¿Gobernar de espaldas?

El Gobierno niega la cláusula gatillo a los trabajadores en la paritaria pero aceptó ajustar la devolución de deuda externa al alza inflacionaria

Una vez más el Gobierno de Macri dio muestra de la orientación que va tomando de cara a la sociedad, aceptando, esta semana, las condiciones impuestas por el mercado financiero al tomar deuda por 58.000 millones.

Mientras negocia la pauta salarial esperada para este año por gran parte de los sectores trabajadores negando la inflación real, aceptó actualizar la devolución de la deuda contraída con acreedores teniendo en cuenta el alza generalizada de precios.

La polémica explotó cuando el Ministerio de Finanzas, a cargo de Luis Caputo, informó el miércoles, el resultado de la licitación de dos bonos en pesos atados a la inflación por un total de $58.300 millones de valor nominal con ajuste por inflación.

Es decir que con esa decisión Caputo emitió deuda por $70.000 millones y benefició a los acreedores con una «cláusula gatillo». Es decir que el interés de deuda se actualizará en función del aumento de precios.

En este sentido, el primer cuestionamiento apuntó a poner en duda la legitimidad de aplicar ese recurso a la deuda y no a las paritarias. Lo insólito de la medida es que se salvaguardan los intereses de los acreedores del Estados, mientras que se relegan las necesidades de los trabajadores en medio de las tensas negociaciones por la paritarias de este año.

Por ahora la única certeza que tiene el sector asalariado es que la inflación no se detiene y que los precios siguen aumentando a pesar de los vaticinios del Gobierno y de los diversos voceros que justifican la política económica de Cambiemos. La inflación de febrero parece estar en torno al 2,5%, un número que confirma la tendencia alcista del proceso inflacionario y que ensombrece la meta del 15% anual planteada por el Gobierno.

Prat Gay pide equidad

La alerta provino de un ex aliado del macrismo. Fue el ex Ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, el encargado de señalarle lo que caracterizó como “una contradicción” y reclamó que se tenga en cuenta el mismo cálculo para las paritarias laborales.

El ex titular de Hacienda llegó al punto de poner en duda la gobernabilidad de la actual gestión a partir de medidas económicas concretas como el cambio de metas inflacionarias, y al hacerlo volvió a defender el “gradualismo” del que, según manifestó, se estarían corriendo Macri.

“Yo intenté que a las cosas que hacíamos agregásemos un acuerdo social amplio, con empresarios y sindicatos para ordenar las expectativas de inflación. Eso se descartó y hoy las expectativas de los argentinos no concuerdan con los objetivos del Gobierno”, dijo Prat-Gay.

El ex ministro habló de paritarias y deuda: “hay que tener cuidado cuando aparecen cláusulas gatillos en otro lado, como cuando el Gobierno da a los tenedores de bono de deuda la chance de protegerse de la inflación. Si hace eso por qué no le va de la posibilidad a los trabajadores”.

Los trabajadores piden cuidar el salario

Las críticas al presidente Macri y a su equipo de funcionarios, sin embargo, vienen resonando desde antes en diferentes sectores que exigen acuerdos que se equiparen con los números reales de la economía nacional y con el elevado costo del consumo interno.

Los primeros en poner la voz en alto fueron los referentes del movimiento obrero “no alineado” que plantean la necesidad de incorporar a los trabajadores en la planificación de la economía nacional y en las determinaciones de las políticas del gobierno.

“Es fundamental mantener la cláusula gatillo, los últimos dos años escuchamos pronósticos de inflación que no se cumplieron, no podemos quedarnos de brazos cruzados si los trabajadores pierden poder adquisitivo”, advertía Héctor Daer, titular de la CGT, en noviembre.

¿El empresariado pide gatillo?

Pero lo llamativo es que a ellos le siguieron empresarios nacionales que, en la reunión del martes en la Unión Industrial Argentina (UIA), expresaron su preocupación por la política de contracción del consumo que ya impacta fuerte, entre otras, en la industria alimenticia.

Los CEOs fabriles manifestaron su malestar al gobierno por problemas en sus plantas, por la apertura de las importaciones y por la caída del consumo interno, puntos centrales del modelo económico que impulsa Mauricio Macri.

En el encuentro el presidente de la COPAL, Daniel Funes de Rioja, incluso, se refirió al Impuesto a los Ingresos Brutos. Según manifestó la medida empezó a complicar las estructuras y hasta al consumidor, con traslado a precios.

Sorprendentemente, esas críticas coincidieron con las que, desde hace meses, viene sosteniendo una porción del movimiento obrero organizado.

A pesar de que públicamente la UIA no formula declaraciones disruptivas contra la política-económica del gobierno, y, de hecho, no desperdicia oportunidad para elogiar el rumbo de la gestión Cambiemos, hacia adentro parece haber ruidos fuertes.

Transversalidad sintomática

La aparición de coincidencias repentinas y dislocadas posicionándose sobre un tema de agenda tan crucial y determinante para la economía nacional, como es el ingreso de los trabajadores puede deberse a motivos que no tienen relación entre sí.

El acercamiento, a partir de una lectura interpretativa de la realidad nacional, de actores con escasa identificación ideológico-partidaria y con distancias tangenciales en términos de intereses sectoriales, sin embargo, arroja varias lecturas posibles.

Una de esas lecturas es que se trata de hechos fortuitos que por su falta de articulación no debería encender alarmas en el gobierno, indolente hasta ahora a las consecuencias de sus medidas político-económicas.

Otra interpretación, bien distinta, es que comienzan a emerger los síntomas sociales del rumbo que el Presidente Macri está imprimiéndole a la economía productiva del país. Esas manifestaciones afectan a sectores bien distintos, pero con una mirada común.

Esa mirada, quizás, es transversal a la sociedad y ya no reconoce falsas antinomias como campo-ciudad, agroexportación-industria nacional, mercado de capitales-consumo interno. La complejidad de la economía actual induce, tal vez, a redefinir modelos y gobernar para todos.

Si es así, la decisión de tomar deuda por 60 mil millones de pesos, y dejarse condicionar por el mercado financiero a actualizar la devolución con la pauta inflacionaria, aísla a un Gobierno que devela sus prioridades sin oír a los trabajadores, el sector productivo y parte de sus aliados.

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