El consumo masivo cayó 6,3% en febrero y no repunta
Datos de Scentia revelan una fuerte retracción mensual en todos los canales de venta, en un contexto de inflación sostenida, salarios en baja y desempleo creciente.
El consumo masivo volvió a retroceder en febrero y acumula meses de contracción sostenida. Según la consultora Scentia, las ventas cayeron 6,3% respecto de enero y 3,4% frente a igual mes del año pasado, en un combo de inflación que no cede, salarios que pierden contra los precios y un mercado laboral que cerró 2025 en su peor nivel desde la pandemia. El e-commerce fue la única excepción, con una suba anual del 26,5%.
Sin margen para el rebote
El consumo masivo retrocedió al nivel más bajo desde septiembre de 2024, luego del leve rebote que había mostrado el año pasado. La medición de Scentia sobre supermercados, autoservicios, farmacias, mayoristas, e-commerce y kioscos mostró una tendencia mensual más pronunciada que la interanual: las ventas se hundieron 6,3% entre los diferentes canales en comparación con enero, mientras que la caída frente a febrero de 2025 fue del 3,4%.
En el primer bimestre del año, el acumulado tampoco trae señales alentadoras. En supermercados y autoservicios, la retracción sumó 4,3% respecto al mismo período de 2025, con los peores registros en bebidas sin alcohol (-11,2%), perecederos (-8,6%), desayuno y merienda (-4%) e higiene y cosmética (-3,2%).
Mirando solo los supermercados, la foto es más nítida: las bebidas sin alcohol se desplomaron 11% en el bimestre, los impulsivos bajaron 8,3%, los perecederos 7,2% y la higiene y cosmética 5,5%.
Todos los canales en rojo
En febrero, ningún canal escapó a las bajas mensuales: farmacias retrocedieron 9,1%, autoservicios 6,4%, kioscos 6,2% y mayoristas 5,8%. Fuentes del sector confirmaron que las ventas llevan meses cayendo de forma sostenida.
El consumo no repunta y la crisis se agrava.
La excepción a la tendencia general es el comercio electrónico. El e-commerce avanzó 26,5% interanual en febrero, aunque registró una baja del 2,6% en la comparación mensual. En el primer bimestre, el crecimiento anual del canal fue aún más pronunciado: 29,7%, impulsado por alimentación (+35,9%), desayunos y meriendas (+34,4%), bebidas con alcohol (+33,7%), limpieza de ropa y hogar (+31,6%) y bebidas sin alcohol (+27,8%).
El contexto macro que explica el derrumbe
La caída del consumo no es un fenómeno aislado. Se inscribe en una combinación de variables que presionan simultáneamente sobre el bolsillo de los argentinos. Los salarios registrados —privados y públicos— sufrieron una pérdida real del 7,3% en su poder adquisitivo entre septiembre de 2025 y enero de 2026, último dato oficial del INDEC.
Al mismo tiempo, la inflación mostró en los últimos nueve meses una tendencia sostenida de avance, erosionando la capacidad de compra de los hogares que ya habían visto deteriorarse sus ingresos.
Las ventas cayeron 6,3% respecto de enero y 3,4% frente a igual mes del año pasado.
El mercado laboral suma otro capítulo al mismo diagnóstico. La tasa de desocupación subió al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, con una suba de 0,9 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior y de 1,1 puntos en la comparación interanual. En términos absolutos, el desempleo alcanzó a 1,64 millones de personas, mientras que el empleo total se contrajo en 142.600 puestos entre el tercer y el cuarto trimestre del año.
Un dato llamativo que aportan los economistas del Banco Provincia: el año pasado fue el primero en el que creció el PBI pero también aumentó el desempleo, un fenómeno atípico para la economía argentina explicado por una expansión concentrada en sectores poco intensivos en mano de obra y por la caída del poder adquisitivo, que empuja a más personas a buscar trabajo.
La mora, otra señal de alerta
A la pérdida salarial y al desempleo se suma un endeudamiento creciente de las familias para sostener el consumo cotidiano. La mora en entidades bancarias alcanzó el 10,6%, su nivel más alto en más de veinte años, según datos del Banco Central. El panorama fuera del sistema tradicional es aún más preocupante: en entidades no financieras, la irregularidad supera el 27% y comienza a impactar con fuerza en las fintech.
