El Juzgado Comercial N.º 21 bloqueó USD 13,56 millones y pidió explicaciones por otros USD 15,97 millones. El concurso sigue sin apertura formal.
La crisis de Granja Tres Arroyos (GTA) sumó un frente judicial de peso. El Juzgado Comercial N.º 21, a cargo del juez Germán Páez Castañeda, dispuso la inhibición provisoria de bienes de cuatro sociedades del grupo y la indisponibilidad de USD 13,56 millones depositados en el Banco de Comercio. También le exigió a la empresa que acredite el destino y la disponibilidad de otros USD 15,97 millones alojados en Eurobanco. La medida llegó mientras el concurso preventivo sigue sin abrirse y más de 6.000 trabajadores esperan definiciones.
Cuatro sociedades bajo la lupa
La inhibición alcanza a Granja Tres Arroyos, Wade, Avex y Holding Agroindustrial, es decir, a la cabeza del conglomerado y a las firmas que operan las ex plantas de Cresta Roja y la planta de Río Cuarto. Con esa decisión, el magistrado busca que el patrimonio del grupo no se achique antes de que se ordene la situación procesal.
Los dos depósitos recibieron tratamientos distintos. Los USD 13.561.690,05 del Banco de Comercio quedaron indisponibles. Respecto de los USD 15.965.979,57 de Eurobanco, el juez no ordenó el bloqueo y pidió precisiones sobre adónde fueron y de qué manera se puede disponer de ellos.
La resolución deja una puerta abierta. La empresa puede usar los fondos inmovilizados cuando cuente con autorización judicial expresa, un mecanismo que la compañía deberá transitar caso por caso.
Salarios y cargas sociales, en el centro del pedido
Páez Castañeda también quiso saber cómo se paga a los trabajadores. Le requirió a GTA que informe si abona con regularidad los salarios y las cargas sociales. Si existen atrasos, la compañía deberá individualizar a cada trabajador afectado, los períodos adeudados y los montos pendientes.

El requerimiento tiene un peso concreto en un grupo que emplea a unas 6.500 personas en tres provincias. Las plantas de Capitán Sarmiento, Wade 2 en Esteban Echeverría y Pilar concentran conflictos salariales, suspensiones y paradas de producción desde hace meses.
Denuncias por retiro de insumos y equipos
La intervención judicial siguió a una serie de denuncias sobre presuntos retiros de insumos y equipos, y sobre el desmontaje de líneas productivas vinculadas a Wade. Las presentaciones partieron de la sindicatura de la quiebra de Rasic Hermanos y de extrabajadores.
El magistrado ordenó además inventarios y medidas de custodia sobre los bienes. En las plantas, los trabajadores ya habían advertido sobre la salida de maquinaria y pertenencias, un reclamo que ahora la Justicia recoge de manera formal.
Un concurso trabado por la competencia
El concurso preventivo solicitado por GTA permanece sin apertura formal por una disputa de competencia entre los juzgados comerciales N.º 21 y N.º 1. El primero giró la causa al segundo, que se declaró incompetente y devolvió el expediente. Mientras los tribunales discuten quién interviene, el reloj corre para la empresa y para sus empleados.
La presentación judicial informa que, al 31 de diciembre de 2025, la compañía registraba una deuda aproximada de $536.000 millones con 4.978 acreedores. Se trata de la cifra a esa fecha de corte y no refleja el pasivo actualizado a octubre de 2026.
Embargos que asfixian la caja
Los representantes de GTA pidieron adecuar 17 embargos que tramitan en 15 expedientes. Según su presentación, diez recaen sobre cobranzas de clientes y siete sobre fondos bancarios. Por cantidad de medidas, eso equivale al 58,8% y al 41,2%, respectivamente. El porcentaje mide la cantidad de embargos y no el valor del dinero retenido.
La empresa sostiene que las restricciones comprometen su funcionamiento cotidiano y que la demora en definir el juzgado competente agrava el cuadro. Cuando los embargos caen sobre las cobranzas, el flujo que sostiene la compra de insumos y el pago de sueldos queda en riesgo.
Un grupo en caída libre
El pedido de concurso llegó después de meses de deterioro. El grupo busca reestructurar un pasivo de USD 350,9 millones con el asesoramiento de Valo Columbus, la banca de inversión del Banco de Valores. El esquema en análisis contempla quitas de hasta 75% del capital, un plazo de pago de siete años y la venta de al menos cinco activos no estratégicos.
Entre las tres sociedades principales se acumulan más de 7.000 cheques rechazados por más de $101.600 millones. A eso se suman cuatro pedidos de quiebra contra GTA y ejecuciones de distintos acreedores, entre ellos bancos y proveedores. Wade ya había pedido su propio concurso días antes que la sociedad central.
Plantas paradas y empleo en vilo
La producción acompañó el derrumbe financiero. GTA interrumpió la actividad de su planta de Capitán Sarmiento «hasta nuevo aviso» desde el 31 de agosto. La planta de Avex en Río Cuarto estuvo un mes paralizada, en Pinazo (Pilar) se suspendió a todo el personal y en Wade 2 hubo bloqueos y reclamos salariales.
El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria el 4 de septiembre frente a los despidos en distintas plantas. La medida involucra a 700 trabajadores de Capitán Sarmiento, 450 de Wade 2 y 50 de Pilar, más del 25% de la dotación total del grupo.
Qué viene
La definición del juzgado competente es el primer paso para que el concurso avance y los acreedores sepan cómo y cuándo podrán cobrar. Hasta entonces, la inhibición de bienes y el pedido de información sobre salarios marcan el rumbo de una causa que se sigue de cerca en todo el sector avícola. Para los trabajadores, la prioridad es que los fondos sirvan para sostener los puestos y los sueldos.