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  • El STIA participó del primer Congreso Bonaerense del Trabajo

    El STIA participó del primer Congreso Bonaerense del Trabajo

    El STIA participó del primer Congreso Bonaerense del Trabajo

    El movimiento obrero bonaerense construye la alternativa al modelo de destrucción productiva. Sergio Escalante presentó un programa industrial en Mar del Plata en el primer Congreso Bonaerense del Trabajo.

     

    El 28 y 29 de mayo de 2026, Mar del Plata fue sede del primer Congreso Bonaerense del Trabajo, convocado bajo el lema «Por una construcción federal del mundo laboral». El encuentro, organizado por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, reunió al gobierno provincial, municipios, organizaciones sindicales, cámaras empresariales, el sector cooperativo y el ámbito académico en un espacio de diálogo social orientado a fortalecer el trabajo decente, la producción y la inclusión laboral.

    El congreso reunió durante dos jornadas a más de seis mil participantes, y se desarrolló con 26 comisiones de debate en las que se analizaron las distintas problemáticas del mundo laboral. La convocatoria desbordó las expectativas de los organizadores: el ministerio calculó que solo la primera jornada reunió a más de tres mil personas entre trabajadores, empresarios, funcionarios, secretarios generales, representantes de la iglesia, la salud y la industria.

    La apertura del encuentro tuvo lugar en el salón «Atlantic» del Hotel 13 de Julio, que para el congreso fue rebautizado «Norberto Centeno», en homenaje al histórico abogado laboralista desaparecido durante la última dictadura militar. El gesto inaugural trazó una línea de continuidad entre la memoria del movimiento obrero y la construcción de políticas laborales hacia el futuro.

    Un diagnóstico que el movimiento obrero sostiene con cifras

    El contexto que enmarcó los debates es concreto y urgente. Correa señaló que existen más de 300 mil trabajadores y trabajadoras despedidos en un proceso que calificó de «industricidio feroz», mucho más veloz que lo ocurrido en los ’90 y más acelerado que el período de Macri.

    El ministro aportó datos precisos: la provincia de Buenos Aires concentra más del 50% de la industria nacional, y las políticas del gobierno de Milei afectan de manera directa al pueblo trabajador bonaerense. Como caso emblemático de ese proceso, el funcionario mencionó la situación de Granja Tres Arroyos, donde peligran 3.200 puestos de trabajo en cinco distritos, a causa de la caída del consumo interno y la paralización de las exportaciones a China.

    El gobernador Axel Kicillof, y el ministro de Trabajo, Walter Correa, encabezaron el cierre del primer Congreso Bonaerense de Trabajo.

    El impacto del modelo alcanza al conjunto de la estructura productiva. Kicillof señaló que los únicos sectores que crecen son el primario y el financiero, que generan poco empleo, mientras se desploman la industria, el comercio y la construcción. La advertencia apunta a una economía que premia la especulación y castiga la producción: el gobernador sostuvo que el mundo protege su industria y sus recursos estratégicos, pero en Argentina se impulsa un modelo que invita a las corporaciones extranjeras a llevarse todo sin dejar valor en el país.

    «Por las políticas económicas del Gobierno nacional ya cerraron 24 mil empresas y se perdió medio millón de puestos de trabajo.» — Axel Kicillof, cierre del Congreso Bonaerense del Trabajo

    La destrucción productiva como política deliberada

    El Congreso instaló con claridad un argumento que el movimiento obrero sostiene desde el inicio de la gestión nacional: el deterioro del empleo y la industria son el resultado de decisiones políticas, y corresponde enfrentarlos con construcción política. Walter Correa cuestionó la política nacional y sostuvo que el país atraviesa un «industricidio feroz, peor que en los 90 y más rápido que en el proceso de Macri».

    El ministro explicó que la provincia enfrenta una problemática compleja, dado que más del 50% de la industria nacional está radicada en el territorio bonaerense, y todas esas actividades sufren el impacto de las políticas de ajuste.

    Correa fue categórico al calificar el proceso como un «industricidio»: «La desindustrialización es una política deliberada que busca destruir el aparato productivo nacional. Y desde el ministerio de Trabajo de la provincia estamos comprometidos en defender las fuentes laborales y en promover políticas que fomenten la industrialización y el empleo genuino».

