostener la moneda, y la fuerte caída del consumo interno afectan a todas las empresas, incluidas las lácteas. Lácteos Verónica, otra empresa del ramo con deterioro sostenido, consiguió de momento evitar la quiebra pero mantiene congelada su producción en las tres plantas que posee y adeuda meses de sueldo a sus trabajadores.

    La lógica libertaria presenta cada cierre como una consecuencia de la ineficiencia propia, como si el contexto macroeconómico fuera irrelevante, como si el crédito accesible, las tarifas razonables y el consumo interno activo no fueran condiciones que el Estado puede crear o destruir. En el caso de SanCor, esas condiciones se destruyeron. Las tarifas energéticas escalaron, el costo financiero se volvió insostenible y el poder adquisitivo del mercado interno —la base de la demanda de productos lácteos— cayó de forma estructural durante 2024 y 2025.

    El gobierno nacional no ofreció ninguna herramienta de asistencia. No hubo refinanciación de deudas fiscales, no hubo crédito subsidiado para cooperativas en crisis, no hubo mesa de negociación articulada desde el Estado nacional. El ministerio de Economía celebró el superávit fiscal mientras el entramado productivo del interior del país se apagaba planta por planta.

     

    LOS TRABAJADORES Y EL SINDICATO

    Si hay un actor que sintetiza el impacto de esta crisis, son los trabajadores: con ocho meses de salarios adeudados y prestaciones sostenidas en muchos casos por mecanismos extraordinarios, el escenario social es tan crítico como el económico.

    En enero de 2025, la cooperativa ya había despedido a 300 trabajadores en plantas de Córdoba y Santa Fe, bajo el argumento de «fuerza mayor». Al momento de esos despidos, SanCor tenía alrededor de 1.350 empleados, muy lejos de los 4.000 puestos de trabajo que llegó a sostener en 2017.

    Atilra eligió no rendirse frente al resultado judicial. El gremio sostuvo que la quiebra no constituye un final sino el comienzo de una nueva etapa donde la marca SanCor, despojada de las estructuras que la llevaron al borde de su extinción, debe volver a florecer con el impulso de la nobleza y calidad de los productos que las y los trabajadores elaboran. Fuentes gremiales señalaron que hay empresas serias interesadas en adquirir la firma una vez dictada la quiebra, y que esperan ese momento para avanzar.

    La asamblea extraordinaria de productores socios está convocada para el 30 de abril. Allí se definirá si los asociados ratifican la solicitud. Pero la realidad productiva ya habló: de 4,6 millones de litros diarios a 500.000. De 4.000 trabajadores a menos de 850. De exportar a 30 países a pedir la quiebra con 1.500 acreedores en fila.

     

    Otra empresa víctima del experimento libertario

    SanCor no murió de repente. Murió de a poco, con cada planta que cerró, cada marca que se vendió, cada sueldo que no llegó y cada aporte previsional que se retuvo sin girar. Murió mientras el gobierno nacional miraba para otro lado y explicaba que el mercado sabe lo que hace.

    Lo que el mercado hizo es destruir una cooperativa de 88 años que era orgullo del cooperativismo argentino, empleaba a miles de familias del interior y procesaba la leche de cientos de tambos que hoy tampoco saben qué va a pasar. Eso no es ajuste. Es demolición.

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  • Cierre tras cierre: el costo productivo del experimento libertario

    Cierre tras cierre: el costo productivo del experimento libertario

    Cierre tras cierre: el costo productivo del experimento libertario

    Más de 21.900 empresas formales cerradas y cerca de 300.000 empleos registrados perdidos desde diciembre de 2023, en medio de una política de apertura importadora y baja protección productiva.

     

    Durante los primeros dos años de la presidencia de Javier Milei, Argentina atravesó una fuerte contracción de su tejido productivo. El sector industrial, junto con pymes y plantas históricas, experimentó cierres, quiebras y paralizaciones que impactaron en miles de familias. Desde la fábrica de neumáticos FATE hasta Lácteos Verónica y ARSA, la foto productiva revela el efecto de una política económica marcadamente orientada hacia la liberalización y la especulación financiera, con escasa activación de mecanismos de sostén productivo.

    Un tejido productivo que se deshilacha

    Según cifras oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 el número de empleadores con trabajadores registrados en Argentina cayó de 512.357 a 490.419, lo que implica una desaparición de 21.938 empresas en dos años, con un promedio de casi 30 cierres por día. En el mismo período, el total de puestos de trabajo registrado se redujo en 290.600 empleos.

    Fate anunció el cierre de su planta tras 80 años de actividad como fabricante de neumáticos.

