La mejora de algunas ramas convive con ventas débiles y conflictos laborales. Una agenda industrial debe unir inversión, salarios y mercado interno.
Editorial de InfoAlimentación · 18 de septiembre de 2026
La semana deja una pregunta que atraviesa a la industria alimentaria: ¿qué condiciones hacen falta para que una mejora productiva llegue también a quienes trabajan en las plantas y compran sus productos? Los indicadores muestran avances en algunas actividades y retrocesos en otras. Al mismo tiempo, los conflictos de Granja Tres Arroyos y SanCor mantienen en primer plano el cobro de los salarios, la continuidad de las empresas y el futuro de sus trabajadores.
La respuesta exige una política industrial que conecte esas dimensiones. Producir, vender, invertir y pagar los sueldos forman parte de un mismo circuito. Cuando alguno de esos eslabones se debilita, la dificultad puede trasladarse a proveedores, comercios y hogares. Por eso, la recuperación debe juzgarse por su capacidad de sostener actividad y empleo a lo largo de la cadena.
Los promedios necesitan una lectura industrial
En julio, la industria utilizó el 58,2% de su capacidad instalada, frente al 66,0% de alimentos y bebidas, según el informe del INDEC publicado el 15 de septiembre. La diferencia de 7,8 puntos porcentuales muestra un mejor aprovechamiento de la capacidad productiva en la alimentación, aunque ese promedio no describe la situación de todas sus ramas.
El sector alimentario también superó el 65,2% registrado en julio de 2025. La mejora estuvo asociada principalmente a la molienda de oleaginosas. La utilización de capacidad instalada mide cuánto del potencial productivo se aprovecha; por sí sola no permite saber cuántas personas fueron contratadas ni cuántos turnos se recuperaron. Además, este bloque excluye a la actividad vitivinícola y a los ingenios azucareros.
El índice de producción manufacturera de julio aporta otra perspectiva: alimentos y bebidas cayó 0,5% interanual. Dentro del sector, la molienda de oleaginosas creció 10,7% y los lácteos, 2,4%; la carne aviar retrocedió 8,7%, la vacuna, 7,7%, y el conjunto de galletitas, panadería y pastas, 6,2%.
Los dos informes miden fenómenos distintos y tienen diferencias de cobertura. Su lectura conjunta exige mirar cada rama. Una expansión concentrada en actividades de gran escala puede convivir con fábricas que reciben menos pedidos. Diseñar respuestas sobre un promedio único corre el riesgo de dejar afuera los problemas de esas plantas y de sus localidades.
El salario también sostiene los pedidos de las fábricas
La demanda aporta una señal que merece atención. Según CAME, las ventas de alimentos y bebidas de los comercios minoristas pyme cayeron 2,5% interanual real en agosto. El relevamiento representa ese canal comercial, no la totalidad del consumo alimentario argentino. Aun con ese límite, permite observar las dificultades de una parte de los negocios que abastecen la compra cotidiana.
La entidad describió ingresos disponibles ajustados, endeudamiento familiar y presión de costos sobre los comercios. Esa combinación obliga a discutir la recuperación del mercado interno junto con las condiciones para producir. Para una fábrica, un salario es parte del costo de elaboración; para el conjunto de la economía, también es capacidad de compra. Ambas dimensiones deben estar presentes en la negociación.
Una política salarial sostenible necesita considerar la inflación, la situación de las empresas y la evolución de la productividad. También requiere pagos en término y reglas que permitan planificar. La discusión pierde sentido cuando un acuerdo nominal convive con meses adeudados. El ingreso que no llega al hogar tampoco llega al almacén, al distribuidor ni al pedido que vuelve a la planta.
Tres Arroyos y SanCor muestran el costo de la incertidumbre
La crisis de Granja Tres Arroyos permite dimensionar esas tensiones. El grupo había intentado reestructurar deudas por USD 350,9 millones, de acuerdo con APFDigital, que cita a Ámbito. En el frente laboral, el Ministerio de Trabajo bonaerense ordenó reincorporar a 1.200 trabajadores en el marco de la conciliación obligatoria: 700 de Capitán Sarmiento, 50 de Pilar y 450 de Esteban Echeverría. La orden abrió una instancia para defender esos empleos; su cumplimiento y la continuidad de las plantas siguen siendo parte central del conflicto.
El pedido de concurso preventivo añadió un frente judicial. Según el seguimiento del expediente publicado por Bichos de Campo, la secretaría del juzgado recibió el pase el 9 de septiembre. Al informar la novedad el día 15, el medio señaló que la apertura formal todavía debía ser resuelta. Mientras se discuten deudas y plazos, los trabajadores necesitan respuestas sobre ingresos que ya deberían haber cobrado.