El cuadro que emerge de los datos del primer bimestre es el de una demanda interna que no logra pisar el acelerador. Con precios todavía presionados, salarios que no recuperan terreno y un mercado laboral que sigue deteriorándose, las perspectivas para los meses que vienen no ofrecen señales claras de reactivación.
La caída industrial ya destruyó más de 100.000 empleos
Un informe del Grupo Atenas estima 73.000 empleos directos perdidos y otros 30.000 indirectos. El conurbano y el interior productivo, los más golpeados.
La desindustrialización que viene registrando la economía argentina desde el inicio de la gestión Milei ya tiene un número concreto: más de 100.000 puestos de trabajo destruidos, entre empleos directos e indirectos. Así lo advierte un informe del Grupo Atenas elaborado por los economistas Martín Pollera y Mariano Macchioli, que además pone el foco en la imposibilidad de que otros sectores compensen lo que la industria sigue perdiendo. Para el sector alimentario y sus trabajadores, el dato no es ajeno: la manufactura de alimentos y bebidas integra la misma trama productiva que se está desarmando, con proveedores, logística y comercio de proximidad que sufren el mismo deterioro.
La cadena que se rompe
Un relevamiento del Grupo Atenas cuantifica la pérdida en más de 100.000 empleos vinculados a la caída de la producción manufacturera: 73.000 puestos registrados directos y otros 30.000 indirectos ligados a insumos, servicios, logística, comercio y construcción.
El informe subraya que mirar solo el empleo directo «se queda corto». Según los economistas, la industria funciona como un nodo central dentro de la estructura productiva: cuando se genera —o se destruye— un empleo industrial, se activa una cadena completa de actividades económicas. Esa lógica aplica con especial fuerza al sector de alimentos y bebidas, donde cada planta elaboradora moviliza a proveedores de materias primas, empresas de transporte, depósitos y una red de comercios que distribuyen la producción.
El informe destaca que más de la mitad de los departamentos del país perdieron empleo industrial. «Cuando una fábrica cierra, no cierra sola: arrastra al proveedor, al transportista, al comercio del barrio», señaló Pollera en declaraciones a Ámbito. El diagnóstico describe un fenómeno que no se concentra en una región sino que se distribuye por el conurbano bonaerense y los distritos del interior productivo, afectando a las mismas comunidades donde están radicadas buena parte de las industrias alimentarias del país.
Sin reemplazo posible
La narrativa oficial de que los empleos perdidos en la industria se compensan con crecimiento en otros sectores no encuentra respaldo en los datos. El agro generó apenas unos 10.000 puestos de trabajo en el período analizado, mientras que en la energía y la minería el saldo fue negativo: se perdieron más empleos de los que se crearon.
Estiman que caída de la industria ya provocó más de 100.000 despidos
El panorama es especialmente crítico en la provincia de Buenos Aires, corazón de la industria manufacturera nacional. Según el informe, 46.000 puestos de trabajo formales desaparecieron solo en territorio bonaerense, y buena parte de esos trabajadores terminaron en la informalidad, con menos salario y sin acceso a derechos laborales.
La pérdida de empleo registrado implica trabajadores que salen del sistema de obras sociales, de la cobertura de los convenios colectivos y del amparo sindical.
Un problema político que se profundiza
El informe del Grupo Atenas advierte que el desmantelamiento industrial genera efectos negativos persistentes: obsolescencia de instalaciones, deterioro del capital humano técnico y un clima adverso para la inversión. El cambio permanente en las reglas de juego, según el documento, genera inestabilidad macroeconómica, desalienta la inversión y profundiza la fragilidad productiva.
El deterioro también tiene traducción política. Una encuesta del consultor Hugo Haime revela que el 56% de los argentinos considera que el próximo presidente debería implementar una política de estabilidad económica con fortalecimiento de la industria nacional y generación de empleo. Solo un 23% optó por continuar con el modelo económico actual, y un 18% prefirió fortalecer el rol del Estado para atender ingresos y trabajo.
Los números de la encuesta expresan algo que en las organizaciones sindicales se viene diagnosticando desde hace meses: el consenso en torno a las políticas de ajuste se está erosionando, y la demanda social por una industria nacional activa, con empleo de calidad y salarios que acompañen la inflación, gana terreno. La pregunta que queda abierta es si el gobierno nacional tiene margen —o voluntad— para escuchar esa señal antes de que el daño se vuelva irreversible.