    Los debates del Congreso se vertebraron sobre esa lectura compartida. En las 26 comisiones se abordaron las diferentes situaciones que afectan al mundo del trabajo, provocadas por las medidas de apertura y desregulación de la economía implementadas por el gobierno nacional. Las discusiones incorporaron también los desafíos emergentes: la inclusión laboral, el trabajo en plataformas digitales, la prevención de la violencia laboral, el trabajo rural, la erradicación del trabajo infantil y el fortalecimiento de la economía social y cooperativa.

     

    El Consejo Bonaerense del Trabajo: una herramienta institucional

    El Congreso no fue solo un espacio de diagnóstico. En su marco se realizó la primera Asamblea del Consejo Bonaerense del Trabajo, un ámbito institucional creado para pasar del debate a la política concreta. El Consejo fue creado mediante la Resolución Nº 37/2026 de la cartera laboral y funciona como un ámbito institucional de diálogo y articulación entre el gobierno provincial, los municipios bonaerenses, las centrales sindicales, los sectores de la producción y otros actores relevantes del mundo laboral.

    Walter Correa designó a Gustavo Mariani como coordinador ejecutivo del espacio.

    Axel Kicillof propuso discutir el futuro del empleo con una perspectiva federal.

     

    Presidido por Correa, el Consejo contó con la participación de ministros bonaerenses, intendentes, funcionarios de áreas laborales municipales, representantes de las tres centrales obreras y entidades empresarias como la UIPBA y la CGERA.

    El objetivo del Consejo es claro: promover el diseño y la implementación de políticas públicas laborales con enfoque territorial, federal y participativo, orientadas a fomentar el trabajo digno, fortalecer la equidad en el acceso y permanencia en el empleo, y atender las particularidades sociales, económicas y productivas de las distintas regiones de la provincia.

    Correa destacó que en el Congreso participaron representantes de todos los sectores: el trabajo, la industria y la iglesia. «Aquí hubo representación de las 24 provincias argentinas, con sus diferentes realidades, porque este fue un Congreso federal, y no uno unitario», concluyó el ministro.

    Kicillof y la apuesta por una Argentina productiva

    El gobernador Axel Kicillof encabezó el acto de cierre y trazó el horizonte político del encuentro. En su discurso señaló que la Argentina enfrenta el riesgo de profundizar un rumbo que ya causó daños irreparables al tejido productivo y laboral.

    «Los argentinos sabemos muy bien que no hay proyecto de país si no hay participación popular del movimiento obrero y de los empresarios genuinos y nacionales. Este Congreso llegó para demostrar que hay otro camino: el de una Nación con ciencia, educación, industria y empleo. Eso es lo que vinimos a reafirmar hoy: gobernar es cuidar a los nuestros y crear trabajo», subrayó.

    Correa, por su parte, destacó que el Congreso permitió al gobernador «otorgarle un marco institucional al debate que siempre tenemos dentro de todas las organizaciones: debatir estas cuestiones del mundo del trabajo».

    El encuentro contó con la presencia de referentes sindicales de primera línea, entre ellos Héctor Daer, Hugo Moyano hijo y Octavio Argüello, el triunviro de la CGT, junto a ministros provinciales y representantes de organismos internacionales.

    El STIA Buenos Aires llevó programa al Congreso

    El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Buenos Aires tuvo participación directa en el Congreso Bonaerense del Trabajo. Sergio Escalante, secretario general del STIA Buenos Aires, y miembros del Consejo Directivo estuvieron presentes en las dos jornadas de debate e intercambio.

    La presencia del STIA fue activa y propositiva. Durante las jornadas, Escalante expuso un programa estratégico para el desarrollo industrial, construido desde la experiencia del gremio y desde las realidades concretas que el sector comparte con las empresas de la alimentación.

    El STIA llevó propuestas al Congreso Bonaerense del Trabajo

     

    El programa que presentó Escalante es consecuente con la línea que el STIA Buenos Aires sostiene desde hace tiempo: el trabajo, la producción y la industria son los motores del desarrollo de cada argentino y de cada argentina. Esa orientación industrialista y de construcción cooperativa con el sector empleador distingue al gremio alimentario dentro del movimiento obrero bonaerense.

