El consumo masivo cerró junio con una caída del 2,7% interanual y acumuló siete meses consecutivos de retroceso, según el relevamiento de la consultora Scentia. El dato desmiente la narrativa de la recuperación y expone el problema de fondo de la industria de la alimentación: sin demanda interna, la producción se frena y el empleo se resiente. Sobre ese diagnóstico coinciden hoy el sindicato del sector y la central fabril.
El secretario general del STIA Buenos Aires, Sergio Escalante, lo resumió en una entrevista radial. «No hay ningún boom. El único boom es el de los aumentos: servicios, supermercado y deuda», sostuvo el dirigente. La frase condensa la distancia entre los indicadores macroeconómicos que celebra el Gobierno y la realidad de las góndolas y las plantas.
Siete meses en rojo
Los números de Scentia describen una demanda que no encuentra piso. En junio, la baja interanual del 2,7% se sumó a una contracción mensual del 2,4% respecto de mayo. El acumulado del primer semestre marcó un retroceso del 2,9% frente al mismo período de 2025.
La caída atravesó casi todos los canales. Los supermercados de cadena acumularon una baja del 4,6% en el semestre, los mayoristas del 3,8% y los autoservicios independientes del 3,2%. El comercio electrónico fue la única excepción, con una expansión que no alcanzó para compensar el derrumbe del resto.
La serie larga ordena la magnitud del problema. Tomando enero de 2023 como base 100, el volumen de ventas de junio se ubicó en 82,9 puntos. El pico se había alcanzado en diciembre de 2023, con 111 puntos, y desde entonces el consumo cotidiano no revirtió su deterioro.
La producción sigue a la demanda
La caída del consumo tiene su correlato inmediato en la actividad. El sector de alimentos y bebidas resiste mejor que el promedio industrial, pero opera sin margen. Según el IPI de FIEL, el rubro creció apenas 0,9% interanual en el primer bimestre, mientras la industria general acumulaba una contracción del 3,9% y ocho meses consecutivos de retroceso.
Escalante describió el impacto en las plantas con datos concretos: capacidad productiva al 50%, sin horas extras, con temporadas que empiezan más tarde y terminan más temprano. La ecuación laboral se traduce en salarios que no rinden. «No alcanza la plata. Piden adelanto de sueldo o préstamos para vivir. Si se enferma un hijo, ¿de dónde sacamos un medicamento?», planteó el dirigente.
El sindicato que apuesta a producir
El STIA conducido por Escalante viene sosteniendo una línea que combina la defensa del empleo con la defensa de la producción nacional. En abril firmó con Mondelez un acuerdo que garantizó la estabilidad de más de 2.300 trabajadores por un año e incluyó el compromiso de la empresa de fabricar en el país mercadería que hasta entonces importaba.
Ese antecedente marca la posición del gremio frente a la apertura comercial. Para Escalante, la importación indiscriminada golpea el empleo industrial y el mercado interno en un mismo movimiento. Los que pierden su trabajo dejan de consumir, y esa caída del consumo realimenta la parálisis de las fábricas.
La UIA dice lo mismo desde la vereda empresaria
El diagnóstico sindical encuentra eco en la central fabril. El presidente de la UIA, Martín Rappallini, viene advirtiendo por la caída de la demanda interna y la competencia de productos importados como los factores que asfixian a la industria. «No defendemos privilegios, queremos tener las mismas condiciones para competir», planteó el dirigente empresario.
La consultora I+D, dirigida por el ex economista jefe de la UIA Diego Coatz, cuantificó el fenómeno. En los primeros cuatro meses de 2026 dejaron de operar 1.070 empresas industriales y la proyección anual supera las 3.000, con una pérdida estimada de 105.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. La capacidad ociosa del sector ronda el 40%.
Coatz sintetizó la situación con una imagen precisa. La industria está atrapada en un «efecto sándwich»: por un lado una demanda interna debilitada que limita las ventas, y por el otro los costos en dólares y la competencia importada que comprimen los márgenes.
Las importaciones ganan la góndola
La presión importadora dejó de ser una advertencia para volverse un dato medible. Según el CEPA, las importaciones de bienes de consumo alcanzaron en el primer semestre un récord histórico de US$5.362 millones, el nivel más alto desde que existen registros. Los productos alimenticios representaron el 18% de ese total y crecieron 51,9% respecto de 2023.
El avance se ve en las categorías más sensibles de la mesa argentina. Las importaciones de fideos y pastas subieron 530,8%, las de carnes 315,2% y las de panadería 90,1% en la comparación con 2023. En muchos casos, el producto importado llega a la góndola a un precio inferior al nacional.
La cámara que agrupa a la industria alimentaria comparte la preocupación. La COPAL advierte que la producción local enfrenta una presión tributaria y costos logísticos que le restan competitividad frente a lo que ingresa del exterior, en el mismo terreno donde el sindicato ubica su reclamo por el empleo.
Una discusión sobre el modelo de país
El punto de encuentro entre el gremio y las cámaras excede la coyuntura y toca el modelo productivo. Escalante lo planteó en términos de empleo. «Los números macro solo cierran con minería, energía y campo, pero eso genera solo el 9% del empleo formal», sostuvo, al reclamar un esquema que integre industria, campo y minería.
El dirigente incluyó en su crítica al empleo de plataformas, que crece mientras la industria se contrae. «Es trabajo, no es empleo. Precarizado, usurero. Piden préstamos con tasas del 800% anual», advirtió, al describir una salida laboral que no reemplaza al puesto fabril que se pierde.
La confluencia entre un sindicato industrial y la central empresaria sobre un mismo diagnóstico es infrecuente y marca la profundidad del problema. Trabajadores y empresarios coinciden en que la recuperación macroeconómica que muestran las estadísticas no llega al mercado interno ni a las plantas. Mientras el consumo no encuentre piso, la producción de alimentos seguirá ajustándose a una demanda que se achica y el empleo del sector quedará expuesto a esa contracción.
El cruce Caputo–Rappallini, una foto de época
El diagnóstico industrial escaló al plano político a comienzos de agosto. En un evento de la Cámara de Agentes de Bolsa, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la apertura y cuestionó a quienes reclaman por la actividad fabril. «Para todos los tarados que hablan de la industria», lanzó el funcionario, tras sostener que el sector cayó 10% entre 2011 y 2023 pese a los subsidios a la energía.
El presidente de la UIA, Martín Rappallini, respondió al día siguiente por Radio Mitre. «No son declaraciones felices que ayuden al diálogo que tanto se necesita para sacar este país adelante», planteó el dirigente. Reforzó su reclamo con el peso fiscal del sector: la industria genera el 18% del PBI, sostiene el 20% del empleo y aporta el 27% de la recaudación impositiva. «Somos el motor fiscal de la Argentina», resumió.
El episodio ordenó las posiciones. El Gobierno ubica la caída industrial como un costo asumible de la normalización económica, y el sector productivo la lee como la destrucción de un entramado que sostiene empleo y recaudación. La misma tensión que el sindicato de la alimentación plantea desde la planta.