El gobierno sacrifica la salud pública por las corporaciones

El gobierno envía al Congreso un proyecto para derogar la ley de etiquetado frontal y protege los intereses de la industria alimentaria

El Poder Ejecutivo firmó y envió al Senado un proyecto de derogación total de la Ley 27.642, la norma que obliga a estampar octógonos negros en alimentos con exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías. Detrás de los argumentos técnicos se esconde una presión sostenida de la COPAL y las grandes alimenticias. La OPS, la OMS, la FAO, UNICEF y la evidencia acumulada en una decena de países van en sentido exactamente contrario. Derogar la ley no es una corrección técnica: es una decisión política que transfiere el costo de la mala alimentación a la salud pública, a los trabajadores y al sistema de salud.

El proyecto lleva las firmas de Milei, Adorni y Lugones

El 24 de mayo de 2026, el Poder Ejecutivo Nacional formalizó su ofensiva contra la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. El proyecto ingresó al Senado firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones.

La iniciativa propone la derogación íntegra de la ley N° 27.642, que rige desde 2022. De aprobarse, desaparecerían los octógonos negros de advertencia sobre exceso de azúcares, sodio, grasas totales, grasas saturadas, calorías, edulcorantes y cafeína.

También quedarían sin efecto las restricciones sobre publicidad dirigida a niños, el uso de personajes infantiles en los envases y la regulación de entornos escolares. El gobierno pidió al Congreso «pronto tratamiento y sanción».

Los argumentos del gobierno son los mismos de la COPAL

El Ejecutivo sostiene en el texto que la normativa presenta «limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas» que justifican su eliminación total. Los fundamentos se apoyan en tres ejes.

El primero es la crítica al «sistema binario»: el gobierno afirma que el modelo aplica parámetros homogéneos sobre matrices alimentarias distintas, sin considerar las porciones reales, y que eso provocaría que alimentos «tradicionales» reciban advertencias equivalentes a las de ultraprocesados.

El segundo eje es la competitividad: el oficialismo sostiene que la falta de armonización con el Mercosur obliga a las empresas a producir envases diferenciados, generando sobrecostos. El tercero es la restricción publicitaria, señalada como una limitación para el posicionamiento de mercado.

Esos argumentos no son nuevos. La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios y Bebidas (COPAL) —que nuclea a más de 14.500 empresas del sector— los viene instalando desde antes de que la ley se sancionara.

«El proyecto de los diputados de La Libertad Avanza cuenta con el aval de la industria de alimentos nucleada en la COPAL.» — El Cronista, mayo de 2026

El exdiputado Julio Cobos, uno de los impulsores originales de la ley, fue directo al calificar el proyecto oficial como un texto con «frases armadas por las cámaras empresariales» y señaló que «no tiene fundamento científico». La ley que el gobierno busca derogar fue sancionada en 2021 con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones, luego de casi doce meses de demoras provocadas por el lobby sectorial.

La ciencia respalda los octógonos

La OPS y la OMS, las instituciones científicas de referencia en salud pública para la región y el mundo, expresaron una posición inequívoca.

«El único sistema eficaz que logró reducir efectivamente la cantidad de productos con exceso de nutrientes críticos fue el sistema de advertencia con octógonos negros desarrollado con el perfil de nutrientes de la OPS.» — Fabio Da Silva, asesor regional en Nutrición y Actividad Física de la OPS/OMS

El perfil de nutrientes de la OPS fue elaborado con convocatoria de expertos independientes y sin conflictos de interés. En marzo de 2026, un nuevo informe de la OPS, «Mejores prácticas de etiquetado frontal de productos alimentarios en la Región de las Américas», ratificó que los sellos octogonales son los más eficaces para captar la atención del consumidor.

El sistema alternativo que la industria históricamente propone —las cantidades diarias orientativas (CDO) o etiquetado tipo semáforo— tiene respaldo científico significativamente inferior. La OPS es explícita: las CDO son «la opción menos efectiva y de menor impacto a nivel mundial».

El argumento de que el sistema actual no incentiva mejoras graduales en los productos es también refutado por los datos. La evidencia muestra que las advertencias reducen la oferta de productos que las llevan e incrementan la proporción de productos sin sellos, lo que es exactamente el efecto buscado de política pública.

Te puede interesar –> La Copal y el macrismo contra la Ley de Etiquetado

Chile y México muestran que funciona

La experiencia regional no deja margen para la especulación. Chile fue el primer país del mundo en implementar etiquetado frontal obligatorio de forma, en 2016. Los resultados son medibles.

«Los primeros estudios del impacto de la ley en el consumo de alimentos mostraron una reducción de 22,9 ml diarios en el consumo de bebidas altas en azúcar por persona.» — Scielo Chile, análisis de la Ley 20.606

Esa caída en el consumo de bebidas azucaradas fue la respuesta directa a la información clara y accesible en los envases. No hubo impacto negativo en el empleo ni en el comercio exterior. Las advertencias octogonales se replicaron en Uruguay, Perú, Ecuador y México.

