Granja Tres Arroyos cerró su planta La China y culpó al gremio de su propia quiebra

Granja Tres Arroyos cerró la planta La China en Concepción del Uruguay y dejó sin trabajo a casi mil familias. La empresa culpa al gremio. Los números del Banco Central cuentan otra historia.

El miércoles 27 de mayo de 2026, los trabajadores del primer turno de la planta La China llegaron a las 3:30 de la madrugada y encontraron los portones encadenados, custodia privada y un cartel que decía «cerrado hasta nuevo aviso». Nadie de la empresa los había llamado. Nadie de la empresa les había enviado una comunicación formal. La mayor avícola del país ejecutó el cierre en silencio y de madrugada, y esperó que los operarios se enteraran solos, parados frente a los accesos vallados de una planta donde algunos llevan más de treinta años de trabajo.

Granja Tres Arroyos (GTA) comunicó después, por escrito, que la decisión respondía a «constantes conflictos gremiales que paralizaron sus operaciones generando un quiebre en la cadena de producción avícola de la región». La empresa describió paros, trabajo a desgano, ausentismo elevado y presuntos bloqueos violentos de delegados sindicales contra quienes querían trabajar. Es una narrativa que omite los datos más relevantes para entender la crisis.

Lo que los números del Banco Central registran

Antes de entrar al terreno de los motivos, conviene detenerse en los datos duros que la empresa no incluyó en su comunicado. Según registros del Banco Central de la República Argentina, Granja Tres Arroyos acumula $36.942 millones en cheques rechazados y una deuda bancaria de $51.763 millones, distribuidos en 1.813 documentos impagos. El ente recaudador intensificó los embargos sobre las cuentas bancarias de la compañía, a causa de millonarias deudas impositivas y previsionales, bloqueando la poca liquidez disponible.

La empresa ya perdió más del 85% de sus productores integrados. Su faena cayó de 700.000 a apenas 200.000 pollos diarios. Las quincenas comenzaron a pagarse en dos cuotas, luego en cinco y finalmente en diez, con incumplimientos permanentes en los cronogramas acordados. La empresa debe el 70% de la segunda quincena de abril y la totalidad de la primera quincena de mayo a cerca de 900 empleados.

«Nos pagan las quincenas en cuotas y cada vez peor. Empezaron en dos pagos, después tres, cinco y ahora ni siquiera cumplen.» — Trabajador de Granja Tres Arroyos con más de tres décadas de antigüedad en la empresa

Quienes conocen la situación desde adentro señalan que el colapso de la compañía responde a un problema estructural de acumulación de pasivos que desborda cualquier explicación basada en el conflicto gremial. Un trabajador con 22 años de antigüedad fue más directo en sus declaraciones al canal C5N: «la compañía tiene el dinero para pagar, pero no quiere hacerlo».

Un cierre que siguió a otro cierre

El capítulo de La China tiene un antecedente directo que la empresa preferiría no recordar. En noviembre de 2025, la empresa cerró de manera definitiva la planta Becar, también ubicada en Concepción del Uruguay, y trasladó unos 270 trabajadores a La China, ubicada a pocos metros, bajo el argumento de concentrar producción y bajar costos. Ese mismo año, la empresa había cerrado la planta de Tristán Suárez y desvinculado a 200 de sus 270 empleados.

La decisión de cerrar Becar, presentada en su momento como una reestructuración para preservar empleos, terminó desplazando todavía más presión sobre la planta que ahora quedó cerrada. La misma empresa que prometió preservar el empleo al cerrar Becar cerró La China seis meses después, con los mismos trabajadores adentro y con los salarios adeudados encima.

La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos citó a los directivos de Granja Tres Arroyos y a las federaciones del sector a una audiencia de carácter «urgente e indeclinable» en la ciudad de Paraná para restablecer los canales de diálogo, pero los empresarios se negaron a concurrir a la reunión del lunes. Aproximadamente 950 personas, la mayoría residentes de la ciudad y localidades cercanas, quedaron sin empleo y sin información clara sobre su futuro. El intendente José Lauritto calificó la situación como «dramática» y advirtió sobre las consecuencias económicas que podría tener el cierre para toda la ciudad.

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La crisis se extiende a toda la estructura del grupo

La planta La China concentra la atención mediática, pero la crisis de GTA abarca toda su estructura operativa. En la planta de La Lonja se aplicó un esquema de tres días de trabajo semanales y el pago del 50% del salario en las jornadas sin actividad. La planta avícola Wade S.A., ex Cresta Roja y actualmente propiedad del grupo, frenó su actividad en el mismo contexto de atrasos salariales y deuda financiera.

Los datos de Wade confirman la dimensión sistémica del problema. La subsidiaria bajó su producción de 110.000 a 80.000 pollos diarios, una caída del 30% que la empresa respondió paralizando la planta completa los miércoles, jornada en la que los empleados cobran el 65% de su salario. Según el Banco Central, Wade acumula una deuda superior a los $6.000 millones, producto de 615 cheques rechazados por falta de fondos.

