El Gobierno suma auditorias a la estrategia judicial contra los gremios

 Se enviarán intimaciones en los próximos días para detectar irregularidades

Desde el Ministerio de Trabajo enviarán en los próximos días las primeras intimaciones de 50 previstas. Buscan detectar irregularidades en los gremios en medio del endurecimiento de la postura oficial. Auditarán cuentas, padrones y bienes.

En medio de la batalla entre los sindicatos y el oficialismo, el Gobierno comenzó a diagramar un esquema de auditorías para estudiar los padrones, libros contables y las propiedades de los gremios en busca de irregularidades que los debiliten.

Las investigaciones se preparan en conjunto entre el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Servicios de Salud, en lo que atañe a las obras sociales. Y se dan en un contexto particular, tras las detenciones de una serie de sindicalistas con serias irregularidades en sus gremios y en plena acusación de lavado dinero contra la familia Moyano.

El listado de los primeros 25 sindicatos que serán investigados se está armando en estos días en una de las oficinas que tiene la abogada Karina Palacios, directora Nacional de Asociaciones Sindicales y quien trabajó durante años con Horacio Rodríguez Larreta.

Sin embargo, un indicio marca que estas primeras auditorías serán solo la punta del iceberg: la cartera laboral comenzó a reclutar contadores que puedan analizar el material que llegue desde las asociaciones sindicales.

A partir de ello, con la documentación, el Gobierno comenzará una segunda etapa de análisis cruzando datos con las bases de AFIP, del Banco Central, la Inspección General de Justicia y los registros de la Propiedad.

En el piso 13 del Ministerio de Trabajo no dudan: si los gremios se rehúsan a entregar la información, preparan una serie de intimaciones que incluyen sanciones por cada día de retraso en el envío de información.

Pero las auditorías no es todo lo que prepara el Gobierno. También en el despacho de Triaca están estudiando emitir una resolución para evitar que en la línea sucesoria de los sindicatos estén los parientes. Sería una suerte de “claúsula antiherencia” para evitar casos como los de los Balcedo en el Soeme o los Moyano en Camioneros, entre tantos otros.

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