    La participación en el Congreso reafirmó el compromiso del STIA Buenos Aires con el diálogo, con la construcción federal y con la búsqueda de un modelo de país con inclusión. El sindicato lleva a los espacios de deliberación colectiva la misma convicción que orienta su práctica gremial cotidiana: la defensa del empleo genuino y la apuesta por la industria nacional.

    «Necesitamos un modelo de país con inclusión, donde el trabajo, la producción y la industria sean los motores del desarrollo de cada argentino.» — Sergio Escalante, secretario general del STIA Buenos Aires

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    Una construcción que el movimiento obrero sostiene con hechos

    El primer Congreso Bonaerense del Trabajo dejó instalado un debate sobre el modelo productivo en un momento en que las consecuencias del ajuste se miden en cierres de empresas, despidos y caída de los ingresos reales. La articulación entre sindicatos, empresas, municipios y el gobierno provincial para diseñar políticas públicas orientadas al trabajo digno es la respuesta institucional a ese proceso.

    Carla Gaudensi, secretaria general de la FATPREN, resumió el espíritu del encuentro: «La iniciativa del ministro Correa y del gobernador Kicillof es muy importante en un momento donde los trabajadores y el mundo laboral está siendo fuertemente atacado por las políticas del gobierno de Javier Milei».

    El Congreso Bonaerense del Trabajo es un punto de partida. El Consejo Bonaerense del Trabajo, con representación de los 135 municipios y las centrales obreras, tiene la responsabilidad de transformar ese debate en política pública. El movimiento obrero bonaerense lleva al espacio institucional lo que sostiene en la calle, en las paritarias y en el trabajo cotidiano de cada gremio: que el desarrollo del país pasa por la industria, por el empleo formal y por la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

  • La FTIA abrió paritarias 2026-2027 con un reclamo urgente

    La FTIA abrió paritarias 2026-2027 con un reclamo urgente

    La FTIA abrió paritarias 2026-2027 con un reclamo urgente

    La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) se reunió el 20 de mayo con la Cámara Empresaria FIPAA. Sin acuerdo por paritarias, la próxima audiencia es el miércoles 27 de mayo.

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  • Marcha universitaria: el pueblo exige que se cumpla la ley

    Marcha universitaria: el pueblo exige que se cumpla la ley

    Marcha universitaria: el pueblo exige que se cumpla la ley

    La cuarta Marcha Federal Universitaria colmó la Plaza de Mayo con más de un millón y medio de personas y le exigió al gobierno de Milei que aplique la Ley de Financiamiento Universitario.

     

    El 12 de mayo de 2026 quedará en la memoria colectiva como el día en que Argentina volvió a demostrar que la educación pública es un valor que no se negocia. La cuarta Marcha Federal Universitaria desbordó la Plaza de Mayo y cientos de puntos del país con estudiantes, docentes, investigadores, familias y trabajadores organizados. El reclamo fue uno solo: que el gobierno de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, ratificada con mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras y respaldada dos veces por la Justicia. El movimiento obrero marchó en unidad con la comunidad universitaria, y los trabajadores de la industria alimentaria también llevaron su voz a la calle.

    Una marea humana en todo el país

    La convocatoria fue masiva desde el mediodía. Horas antes del acto central, las columnas de estudiantes, docentes y trabajadores ya ocupaban las principales vías de acceso al centro porteño.

    El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales llamaron a movilizarse en todo el país. En Buenos Aires, el acto central tuvo lugar en Plaza de Mayo a partir de las 17 horas, con discursos desde las 18.

    El presidente del CIN, Franco Bartolacci, estimó una concurrencia de más de 1.500.000 personas en todo el territorio nacional. El gobierno intentó relativizar la cifra y habló de 135.000 asistentes, pero las imágenes desde el aire contradijeron esa versión: la Plaza de Mayo y la Avenida de Mayo fueron literalmente una marea humana.

    La jornada fue pacífica de principio a fin. Familias con carteles escritos a mano, coreografías de estudiantes de arte, docentes universitarios con sus batas blancas y columnas sindicales organizadas pintaron un cuadro que nadie pudo ignorar.

    El acto cerró con la lectura de un documento unificado de las universidades, que exigió al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la ley de financiamiento, «votada, ratificada y validada en dos instancias por la Justicia».

