La Justicia le dio el aval a la empresa de bebidas Pepsi para desarmar la estructura de la planta de Chubut
Con un descomunal procedimiento de la policía provincial, comenzó el desmantelamiento de la maquinaria de la ex embotelladora Pepsi, ubicada en el acceso sur a Trelew, que cerró sorpresivamente hace cinco meses por decisión de las autoridades de “Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G”, empresa propietaria de la marca en el país, que dejó a más de 50 trabajadores cesantes, entre personal de planta y tercerizados.
La planta, que operó 46 años en el acceso sur a Trelew, Chubut, hasta que cerró sus puertas hace seis meses, fue intervenida hoy ante el requerimiento judicial que efectuaron los dueños para desmantelar la maquinaria y trasladarla a otra sede que no se precisó.
El operativo para desmontar la ex embotelladora se inició por orden de la jueza de ejecución penal 2 de esa ciudad chubutense, María Andrea García Abad, quien concurrió custodiada por efectivos policiales ante el posible enfrentamiento con los ex trabajadores que habían iniciado un “acampe” frente a la planta para evitar justamente el retiro de la maquinaria.
“Cuando llegamos esta mañana nos encontramos con que no había nadie así que se procedió a despejar el portón de acceso, hacer las actuaciones y que todo transcurra con normalidad” reveló la jueza García Abad en diálogo con Télam.
La magistrada reconoció que “existen desde hace unos 20 días negociaciones a distinto nivel con los trabajadores para que esto se realice en forma pacífica porque los dueños de la empresa argumentan estar ajustados a derecho cuando piden ingresar a su propiedad y hacer uso de las instalaciones”.
La empresa sostiene que cumplió la ley laboral
Al momento del cierre, el último día de mayo, la empresa Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G, propietaria de la marca Pepsi en el país, emitió un comunicado argumentando “la caída sostenida en el volumen de ventas de gaseosas desde hace varios años, por lo que se ha visto en la obligación de cerrar su operación industrial en la localidad de Trelew”.
La empresa reveló además que habían “cumplido con los requisitos que la ley laboral exige procediendo a la liquidación y el pago de las indemnizaciones correspondiente” al plantel de personal que contaba con operarios de entre 11 y 35 años de antigüedad.
Varios de los ex operarios cuestionaron los montos indemnizatorios y permanecieron en una vigilia que fue respaldada por organizaciones sociales como forma de protesta, la que se fue disminuyendo en intensidad hasta el abandono del predio que fue ocupado por los propietarios tras las actuaciones judiciales.
“Reitero, el ingreso se produjo sin resistencia porque no había nadie en el acampe, aunque debieron acudir con equipamiento para retirar los montículos que habían dejado frente a las rejas de acceso por el portón principal para obstruir la salida de las máquinas”, explicó García Abad quien consideró que “muchos de los trabajadores pudieron ser laboralmente reubicados”.
Tras el cierre de la embotelladora los operarios habían evaluado distintas alternativas para sostener sus fuentes de trabajo, entre ellas la constitución de una cooperativa que no prosperó e incluso hasta se planteó la posibilidad de expropiar las instalaciones.
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