Alimentación marcha a 50 años de la última Dictadura Cívico – Militar
El STIA Capital convoca a concentrarse a las 9 en la sede del sindicato para sumarse a la movilización de la CGT en Plaza de Mayo por Memoria, Verdad y Justicia.
Este martes 24 de marzo se cumplen exactamente cincuenta años del golpe de Estado cívico-militar que instauró la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Una fecha que sacude la memoria colectiva de un pueblo que aprendió, a fuerza de dolor, que el «Nunca Más» no es una frase: es una consigna de lucha permanente. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Buenos Aires (STIA Capital) convocó a concentrarse a las 9 de la mañana en la sede del gremio, para sumarse a las 11 a las columnas que confluirán hacia Plaza de Mayo junto a la CGT y las organizaciones de derechos humanos.
El 24 de Marzo en la memoria colectiva argentina
Cada 24 de marzo, la Argentina se detiene. No por decreto ni por formalidad institucional, sino porque existe en el cuerpo social una herida que cincuenta años no han cerrado. Ese día de 1976, una junta militar encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e inauguró el período más oscuro de la historia del país: la autodenominada «Reorganización Nacional» que se extendería hasta diciembre de 1983.
El 24 de marzo de 1976 inauguró un programa económico que transformó la estructura productiva, debilitó el poder de los trabajadores y consolidó la valorización financiera, cuyos efectos todavía atraviesan problemas crónicos como la deuda, el retroceso salarial y el acceso a la vivienda. Pero más allá de sus consecuencias materiales, esa fecha representa en la memoria colectiva el punto de partida de un plan sistemático de exterminio que tuvo como blanco al pueblo organizado.
A cincuenta años del golpe, la disputa simbólica en torno al pasado —pero también al presente y el porvenir— busca erosionar uno de los consensos más firmes del período posdictatorial: el Nunca Más. En ese escenario, la movilización popular adquiere un significado que trasciende la conmemoración: es una afirmación colectiva de que la democracia, los derechos humanos y la dignidad de los trabajadores no son conquistas definitivas sino territorios que hay que defender todos los días.
Miles de ciudadanos marcharán este martes hacia la Plaza de Mayo, punto de encuentro de los distintos colectivos y partidos que partirán desde múltiples lugares de la ciudad, con el acto central programado para las 16.30. Las convocatorias se multiplicarán en todo el país, desde Rosario hasta Mendoza, desde La Plata hasta Neuquén, en una jornada que el pueblo argentino vive como propia, año tras año, con la misma intensidad que el primer día.
Un golpe contra la clase trabajadora: la represión sindical
La dictadura cívico-militar que comenzó el 24 de marzo de 1976 fue un ataque total contra la clase trabajadora. Antes de cumplirse un mes del asalto al gobierno, esa dictadura llevó adelante su propia reforma laboral: congeló la actividad gremial, suspendió el derecho a huelga y las paritarias.
El mismo 24 de marzo de 1976 se suspendió el derecho de huelga y se prohibió la actividad política y sindical. En menos de un mes se hizo desaparecer varios artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y se modificaron otros, quedando básicamente anulados todos los principios que establecían usos y costumbres más favorables al trabajador. Se eliminó la actualización periódica del Salario Mínimo Vital y Móvil, se generaron condiciones para favorecer la tercerización y se desreguló la inversión extranjera otorgando igualdad al capital foráneo sobre el nacional.
Más de cien cuerpos inhumados de manera clandestina fueron hallados en una fosa común del Cementerio San Vicente.
Para la última dictadura militar, su principal enemigo estaba en el mundo del trabajo: seis de cada diez víctimas de la junta militar eran delegados de base, integrantes de comisiones internas o simplemente activistas. Según investigadores y dirigentes sindicales, las Fuerzas Armadas fueron el brazo ejecutor del plan de la cúpula empresaria, que buscaba disciplinar al movimiento obrero para reemplazar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones por uno basado en la valorización financiera.
De acuerdo con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), el 30,2% de los desaparecidos eran obreros, el 17,9% empleados y el 5,7% docentes. Los gremios más perseguidos fueron los metalúrgicos y mecánicos, además de los empleados de servicios públicos como transporte, ferrocarril y Luz y Fuerza. El 81% de las personas desaparecidas tenía entre 16 y 35 años.