Mientras tanto, las declaraciones de UATRE difundidas este viernes sobre trabajadores de granjas de Tres Arroyos en Entre Ríos son especialmente significativas: continúan sus tareas y reciben asistencia alimentaria mientras esperan salarios pendientes. La ayuda resuelve una urgencia; el problema industrial requiere una salida que haga posible cobrar y sostener la actividad.
La movilización informada por FTIA el 9 de septiembre, junto con UATRE, la Federación de la Carne y UOMA, reunió precisamente esas demandas: empleo, salarios y continuidad productiva. La intervención sindical aporta una mirada sobre las consecuencias concretas de las decisiones empresariales. Incorporarla a la búsqueda de soluciones permite discutir qué pasa dentro de los establecimientos y con las familias que dependen de ellos.
En SanCor, la continuidad de la licitación de activos, difundida por Atilra, abre una nueva instancia. La resolución judicial y las futuras decisiones empresariales deberán seguirse por sus efectos sobre la producción y el trabajo. Las dos crisis tienen trayectorias diferentes y no representan por sí solas a toda la alimentación. Sí muestran la importancia de que las respuestas lleguen antes de que la incertidumbre desgaste los recursos productivos y a quienes los sostienen.
La competitividad se construye dentro y fuera de la planta
Las empresas necesitan condiciones para invertir y vender. Acceso al crédito, previsibilidad tributaria, energía, logística y disponibilidad de insumos influyen sobre esa posibilidad. Una agenda que defienda el empleo debe ocuparse de estos factores y distinguir las necesidades de una pyme que abastece al comercio local de las de un gran complejo exportador.
Dentro de los establecimientos hay otra tarea: mejorar procesos, reducir desperdicios, cuidar la calidad e incorporar tecnología con formación. Esas decisiones pueden ampliar la productividad y abrir espacio para mejores remuneraciones. Para que el beneficio se distribuya, hacen falta acuerdos que especifiquen inversiones, capacitación, condiciones laborales y criterios de seguimiento.
Exportar y ampliar el mercado interno pueden reforzarse cuando la capacidad industrial, la calidad y la innovación permiten atender distintos destinos. La discusión debería concentrarse en cómo generar valor en el país y sostener proveedores, conocimientos y puestos de trabajo. El volumen vendido necesita leerse junto con lo que queda en cada territorio.
Un acuerdo con responsabilidades verificables
Desde InfoAlimentación proponemos discutir una agenda sectorial con compromisos concretos. El Estado debe facilitar el financiamiento productivo, hacer cumplir las obligaciones laborales y actuar a tiempo frente a crisis que comprometen plantas viables. Si destina recursos públicos a sostener una empresa, corresponde establecer metas, plazos y controles: continuidad de la actividad, regularización salarial y rendición de cuentas.
Las empresas deben aportar información suficiente para evaluar sus dificultades y presentar planes creíbles de producción, pagos e inversión. La transparencia resulta especialmente necesaria cuando se solicitan ayudas o esfuerzos extraordinarios a los trabajadores. Un compromiso industrial se vuelve verificable cuando identifica qué se hará, con qué recursos y en qué fecha.
Los sindicatos tienen un papel central en esa discusión: defender el poder adquisitivo y las condiciones laborales, participar en la formación y advertir sobre problemas que los balances generales no muestran. Una mesa sectorial debe reconocer intereses y responsabilidades diferentes. Su utilidad depende de que produzca decisiones y permita comprobar su cumplimiento.
La recuperación, en la vida cotidiana
Los próximos informes permitirán saber si la mejora llega a más ramas. En una fábrica, se reconocerá en los pedidos que dan continuidad al trabajo; en una casa, en la tranquilidad de saber cuándo se cobra y poder organizar los gastos. Recuperar esas certezas lleva tiempo, especialmente para quienes acumulan meses de salarios pendientes. Por eso, cada compromiso necesita una fecha y alguien que responda por su cumplimiento.
La industria alimentaria tiene un vínculo muy directo con la vida cotidiana: lo que se produce en una planta termina en la mesa de alguien. Que ese recorrido sostenga empleos, salarios y alimentos al alcance de las familias debería ser una prioridad compartida. Una recuperación empieza a hacerse creíble cuando permite algo tan sencillo, y hoy tan necesario, como llegar a fin de mes y hacer planes para el siguiente.