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SanCor pidió su quiebra: fin de una era láctea
SanCor pidió su quiebra: fin de una era láctea
La histórica cooperativa fundada en 1938 solicitó su propia quiebra ante la Justicia de Rafaela con una deuda de 120 millones de dólares, ocho meses de salarios impagos y una producción que cayó el 87% en menos de una década. El desenlace es también el espejo de un modelo de desindustrialización que el gobierno libertario aceleró sin frenos.
Fundada en 1938 como cooperativa de pequeños y medianos productores de Santa Fe y Córdoba, SanCor fue durante décadas una referencia de la industria láctea argentina. Su nombre condensaba una geografía y una forma de entender la producción: el asociativismo como motor del desarrollo federal, la leche como materia prima de un país que podía procesar, agregar valor y exportar. Esta semana, ese nombre quedó inscripto en los tribunales de Rafaela bajo un expediente de quiebra.
La cooperativa solicitó su propia quiebra ante la Justicia al admitir que ya no está en condiciones de cumplir con sus obligaciones financieras. El pedido fue presentado ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, a cargo del juez Marcelo Germán Gelcich, quien interviene en el proceso concursal. La empresa se encontraba en concurso de acreedores desde febrero de 2025 y tomó la decisión tras confirmarse un estado de insolvencia generalizada que compromete su continuidad operativa.
El derrumbe es cuantificable y es devastador. En 2017 SanCor empleaba a 4.000 personas y procesaba 4 millones de litros diarios de leche; hoy esa cifra se redujo a 500.000 litros y el plantel laboral cayó a menos de 850 operarios, muchos de los cuales llegaron al final sin cobrar un solo sueldo en ocho meses. Atilra, el sindicato del sector, denunció que la empresa se sostuvo con el patrimonio de los trabajadores, es decir, SanCor se sostuvo con el sacrificio de quienes pusieron el cuerpo hasta el último día.
EL DESARME DEL APARATO PRODUCTIVO
Desde 2017, la firma atravesó un proceso de reestructuración que incluyó el cierre de plantas, la venta de activos y el ajuste de todo el plantel. Se desprendió de marcas de yogures y postres, pero nada alcanzó. Cada etapa de achicamiento fue presentada como un paso hacia la viabilidad. Cada paso fue, en realidad, una estación más del derrumbe.
El proceso judicial ya había dejado en evidencia el deterioro: a fines de diciembre de 2025, el juez resolvió intervenir la cooperativa y designar una coadministradora ante incumplimientos, falta de información suficiente y atrasos acumulados. En sus resoluciones, el juez identificó tres problemas centrales: la reticencia informativa —la empresa no aportó datos claros sobre contratos ni niveles de producción—, la crisis laboral y previsional —con salarios adeudados desde junio de 2025 y el aguinaldo completo sin pagar—, y un pasivo que no dejaba margen de maniobra.
La caída de un gigante del sector lácteo golpea a los productores del interior del país. El pasivo está compuesto por unos 90 millones de dólares y más de 40.000 millones de pesos, con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y fondos financieros internacionales entre los principales acreedores. El deterioro económico quedó expuesto en el proceso judicial de verificación de créditos, donde se analizaron más de 1.500 acreedores sobre un total superior a los 2.700 denunciados.
El caso de ARSA —la firma que producía los yogures, flanes y postres de la marca— cerró antes. Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima fue declarada en quiebra también recientemente, después del fracaso del concurso preventivo abierto en abril de 2024, donde no se presentaron interesados. La desmembración fue por partes. Primero los derivados, después la cooperativa madre.
Hace cinco años que no se realizan los aportes correspondientes a la obra social y al sindicato. Los trabajadores no solo perdieron el salario: perdieron la cobertura médica, la historia previsional, la red básica de protección social que el trabajo formal debería garantizar.
EL CONTEXTO: UN GOBIERNO QUE MIRÓ PARA OTRO LADO
La quiebra de SanCor no ocurre en el vacío. Ocurre en el marco de un gobierno que hizo del desmantelamiento del Estado productivo su política deliberada.
