El INTA comenzó a recoger experiencias de veterinarios avícolas sobre los cambios que provocó la prohibición de colistina en las granjas argentinas. La primera reunión se realizó en Crespo, Entre Ríos, con profesionales de la producción de huevos. El relevamiento incorpora sanidad, organización del trabajo y costos, tres dimensiones necesarias para evaluar la adaptación de los establecimientos.
La iniciativa integra una investigación prevista para 2025–2027. El organismo informó la actividad el 30 de octubre y anticipó su intención de ampliar las consultas a pollos parrilleros y porcinos. Por ahora, la comunicación presenta el comienzo de un proceso de investigación. Sus resultados todavía deben construirse y contrastarse.
Una prohibición vigente desde 2019
La Resolución 22/2019 del SENASA estableció una restricción nacional sobre los productos veterinarios que contienen colistina y sus sales. Su alcance comprende elaboración, distribución, importación, uso y tenencia. La norma fue publicada el 15 de enero de 2019 y contempló un plazo de 180 días para aplicar la prohibición.
También dispuso cancelar los certificados de uso y comercialización al cumplirse ese plazo. La decisión buscó preservar un recurso terapéutico relevante para infecciones humanas causadas por bacterias multirresistentes. Entre sus fundamentos, el SENASA citó la detección de resistencia a colistina en su programa de vigilancia sobre animales destinados al consumo.
Ese antecedente define la lectura de la noticia actual: las granjas están siendo consultadas sobre una transición regulatoria iniciada años atrás. La reunión de Crespo permite examinar cómo se resolvieron problemas concretos de manejo durante ese período. Tampoco anuncia una habilitación para volver a utilizar el principio activo.
Qué aporta escuchar a los veterinarios
El encuentro utilizó la metodología de grupo focal. Reunió a asesores y profesionales vinculados con empresas de postura para recuperar experiencias de campo. Su aporte es identificar prácticas, dificultades y decisiones que pueden quedar fuera de los registros de laboratorio o de comercialización de medicamentos.
Una consulta de estas características permite formular hipótesis y reconocer diferencias entre sistemas productivos. Para estimar cuánto cambió un costo promedio se necesitarían, además, datos comparables de establecimientos y períodos definidos. Lo mismo ocurre con una eventual modificación de la mortalidad, la postura o la frecuencia de tratamientos.
La información pública de esta primera actividad carece de una serie cuantitativa que permita atribuir mejoras o pérdidas a la prohibición. Esa limitación evita adelantar un balance favorable o desfavorable. El valor inmediato del trabajo reside en ordenar las experiencias y orientar la siguiente etapa de investigación.
Resistencia: el problema está en los microorganismos
La Organización Mundial de la Salud explica que la resistencia aparece cuando los microorganismos dejan de responder a los medicamentos. En las infecciones bacterianas, eso puede volver ineficaz un antibiótico y dificultar el tratamiento. El uso excesivo o inadecuado acelera la selección y propagación de resistencia.
La distinción resulta importante para comunicar el problema alimentario. Son las bacterias las que desarrollan resistencia; una persona no se vuelve resistente por consumir un alimento. La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria señala que el contacto con microorganismos resistentes puede producirse entre personas, animales, alimentos y superficies.
La colistina ocupa un lugar particular dentro de ese debate. La OPS describe su recuperación como herramienta frente a ciertos bacilos multirresistentes, después de un uso humano más limitado por su toxicidad. También documenta que los países de la región adoptaron restricciones de distinto alcance en producción animal. La regulación argentina debe leerse según su propio texto.
Prevención y servicios veterinarios
La Organización Mundial de Sanidad Animal plantea que reducir el uso inadecuado requiere prevenir enfermedades y sostener el acceso a servicios veterinarios. Entre sus herramientas menciona bioseguridad, higiene, buenas condiciones de crianza y vacunación cuando corresponde. Las decisiones terapéuticas deben quedar bajo responsabilidad profesional y dentro de la normativa vigente.
Para la industria del huevo, esa perspectiva lleva la evaluación más allá de la compra de un medicamento. Conviene observar el conjunto del esquema sanitario y su funcionamiento en cada establecimiento. Una adaptación puede involucrar infraestructura, capacitación, diagnóstico y registros, con efectos distintos según la situación inicial de la granja.
El precio de una alternativa aislada tampoco permite calcular el resultado económico de todo el proceso. Una comparación útil debería considerar enfermedad, productividad, intervenciones y recursos utilizados durante el mismo período. Esa es una tarea de evaluación pendiente, antes de afirmar que la restricción encareció o abarató la producción nacional.
Del establecimiento a la cadena alimentaria
El SENASA advierte que la resistencia puede afectar la productividad animal y repercutir sobre los alimentos. Su programa de vigilancia busca monitorear bacterias comensales y zoonóticas para orientar medidas de control. Esa información cumple una función diferente de la consulta cualitativa a los veterinarios, y ambas pueden complementarse.
En la elaboración de alimentos, el desafío abarca la relación con los proveedores primarios. Conocer los tratamientos y las condiciones sanitarias ayuda a sostener la trazabilidad y la evaluación de riesgos. La existencia de una investigación sobre resistencia, por sí misma, no demuestra contaminación de huevos ni incumplimientos de las empresas participantes.
El control de residuos farmacológicos y el estudio de microorganismos resistentes también requieren mediciones diferentes. Como ejemplo regional, la Anvisa de Brasil mantiene un programa piloto 2025–2026 que contempla ambas líneas. Una detecta y cuantifica sustancias; la otra estudia la presencia y el perfil de resistencia de los microorganismos en alimentos comercializados.
La evaluación forma parte de una política sanitaria
El Plan Nacional de Acción aprobado por la Resolución 2291/2023 ya identificaba la necesidad de medir el impacto de la prohibición de colistina en animales. Su enfoque integra salud humana, salud animal, producción agroalimentaria y ambiente. También articula vigilancia, investigación, prevención de infecciones y uso apropiado de antimicrobianos.
Ese marco permite ubicar el trabajo de Crespo dentro de una necesidad institucional concreta: producir evidencia sobre la aplicación de las regulaciones. Para evaluar futuras restricciones, resulta útil conocer las capacidades disponibles, los tiempos de adaptación y los problemas que enfrentaron los equipos sanitarios. La consulta territorial puede aportar información que después debe contrastarse con otros registros.
La próxima referencia será la ampliación del relevamiento anunciada por el INTA y la publicación de sus resultados. Para el sector alimentario, interesará conocer qué cambios se documentan, cómo se comparan los establecimientos y qué indicadores se utilizan. Esos datos permitirán discutir costos y prevención con un respaldo más preciso que los testimonios aislados.