El XXX Congreso Ordinario de CASIA reclamó proteger la industria alimenticia, los puestos de trabajo y los ingresos de los trabajadores. El encuentro se realizó el 28 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. La FTIA difundió su pronunciamiento, que vinculó los problemas productivos con el debilitamiento del mercado interno y alertó sobre el financiamiento de las obras sociales sindicales.
La Confederación de Asociaciones Sindicales de Industrias Alimenticias reunió en su planteo la continuidad de los establecimientos y las condiciones de vida de sus trabajadores. Señaló dificultades en actividades avícolas, lácteas, frigoríficas y alimenticias, y pidió una respuesta estatal frente a cierres, suspensiones y conflictos por indemnizaciones.
El documento difundido por la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación cuestionó la caída del consumo, las importaciones y la falta de inversión. También reclamó recuperar el salario y sostener el sistema solidario de salud. La participación de Pasteleros fue confirmada por esa federación en su comunicación institucional sobre el congreso.
La relación entre empleo y mercado interno
El reclamo de CASIA plantea una conexión económica concreta. La pérdida de actividad reduce el trabajo disponible y deteriora los ingresos. A su vez, menores ingresos limitan las compras que sostienen a las empresas. En las ramas orientadas al consumo cotidiano, esa relación lleva la discusión salarial al centro de las condiciones de producción.
La compra de alimentos vincula al comercio con los establecimientos elaboradores, sus proveedores y los servicios de distribución. Cuando una planta reduce turnos, el efecto puede alcanzar a empresas que la abastecen y a trabajadores de otras actividades. La defensa de las fuentes laborales se proyecta, por esa vía, sobre una red productiva más amplia.
Las diferencias entre cadenas requieren observar cada caso. Una empresa exportadora puede enfrentar una evolución distinta de otra concentrada en ventas internas. También influyen el producto, la estacionalidad y las condiciones financieras. La demanda de una política industrial común necesita contemplar esa diversidad para sostener capacidad de producción y empleo.
Los conflictos fabriles dan alcance regional al planteo
El pronunciamiento llega mientras varios establecimientos atraviesan situaciones de cierre o interrupción de actividad. En Apóstoles, la parálisis del frigorífico El Porvenir afecta a 97 trabajadores. Sus reclamos incluyen la continuidad de la fuente laboral y las condiciones de pago planteadas ante el cierre.
El caso compromete a una actividad que enlaza ganadería, faena, transporte y comercialización. La interrupción de ese procesamiento tiene un alcance territorial: reduce trabajo y capacidad de elaboración dentro de una región. El futuro de la planta interesa por eso a otros actores que dependen de su funcionamiento.
En Campana, el cierre del complejo de Bunge suma otra situación dentro de la agroindustria. La producción de insumos para el campo articulaba personal propio, contratistas y servicios industriales. El recorrido del establecimiento y los argumentos sobre su cierre fueron desarrollados en una nota específica de InfoAlimentación.
Estos hechos tienen diferencias empresariales y sectoriales. Su conexión es el efecto sobre capacidades productivas, ingresos y redes de proveedores. Esa dimensión permite comprender por qué las organizaciones sindicales buscan discutir los problemas de cada establecimiento dentro de una agenda compartida.
Producción y capacidad utilizada
El contexto estadístico muestra una actividad manufacturera debilitada. El INDEC informó una caída de 3,2% interanual en la producción industrial de agosto de 2026 y un retroceso de 2,7% entre enero y agosto. En la comparación mensual desestacionalizada hubo una mejora de 1,9% frente a julio.
La utilización de capacidad instalada se ubicó en 58,5% en agosto. En alimentos y bebidas alcanzó 66,4%. El indicador mide el uso del potencial productivo de las plantas; permite observar actividad disponible sin utilizar, aunque no constituye un conteo de establecimientos cerrados.
La estimación preliminar de la UIA para septiembre registró otra caída industrial de 3,4% interanual. Corresponde a un mes posterior y a una fuente distinta del informe de agosto del INDEC. La lectura conjunta aporta contexto al reclamo sindical, con períodos y metodologías identificados.
La evolución por rama tampoco fue uniforme. El informe de la UIA mostró mejoras mensuales en algunas actividades alimentarias dentro de un balance industrial negativo. Esa heterogeneidad refuerza la necesidad de distinguir recuperación puntual, producción acumulada y situación laboral al evaluar la marcha de la industria.
El salario forma parte de la agenda productiva
La FTIA viene de cerrar con FIPAA una actualización salarial para el convenio 244/94. La comunicación del 22 de octubre informó una suba de 7,35% para el período septiembre-diciembre. Agregó una suma no remunerativa de $150.000 desde la categoría inicial, con apertura por categorías.
El pago extraordinario se dividió en dos cuotas de $75.000: la primera, antes del 30 de octubre; la segunda, con la primera quincena de noviembre. El acuerdo incluyó una revisión en diciembre. La escala remunerativa de ese mes tiene incidencia sobre el medio aguinaldo, según informó la Federación.
Ese entendimiento corresponde a la negociación de Alimentación con una cámara empresaria determinada. El congreso de CASIA abordó una agenda más amplia, compartida por distintas organizaciones. El acuerdo salarial constituye un antecedente inmediato de esa discusión y mantiene su alcance específico por convenio.
La cobertura de salud también depende del trabajo registrado
CASIA advirtió que el deterioro del empleo registrado y de los salarios afecta los recursos de las obras sociales sindicales. Cuestionó además demoras en subsidios y reintegros, y denunció traspasos de beneficiarios sin consentimiento. Son planteos de la Confederación, que informó gestiones institucionales y judiciales frente a esas situaciones.
El vínculo entre trabajo formal y financiamiento sanitario amplía el alcance de los conflictos fabriles. Los aportes y contribuciones laborales sostienen parte del sistema de cobertura. La reducción de puestos o de ingresos altera esa base mientras las entidades deben seguir atendiendo prestaciones.
La preservación del empleo tiene así consecuencias que exceden el ingreso mensual. También afecta la continuidad de la cobertura para los trabajadores y sus familias. El pronunciamiento sindical incorpora esa relación al debate sobre el funcionamiento de la industria alimenticia.
El congreso se inscribe en una agenda que incluyó la movilización del 8 de octubre por producción y empleo. Aquella marcha es un antecedente de este mes, con fecha propia. La nueva comunicación corresponde al encuentro del 28 de octubre y concentra el reclamo en producción, salarios y salud.
La FTIA dejó publicado el pronunciamiento del XXX Congreso como posición institucional de CASIA. La defensa de los establecimientos, la recomposición de ingresos y el sostenimiento de las obras sociales quedaron reunidos en la agenda que difundió la Confederación tras el encuentro de Buenos Aires.