A Macri, los trabajadores le respondieron con la realidad

Horas después de afirmar que «no era el momento» para hacer un paro, el gobierno Mauricio Macri recibió un cachetazo de realidad reflejada en dos informes que hablan de una caída del salario del 16% en 2018, que se suma a una escalofriante cifra de casi 40 mil despidos en ocho meses.

“Paramos en defensa del empleo y porque no queremos más despidos” argumentaban el lunes los trabajadores de las plantas alimenticias de la provincia de Buenos Aires, al fundamentar su determinación de adherir a la medida de fuerza convocada por las centrales sindicales.

A pesar de ello, el gobierno nacional se apresuró en salir a cuestionar la medida que contó con el unánime apoyo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), al manifestar que “no es el momento oportuno” para un paro.

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Sin embargo, sólo unas horas pasaron hasta que se difundieron dos informes que revelaron un aumento alarmante de despidos que llegó casi a 40 mil en ocho meses, y una caída brutal del salario de los trabajadores que estaría alcanzando el 16% a fin de 2018.

No es el momento

El ministro de Producción Dante Sica, fue el elegido para desfilar por los canales de televisión, el mismo lunes por la noche, para desacreditar la medida de fuerza tomada por los trabajadores en reclamo contra la política económica del gobierno nacional.

«Atravesamos una crisis y hay un sacrificio colectivo, con esfuerzos de los empresarios, por las aplicaciones de las retenciones, y de los trabajadores, por la caída del consumo. No era el momento oportuno para hacer un paro», dijo Sica.

El titular de Producción aseguró, en la pantalla de TN, que “cerca del 80% de las paritarias se cerraron con cláusulas de revisión o «gatillo» y consideró que las declaraciones de la CGT en la previa del paro «tuvieron más fines políticos que otra cosa».

La realidad los puso contra las cuerdas

Los estudios, elaborados por la Universidad Nacional de San Martín (UNSaM) y por el Centro de Economía Política de la Argentina (CEPA) solidificaron la justificación de los gremios sobre la convocatoria a la totalidad del movimiento obrero.

Por un lado la UNSaM, a través del programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) indicó que el poder adquisitivo de los trabajadores registrará una caída de entre 7 y 16 por ciento al finalizar este año.

Desde el otro lado, el CEPA reveló que en los ocho meses de 2018 se registraron 39.027 despidos y cesantías. Esto indica que de enero a agosto hubo un promedio de 4.878 personas expulsadas mensualmente del mercado de trabajo.

El CETyD explicó que “la contracción en el poder adquisitivo de la masa salarial no sólo afectará las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias sino que provocará graves consecuencias para las empresas cuya producción depende del consumo interno”.

El informe del CEPA marcó que durante el mes de agosto se registraron 6233 nuevos despidos y suspensiones en empresas públicas y privadas del país y que la cifra duplica la registrada en el mismo período durante el 2017.

La contundencia de los informes revela la pobre estrategia comunicacional del gobierno nacional que intentó deslegitimar una medida de fuerza que a todas luces se basa en una alto nivel de consenso en una sociedad cada vez más agobiada por la política económica.

Los trabajadores siguen su programa

Entre las declaraciones de los trabajadores que protagonizaron la jornada del lunes y martes apareció el pedido por “paritarias libres y sin techo y por la defensa del modelo sindical argentino”.

Es que el movimiento obrero tomó nota del grave ataque a la estructura del modelo sindical que significa la política económica actual. Por ello, entre las causas de la movilización aparece la reforma laboral y el riesgo que corren los convenios colectivos en la actualidad.

Esta bandera histórica de los gremios y la posibilidad de que avance en el Congreso nacional la Ley de Reforma laboral fue lo que mantuvo firme el posicionamiento de los trabajadores de apoyar el paro, contra los ataques y desacreditaciones del gobierno nacional.

Con los convenios colectivos NO

“El oficialismo amenaza con una reforma laboral que provocaría le pérdida de derechos adquiridos y haría peligrar las condiciones laborales establecidas en los convenios colectivos de trabajo” dijo Jorge Rodríguez de la Asociación Bancaria.

Rodríguez, al igual que el resto de los representantes sindicales, entienden la pauperización del salario y los despidos son el paso previo a la destrucción de la columna vertebral de las reivindicaciones del movimiento obrero argentino.

Una de ellas es, sin lugar a dudas, los convenios colectivos de trabajo, que permitieron durante años el sostenimiento del poder adquisitivo del salario de los trabajadores frente a los vaivenes de la economía nacional.

En una entrevista de abril del año pasado, cuando las “turbulencias” devaluatorias del gobierno eran inimaginables (aún), Daniel Funes de Rioja, el titular de la coordinadora de empresas alimenticias (COPAL) le apuntaba ya a los convenios.

Funes de Rioja le pedía al Gobierno reformas de «segunda generación» porque «vamos a un mundo que requiere mucha productividad. Por eso, hay una necesidad de adaptar los convenios colectivos de trabajo».

Si bien la economía se encargó de resolverle las demandas al empresariado antes que cualquier reforma, las centrales obreras tomaron nota esta semana, e incluyeron los convenios, la educación y las jubilaciones entre sus banderas, una vez más.