Granja Tres Arroyos ratificó 1.250 despidos en sus establecimientos de Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar, después de que venciera la conciliación obligatoria sin un acuerdo con el Sindicato de la Industria de la Alimentación. La decisión mantiene las desvinculaciones comunicadas previamente y abre otra etapa del conflicto, con los trabajadores a la espera de definiciones sobre sus acreencias.
Las coberturas publicadas por APFDigital y Elonce este 6 de octubre ubican la última audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense y distribuyen los casos entre 700 trabajadores de Capitán Sarmiento, 500 de Esteban Echeverría y 50 de Pilar. La ratificación empresarial no corresponde a una nueva tanda de telegramas.
De la parálisis productiva a la intervención de Trabajo
El deterioro venía de meses atrás y había alcanzado otras provincias. En agosto, Entre Ríos ordenó retrotraer 270 despidos en La China, en Concepción del Uruguay. Según la reconstrucción de iProfesional del 18 de ese mes, la planta seguía sin operar pese a la conciliación dispuesta por la autoridad laboral. Ese antecedente pertenece a otro establecimiento y a otra instancia administrativa: no integra el recuento de las tres plantas bonaerenses.
El 4 de septiembre, el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires informó una conciliación por 15 días hábiles, prorrogables por otros cinco, y dispuso la reincorporación del personal afectado. El comunicado oficial contabilizaba entonces 1.200 despidos: 700 en Capitán Sarmiento, 450 en Esteban Echeverría y 50 en Pilar.
Existe, por lo tanto, una diferencia de 50 casos entre aquella comunicación y el recuento de 1.250 difundido al concluir la negociación. La variación se concentra en Esteban Echeverría. Sin una nómina definitiva o un acta que explique el cambio, esa diferencia no permite afirmar que se hayan producido otros 50 despidos durante la conciliación.
La audiencia de septiembre también dejó un acuerdo de asistencia: una donación de 1.000 cajones de pollo y un pago de dinero a cuenta. El anuncio oficial distinguía ambas medidas. Su existencia mostraba que la discusión por la continuidad laboral convivía con necesidades inmediatas de las familias.
Los reclamos llegaron al Congreso
La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación llevó el conflicto a Diputados junto con los gremios de la Carne, UATRE y Molineros. En un comunicado del 8 de septiembre, las organizaciones denunciaron salarios impagos, actividad paralizada y despidos que también alcanzaban a representantes sindicales.
Las entidades reclamaron preservar alrededor de 7.000 puestos vinculados a la actividad y sostener la producción. Esa cifra expresa la dimensión del empleo que los gremios consideraban amenazado; no equivale a una cantidad de trabajadores despedidos. La intervención conjunta reflejó el alcance de una crisis que involucra distintos tramos de la cadena avícola.
El 28 de septiembre hubo otra audiencia en La Plata. La extensión por cinco días de la conciliación, informada al día siguiente por El Cronista, sostuvo transitoriamente la instancia de negociación. El nuevo plazo tampoco alcanzó para modificar la decisión de la empresa.
De acuerdo con APFDigital, la representación empresarial sostuvo que las desvinculaciones buscaban adecuar la estructura a la actividad disponible. También expresó disposición a seguir dialogando y rechazó las acusaciones de vaciamiento. La firma atribuyó parte de sus dificultades para atender compromisos corrientes a las restricciones sobre fondos y cobranzas.
## Deudas, concursos y fondos bajo control judicial
El frente financiero avanzó en paralelo. El 16 de septiembre, iProfesional informó la presentación en concurso preventivo de Granja Tres Arroyos SA, posterior al pedido de Wade. La sociedad central buscó una salida judicial después de que las tratativas privadas de reestructuración no resolvieran sus obligaciones. Pedir un concurso y obtener su apertura son etapas diferentes del proceso.
Como informó InfoAlimentación el 4 de octubre, la Justicia dispuso la inhibición provisoria de bienes de GTA y tres sociedades del grupo. También inmovilizó USD 13,56 millones depositados en el Banco de Comercio y pidió explicaciones sobre otros USD 15,97 millones en Eurobanco. Los dos montos recibieron tratamientos distintos: el requerimiento sobre el segundo depósito no debe presentarse como otro bloqueo.
La misma intervención incluyó un pedido de información sobre salarios y cargas sociales, con detalle de los trabajadores, períodos y montos adeudados. Las medidas se dictaron en un contexto de denuncias por presunto vaciamiento; esas denuncias no equivalen a una responsabilidad judicial probada.
Al cierre de las informaciones consultadas, seguía pendiente la definición del juzgado que tramitará los concursos de las sociedades involucradas. Las fuentes gremiales citadas por Elonce señalaron esa incertidumbre al referirse al cobro de las indemnizaciones. Con la negociación administrativa concluida, todavía no había un calendario de pago confirmado para los trabajadores afectados.