El sector alimentario no fue ajeno a este zarpazo represivo. Las compañeras y los compañeros aceiteros de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, sufrieron directamente la violencia de la dictadura. Para sostener la vinculación de Molinos Río de la Plata con los secuestros, los fiscales analizaron el contexto laboral y la coyuntura político-sindical, destacando la persecución sistemática de la dirección contra trabajadores con actividad político-sindical. Esos expedientes judiciales, que hoy avanzan como causas de lesa humanidad, son parte de la deuda de justicia que el movimiento obrero sigue reclamando.
Hacia marzo de 1977 se formaba la Comisión de los 25, integrada por sindicatos medianos como alimentación, estatales, camioneros, gastronómicos, Luz y Fuerza, mecánicos y telefónicos, entre otros. Fue esa misma resistencia silenciosa, construida en las seccionales, en los comedores, en las asambleas clandestinas, la que fue sembrando el camino de regreso a la democracia.
Los objetivos económicos de la Dictadura Cívico-Militar
El golpe del 76 no fue solamente una operación militar: fue un proyecto de refundación económica y social. A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 comenzó a implementarse un conjunto de medidas económicas que produjeron transformaciones sustanciales en el funcionamiento de la economía argentina, modificando el peso y el balance de poder entre sectores e intereses económicos, locales y externos, dando paso a un tipo de economía que se diferenciaría claramente de la prevaleciente en la etapa sustitutiva de importaciones.
El ministro de Economía designado por la Junta, José Alfredo Martínez de Hoz, anunció el 2 de abril de 1976 su programa de «recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina». El manejo de la economía por parte de la Junta Militar dejó secuelas casi irreversibles: la contracción de una enorme deuda externa, la reprimarización de la economía, la destrucción de la industria argentina y su reemplazo por un modelo de acumulación financiero.
El programa económico de Martínez de Hoz buscaba destruir la industria y profundizando la dependencia del país.
La dictadura militar se propuso restablecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, restringir la participación del Estado y abrir la competencia de los productos nacionales con los extranjeros, aunque ello significara sacrificar la industria local. En una primera etapa, de 1976 a 1978, se implementó un plan de ajuste ortodoxo, con devaluación, liberación de precios, congelamiento de salarios, facilidades para las importaciones y cese de la promoción de exportaciones industriales.
Al mismo tiempo que atacó a la clase trabajadora, la dictadura aplicó una política de desindustrialización, apertura de importaciones y de desregulación de sectores cruciales de la economía, como el capital financiero, con la Ley de Entidades Financieras que continúa vigente hasta hoy. Son rasgos de la política de miseria planificada que denunció Rodolfo Walsh en 1977, donde señaló que en el primer año la dictadura había reducido el salario real un 40%, disminuido la participación de los trabajadores en el ingreso nacional al 30%, y elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar.
Los resultados generales de este plan fueron muy claros: la participación de los trabajadores en el ingreso nacional bajó del 45% en 1974 al 26% en 1983, la deuda externa evolucionó de 9.738 a 45.038 millones de dólares, y la población en hogares pobres aumentó del 3,2% al 28% del total entre 1974 y 1982.
En 1976 la deuda externa pública era de 6.648 millones de dólares; cinco años más tarde, cuando Martínez de Hoz dejaba su cargo, el país debía 35.671 millones. A fines de 1983, los compromisos externos totales pasaban de 9.739 millones a 45.069 millones de dólares. Cada habitante del país, que debía 320 dólares en 1976, llegó a cargar con una deuda de 1.500 dólares en 1983.
La dictadura se proponía inclinar definitivamente la balanza de poder a favor de las élites agrarias y de grandes grupos económicos y financieros locales y empresas transnacionales, cercenando la industria nacional y el mercado interno, sede de la fuerza del movimiento obrero y de los sectores empresarios vinculados a su desarrollo. Para eso necesitaban destruir primero la organización obrera, y lo hicieron con una ferocidad sin precedentes en la historia argentina.
Memoria, Verdad y Justicia: una conquista que no admite retrocesos
A cincuenta años del golpe, la tríada Memoria, Verdad y Justicia no es solo una consigna histórica: es el programa político más importante que construyó la democracia argentina. Cada uno de esos tres valores representa una batalla que continúa librándose en los tribunales, en las escuelas, en las calles y en la disputa cotidiana por el relato del pasado.
