Alimentación vincula este jueves 15 de octubre su reclamo por salarios dignos con la defensa de la universidad pública. El STIA Buenos Aires convocó a concentrarse a las 12 en el sindicato para acompañar la quinta Marcha Federal Universitaria. La decisión llega un día después de otra reunión sin acuerdo en la paritaria del CCT 244/94 y expresa una posición que atraviesa al sector: cuidar el trabajo también exige defender la educación, la producción nacional y las herramientas colectivas con las que se negocian las condiciones laborales.
La convocatoria difundida por las cuentas de STIA Buenos Aires y Sergio Escalante lleva una definición contundente: “Sin educación no hay futuro”. El mensaje propone universidades para los hijos y las hijas de los trabajadores y presenta la defensa de la enseñanza pública como una cuestión de soberanía. Es una adhesión concreta a una jornada que reúne demandas universitarias y laborales frente al gobierno de Javier Milei, sin abandonar la negociación salarial propia.
La marcha de hoy: una discusión que excede las aulas
El Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Universitaria Argentina impulsan la jornada. FATUN fijó la convocatoria porteña para las 13.30 frente al Congreso. El reclamo comprende el cumplimiento del financiamiento universitario, el presupuesto de funcionamiento y los salarios docentes y nodocentes, en el marco de la discusión del Presupuesto 2027. El carácter federal está confirmado por convocatorias de universidades de distintas provincias.
La Universidad Nacional de Córdoba informó que la protesta responde a la falta de respuestas paritarias y al reclamo de aplicación de la ley de financiamiento. En Rosario, la radio de la universidad pública anunció una concentración a las 15.30 en plaza San Martín y un acto a las 17 en el Monumento a la Bandera. La extensión territorial muestra por qué la jornada importa: pone en discusión una infraestructura de enseñanza, investigación y formación profesional que sostiene oportunidades más allá de la Ciudad de Buenos Aires.
Para las familias asalariadas, acceder a una carrera no depende solamente de que la inscripción sea gratuita. También requiere ingresos para transporte, materiales, conectividad y alimentación, además de tiempo disponible para estudiar. Una universidad que conserva sus puertas abiertas pero pierde docentes, condiciones de enseñanza o capacidad de acompañamiento puede volverse inaccesible por otras vías. La calidad educativa y las posibilidades reales de permanencia forman parte de la misma discusión sobre igualdad.
Desde esa perspectiva, el ajuste educativo no es un problema ajeno al mundo fabril. Un país que aspira a transformar materias primas, desarrollar tecnología y ampliar el empleo calificado necesita sostener espacios de formación. Reducir ese debate a una disputa fiscal desconoce que las capacidades productivas se construyen durante años y pueden debilitarse mucho más rápido de lo que tardan en recuperarse. La educación pública integra esa inversión social de largo plazo.
Salarios: otra audiencia sin acuerdo y una fecha clave
El comunicado del Consejo Directivo de FTIA del 14 de octubre informa que la reunión con la cámara empresaria terminó sin entendimiento y que ambas partes ratificaron sus posiciones. La Federación calificó la propuesta patronal como insuficiente y provocativa y sostuvo el reclamo de un salario digno. La próxima audiencia quedó fijada para el miércoles 21 de octubre de 2026. El documento no detalla un nuevo porcentaje de oferta, por lo que no corresponde adjudicarle cifras que no informa.
Ese estado de la negociación ayuda a entender la solidaridad con los universitarios. Alimentación llega a la jornada con una discusión salarial abierta y con trabajadores que hacen visible su malestar dentro de los establecimientos. En las imágenes difundidas por STIA y aportadas a esta redacción aparecen carteles que rechazan los techos salariales y vinculan la dignidad con una remuneración justa. Son testimonios de una campaña gremial; no deben confundirse con fotografías tomadas en la movilización universitaria de hoy.
La demanda de que el salario alcance también tiene una dimensión productiva. El ingreso de los hogares sostiene compras cotidianas y una parte de la actividad de las industrias que abastecen el mercado interno. Desde una mirada sectorial, presentar la remuneración exclusivamente como un costo deja afuera su función en el consumo. La tensión entre recuperar ingresos y sostener establecimientos requiere negociación, información sobre cada rama y compromisos de las empresas, no una descalificación general del reclamo sindical.
Diálogo para cuidar el empleo, sin resignar el reclamo
La continuidad de las reuniones paritarias permite describir una estrategia que mantiene abierto el diálogo y, al mismo tiempo, recurre a la movilización. Sentarse a negociar no supone aceptar cualquier propuesta. Tampoco defender la continuidad productiva exige que los trabajadores absorban todas las dificultades económicas. La salida requiere discutir cómo se distribuyen esfuerzos, riesgos y resultados, con participación de quienes sostienen la producción en cada turno.
