Granja Tres Arroyos solicitó su concurso preventivo y trasladó a la Justicia comercial una crisis que ya atraviesa a las plantas, los trabajadores y los proveedores del grupo avícola. La presentación de la sociedad principal, difundida por la prensa especializada el 15 de septiembre, se suma a la de Wade, la firma que había incorporado los activos de la ex Cresta Roja. El nuevo paso deja abierta una pregunta decisiva para la cadena: cómo sostener la producción mientras se discute la deuda.
Según la información judicial publicada por Bichos de Campo, el expediente COM 018558/2026 tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 21, Secretaría N.º 42. El medio informó que la causa figuraba en despacho y que restaba una definición sobre la apertura formal. Se trata, por lo tanto, de un pedido de concurso: la presentación no acredita por sí sola una resolución que lo admita ni un acuerdo con los acreedores.
La distinción importa porque evita dar por resuelta una reorganización que recién ingresa en otra instancia. Tampoco permite anticipar qué ocurrirá con cada establecimiento. La situación de Granja Tres Arroyos y la de Wade deben seguirse por separado, aun cuando ambas sociedades integren el mismo grupo y sus dificultades repercutan sobre una red productiva compartida.
La deuda llega a los tribunales; el reclamo sigue en las plantas
La presentación sucede a negociaciones privadas que no consiguieron encauzar el problema financiero. APFDigital, sobre información relevada por Ámbito, reseñó una propuesta de reestructuración por unos US$350,9 millones que contemplaba quitas, plazos extendidos y venta de activos. Ese monto corresponde al proceso de negociación informado por esos medios; no constituye una deuda verificada en el concurso.
En el frente laboral, la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación mantiene como ejes el pago de salarios, la defensa de los puestos de trabajo y la continuidad de la actividad. En su comunicado del 9 de septiembre, la FTIA documentó la marcha a la Secretaría de Trabajo de la Nación junto con UATRE, la Federación de la Carne y la Unión Obrera Molinera Argentina. Participaron delegaciones de distintas provincias afectadas por el conflicto.
La federación denunció despidos y atrasos salariales, y advirtió sobre el perjuicio para las localidades donde funcionan los establecimientos. Su estimación situó en cerca de 7.000 los puestos de trabajo amenazados. Es una dimensión del riesgo señalada por la organización sindical y no una cifra de nuevos despidos atribuible a la presentación judicial.
Un día antes de la marcha, las cuatro organizaciones habían llevado el conflicto a la Cámara de Diputados. En el comunicado sobre esa reunión, informaron que legisladores de Unión por la Patria expresaron su disposición a impulsar convocatorias a la empresa, funcionarios provinciales y otros actores. La agenda sindical vinculó explícitamente la protección del empleo con la necesidad de sostener la producción.
La continuidad industrial exige una salida operativa
Ese vínculo resulta central en una actividad integrada. La faena depende de granjas, alimento balanceado, transporte y abastecimiento; a su vez, una planta en funcionamiento sostiene tareas de mantenimiento, servicios y comercialización. Una solución financiera necesita traducirse en capacidad para pagar los insumos y el trabajo que permiten operar. La negociación de los pasivos, por sí sola, no muestra cómo se financiará ese circuito.
Para evaluar una eventual propuesta empresaria, importarán las respuestas concretas sobre abastecimiento, destino de las instalaciones, regularización salarial y relación con los proveedores. También será necesario distinguir compromisos anunciados de medidas efectivamente cumplidas. La continuidad productiva no puede medirse únicamente por la conservación de una marca o por una reorganización entre sociedades.
El pedido de concurso agrega así un frente judicial a un conflicto industrial y laboral que continúa abierto. La información disponible permite identificar la presentación y sus antecedentes. El siguiente dato decisivo será la respuesta del juzgado; para quienes trabajan y producen en la cadena, la prueba de una salida llegará con salarios pagados y actividad sostenida.