Cinco aumentos en abril y los sueldos, pisados

Transporte, luz, agua, prepagas y alquileres suben en abril, pero el gobierno de Milei sigue frenando las paritarias con un techo del 2% mensual, por debajo de la inflación.

Abril arranca con una nueva tanda de aumentos en servicios esenciales que impactará de lleno en los bolsillos de los trabajadores y las familias argentinas. Colectivos, electricidad, agua, medicina prepaga y alquileres ajustan al alza, mientras la inflación de marzo se acerca al 3% según las consultoras privadas. El cuadro es conocido: los precios suben sin pausa y los salarios, atados a una pauta oficial que el gobierno de Javier Milei impone en las paritarias como si fuera una política de Estado, van para atrás.

Una por una: las subas que llegan con el nuevo mes

Abril llega con aumentos en el transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros sectores, en un contexto donde las consultoras privadas proyectan una inflación de marzo superior al 3%, luego del 2,9% de febrero medido por el INDEC.

El transporte vuelve a encabezar la lista de los servicios que más duelen. En la provincia de Buenos Aires, el nuevo cuadro tarifario para líneas urbanas e interurbanas se calcula siguiendo la fórmula IPC de febrero más 2% adicional, llevando el boleto mínimo con SUBE registrada de $832,57 a $873,37. Sin tarjeta registrada, el mismo trayecto cuesta más de $1.388. En la Ciudad de Buenos Aires, el mínimo trepa a $715,26.

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados aumentos de hasta 2,9% en las cuotas de abril, coincidiendo con el piso de la inflación de febrero. Los copagos también suben. Para quienes ya destinan una porción significativa de sus ingresos a la cobertura médica, este ajuste mensual acumulado se volvió una sangría permanente.

En materia habitacional, el panorama es igualmente adverso. Los contratos celebrados bajo la derogada ley de alquileres suben 33,3% según el Índice de Contratos de Locación, mientras que los firmados bajo la Ley 27.737 registran un índice del 47,64%. En ambos casos, actualizaciones que multiplican varias veces la inflación mensual.

La electricidad también ajusta: en Edesur, los hogares de altos ingresos afrontarán un cargo fijo de $1.393,73 y un cargo variable de $115,29 para consumos de hasta 150 kWh, mientras que con 400 kWh el cargo fijo asciende a $2.925,47. En Edenor los valores son similares, con cargo fijo de $1.414,93 para el mismo perfil de consumo. Y el agua tampoco se queda quieta: AySA aplica el cuarto y último tramo de su actualización tarifaria gradual con tope del 4% mensual, elevando el valor costo promedio a $23.648,56.

El cepo que nadie vota: Milei frena los sueldos por decreto

Mientras los precios suben, el gobierno aplica una política de contención salarial que no tiene ningún respaldo legal explícito pero funciona con la eficacia de una ley. El inicio de las paritarias 2026 llegó con una señal clara del Ministerio de Economía: no habrá margen para discutir salarios por encima del 2% mensual. La decisión, impulsada por el ministro Luis Caputo, opera como un cepo en los hechos: la Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, no homologará acuerdos que superen ese techo.

La trampa es elegante pero brutal. En un esquema donde la validación estatal resulta clave para que los aumentos se paguen efectivamente, la medida opera como un mecanismo disciplinador que redefine el equilibrio de fuerzas en las discusiones salariales. El problema de fondo es evidente: la pauta oficial del 2% se ubica por debajo de la inflación de febrero, que fue del 2,9%. Cualquier trabajador que acepte la pauta oficial pierde poder adquisitivo incluso antes de que lleguen las facturas de los servicios.

El techo ya estuvo a punto de dejar sin homologación la paritaria del gremio Utedyc, que había cerrado un aumento del 9,5% para el trimestre febrero-abril. Desde la Casa Rosada aclararon que el porcentaje mensual apenas supera el 2%, encuadrando el acuerdo dentro de la pauta. La creatividad contable al servicio del ajuste.

La Secretaría de Trabajo ya advirtió que no iba a homologar el acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las cámaras del sector, que habían pactado un 5,4% más sumas fijas, convocando incluso a las partes a una reunión a la que el sector gremial se negó a asistir. El gremio mercantil, con más de un millón de afiliados, resiste. Por ahora.

El caso que ordenó el tablero en contra de los trabajadores fue el de Camioneros. Hugo Moyano aceptó una paritaria alineada con la Casa Rosada, con aumentos decrecientes que arrancan en 2% en marzo y caen hasta el 1,5% en agosto. La decisión generó sorpresa y malestar en distintos sectores sindicales: si una organización con el peso de Camioneros convalida una pauta por debajo de la inflación, el margen de maniobra para el resto de los gremios se reduce drásticamente.

La doble vara de Milei: sueldos para ellos, techo para los demás

El contraste es difícil de ignorar. Mientras el gobierno exige moderación salarial a los trabajadores con el argumento de la «sostenibilidad fiscal», los propios funcionarios del Ejecutivo se aumentaron el sueldo de manera sideral. Según calculó la Asociación de Trabajadores del Estado, los salarios de funcionarios acumularon un incremento del 89,8%, muy por encima de lo que obtuvieron los trabajadores del sector público. «Para los funcionarios las paritarias no tienen techo. Estamos frente a un salariazo de la patronal en el sector público», denunció el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.

El secretario general del gremio de telecomunicaciones SOEESIT sintetizó el diagnóstico con precisión: «El principal objetivo y la verdadera intención del Gobierno nacional es destruir la negociación salarial y que no haya más paritarias». Y preguntó lo que nadie en el oficialismo responde: «¿A qué organización gremial convocaron a la Secretaría de Trabajo para tener un acuerdo salarial? A ninguna. No existe ninguna mesa de diálogo ni una intervención que tenga al Estado nacional como mediador».

La informalidad laboral creció desde el segundo trimestre de 2024 y ya alcanza al 43,2% de los trabajadores. Sobre ese piso, el gobierno avanza en reformar los convenios colectivos para dar prioridad a las paritarias por empresa sobre las de actividad, un cambio que los gremios leen como el desmantelamiento del sistema de negociación colectiva construido durante décadas.

El saldo: precios que vuelan, salarios que gatean

El resultado de este abril es el mismo guión de siempre bajo la gestión libertaria: los servicios ajustan sin techo, las tarifas suben por resolución o por fórmula, y los salarios tienen un límite impuesto desde el Palacio de Hacienda. El incremento acordado para empleados públicos nacionales fue del 9,9% para el período enero-mayo, es decir, entre 1,5% y 2,5% mensual, por debajo de cualquier estimación de inflación.

El trabajador argentino que toma el colectivo, paga la prepaga y recibe la boleta de luz en el mismo mes en que cobra su sueldo ajustado según la pauta del gobierno sabe que la cuenta no cierra. La novedad de este abril es que ya no es una sorpresa: es la política libertaria.

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