    La pianista Marta Argerich también sumó su voz desde Europa: «Quiero manifestar mi apoyo por la defensa de las universidades públicas y gratuitas en la Argentina», dijo en un video que circuló antes de la marcha. Decenas de referentes de la cultura, el cine y el teatro grabaron mensajes similares.

    Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Salta, La Plata y cada ciudad del interior donde funciona una universidad pública tuvieron su propia concentración. La movilización fue federal en el sentido más amplio de la palabra.

    La ley que el gobierno se niega a cumplir

    La historia del conflicto universitario tiene un hilo conductor: el gobierno de Javier Milei se niega a acatar una ley que el Congreso aprobó, que Milei vetó, que el Congreso ratificó y que la Justicia ordenó cumplir.

    La Ley de Financiamiento Universitario establece la recomposición de salarios docentes y no docentes en función de la inflación acumulada desde fines de 2023, y garantiza la actualización mensual del presupuesto universitario. Su aprobación fue el resultado directo de la primera Marcha Federal del 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas tomaron las calles.

    Milei la vetó en septiembre de 2025. El Congreso rechazó ese veto con mayoría de dos tercios en ambas cámaras y ratificó la vigencia de la norma. El Poder Ejecutivo siguió sin aplicarla.

    La Justicia intervino dos veces en favor del sector universitario y ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la recomposición de salarios y becas. El gobierno ignoró esas resoluciones.

    El 7 de mayo de 2026, días antes de la marcha, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó al Ejecutivo a recurrir a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, y suspendió la medida cautelar que le ordenaba transferir fondos. El gobierno interpretó esa habilitación como un triunfo político. Las universidades lo leyeron como una nueva escalada.

    «El Gobierno viene dando manotazos de ahogado, tratando de bloquear judicialmente una ley que fue votada y sancionada en dos ocasiones por el Congreso nacional.» — Clara Chevallier, secretaria general de CONADU

    La posición oficial es que la ley «no prevé en forma expresa las fuentes de financiamiento» y que su aplicación plena afectaría «la estabilidad económica y la macroeconomía del país». La subsecretaría de Políticas Universitarias trabaja en un proyecto propio que reconoce un atraso salarial del 12% y propone abonarlo en cuotas. Para el sector universitario, esa propuesta es una burla.

    La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue contundente en la antesala de la marcha: «La única ley que vamos a cumplir es la ley de Presupuesto». La frase condensó en pocas palabras tres años de política educativa del gobierno libertario.

    La universidad en el punto más bajo de su historia

    Las universidades nacionales atraviesan la peor crisis presupuestaria de su historia moderna. Los datos son contundentes y provienen de fuentes académicas y organismos independientes.

    Las transferencias del Estado nacional a las universidades acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, según datos del sector. Para 2026, el gobierno presupuestó 4,8 billones de pesos para educación superior, cifra que implica una reducción del 42% en términos reales respecto de 2023, el último año de la gestión anterior. Para equiparar el valor real de ese año, el presupuesto debería ascender a 8,4 billones de pesos.

    Los salarios docentes y no docentes son la expresión más visible del deterioro. Según datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), en abril de 2026 el salario bruto de un docente con dedicación simple y 10 años de antigüedad fue de 332.000 pesos. Eso representa una caída real del 34,2% desde noviembre de 2023.

    El dato más impactante lo aportó el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti): el 80% de los docentes universitarios cobra por debajo de la línea de pobreza. El propio rector de la UBA, Ricardo Gelpi, lo graficó con crudeza: «En esta situación podemos sobrevivir unos meses más, no años».

    La situación en el aula tiene consecuencias directas. El sistema universitario registra una renuncia docente cada dos días. Los profesores que no renuncian caen en el pluriempleo: trabajan en dos o tres instituciones para sostener un ingreso mínimo. El sistema se vacía por arriba, con los mejores docentes que se van, y por abajo, con estudiantes de menores recursos que no pueden sostener la cursada.

    Las becas Progresar permanecen congeladas en 35.000 pesos desde diciembre de 2023. Para los 2,5 millones de estudiantes inscriptos en universidades nacionales, ese congelamiento representa la diferencia entre poder estudiar o no.

    «Necesitamos que seamos muchos y muchas en todas las plazas del país. No solo quienes formamos parte de la comunidad universitaria y científica, sino la sociedad en su conjunto.» — Franco Bartolacci, rector de la UNR y presidente del CIN

    El rector también precisó que el financiamiento universitario está en el punto histórico más bajo, equivalente a apenas el 0,4% del PBI. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) confirmó que el financiamiento por estudiante cayó al valor más bajo registrado en al menos una década.