Carlos Stasiuk, referente de los despedidos de ex Cresta Roja, había advertido hace tiempo: «Se está haciendo una pelota gigante que en cualquier momento va a tener serias consecuencias.»

El historial de Cresta Roja como advertencia ignorada

La planta Wade es la misma que durante más de una década fue el emblema de la inestabilidad estructural del sector avícola argentino. Cresta Roja, propiedad de los hermanos Milenko e Ivo Rasic, empezó a acumular problemas económicos a fines de 2013, cuando la deuda de la firma alcanzó los 1.200 millones de pesos. En 2014, Rasic Hermanos se presentó a convocatoria de acreedores, emitió cheques sin fondos por 43 millones de pesos y dispuso cerca de 1.300 despidos, lo que derivó en un duro conflicto gremial con el sindicato de la Alimentación.

Para diciembre de 2015, la Justicia decretó la quiebra y, en abril del año siguiente, la firma fue adjudicada a Proteinsa por un total de USD 121 millones. Recién en 2018, tras dos años en los que Proteinsa nunca logró hacerse cargo plenamente de la operación, Granja Tres Arroyos asumió el control operativo de la planta, con el aval del gobierno nacional. En ese momento, el entonces presidente Mauricio Macri definió a Cresta Roja como «un ejemplo de fábrica».

El contraste con el presente resulta ilustrativo. Cresta Roja llegó a tener 3.500 trabajadores cuando comenzó su crisis en 2015. Hoy, en toda la cadena productiva de Wade que incluye producción de huevos, incubación, granjas de cría, molinos y frigoríficos, los empleados no llegan a 800. Además, GTA cerró y desmanteló la Planta 1 de Ezeiza para concentrar toda la producción en Esteban Echeverría.

La secuencia se repite con una regularidad que debería resultar inquietante: atraso de pagos, conflicto gremial, culpabilización de los trabajadores, cierre parcial, promesas de continuidad que no se cumplen. Uno de los temores que circula entre los operarios es que la empresa busque quedarse con el monopolio del mercado avícola y aplique planes de «reestructuración y vaciamiento» sobre cada planta que absorbe.

El empresario que aplaudió el modelo que lo hundió

Joaquín de Grazia, dueño de Granja Tres Arroyos, salió públicamente a defender la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La apertura de importaciones que integra ese mismo modelo instaló en las góndolas argentinas pollo brasileño a precios que la producción local resulta incapaz de igualar. En 2025, las importaciones de pollo de Brasil se acercaron a las 20.000 toneladas, con un crecimiento superior al 300% respecto al año anterior.

A eso se sumó el cierre del mercado europeo para la carne avícola argentina, por restricciones sanitarias vinculadas a un rebrote de gripe aviar, y el desplome del mercado chino: la participación de ese destino en el volumen exportado por GTA cayó del 33% al 25%, obligando a redirigir al mercado local mercadería producida para exportación. En el sector reconocen que la combinación de costos internos dolarizados, tarifas energéticas elevadas y un tipo de cambio que no acompaña la competitividad terminó de hacer inviable la ecuación.

«La crisis industrial empezó a revelar su costado más estructural y ya no distingue entre críticos y entusiastas del proyecto libertario.» — La Política Online, febrero de 2026

El mismo empresario que respaldó la apertura de importaciones hoy ve cómo el pollo brasileño desplaza su producción en las góndolas. El mismo que defendió la reforma laboral acusa a los trabajadores de destruir la empresa con sus reclamos salariales.

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El modelo como causa, los trabajadores como consecuencia

El cierre de La China en Concepción del Uruguay es el capítulo más reciente de una crisis estructural con causas identificables que atraviesa a toda la industria avícola argentina. La combinación de apertura de importaciones, pérdida de mercados de exportación, deuda acumulada y decisiones de gestión de la familia de Grazia produjo un colapso que la empresa atribuye al gremio y que los números del Banco Central atribuyen a otra cosa.

Desde 2022, el 34% de la compañía es propiedad del gigante estadounidense Tyson Foods, y en medio del conflicto circularon versiones sobre una posible compra total del paquete accionario por parte de la firma americana. La incorporación de un actor de esa magnitud al esquema accionario no resolvió los problemas operativos, y abre interrogantes sobre el destino de la empresa y sus trabajadores en un escenario de mayor concentración del mercado.

La estructura de costos del pollo, uno de los principales sustitutos de la carne vacuna en la canasta familiar, depende de que esas plantas continúen operando. Para las casi mil familias de Concepción del Uruguay, ese debate económico ya tomó forma concreta: portones encadenados, custodia privada y ningún representante de la empresa dispuesto a dar la cara.