El cierre de la planta de fertilizantes interrumpe una trayectoria industrial iniciada en 1968. Detrás de los empleos afectados hay conocimiento técnico, contratistas y una red de servicios que une al polo químico de Campana con la producción agropecuaria.
El cierre de la planta de Bunge en Campana interrumpe casi seis décadas de producción de insumos para el campo y golpea al empleo industrial de la región. Además de los trabajadores de la fábrica, la medida afecta a contratistas, talleres y prestadores de servicios que dependían de su actividad. También pone en riesgo el aprovechamiento de conocimientos técnicos y oficios especializados construidos durante años.
La compañía comunicó el cese de la actividad industrial el lunes 26 de octubre. La decisión se conoció cuando el establecimiento atravesaba una parada programada de mantenimiento, una circunstancia que profundizó la sorpresa de los empleados. La medida alcanza a la operación fabril de Campana; Bunge mantiene otras actividades en la Argentina.
Una historia que empezó antes de Bunge
La trayectoria del establecimiento se remonta a 1968, cuando Petrosur se instaló en Campana para producir fertilizantes. Esa etapa formó parte de la expansión petroquímica de la ciudad y del corredor industrial del norte bonaerense. La historia de la planta precede, por lo tanto, a su incorporación al grupo Bunge.
El complejo pasó luego por otras etapas empresarias, entre ellas PASA y Petrobras. En 2009, el anuncio de compra del negocio de fertilizantes de Petrobras presentaba a Campana como una base relevante para la expansión de Bunge en ese mercado. La operación reunía instalaciones industriales, productos y una estructura comercial: el valor del negocio también estaba en saber producir y llegar al cliente.
Un hito de esa evolución fue la incorporación de la planta de tiosulfato de amonio en octubre de 2004. La descripción institucional del complejo vincula ese desarrollo con SolMIX, la línea de fertilizantes líquidos que combina fuentes de nitrógeno y azufre. El predio de la ruta 9 también incorporó tiosulfato de potasio y disponía de infraestructura para almacenar productos sólidos y líquidos.
Esa descripción corresponde a la trayectoria y las instalaciones del establecimiento; no significa que todas sus líneas históricas siguieran funcionando al momento del cierre. La decisión actual discontinuó la producción industrial de amoníaco y tiosulfato de amonio.
El sindicato y los trabajadores frente al cierre
La representación gremial corresponde al Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate, que actúa en el corredor Zárate-Campana. Su secretario general, Oscar Casco, cuestionó la decisión y reclamó intervención de la autoridad laboral.
Casco sostuvo que el anuncio llegó después de las reparaciones de la parada anual y vinculó las dificultades con la competencia importada, la energía y las ventas. En sus declaraciones a Radio Provincia también subrayó un aspecto del impacto laboral: formar a un operario para procesos químicos complejos puede llevar años. Su advertencia pone el foco en una pérdida que las indemnizaciones, por sí solas, no reemplazan: el aprovechamiento de esa experiencia productiva.
Las coberturas nacionales ubican al personal directo afectado por encima del centenar. La estimación sindical eleva el alcance a unas 250 personas al sumar contratistas y servicios. Son universos distintos: el personal de limpieza, mantenimiento, seguridad o comedor puede depender de otros empleadores, aunque su trabajo esté ligado al funcionamiento del mismo predio.
Qué puede explicar una decisión de esta magnitud
Según la información publicada por El Cronista, las fuentes vinculadas a Bunge atribuyeron el cierre a una combinación de limitaciones de infraestructura y tecnología, cambios de mercado y dificultades de abastecimiento. La empresa habría evaluado alternativas antes de resolver el cese.
La lectura económica permite plantear una hipótesis: una instalación antigua puede necesitar inversiones que dejan de resultar atractivas para su propietario cuando aumentan los costos de los insumos, se reduce el margen de venta o aparecen otras opciones de suministro. En ese escenario, la comparación empresaria incluye cuánto cuesta seguir produciendo, cuánto habría que invertir y qué rendimiento se espera obtener. Esa interpretación ayuda a ordenar los factores conocidos, aunque no sustituye el análisis interno de Bunge, que no está disponible en detalle.
La competencia importada puede modificar esa comparación. Si el producto terminado llega a un costo menor que el de elaborarlo localmente, el incentivo a renovar equipos se debilita. Pero el precio de importación tampoco explica por sí solo toda la decisión: influyen la escala, la tecnología, la energía, la logística y la posibilidad de asegurar materias primas. El peso de cada variable sigue siendo una cuestión a esclarecer.
También hay una diferencia entre el cálculo de una compañía y el costo para la comunidad. Un grupo con operaciones en distintos países puede reorganizar su abastecimiento. Para un trabajador especializado o un contratista local, reemplazar esa actividad puede resultar mucho más difícil. La alternativa comercial que resuelve una necesidad empresaria no garantiza una salida equivalente para el empleo de Campana.
El efecto sobre proveedores, servicios e ingresos
Una planta química necesita reparaciones, instrumentación, transporte, limpieza industrial y servicios cotidianos para su personal. Cuando cesa la producción, parte de esos pedidos puede desaparecer o reducirse. Los proveedores con otros clientes tendrán mayores posibilidades de absorber el golpe; los que dependían de ese contrato quedarán más expuestos. No hay todavía un relevamiento que permita cuantificar ese efecto en cada empresa.
El impacto también llega al comercio. Los salarios fabriles y los ingresos de los contratistas se convierten en compras, alquileres y consumo dentro de la región. Una caída persistente de esos ingresos puede trasladarse a negocios que nunca tuvieron una relación comercial con Bunge. Esa circulación explica por qué un conflicto industrial interesa a toda la ciudad.
Para la cadena agroalimentaria, el cierre abre otra discusión: cómo conservar capacidad nacional para transformar insumos y abastecer al agro con conocimiento y trabajo incorporados en el país. La necesidad de fertilizar continúa, pero el lugar donde se elaboran esos productos define dónde quedan parte del empleo, el aprendizaje y la demanda de servicios.
El desafío para la empresa, el sindicato y las autoridades es discutir alternativas concretas: continuidad bajo otro esquema, inversión, aprovechamiento de instalaciones o mecanismos de reinserción laboral. Son posibilidades a evaluar, no proyectos confirmados. Una planta puede cambiar de dueño y de tecnología; el desafío de fondo es reconstruir la red productiva después de su dispersión y el desguace de la cadena de insumos.