Desarman el INTI y los amigos de Caputo quieren el negocio

El gobierno libertario desguaza el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y busca entregar el negocio del control de los surtidores a una empresa ligada al ministro Caputo.

 

La Resolución 42/2026 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) eliminó casi un millar de servicios técnicos que el organismo brindaba al sector productivo. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, festejó la medida en sus redes sociales con el argumento de que los servicios «no tenían demanda» y subsidiaban a las empresas. Detrás del discurso desregulatorio se esconde un negocio millonario: el Grupo Lenor, empresa ligada al entorno del ministro de Economía Luis Caputo, ya opera como el principal beneficiario del desmantelamiento del área de Metrología Legal del INTI, la que hasta 2025 controlaba la exactitud de los surtidores de combustible en todo el país.

Sturzenegger, el cínico

Sturzenegger eligió la ironía para justificar el mayor recorte en la historia del INTI. En su cuenta de X celebró la Resolución 42/2026 como un acto de liberación industrial y describió los servicios dados de baja como simples «insumos industriales» que el Estado no tenía razón de ofrecer. Llegó a sostener que los servicios «no revestían el carácter de servicios públicos, ni tenían ninguna especificidad particular», como ejemplo mencionó «testear la durabilidad de una alfombra», y agregó que el INTI los ofrecía «a un precio muy bajo», lo cual implicaba que era el contribuyente quien los financiaba.  «Por eso algunos lo llaman irónicamente el Instituto Nacional de Trabas Industriales», remató.

 

La respuesta de los trabajadores fue inmediata y demoledora. Desde la Multisectorial de Trabajadores del INTI desmintieron varias afirmaciones de Sturzenegger: señalaron que el ministro confundió las 12 camionetas de verificación de surtidores con el 12% del plantel, cuando en realidad se trataba de apenas 24 de los 2.300 trabajadores del organismo. Un error de proporciones difícil de explicar en quien diseña política de Estado.

La diputada y economista Julia Strada fue más directa. Le enrostró al ministro que hay «un problema de base que es desconocer el rol que cumplen estas herramientas en cualquier estrategia de desarrollo productivo» y que no se trata de servicios de mercado en sentido estricto, sino de infraestructura tecnológica que permite que el entramado productivo —y en particular las pymes— acceda a capacidades técnicas a costos razonables.

Cuando el mercado no existe: el caso del litio

Uno de los argumentos más repetidos por el oficialismo es que el sector privado puede reemplazar lo que hacía el Estado. La realidad técnica desmiente esa afirmación en casos concretos y de alta sensibilidad. Entre los servicios eliminados figura un ensayo dentro de una batería de pruebas para el control de bolsones utilizados en el transporte de sustancias peligrosas como el litio. Ese ensayo fue dado de baja siendo el INTI el único laboratorio del país con capacidad técnica para realizarlo, y era requerido por Prefectura y Gendarmería para habilitar el traslado de litio como sustancia peligrosa.

 

Entre las prestaciones eliminadas también figuran ensayos microbiológicos fundamentales para la seguridad alimentaria, como la detección de Salmonella y E. coli. No existen, en el corto plazo, laboratorios privados en Argentina capaces de absorber esa demanda. Los propios subgerentes del INTI advirtieron que no hay oferta suficiente en el ámbito privado para reemplazar los controles, que algunos afectan exportaciones y estándares internacionales, y que otros tienen que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías.

La Unión Industrial Argentina, lejos de celebrar el «alivio de trabas» prometido por Sturzenegger, salió a defender al organismo. La UIA afirmó que el INTI «juega un papel estratégico para asumir nuevos desafíos productivos y de inserción internacional». La respuesta del ministro fue una ironía: «Le ofrecimos que se lo queden, si tanto les gusta, pero no aceptaron».

El negocio detrás de la desregulación: Lenor y Caputo

El desguace del INTI no responde únicamente a una doctrina de achicamiento del Estado. Hay un beneficiario concreto, identificado e identificable, que opera detrás de cada resolución. La empresa que realizará en primer lugar la verificación de surtidores de combustible es Lenor, del empresario Julio Made, cercano al ministro de Economía Luis Caputo.