    Los hospitales universitarios de la UBA reflejan la misma crisis. Sus directivos denunciaron que en 2026 todavía no recibieron fondos de funcionamiento. La atención a la comunidad está en riesgo directo.

    El desmantelamiento de la ciencia argentina

    El impacto del ajuste sobre la ciencia y la tecnología es una de las dimensiones más graves del conflicto. Argentina construyó durante décadas un sistema científico de reconocimiento internacional. Hoy ese sistema está en proceso de desmantelamiento.

    El gobierno de Milei eliminó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desde el inicio de su gestión. La cartera fue degradada a subsecretaría. Los manifestantes del 12 de mayo hicieron referencia explícita a esa decisión: un desfile de «viudas de la ciencia» recorrió la Avenida de Mayo, simulando velar a un sistema que el gobierno decidió abandonar.

    El CONICET acumula tres años de parálisis institucional. El organismo perdió el 14% de sus investigadores entre 2023 y 2026, entre despidos, recortes de becas y renuncias voluntarias. El presupuesto destinado a ciencia y técnica se redujo casi el 50% en términos reales respecto de 2023. El financiamiento para becas cayó un 39%.

    «El Conicet está absolutamente paralizado. Una institución de ciencia y técnica paralizada va al muere.» — Jorge Geffner, investigador del CONICET

    El bioinformático Rodrigo Quiroga, del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba, fue más directo aún: «Se siente como una provocación, como un ataque direccionado e intencional. No me quedan dudas de que el gobierno tiene un plan de destrucción del sistema científico y universitario».

    La proyección presupuestaria para ciencia y técnica en 2026 es inferior al 0,15% del PBI, perforando mínimos históricos. El ex presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, Roberto Salvarezza, advirtió que esa cifra equivale al «estrangulamiento definitivo del sector».

    La fuga de cerebros es el resultado más visible. Argentina pierde científicos, investigadores y docentes calificados que se van al exterior o que directamente abandonan la carrera académica. El sistema universitario registra una renuncia docente cada dos días. Cada renuncia es una acumulación de conocimiento, de formación y de años de inversión pública que se pierde sin retorno.

    En la previa de la marcha, el gobierno profundizó el ajuste con un recorte de 3.000 millones de pesos al CONICET y 5.000 millones de pesos a fondos de infraestructura universitaria. La comunidad científica lo interpretó como una provocación deliberada.

    La eliminación del ministerio tiene también consecuencias productivas concretas. El sector industrial, y en particular la industria de la alimentación, depende de la investigación aplicada para desarrollar procesos, mejorar productividad y generar innovación. El vaciamiento del sistema científico es una pérdida para toda la cadena productiva del país.

    La Justicia y el conflicto que no se cierra

    El conflicto universitario llegó a la Justicia en varias ocasiones, y en todas el Poder Ejecutivo quedó en una posición difícil: los tribunales le ordenaron cumplir la ley, y el gobierno buscó vías para eludir esas órdenes.

    Dos instancias judiciales ordenaron al Estado el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, los que establecen la recomposición de salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas. El Ejecutivo siguió sin ejecutar esas transferencias.

    El 7 de mayo de 2026, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal dio al gobierno una herramienta que este buscaba: suspendió la medida cautelar que lo obligaba a transferir fondos y habilitó el camino hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el máximo tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley y su aplicación.

    Desde el gobierno leyeron esa resolución como una victoria. Desde las universidades, la lectura fue la opuesta: el Ejecutivo usó una instancia judicial para seguir postergando el cumplimiento de una obligación legal mientras la crisis se profundiza en cada aula y en cada laboratorio del país.

    La pelota quedó en la cancha de la Corte Suprema. Mientras tanto, las universidades funcionan con presupuestos que no alcanzan, con docentes que cobran sueldos de pobreza y con investigadores que se van del país.

    El documento leído en Plaza de Mayo fue preciso al respecto: el gobierno tiene una ley aprobada, una ratificación parlamentaria y dos fallos judiciales a favor de las universidades. El incumplimiento es una decisión política, no una limitación legal.

