Nuevas acciones judiciales contra la “inconstitucionalidad” de la reforma jubilatoria

Nuevas acciones judiciales por la “inconstitucionalidad” de la reforma jubilatoria

Cada vez son más las organizaciones y entidades que buscan frenar la reforma previsional por su carácter regresivo y contraria a los derechos de los jubilados

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que encabeza Guido Lorenzino, fue la entidad que presentó un recurso judicial para frenar la reforma previsional a la que se describe como «regresiva». Un caso parecido promovió el intendente del partido San Martín, Gabriel Katopodis.

La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó un recurso de amparo ante la Justicia para declarar “inconstitucional” la reforma previsional sancionada recientemente por el Congreso, al argumentar que es de carácter “regresiva” y que produce “daños irreparables” entre los beneficiarios del sistema.

En la presentación, realizada junto a la Confederación General de Jubilados, el organismo que conduce Guido Lorenzino asumió la voluntad de ejercer la representación colectiva de todos los que se consideran damnificados por los cambios en las jubilaciones, pensiones ordinarias, pensiones no contributivas y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

reforma previsional
El titular de la Defensoría del Pueblo quiere que se declare la inconstitucionalidad de la reforma previsional por tener carácter regresivo.

“Las modificaciones introducidas a la norma van en contra de lo que dice la Constitución y los tratados internacionales”, evaluó Lorenzino, quien consideró que “vulnera el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley, la movilidad jubilatoria, la no discriminación, el principio de progresividad y el no retroceso en materia de seguridad social”.

La Defensoría subrayó que las modificaciones en el régimen jubilatorio “generan graves amenazas, como la disminución de ingresos alimentarios, además de la sensible pérdida del poder adquisitivo que afectaría a aproximadamente a 10.000.000 de ciudadanos”.

La presentación de la Defensoría también considera que la reforma es “discriminatoria para los beneficiarios por moratoria, ya que no se les reconoce la garantía del 82% del salario mínimo vital y móvil”.

 

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