Desde la llegada de Javier Milei al gobierno en diciembre de 2023, se habrían cerrado más de 24.000 empresas en la Argentina, según un informe de la organización Fundar basado en registros administrativos de la Seguridad Social. El número de empleadores pasó de 512.357 a 488.177, una disminución de 24.180 unidades productivas. SanCor es la más visible de esa lista, pero no es la única del sector.
El ajuste de Javier Milei colapsa el aparato productivo y la crisis se agrava. La sobrevaluación del peso, las altas tasas de interés con las que Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, buscan sostener la moneda, y la fuerte caída del consumo interno afectan a todas las empresas, incluidas las lácteas. Lácteos Verónica, otra empresa del ramo con deterioro sostenido, consiguió de momento evitar la quiebra pero mantiene congelada su producción en las tres plantas que posee y adeuda meses de sueldo a sus trabajadores.
La lógica libertaria presenta cada cierre como una consecuencia de la ineficiencia propia, como si el contexto macroeconómico fuera irrelevante, como si el crédito accesible, las tarifas razonables y el consumo interno activo no fueran condiciones que el Estado puede crear o destruir. En el caso de SanCor, esas condiciones se destruyeron. Las tarifas energéticas escalaron, el costo financiero se volvió insostenible y el poder adquisitivo del mercado interno —la base de la demanda de productos lácteos— cayó de forma estructural durante 2024 y 2025.
El gobierno nacional no ofreció ninguna herramienta de asistencia. No hubo refinanciación de deudas fiscales, no hubo crédito subsidiado para cooperativas en crisis, no hubo mesa de negociación articulada desde el Estado nacional. El ministerio de Economía celebró el superávit fiscal mientras el entramado productivo del interior del país se apagaba planta por planta.
LOS TRABAJADORES Y EL SINDICATO
Si hay un actor que sintetiza el impacto de esta crisis, son los trabajadores: con ocho meses de salarios adeudados y prestaciones sostenidas en muchos casos por mecanismos extraordinarios, el escenario social es tan crítico como el económico.
En enero de 2025, la cooperativa ya había despedido a 300 trabajadores en plantas de Córdoba y Santa Fe, bajo el argumento de «fuerza mayor». Al momento de esos despidos, SanCor tenía alrededor de 1.350 empleados, muy lejos de los 4.000 puestos de trabajo que llegó a sostener en 2017.
Atilra eligió no rendirse frente al resultado judicial. El gremio sostuvo que la quiebra no constituye un final sino el comienzo de una nueva etapa donde la marca SanCor, despojada de las estructuras que la llevaron al borde de su extinción, debe volver a florecer con el impulso de la nobleza y calidad de los productos que las y los trabajadores elaboran. Fuentes gremiales señalaron que hay empresas serias interesadas en adquirir la firma una vez dictada la quiebra, y que esperan ese momento para avanzar.
La asamblea extraordinaria de productores socios está convocada para el 30 de abril. Allí se definirá si los asociados ratifican la solicitud. Pero la realidad productiva ya habló: de 4,6 millones de litros diarios a 500.000. De 4.000 trabajadores a menos de 850. De exportar a 30 países a pedir la quiebra con 1.500 acreedores en fila.
Otra empresa víctima del experimento libertario
SanCor no murió de repente. Murió de a poco, con cada planta que cerró, cada marca que se vendió, cada sueldo que no llegó y cada aporte previsional que se retuvo sin girar. Murió mientras el gobierno nacional miraba para otro lado y explicaba que el mercado sabe lo que hace.
Lo que el mercado hizo es destruir una cooperativa de 88 años que era orgullo del cooperativismo argentino, empleaba a miles de familias del interior y procesaba la leche de cientos de tambos que hoy tampoco saben qué va a pasar. Eso no es ajuste. Es demolición.
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Plantas paralizadas desde febrero, salarios impagos desde diciembre y una denuncia por lockout patronal. ATILRA y legisladores nacionales piden la intervención urgente del Estado.