El mecanismo fue construido en etapas. Hasta diciembre de 2025, el INTI realizaba el control de los surtidores con un arancel de 25.000 pesos por unidad, un servicio de bajo costo que le generaba al organismo ingresos anuales de entre 3.600 y 4.000 millones de pesos. Los privados como Lenor cobraban 75.000 pesos por la misma prestación. Cuando las estaciones de servicio siguieron eligiendo al INTI por precio y calidad, el gobierno subió el arancel público a 100.000 pesos para desalentar esa demanda. Pero ni así alcanzó. Fue entonces que el gobierno decidió el cierre definitivo del área de metrología del INTI, a fines del año pasado, por orden de Caputo y la presión de los allegados de Lenor en el Ministerio de Economía.

La Resolución 213/2025 del INTI estableció el cese progresivo de actividades en materia de control metrológico, con un cronograma que comenzó en enero de 2026 en el Área Metropolitana y culminará el 30 de junio de 2026 en el resto del país. A partir de esa fecha, los 45.000 surtidores del país quedarán exclusivamente en manos privadas. El área de Metrología Legal representaba aproximadamente el 50% de la facturación por aranceles del INTI. Fuentes cercanas al sector estiman que el negocio habilitado por el gobierno podría alcanzar los 12.000 millones de pesos anuales.

Capital humano que no se recupera

El vaciamiento del INTI no es solo contable. Es también la destrucción de décadas de formación técnica especializada que el Estado argentino invirtió en construir. El INTI cuenta actualmente con aproximadamente 2.300 empleados, frente a los 3.100 trabajadores que tenía en 2023. Y el ajuste no terminó.

El plan oficial incluye un ajuste de planta de más de 700 empleos. Son técnicos, especialistas, investigadores y profesionales. El objetivo, según se supo, implicaría achicar la estructura con hasta 1.500 despidos, apenas una semana después de que se eliminaran más de 900 prestaciones del organismo.

Fuentes del organismo advirtieron que «se apunta directamente a desarmar los Centros de Investigación y Desarrollo, la columna vertebral del INTI, ya que laboratorios enteros se quedarían sin funciones». El propio presidente del organismo, Miguel Ángel Romero, reconoció la gravedad de la situación y advirtió que si los despidos se concretan, no serán bajo su gestión, porque «el acuerdo era bajar servicios, pero no despedir».

Un técnico de metrología legal no se forma en seis meses. Un laboratorio de calibración acreditado internacionalmente no se reconstruye en un año. El capital humano estatal que se destruye bajo el eufemismo de la «desregulación» es, en realidad, la infraestructura invisible sobre la que descansa la soberanía tecnológica de cualquier nación industrial.

Un organismo que nació para cuidar a los que compran

El INTI no nació para trabar industrias. Nació para proteger a los trabajadores, a las pymes y a los consumidores de las asimetrías del mercado. El Programa de Metrología Legal que sostenía el INTI ejecutaba el mandato del artículo 9° de la Ley 19.511, que establece la obligatoriedad de la verificación periódica de todo instrumento de medición utilizado en transacciones comerciales, explotaciones industriales y actividades que puedan afectar a la población. Esa ley no cambió. Lo que cambió fue la voluntad política de cumplirla.

Desde 2005, 24 técnicos del INTI recorrían aproximadamente 4.000 estaciones de servicio por año, verificando el correcto funcionamiento de unos 60.000 surtidores. En casos de fraude o falla, los verificadores inhabilitaban el despacho de combustibles y derivaban las actuaciones a la Dirección de Comercio Interior. Esa función de control —independiente, estatal, de bajo costo— es la que el gobierno acaba de entregar a una empresa privada con vínculos directos en el Ministerio de Economía.

La fiebre desregulatoria del gobierno de Milei no libera al mercado. Lo captura en beneficio de quienes tienen acceso al poder. Y mientras Sturzenegger celebra en redes sociales, los consumidores argentinos quedan expuestos y pierden en términos de seguridad para favorecer negocios privados de los amigos del gobierno.

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