     

    La retracción productiva afectó especialmente a empresas de menor tamaño: más de 99 % de los cierres correspondieron a compañías con menos de 500 empleados. Aunque también hubo impactos en firmas de mayor escala, lo que subraya un deterioro amplio del sector empresarial formal.

    Este entorno de cierre de fábricas ha cruzado múltiples sectores, desde manufactura y textil hasta alimentación e industria pesada, configurando una radiografía que muestra a la producción en retroceso frente a un modelo económico con fuerte apertura de importaciones, altas tasas de interés y bajo sostén a la actividad industrial.

    Casos emblemáticos: de FATE a Lácteos Verónica

    Uno de los casos que marcó la agenda fue la paralización de la producción en la histórica planta de neumáticos FATE en San Fernando, provincia de Buenos Aires. La fábrica —activa por más de 80 años y con capacidad para producir millones de neumáticos al año— cerró sus puertas y dejó al menos 920 empleos directos sin continuidad, con efectos multiplicadores sobre más de 2.000 empleos indirectos.

    En el sector lácteo, la crisis es profunda. Lácteos Verónica, con tres plantas productivas paralizadas en Santa Fe, acumula más de $13.600 millones en cheques rechazados, mantiene a casi 700 trabajadores sin salario desde finales de 2025, y arrastra deudas millonarias con tamberos y proveedores que alimentan la incertidumbre sobre su futuro operativo.

    El cierre de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), empresa responsable de productos icónicos como Sancorito y Shimmy, también reflejó la quiebra definitiva de la planta y la pérdida de unos 400 empleos directos en un rubro ya golpeado.

    En Catamarca, la fábrica de electrodomésticos NEBA, dedicada a la producción de heladeras y freezers, comunicó el cierre definitivo con 56 despidos en la planta de El Pantanillo, evidenciando que el fenómeno de cierres no se limita a grandes centros urbanos.

    Pymes y grandes grupos: una caída transversal

    La crisis productiva no es exclusiva de grandes empresas. Denuncias sectoriales indicaron que más de 12.000 pymes cerraron sus puertas entre enero de 2024 y enero de 2025, principalmente por la caída del consumo interno, presión de importaciones y costos operativos elevados.

    Lácteos Verónica se suma a la crisis de las empresas de alimentos y peligran 700 puestos de trabajo directos.

     

    En el área cervecera, por ejemplo, Cervecería y Maltería Quilmes abrió un plan de retiro voluntario que podría impactar a unos 60 empleos en su planta donde produce la cerveza Corona, atribuyendo el ajuste empresarial a la caída del consumo y a la competencia de productos importados.

    Este patrón de cierre y ajuste se combina con denuncias de despidos masivos, suspensiones y conflictividad laboral sostenida: el sector industrial concentró más del 60 % de los conflictos laborales entre 2024 y 2026 en el país, con los rubros textil, alimentos y metalurgia-siderurgia entre los más afectados.

    Indicadores estructurales: empleo y competitividad

    El impacto de los cierres se refleja en indicadores globales del empleo formal. Según datos del SRT y análisis de entidades económicas, la industria manufacturera y otros sectores productivos sufrieron reducciones importantes en empleadores registrados, lo que se traduce en una menor actividad económica local y en una pérdida de resiliencia de las economías regionales.

    La apertura de importaciones y la caída del consumo ponen en jaque a empresas y comercios.

     

    La tasa de desempleo también exhibió tensiones estructurales: informes de organismos oficiales y análisis independientes señalaron un aumento en las tasas de desempleo de marzo 2025, junto con una contracción general del empleo formal en ciertos subsectores de la industria.

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    Un modelo especulativo con pocos anclajes productivos

    La convergencia de cifras y cierres sugiere que la estrategia económica impulsada por el Gobierno —centrada en la liberalización comercial, la reducción de la intervención estatal y la promoción de flujos financieros— se ha traducido en una mayor exposición de las empresas locales a la competencia importada y a condiciones crediticias restringidas para sostener la producción interna.

    Políticas como la apertura de importaciones sin barreras equivalentes de protección productiva, combinadas con un mercado interno con menor demanda, potenciaron un escenario donde muchas industrias no encontraron márgenes para mantener su actividad, especialmente las pymes y medianas empresas que son tradicionalmente la columna vertebral del empleo formal.

    Este giro hacia un modelo más especulativo, con menor foco en sustentabilidad productiva y con un peso creciente de sectores financieros y extractivos, explica en parte por qué el cierre de fábricas y empresas se volvió un fenómeno sostenido en los primeros años de la gestión presidencial.

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