En los días previos a la marcha se realizaron decenas de actividades para exigir Memoria, Verdad y Justicia, como la de las Abuelas de Plaza de Mayo, que lanzó la campaña «Florecerán pañuelos». La iniciativa consistió en intervenir pañuelos blancos con frases, nombres, símbolos, dibujos, flores; bordados, dibujados, pegados para que florezcan historias en todos los rincones del país.
Por primera vez desde la recuperación democrática, desde el propio Estado argentino se relativiza o directamente se niega el terrorismo de Estado que ejerció la dictadura que hace medio siglo ocupó el poder. En ese contexto, la marcha del 24 de marzo adquiere una dimensión política que va más allá de la conmemoración: es una respuesta popular al negacionismo que avanza desde las instituciones.
Las Madres de Plaza de Mayo luchan incansablemente por la restitución de hijos y nietos desaparecidos.
A 50 años del golpe cívico-militar, el escenario de disputas simbólicas en torno al pasado busca erosionar uno de los consensos más firmes del devenir posdictatorial: el Nunca Más. Los organismos de derechos humanos, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Equipo Argentino de Antropología Forense, H.I.J.O.S. y decenas de organizaciones mantienen viva la exigencia de saber dónde están los 30.000 detenidos-desaparecidos, de restituir la identidad de los nietos apropiados y de llevar ante la Justicia a cada responsable civil y militar de los crímenes de lesa humanidad.
A las 16.30 del 24 de marzo será el acto central en Plaza de Mayo, con la presencia de referentes de los organismos como «Taty» Almeida, Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto. Se espera que sobre el escenario haya discursos críticos hacia la gestión de Javier Milei y hacia su postura sobre las políticas de derechos humanos.
La lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia es también la lucha por el presente. No hay Nunca Más posible sin trabajo digno, sin salario justo, sin derechos conquistados. La clase trabajadora lo sabe y por eso, cada 24 de marzo, vuelve a las calles.
La lucha del pueblo trabajador sigue viva
Lo hizo el movimiento obrero con Saúl Ubaldini a la cabeza en 1982, en el punto de quiebre donde empezó a caer la dictadura. Lo volvió a hacer con la larga resistencia en los 90 contra el neoliberalismo, que culminó con la rebelión popular de 2001. Lo volvimos a hacer construyendo unidad y rechazando las reformas previsional y laboral durante el macrismo, y lo estamos haciendo ahora, con el Frente de Sindicatos Unidos y en cada lucha por salario, trabajo y cada uno de nuestros derechos que surge y crece en todo el territorio nacional.
La CGT destaca la figura icónica de Saúl Ubaldini, quien durante la dictadura se erigió como un defensor incansable de los derechos de los trabajadores, convirtiéndose en un símbolo de la recuperación democrática y, sobre todo, de la esperanza en un mundo mejor. Esa tradición de lucha es la que el sindicalismo argentino lleva en la sangre y en los huesos, la que no pudo ser doblegada ni por la represión más brutal de la historia.
Saúl Ubaldini desafío a la última Dictadura a pesar de la feroz represión militar.
La CGT expresó públicamente: «A 50 años del Golpe cívico-militar, marchamos. Este 24 de marzo volvemos a las calles por Memoria, Verdad y Justicia. La CGT sale a la calle para reafirmar nuestro compromiso con la democracia, los derechos humanos y la memoria de las y los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos».
A 50 años del inicio de la dictadura genocida, que pulverizó los salarios, destruyó la industria y multiplicó la deuda externa, el movimiento sindical reafirma su compromiso con la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. Es parte de un camino que se recorre junto al resto de la clase trabajadora, codo a codo con los familiares de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado. Por eso se exige que avancen los juicios de lesa humanidad para investigar y castigar la responsabilidad empresaria en esos crímenes.
La lucha del pueblo trabajador no es un recuerdo del pasado. Es una práctica del presente. La industria de la alimentación, que produce los bienes esenciales que llegan a cada mesa argentina, tiene una historia de resistencia y también tiene un compromiso con el futuro. Ese futuro se construye marchando.
