Aumentos injustificados: El Gobierno le apuesta todo a la Ley de Góndolas

El Gobierno se apunta para implementar la Ley de Góndolas el 15 de marzo, ante la avanzada de las alimenticias que volvieron a presionar para aumentar precios, y eliminar el congelamiento. La inflación en alimentos de febrero, por encima del promedio del mes.

El gobierno nacional se prepara para implementar la Ley de Góndolas luego de otra semana en la que las empresas alimenticias volvieron a presionar para subir el valor de sus productos sin justificación alguna, e intentando eludir los controles de la Secretaría de Comercio.

Incluso durante el mes de febrero la inflación del sector superó el promedio inflacionario del mes haciendo que el sector de Alimentos y Bebidas lidere la suba generalizada de precios y afecte a la canasta básica de alimentos, generando mayor pobreza.

En tal sentido, desde la gestión buscan tomar medidas urgentes para limitar el modus operandi de las grandes alimenticias que continúan avanzando con su estrategia de acumulación de ganancias a cualquier costo.

La Ley de Góndolas aparece así, en el horizonte próximo, como una herramienta para evitar la monopolización del sector y los encuentros a puertas cerradas para definir la suba de precios entre las cuatro empresas que concentran el 90% de la comercialización del país.

El impacto en la canasta básica

La semana pasada el ministro de Producción, Matías Kulfas, aseguró que “la alimentación es un eje central, por la relevancia que tiene en la mesa de los argentinos y las argentinas, y por el peso que tiene en la formación de precios”.

Sucede que la canasta básica define el monto de dinero que una familia tipo puede disponer para alcanzar los productos de necesidad elementales para subsistir, por lo que cada suba de las alimenticias genera más daño y pobreza en el país.

Las señaladas por el Gobierno son, en este sentido, Arcor, AGD, Molinos Ríos de la Plata, Nestlé, Ledesma, Danone, Granja Tres Arroyos, Paladini, Cabrales, Quilmes, Mastellone, Molinos Cañuelas, Bunge, Casamen, Morixe Hermanos, Mondelez.

Sin embargo, apenas cuatro de ellas concentran el 90% de la producción y la comercialización de los productos alimenticios del país, haciendo que se genere una monopolización que impacta en la suba de precios de los productos, por acuerdos a espaldas de los consumidores.

Victimización patronal y ¿amenazas?

Durante la semana las empresas de alimentos y bebidas reclamaron al Gobierno medidas estructurales frente a la “difícil” situación que está atravesando la industria y advirtieron sobre “las consecuencias” de extender los congelamientos de precios vigentes.

A través de un comunicado, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (Copal) manifestó que hace casi un año que el sector está afectado por el “estricto congelamiento” de precios.

La acción de las alimenticias alertó al Ejecutivo que ve una acción deliberada por parte de la patronal del sector para avanzar con la suba indiscriminada de precios haciendo que impacte en la canasta básica alimentaria, una vez más.

Por ello el objetivo de la gestión de Alberto Fernández es que se acelere el trámite de implementación de la Ley de Góndolas, para tener una herramienta con la cual batallar contra la monopolización y la cartelización del sector.

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La Ley de Góndolas se implementa desde el 15 de marzo

La norma regirá en todos los supermercados que tengan, como mínimo, 800 metros cuadrados de espacio de venta. “La ley va a permitir que haya competencia en las góndolas que, hoy, están en manos de tres o cuatro firmas”, aseguró Pedro Bussetti, titular de DEUCO.

La normativa, que fue reglamentada a fines del año pasado y celebrada por todas las asociaciones de usuarios y consumidores, entraría en vigencia el próximo 15 de marzo, para frenar la avanzada del sector patronal de las empresas alimenticias.

El principal objetivo de la norma es que los productos sean claros y transparentes para los consumidores y que los clientes puedan tener a elección una variedad de marcas en los distintos artículos y categorías.

Ello evitaría prácticas comerciales que puedan perjudicar la competencia. Así, todos aquellos supermercados con una superficie mínima de 800 metros cuadrados de espacio de venta al público deberán ofrecer en sus góndolas, al menos, cinco productos de distintas empresas.

Además, un 25 por ciento del espacio de cada categoría deberá ser provisto por micro y pequeñas empresas, mientras que un cinco estará reservado a las empresas de la agricultura familiar, campesina, indígena, de la economía popular, cooperativas y mutuales.

Amenazas de desabastecimiento

Ante estas especificaciones, algunos supermercadistas adelantaron que, en los primeros días de vigencia de la ley, podrían aparecer vacíos en las góndolas. Esto podría ocurrir porque hay empresas muy grandes que concentran hasta el 80 por ciento de la góndola.

Eso implica que sus productos son los que monopolizan el consumo y, según los supermercadistas, beneficiados con las subas indiscriminadas de las alimenticias, hará que no encuentren sus opciones de compra.

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Expectativas

En diálogo con El1 Digital, el titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, aseguró que “la ley va a permitir que haya competencia en las góndolas, que, hoy, están en manos de tres o cuatro firmas”.

Por su parte, el presidente de Consumidores Libres, Héctor Polino, destacó otro punto relevante de la normativa, acerca de que los productos de menor precio deben estar en el sector medio de la góndola y en la primera página del sitio web.

Además, ponderó que, más allá de favorecer la competencia, la ley ayudaría a marcar precios de referencia y “frenar los aumentos injustificados” que se registraron en los últimos meses, principalmente, en los alimentos. “Va a servir siempre y cuando se cumpla”, concluyó Bussetti, sobre las inspecciones, un procedimiento que, aun, resta determinar.