Esa orientación aparece en la posición institucional de FTIA del 8 de octubre, tras movilizarse junto a la CGT hacia la Secretaría de Industria. La Federación reclamó políticas de apoyo a la actividad, al mercado interno y a las fuentes laborales. Su planteo enlazó industria, empleo y condiciones de vida. La adhesión de STIA a la marcha universitaria puede leerse en esa continuidad: una defensa del trabajo que no queda encerrada en una sola negociación ni enfrenta a asalariados de sectores diferentes.
Sergio Escalante, secretario general de STIA Buenos Aires según la nómina oficial de autoridades 2025-2029, es una referencia de esa agenda. InfoAlimentación registró en septiembre su participación en el lanzamiento de la Escuela de Acción Política “José María Fernández”, donde el empleo y la ampliación de la industria ocuparon un lugar central. El antecedente muestra un esfuerzo por asociar formación y propuestas productivas. No constituye una declaración nueva sobre la marcha ni permite atribuirle palabras que no pronunció en los materiales consultados.
El propio sindicato incluye capacitación entre sus áreas de trabajo y servicios. Ese vínculo entre aprendizaje y empleo ofrece un punto de encuentro con el reclamo universitario. La formación de dirigentes, los saberes de oficio y la educación superior tienen funciones distintas, pero pueden formar parte de una misma apuesta: que las personas trabajadoras tengan más herramientas para intervenir en la vida económica y para construir trayectorias laborales con mayores oportunidades.
Los convenios colectivos, otro frente de la disputa
La presión sobre la negociación colectiva tiene un dato oficial: el Ministerio de Capital Humano anunció el 11 de junio el inicio de la convocatoria para renegociar 446 convenios. El Gobierno la presentó como una vía para modernizar las relaciones laborales y adaptarlas a la realidad productiva. Ese es el argumento del Ejecutivo. La lectura crítica es que cambiar las reglas bajo las cuales negocian empleadores y sindicatos también modifica el equilibrio de fuerzas y puede aumentar la presión sobre conquistas existentes.
En el texto de la Ley 27.802, el artículo 131 mantiene por ultraactividad las cláusulas normativas vinculadas a condiciones y beneficios individuales; las obligacionales continúan únicamente por acuerdo de partes. Los artículos 135 y 136 modifican la articulación y dan prevalencia al convenio de ámbito menor dentro de su representación. El 137 prevé convocatorias a renegociar o ratificar convenios vencidos y contempla, bajo supuestos específicos, la suspensión administrativa de efectos de la homologación. No equivale a una derogación automática de todos los derechos convencionales.
El Decreto 407/2026 desarrolla criterios para esas convocatorias. Su artículo 4 toma el vencimiento del plazo original y permite usar el 31 de diciembre de 2026 como referencia cuando no exista fecha o período expreso. También aclara que prescindir de prórrogas para ese trámite no altera por sí mismo la validez o aplicabilidad de las cláusulas. Por eso, defender los convenios exige identificar cada cambio y sus alcances: no basta con afirmar que todos desaparecieron ni con aceptar que una revisión administrativa carece de consecuencias políticas.
La cuestión de fondo es quién puede negociar y con qué respaldo. Si la discusión se desplaza hacia unidades más pequeñas, cobra mayor importancia evitar que una empresa convierta sus dificultades particulares en una presión para competir mediante peores condiciones laborales. Modernizar procesos, incorporar tecnología y mejorar productividad requiere participación y garantías. Una política productiva debería permitir producir mejor; medir su éxito únicamente por la reducción de costos laborales empobrece la discusión sobre desarrollo.
Universidad y producción: una misma perspectiva de futuro
En la industria alimentaria, hablar de una matriz productiva con mayor valor agregado remite a conocimientos sobre procesos, calidad, conservación, ingeniería y organización del trabajo. La universidad pública puede aportar formación e investigación a ese horizonte. Defenderla no significa negar la necesidad de rendición de cuentas o de mejorar su funcionamiento: significa que esas exigencias deben acompañarse de recursos, salarios y condiciones que permitan enseñar y desarrollar capacidades.
El gobierno nacional tiene responsabilidad en crear ese horizonte. Su discurso de modernización debe ser evaluado por los resultados que ofrece al trabajo y la producción, y también por las condiciones que deja a quienes estudian y enseñan. Confrontar con organizaciones gremiales y convertir el financiamiento educativo en una disputa permanente no reemplaza una estrategia de desarrollo. La disciplina fiscal, por sí sola, no explica cómo se formarán los profesionales y trabajadores que demandará una industria más compleja.
La convocatoria de Alimentación expresa, en ese marco, una solidaridad que tiene fundamentos propios. El salario sostiene la vida cotidiana; el convenio organiza derechos; la educación amplía las posibilidades de futuro. Mantener abierta la negociación, defender el empleo y acompañar a otros sectores no son decisiones incompatibles. La jornada de este 15 de octubre reúne esas demandas y deja una exigencia para el Gobierno y las empresas: discutir soluciones que fortalezcan a quienes trabajan y a la estructura productiva que el país necesita.