Alimentación presente: el STIA convoca a Plaza de Mayo
El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Buenos Aires (STIA Capital) mantuvo históricamente su compromiso con la defensa de los derechos humanos y con la memoria de los trabajadores y las trabajadoras víctimas de la dictadura. Este 24 de marzo, en la jornada histórica que marca el quincuagésimo aniversario del golpe cívico-militar, el gremio de Alimentación ratifica ese compromiso con presencia activa en las calles.
La convocatoria del STIA Capital establece dos momentos de concentración. A las 9 de la mañana, las trabajadoras y los trabajadores de la industria de la alimentación deberán reunirse en la sede del sindicato en la Ciudad de Buenos Aires. La concentración inicial permitirá organizar la columna del gremio, compartir el significado histórico de la jornada y preparar la participación en la movilización general.
Alimentación marcha como todos los 24 de marzo por Memoria, Verdad y Justicia.
A las 11 de la mañana, la columna del STIA Capital se sumará a las distintas columnas que nutrirán la marcha convocada por la CGT y los organismos de derechos humanos hacia Plaza de Mayo. Organizaciones de derechos humanos, agrupaciones políticas, sindicatos y movimientos sociales se movilizarán este martes a Plaza de Mayo y en distintos puntos del país, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
La jornada tendrá su momento culminante a las 16.30, con la lectura del documento elaborado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, en el escenario central de Plaza de Mayo.
La participación del gremio de Alimentación en esta jornada histórica no es un acto protocolar. Es la expresión más concreta del compromiso que el STIA sostiene desde su fundación con los valores que el movimiento obrero conquistó a costa de su propia sangre: el derecho a organizarse, a negociar colectivamente, a tener trabajo digno y a vivir en paz en democracia. Cincuenta años después del golpe, esos derechos siguen siendo la razón de cada lucha, de cada paritaria, de cada movilización.
El gremio de Alimentación marcha hoy porque recuerda a sus compañeros y compañeras que no están. Marcha porque sabe que la memoria es el arma más poderosa contra quienes quieren repetir la historia. Y marcha porque, en un contexto en que el negacionismo avanza y los derechos laborales son atacados desde el Estado, estar en la calle es la forma más directa de decir: la lucha sigue, el pueblo trabajador sigue vivo, y el Nunca Más es irrenunciable.
Ya cerraron 22.608 empresas en dos años y el consumo no repunta
Cierres, concursos y caída de rentabilidad marcan el panorama productivo. La industria alimentaria no escapa al fenómeno que sacude a todos los sectores.
Georgalos producirá sus caramelos Flynn Paff en China
El presidente de la empresa Georgalos, Miguel Zonnaras, admitió que traslada la producción de uno de sus caramelos emblemáticos al país asiático por los altos costos locales. El caso expone el impacto de la apertura importadora en el empleo industrial. (más…)
El gobierno de Milei: mentiras, corrupción y doble vara
Caso $LIBRA, escándalo Adorni, coimas en la ANDIS, vínculos narco de Espert y compra de dirigentes opositores: el mapa de la corrupción en el gobierno que se presentó como «el cambio» y multiplica fraudes y las peores prácticas de la política mientras somete a todo el país a un ajuste salvaje.
Cientos de trabajadores y trabajadoras de la industria alimentaria celebraron el Día de Alimentación en el predio gremial del STIA Buenos Aires en José C. Paz, con asados, sorteos, kermesse y música en vivo. Escalante y Daer encabezaron el festejo.
La industria registró el peor inicio de año desde 2002
La industria utilizó apenas el 53,6% de su capacidad instalada en enero, el sector de alimentación resiste, pero sangra: despidos, líneas paradas y plantas cerradas en el peor enero industrial en 25 años.
El INDEC confirmó que la industria manufacturera utilizó apenas el 53,6% de su capacidad instalada en enero de 2026, el número más bajo para ese mes desde la crisis de 2001/2002. El sector de alimentos y bebidas se ubicó por encima del promedio general con el 60,2%, pero esa cifra no alcanza para ocultar la crisis que atraviesan frigoríficos, empresas avícolas, lácteas y procesadoras de alimentos, donde los despidos, las suspensiones y los cierres de planta acumulan ya centenares de trabajadores afectados. La FTIA y el STIA denuncian un «industricidio» silencioso que avanza semana a semana
La justicia rechaza el amparo de la CGT contra la reforma laboral
Un tribunal federal desestimó la medida cautelar presentada por la central obrera, aunque la batalla judicial recién empieza con nuevas impugnaciones sindicales.