    La CGT y el movimiento obrero en la calle

    La cuarta Marcha Federal Universitaria no fue solo de la comunidad académica. El movimiento obrero argentino marchó junto a las universidades y reafirmó una alianza que se consolida cada vez que el gobierno aplica el ajuste.

    La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado firmado por su Consejo Directivo Nacional con un título que no dejaba lugar a interpretaciones: «¡Que cumplan con la ley!». La central convocó a los trabajadores a concentrar a las 15 horas en la esquina de Diagonal Sur y Bolívar, para marchar juntos hacia Plaza de Mayo.

    «Frente a un gobierno nacional que está implementando políticas de desfinanciamiento del sistema educativo en general y que se retira de sus obligaciones fundamentales como el sostenimiento de la educación pública, desde la CGT convocamos al conjunto de las y los trabajadores a apoyar y participar de la movilización.» — Comunicado del Consejo Directivo Nacional de la CGT

    La central sindical también fue explícita sobre el significado de la educación pública para el mundo del trabajo: «Defender la universidad pública es defender el derecho a un futuro mejor, el desarrollo de la Nación, la producción y el trabajo argentino». La educación es la puerta de entrada al empleo de calidad, a la movilidad social ascendente y a la construcción de una clase trabajadora con derechos.

    Una multitudinaria movilización colmó Plaza de Mayo para exigir que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

     

    La adhesión de la CGT no fue solo declarativa. La convocatoria reunió a un arco amplio del movimiento sindical argentino: la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA). También estuvieron el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y decenas de gremios de distintas ramas.

    La articulación entre el movimiento obrero y las universidades tiene una lógica que va más allá del acompañamiento coyuntural. Los hijos e hijas de los trabajadores son los principales usuarios de la universidad pública. Los profesionales que se forman en esas casas de estudio son los que luego integran las plantillas de las empresas y las industrias del país. Atacar la universidad es atacar la movilidad social y el futuro productivo de la Argentina.

    La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) también adhirió a la marcha y advirtió que el ajuste al sistema educativo y científico equivale a «una demolición calculada contra el desenvolvimiento de la actividad nacional».

    El STIA Buenos Aires defiende el futuro del país

    Los trabajadores de la industria alimentaria estuvieron presentes en la cuarta Marcha Federal Universitaria. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Filial Buenos Aires, se movilizó junto al movimiento obrero en defensa de la educación pública, la universidad y la ciencia nacional.

    El Consejo Directivo del STIA Buenos Aires convocó a sus afiliadas y afiliados a participar de la Marcha Federal en defensa de la Educación Pública con una posición clara y sin rodeos: «Desde nuestra organización exigimos que se garantice la Ley de Financiamiento Universitario, por el futuro y el desarrollo de nuestro país, por la movilidad social ascendente».

    La convocatoria del STIA Buenos Aires hizo explícita una certeza que atraviesa la cultura del sindicalismo de la alimentación: la educación y la ciencia son el motor del país. El texto también subrayó el carácter colectivo de la lucha: «Nos movilizamos junto a todo el movimiento obrero, junto a todo el pueblo. Defender la universidad es defender el futuro de todos».

    La frase con la que el STIA Buenos Aires cerró su llamado a la movilización resume el espíritu de la jornada: «¡La educación no debe ser una variable de ajuste!». Una consigna que conecta directamente con las consecuencias del desfinanciamiento sobre el empleo, la industria y las posibilidades de desarrollo del país.

    Héctor Morcillo, Rodolfo Daer y Sergio Escalante, referentes del gremio de Alimentación al frente de la columna del STIA.

     

    El secretario de Interior de la CGT Regional San Martín, Sergio Escalante, también acompañó la convocatoria y la movilización. Desde su militancia en el sector alimentario, Escalante sostiene que la lucha por la educación pública es inseparable de la lucha por los derechos de los trabajadores. Su participación en la marcha es coherente con una visión sindical que concibe a la educación como una herramienta central para la movilidad social ascendente y para el fortalecimiento del tejido productivo nacional.

    Para la industria alimentaria, el vínculo entre la universidad pública y el sector no es abstracto. Las universidades forman a los ingenieros en alimentos, a los bromatólogos, a los nutricionistas, a los técnicos en calidad y a los investigadores que trabajan en la innovación de procesos productivos. El vaciamiento del sistema universitario y científico tiene un impacto directo sobre la capacidad del sector para generar empleo de calidad, mejorar sus productos y sostener la competitividad de la industria.

