Alarma por riesgo fitosanitario ante los despidos en el Senasa

La decisión del Ministerio de Agroindustria de cesantear a 213 técnicos e ingenieros del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), pone en riesgo los mecanismos de control de calidad alimenticia

El Ministerio de Agroindustria avaló el despido de 213 técnicos e ingenieros del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), y abrió nuevamente la alarma por el riesgo fitosanitario al que se expone a los alimentos que consumimos, por la ausencia de controles en los productos.

Tras los 100 despidos en el organismo que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Agroindustria, producidos en enero de este año, el titular de la cartera, Luis Etchevehere volvió a darle aval a las cesantías y los trabajadores se encuentran en asamblea con cese de actividades por 96 horas.

senasa
Los recortes de técnicos en el Ministerio de Agroindustria ponen en riesgo los mecanismos de control de calidad alimenticia.

El paro comenzó a la medianoche del martes 24 de abril, en donde se conformaron distintas comisiones de trabajo para la organización de las acciones a futuro. Entre otras cosas, determinaron que, ante el rumor de que pueda haber 380 despidos más, realizar una serie de guardias en los sectores operativos estratégicos como puertos, laboratorios y fronteras.

La decisión política de beneficiar a privados

La asamblea de los trabajadores enrolados en ATE se debatió sobre el avance en el achicamiento del estado planeado por el gobierno de Mauricio Macri, que afecta a los empleados a nivel nacional y también en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Allí manifestaron que “las decisiones políticas que se están tomando con el Senasa, sólo apuntan a subsidiar y brindar servicio a los importadores y grandes corporaciones exportadoras”.

Por último, en la asamblea que se llevó a cabo en el hall del organismo, resolvieron “solicitar al cuerpo del departamento de legales de Ate Nacional el escrito correspondiente a un amparo para judicializar la decisión arbitraria e irresponsable de la patronal frente a las funciones sustantivas del servicio sanitario que se están resintiendo”.

 

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