Moño Azul: consiguen cobrar indemnización tras 8 años

Después de 8 años de reclamos un exempleado de Moño Azul, en Neuquén, consiguió cobrar su indemnización tras el despido en 2011.

Un exempleado de Moño Azul tuvo que esperar 8 años para cobrar toda la indemnización.

La demanda la inició un trabajador que ya había cobrado una parte, y recién ahora la completaron.

Fue tras un fallo de la Justicia neuquina que acaba de conocerse en éstos días.

La situación puso sobre el tapete dos cuestiones: por un lado el reconocimiento de las gratificaciones (o premios) como un derecho adquirido que debe ser parte del cálculo para la indemnización.

Y, por el otro, el hecho de que el trabajador tuvo que esperar ocho años para que se lo reconocieran.

Un expediente demasiado extenso

El expediente se inició allá por 2011 a raíz de una demanda por despido de ese trabajador (Ernesto Ch.) contra Moño Azul.

Un juzgado de primera instancia rechazó la diferencia salarial por esas gratificaciones que sólo le habían pagado durante un período.

Fue por eso que el operario apeló; y, ahora, la Cámara Civil modificó parcialmente la sentencia.

Entonces le agregó 13.434,82 pesos e intereses al monto de condena que ya había cobrado.

En su apelación el hombre expuso que Moño Azul le pagaba 300 pesos mensuales en concepto de “destajo”.

STIA celebró la decisión judicial

En su respuesta, la empresa sostuvo que le pagó ese plus “para acompañarlo en su enfermedad”.

Fuentes judiciales hicieron ver que las gratificaciones dejaron de pagarse en enero de 2010, y que el despido se produjo el 28 de julio de 2011.

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Los jueces de Cámara Patricia Clerici y José Noacco subrayaron “la habitualidad” con la que le pagaron la gratificación durante 19 meses.

Pero, además, hicieron ver que incluso fue considerada para el pago del aguinaldo.

Por eso el trabajador tuvo la expectativa y “el derecho” de percibir a futuro dicha remuneración.

Así “debe corregirse la liquidación de la indemnización por antigüedad”, declararon.

De este modo, el resarcimiento se elevó a un total de 86.986,66 pesos.

Desde el Sindicato de la Alimentación celebraron la decisión judicial de obligar a reconocer el derecho.