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La Suipachense, símbolo en crisis y espejo de los 90
La Suipachense, símbolo en crisis y espejo de los 90
Producción en mínimos, sueldos impagos y autogestión obrera marcan el ocaso de la histórica láctea La Suipachense. El escenario recuerda al colapso neoliberal.
La histórica láctea La Suipachense, con más de siete décadas de actividad y ubicada en el corazón de la provincia de Buenos Aires, atraviesa una crisis que amenaza con su cierre definitivo. La producción cayó a niveles mínimos, los salarios están atrasados y los trabajadores, organizados en torno a ATILRA, asumieron el control de la planta para evitar el apagón total. El conflicto no solo refleja la debacle de una empresa, sino que desnuda un panorama económico más amplio que recuerda a los años 90: desindustrialización, ajuste permanente, especulación financiera y desinterés oficial por los sectores populares.
Producción mínima y salarios en rojo
La planta de La Suipachense llegó a procesar 250.000 litros diarios en sus mejores momentos, pero hoy apenas supera los 40.000. De los 180 tambos que abastecían a la firma, solo 40 continúan entregando leche, la mayoría con pagos retrasados.
La Suipachense emplea a 140 personas y 70 años e historia El atraso salarial se suma a un rojo financiero que ya acumula 300 cheques rechazados por más de $2.765 millones. El panorama es de colapso: la empresa necesita $3.000 millones al mes para funcionar, pero solo factura $500 millones.
Ante la inacción empresaria y la amenaza de cortes de luz y gas, los 140 trabajadores decidieron sostener la producción bajo un esquema de autogestión. La medida busca garantizar salarios y preservar la fuente laboral, aunque la conducción empresaria —ligada al grupo venezolano Maralac— denunció una “toma forzada”. Mientras tanto, en Suipacha crece la alarma por el impacto económico que significaría la pérdida del principal motor productivo local.
El eco de los años 90
La situación de La Suipachense remite inevitablemente a la crisis del modelo neoliberal de los 90, caracterizado por privatizaciones, apertura indiscriminada de importaciones y endeudamiento externo. Aquel esquema produjo cierres masivos de industrias, pérdida de empleo, empobrecimiento social y culminó en el estallido de 2001. El presente muestra similitudes inquietantes: empresas históricas al borde del colapso, caída del consumo, concentración económica y políticas que privilegian la especulación financiera sobre la producción.
La crisis de la Suipachense pone al descubierto el impacto de las políticas económicas del Gobierno. Al drama productivo se suma un contexto político cargado de denuncias de corrupción y desvío de recursos públicos, que agrava el malestar social. La proliferación de operaciones financieras a corto plazo y la falta de políticas de estímulo a la industria generan un escenario en el que las comunidades quedan libradas a su suerte. La Suipachense, símbolo de arraigo territorial y esfuerzo productivo, hoy enfrenta el abandono estatal y la indiferencia empresaria, mientras se privilegia la renta financiera y se profundizan los desequilibrios sociales.
Milei, Caputo y el retorno del viejo modelo
La crisis de La Suipachense no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa del modelo económico impulsado por Javier Milei y su gabinete, encabezado por el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo. Las recetas aplicadas —ajuste fiscal extremo, liberalización indiscriminada, desregulación financiera y recorte de subsidios— no solo profundizan la recesión, sino que golpean de lleno a la industria alimenticia y a las pymes del interior. La reedición de los lineamientos neoliberales de los 90 conduce a un mismo desenlace: caída de la producción, pérdida de empleo y concentración económica en pocas manos.
El Gobierno repite el libreto que ya fracasó, priorizando la especulación financiera sobre el trabajo y el desarrollo productivo. Si no se produce un cambio de rumbo, el desenlace puede ser similar al de aquel ciclo que terminó en el colapso de 2001. La responsabilidad política es clara: las decisiones de Milei y Caputo están dejando a comunidades enteras, como la de Suipacha, al borde del abismo.