    La FTIA —Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación— y el conjunto del sindicalismo de la alimentación comparten esa convicción. Defender la educación pública es defender la industria. Defender la ciencia es defender el trabajo.

    La presencia del STIA Buenos Aires en la cuarta Marcha Federal Universitaria no fue un gesto de solidaridad aislado. Es parte de una posición política y sindical que entiende que el ajuste sobre la educación, la ciencia y la tecnología es un ajuste sobre el modelo productivo argentino y sobre las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.

    El gobierno no cede

    La respuesta del gobierno a la marcha fue la misma que en las tres ocasiones anteriores: minimizar la convocatoria, atribuirle motivaciones políticas y ratificar la negativa a cumplir la ley.

    El Ejecutivo insistió en que la movilización fue «completamente política» y que estuvo impulsada por sectores opositores. Señaló la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, de referentes de la CGT y del exministro Sergio Massa entre los asistentes. El argumento oficial ignora que la primera marcha, en abril de 2024, fue protagonizada en gran parte por ciudadanos autoconvocados sin bandera partidaria, que salieron a la calle simplemente para defender la educación.

    Alejandro Álvarez, el siniestro funcionario detrás de la “batalla cultural” del Gobierno contra las universidades públicas, junto a Milei y Petovello.

     

    El rector Gelpi expresó la síntesis de lo que ocurrió: «Afectar la educación y la ciencia es hipotecar el futuro». La frase no es una metáfora. Es una descripción literal de lo que está en juego.

    Tres años de ajuste sobre las universidades públicas no produjeron ni un solo resultado que el gobierno pueda mostrar como beneficio concreto para la sociedad. El sistema universitario está al borde del colapso, los científicos se van del país, los docentes cobran salarios de indigencia y los estudiantes de los sectores más vulnerables no pueden sostener la cursada.

    La cuarta Marcha Federal Universitaria demostró que la resistencia tampoco cede. El movimiento universitario, científico y sindical sigue en la calle, sigue organizando y sigue exigiendo lo mismo que desde el primer día: que se cumpla la ley.

     

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    CGT: hacia una renovación en tiempos de crisis y nuevos desafíos

    El 5 de noviembre la CGT elegirá nueva conducción. Héctor Daer cierra ciclo y abre paso a un recambio clave en medio de tensiones políticas.


    La Confederación General del Trabajo (CGT) fijó el 5 de noviembre de 2025 como fecha para la elección de sus nuevas autoridades. El anuncio marca el inicio de un proceso de renovación institucional que busca abrir un nuevo capítulo en la historia del sindicalismo argentino. El actual triunvirato —integrado por Héctor Daer, Carlos Acuña y Octavio Argüello— ya confirmó que no continuará al frente de la central. Tras nueve años de gestión, los dirigentes asumieron la necesidad de dar paso a una nueva camada de líderes, en un gesto que combina madurez política y visión estratégica.

    La CGT renueva autoridades y puso fecha para las elecciones.

     

    El cierre de este ciclo se produce en un contexto de profunda crisis económica, deterioro salarial y creciente descontento social, donde la política atraviesa uno de sus niveles más bajos de legitimidad. Por eso, el recambio no será solo de nombres: será una prueba crucial sobre la capacidad de la CGT de convocar, contener y articular a trabajadores y trabajadoras que sienten que sus reclamos no encuentran eco ni en el Estado ni en los partidos tradicionales.

     


    El rol de Héctor Daer y la vocación dialoguista de un ciclo que termina

    Héctor Daer, referente del gremio de Sanidad, ha sido la figura más visible del triunvirato desde 2016. Su liderazgo estuvo marcado por una vocación dialoguista, buscando siempre tender puentes con los distintos gobiernos, incluso en momentos de fuerte confrontación. Esta impronta le permitió mantener abierta la mesa de negociación en situaciones críticas, pero también generó tensiones internas con sectores que reclamaban una postura más combativa frente a las políticas de ajuste.

    Héctor Daer mantuvo una postura dialoguista con los diferentes gobiernos para defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras.