En México, investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública proyectaron que el etiquetado, implementado en 2020, generaría una reducción promedio de 37 calorías diarias por persona hacia 2025. El mecanismo funciona en dos sentidos: orienta al consumidor y presiona a la industria a reformular sus productos.

Los países de América Latina que adoptaron el sistema —Chile, México, Argentina, Perú— registraron en común aumento de la comprensión nutricional en todos los grupos de edad, incluyendo niños y pacientes con comorbilidades, y disminución de la compra de ultraprocesados, sin reducción de salarios ni de ingresos empresariales.

En contradicción directa con la política del gobierno argentino, el Frente Parlamentario contra el Hambre del Parlasur aprobó recientemente una declaración para promover una ley regional de etiquetado frontal inspirada en el esquema argentino y en los parámetros de la OPS.

Argentina enfrenta una epidemia de malnutrición

El contexto sanitario argentino hace que la discusión no sea abstracta. Las cifras son una advertencia urgente.

Según el World Obesity Atlas 2025 y datos del Ministerio de Salud de la Nación, el 73% de los adultos argentinos tiene exceso de peso y el 39% padece obesidad. Esas cifras ubican al país entre los de mayor crecimiento de la obesidad en Latinoamérica.

«El 41,1% de los niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años presenta sobrepeso u obesidad. Los menores de cinco años tienen exceso de peso en un 13,6%.» — Ministerio de Salud de la Nación, datos 2024

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) —diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer— son responsables de más del 70% de las muertes en el país. La OPS señala que la hipertensión, la hiperglucemia en ayunas y el sobrepeso u obesidad son los tres factores de riesgo más asociados con la mortalidad en la región.

El consumo de ultraprocesados, ricos en azúcares, grasas y sodio, es uno de los principales vectores de esa crisis. La OPS indica que las ventas per cápita de productos ultraprocesados crecieron más del 35% en Argentina en las últimas dos décadas.

El costo lo paga la sociedad, no la industria

El argumento central del gobierno y de la COPAL es que la ley genera «sobrecostos» para la industria. La pregunta que el proyecto oficial no responde es quién absorbe los costos cuando la población enferma.

Las enfermedades crónicas vinculadas a la mala alimentación son de tratamiento prolongado, costoso y en muchos casos irreversible. Diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y ciertos cánceres demandan atención especializada, medicación crónica, internaciones y pérdida de capacidad laboral.

Esos costos no los paga la industria alimentaria. Los absorbe el sistema de salud público, las obras sociales, los sindicatos y los propios trabajadores y sus familias. La OPS calculó que las intervenciones de salud preventiva más costo-efectivas tienen un retorno de entre dos y tres dólares por cada dólar invertido.

Desregular el etiquetado no elimina el costo de la mala alimentación: lo desplaza desde las empresas hacia el Estado y los trabajadores. La «libertad» que el gobierno defiende es, en la práctica, la libertad de la industria de no informar y la obligación de la sociedad de pagar las consecuencias.

El economista especialista en salud pública Guillermo Paraje fue contundente al señalar que «no hay ninguna razón teórica o empírica que sustente la idea de que exista un impacto económico negativo a nivel agregado» de una medida como el etiquetado frontal, y que tampoco hay efectos negativos sobre el empleo ni el comercio.

Derogar es un error ideológico disfrazado de técnica

El proyecto del Ejecutivo no es una corrección técnica de la ley. Es su eliminación total, sin propuesta de reemplazo inmediata y sin base científica independiente que la justifique.

La ley 27.642 es perfectible —lo reconocen incluso algunos de sus impulsores—, pero su derogación lisa y llana deja al consumidor sin información, a los niños sin protección publicitaria y al sistema de salud cargando con las consecuencias de una dieta diseñada por el marketing industrial.

El gobierno cuestiona el modelo de la OPS como si fuera una opinión técnica disputada. No lo es. Tiene detrás décadas de investigación independiente, respaldo de la OMS, la FAO y UNICEF, y evidencia empírica de diez países de la región. Descartarlo en nombre de la «competitividad» y la «armonización» con el Mercosur es imponer una mirada hegemónica que pone los intereses empresariales por encima de la ciencia y de la salud pública.

«La derogación propiciada tiene por finalidad avanzar hacia un esquema técnicamente más consistente, uniforme y adaptable», sostuvo el Ejecutivo en el texto enviado al Congreso.

Esa afirmación no se sostiene. El sistema vigente es el más consistente disponible, avalado por los organismos internacionales de mayor autoridad técnica. Lo que el gobierno llama «rigidez» es, en realidad, claridad. Y la claridad en el etiquetado es el primer eslabón de una cadena que protege la salud, reduce la carga sobre el sistema sanitario y garantiza derechos fundamentales de los trabajadores y sus familias.

Te puede interesar –> El consumo acumula diez caídas y las familias se endeudan para comer