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La patronal de Mayol cedió al reclamo sindical y hay acuerdo
La patronal de Mayol cedió al reclamo sindical y hay acuerdo
La patronal de la alimenticia Mayol cedió finalmente a la presión de los trabajadores y alcanzó un acuerdo con el gremio ATILRA. Desde el STIA llevaron tranquilidad a los empleados del sector.
La patronal de Mayol finalmente dejará de incumplir el Convenio Colectivo de Trabajo y se ajustará a derecho tras la presión de los trabajadores y trabajadoras que reclamaban el fin de los incumplimientos de parte de la alimenticia.
La intransigencia de los dueños había comenzado a preocupar a los empleados del STIA, uno de los gremios de la planta.
Es que la empresa se mostraba poco negociadora, y su dueño, hostil al reclamo gremial, se expresaba con una preocupante virulencia en los medios.
Desde el Sindicato de la Alimentación (STIA) llevaron tranquilidad a los empleados luego de realizar las gestiones y presionar junto a ATILRA para que la patronal ceda y cumpla con sus obligaciones.
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Diálogo abierto
Gracias al diálogo planteado por los trabajadores en las últimas horas se solucionó el conflicto que Lácteos Mayol S.A. mantenía con los trabajadores de Atilra.
Durante una semana se mantuvo bloqueado el ingreso de la empresa pyme de la localidad Gobernador Udaondo.
Desde el gremio confirmaron que se llegó a un acuerdo suscrito ante el Ministerio de Trabajo bonaerense.
STIA colaboró con el conflicto entre los trabajadores de Mayol. y Atilra “El acuerdo contempla el correcto encuadramiento de los compañeros y satisface plenamente los justos reclamos laborales interpuestos. El mismo ha podido lograrse a partir de la firme determinación de los compañeros en defender sus derechos, como así también en la responsabilidad social y en la sensibilidad demostrada por los dueños de Lácteos Mayol S.A”, dijeron en el comunicado los integrantes del gremio.
“Todos estamos absolutamente convencidos de que la solución pudo haberse logrado antes”, agregó Atilra.
Además, el gremio aclaró que “jamás se bloqueó la fábrica”.
Y aseguraron que no hay un solo registro que establezca lo contrario.
“Es falso de toda falsedad que los trabajadores hayan ocasionado algún daño a su fuente de trabajo. Del derecho constitucional de la medida de fuerza adoptada y tal como ocurre siempre con nuestro sindicato, solo participaron trabajadores lecheros”, apuntaron.
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La Copal respaldó a la patronal de Mayol
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La Coordinadora de Empresas Alimenticias (Copal) salió a pronunciarse a favor de la empresa Mayol y del procedimento que está implementando para hostigar judicialmente a los trabajadores.
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La patronal de Mayol insistió con la judicialización del reclamo en la conciliación
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Luego del apoyo del Sindicato de la Alimentación a los trabajadores de ATILRA, por la persecución judicial de la patronal, la pyme seguirá tramitando la causa penal por robos, amenazas y daños.
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Repudio a la patronal de Mayol y rechazo a la judicialización del conflicto
Sectores sindicales repudian a la patronal de Mayol y rechazan la judicialización del conflicto
Luego que el delegado sindical de ATILRA fuera advertido que no podrá acercarse a los dueños de Lácteos Mayol, el Sindicato de la Alimentación (STIA) se manifestó contra la decisión patronal. Los dueños llamaron «lacra» a los gremialistas y se victimizaron en los medios.
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Cañuelas: Continúa el conflicto en Mayol, por la intransigencia patronal
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La empresa alimenticia Mayol tiene encuadrados a los trabajadores bajo tres convenios colectivos: STIA, ATILRA y UATRE, y piden el cambio de convenio, pero la patronal incumple y se victimiza. Solidaridad del STIA con las trabajadoras y trabajadores.
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Preocupación del STIA por 120 suspensiones en SanCor
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Los sindicatos vinculados a la industria de Alimentación se pronunciaron en alerta por la suspensión por tiempo indeterminado de 120 empleados en la planta de SanCor.