    El propio Daer reconoció que “el ciclo está cumplido” y que resulta indispensable apostar a la renovación. Su salida, en este sentido, abre la puerta a una transición ordenada, sin forzar continuidades artificiales ni apostar a candidaturas personales que pudieran dividir a la central. El legado de Daer se medirá tanto en los equilibrios alcanzados como en haber facilitado un recambio consensuado.


    El horizonte político: entre el diálogo y la confrontación

    El debate central que atraviesa a la CGT es si la nueva conducción debe mantener un perfil dialoguista con el gobierno de Javier Milei o, por el contrario, adoptar un rol confrontativo ante las reformas laborales y económicas que afectan a los trabajadores.

    • La línea moderada, heredera del espíritu de Daer, sostiene que la CGT no puede cerrarse al diálogo, porque los trabajadores necesitan canales institucionales de defensa en un momento de fragilidad. En este esquema, se prioriza la negociación antes que la calle.
    • Los sectores más duros, encabezados por dirigentes como Abel Furlán (UOM), reclaman un “unicato” que exprese firmeza, con capacidad de encabezar movilizaciones y plantarse frente al Ejecutivo sin ambigüedades.

    Este dilema no es nuevo, pero cobra una dimensión mayor porque el sindicalismo enfrenta el desafío de volver a representar a una clase trabajadora fragmentada, golpeada por la inflación, el desempleo y la precarización laboral. Cualquier conducción que surja deberá definir si su horizonte político será el del consenso con los poderes de turno o el de la confrontación abierta en defensa de derechos.


    Los desafíos de la nueva conducción: recomponer el vínculo con los trabajadores

    Más allá de la discusión sobre el formato de conducción —triunvirato o unicato—, la gran tarea de la CGT será recuperar la confianza de los trabajadores y trabajadoras. En los últimos años, la central sufrió críticas crecientes por parte de sus propias bases, que la acusaron de tibieza frente al deterioro del salario real y la flexibilización laboral de hecho.

    El desafío político será múltiple:

    • Reconstruir legitimidad: la nueva conducción deberá demostrar que puede expresar con firmeza los intereses de las bases y no solo gestionar acuerdos en despachos oficiales.
    • Ampliar la representatividad: hoy el sindicalismo tradicional convive con movimientos de trabajadores informales, de la economía popular y de plataformas digitales, que todavía no encuentran espacio pleno en la CGT. Integrarlos será clave para proyectar poder real.
    • Convocar a la unidad en la diversidad: la fragmentación política y gremial debilita la capacidad de acción. Un liderazgo legitimado deberá ser capaz de articular a sectores dialoguistas y confrontativos, evitando fracturas que resten fuerza.

    En un contexto de descontento con la política, la CGT enfrenta la obligación de volver a ser un actor social confiable, capaz de canalizar reclamos y marcar la agenda en defensa de los derechos laborales.


    Una transición ordenada en medio de la crisis

    El actual triunvirato puede reivindicar como logro haber evitado rupturas mayores durante años convulsionados. Sin embargo, la crisis económica que atraviesa la Argentina y la caída en los niveles de confianza hacia la política colocan a la central sindical frente a una encrucijada histórica.

    Héctor Daer, histórico dirigente de Sanidad, da un paso al costado para facilitar la transición de autoridades en la conducción de la CGT.

     

    La virtud de apostar por la renovación, sin prolongar artificialmente los mandatos, es un gesto que sienta bases positivas para la transición. El camino hasta noviembre estará signado por negociaciones intensas, donde se pondrán en juego no solo liderazgos individuales, sino también el modelo de sindicalismo que la CGT quiere ofrecer de cara a un futuro incierto.

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    La necesidad de volver a convocar

    El 5 de noviembre no solo se votará a la nueva conducción de la CGT, sino que se pondrá a prueba la capacidad del movimiento obrero organizado para renovar su representatividad en tiempos de crisis. La conducción que surja deberá enfrentar el desafío de recomponer la confianza de millones de trabajadores y trabajadoras que hoy sienten lejana a la política sindical.

    En un país donde los salarios pierden poder adquisitivo mes a mes y donde el malestar social crece, la central sindical tiene la oportunidad —y la obligación— de convertirse en un faro de defensa colectiva. La renovación no será un simple trámite: será el punto de partida para definir si la CGT logra reconectarse con las bases y perfilar un nuevo sindicalismo que combine diálogo, firmeza y capacidad de convocatoria.

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