Granja Tres Arroyos (GTA) suspendió durante el fin de semana las operaciones de su planta de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, sin fecha de reanudación y sin aviso previo al personal. Un comunicado interno atribuyó la medida a la falta de suministro eléctrico y a «circunstancias de fuerza mayor», pero trabajadores y fuentes del sector denunciaron que la maquinaria concesionada ya no estaba en la planta y que miembros del directorio habían retirado sus pertenencias de oficinas y depósitos. El episodio es el capítulo más reciente de una crisis que, desde diciembre de 2024, desarmó plantel por plantel a la que supo ser la mayor avícola del país.
Una crisis que se acumula planta por planta
El comunicado interno notificó la paralización de tareas «hasta nuevo aviso a partir del 31 de agosto de 2026» e instruyó al personal a no presentarse salvo convocatoria expresa de un supervisor. Fuentes con conocimiento de la situación de la empresa señalaron que se retiraron zorras, equipos de armado de cajas y maquinaria de terceros que operaba dentro del establecimiento. «No quedó nada», describió una de esas fuentes citada por Infobae. La misma fuente advirtió que los trabajadores temen que la empresa no afronte el pago de las indemnizaciones correspondientes.
Capitán Sarmiento no es un caso aislado. La debacle de GTA comenzó en diciembre de 2024, cuando la empresa solicitó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis que nunca llegó a formalizarse a nivel nacional, aunque aceleró los recortes internos. Desde entonces, la compañía cerró su planta de Tristán Suárez con 200 desvinculaciones sobre un plantel de 270, cerró en forma definitiva la planta de Becar en Concepción del Uruguay y trasladó a sus 270 trabajadores a la planta La China, ubicada a metros de distancia.
En julio, la planta Avex de Río Cuarto, Córdoba, detuvo su actividad bajo la figura de «parada programada» por dos semanas. Esa fecha no se cumplió: la paralización se extendió otras dos semanas y afectó a los 350 trabajadores del establecimiento durante un mes completo. En paralelo, la planta Pinazo, en Pilar, suspendió a la totalidad de su personal; la planta Wade II, ex Cresta Roja, en Esteban Echeverría, registró paralizaciones por conflictos salariales y bloqueos; y la planta Wade I, en Ezeiza, redujo fuertemente su actividad. La planta La China, en Concepción del Uruguay, permanece cerrada desde fines de mayo.
A mediados de agosto, la empresa desvinculó a 250 trabajadores de La China sobre un plantel de 900 empleados, invocando telegramas que citaron «una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora». La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) calificó el proceder patronal de «artero e insensible» y cuestionó que la compañía utilice a los trabajadores como variable de ajuste ante una eventual maniobra concursal. Julio Chamorro, secretario general del STIA en Concepción del Uruguay, sostuvo que «no hay jurisprudencia que justifique esa fuerza mayor».
La paradoja del sector: el mercado externo se reabre y GTA se hunde
El deterioro de GTA se produce en un momento en que el panorama exportador del sector avícola, tomado en conjunto, mejora. El 17 de agosto entró en vigencia el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1813, que reabrió el mercado europeo para la carne aviar argentina tras el reconocimiento del país como libre de influenza aviar de alta patogenicidad. Según datos del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), ese mercado había representado envíos por USD 14 millones en 2025. A su vez, el sector continúa gestionando la recuperación plena del mercado chino, uno de los principales compradores de garras y alas.
El Centro de Empresas Procesadoras Avícolas señaló que la producción de carne de pollo generó una facturación superior a los USD 6.300 millones durante 2025, mientras que el segmento de huevos superó los USD 2.800 millones, según cifras difundidas por la propia cámara empresaria y no verificadas de forma independiente. La entidad también proyectó un crecimiento anual cercano al 2% para los próximos años, condicionado a inversión en infraestructura.
Ese contraste conviene explicitarlo: mientras el sector celebra la reapertura de mercados y proyecta crecimiento, GTA profundiza su desmantelamiento productivo. La firma llegó a representar, según su propio responsable comercial internacional, alrededor del 35% de las exportaciones aviares argentinas en 2025. Su crisis no puede entenderse entonces como un reflejo automático de la situación sectorial, sino como resultado de una combinación específica de sobreendeudamiento, pérdida de mercados y estructura productiva sobredimensionada que la propia empresa arrastra desde antes de la actual coyuntura exportadora.
Gripe aviar, importaciones y sobreendeudamiento: las explicaciones en disputa
La compañía atribuyó sus dificultades, en las comunicaciones enviadas a los trabajadores, a la caída de las exportaciones por los sucesivos brotes de gripe aviar registrados entre 2025 y 2026, que cerraron en distintos momentos los mercados de la Unión Europea, China y Chile. La pérdida del mercado chino, en particular, redujo la participación de ese destino en el volumen exportado de GTA del 33% al 25%, según información proporcionada a Infobae por la propia empresa.
Fuentes del sector y publicaciones especializadas atribuyen una parte relevante de la crisis a la apertura de importaciones dispuesta por el Gobierno nacional, que habilitó el ingreso de pollo brasileño a precios que la producción local no logró igualar. Analistas del sector señalaron además que la crisis de GTA tiene un componente estructural anterior, vinculado a un sobredimensionamiento de su capacidad productiva en años previos, que la dejó más expuesta que otras firmas del sector al combinarse con el endeudamiento en moneda extranjera y el aumento de los costos internos en pesos.
Estas explicaciones no son excluyentes entre sí y conviene presentarlas con sus respectivas fuentes: la empresa enfatiza la fuerza mayor sanitaria; el sindicato apunta a una estrategia deliberada de licuación de pasivos antes de un proceso concursal; y los análisis de mercado describen una combinación de apertura comercial, tipo de cambio y sobreendeudamiento previo. La caída de la faena diaria de la compañía, que según registros conocidos en mayo pasado pasó de 700.000 a 200.000 pollos, es consistente con las tres lecturas a la vez, aunque no permite por sí sola dirimir cuál de los factores pesó más.
El costo laboral de la crisis
El deterioro financiero de GTA tiene una traducción directa en las condiciones de trabajo. La compañía acumula deudas informadas con entidades financieras por más de $51.700 millones, según un informe comercial conocido en mayo, y mantiene deuda exigible por aportes y contribuciones a la seguridad social por aproximadamente $7.272 millones. En julio, la empresa acumulaba 5.176 cheques rechazados por un total cercano a los $89.259 millones.
Los trabajadores de distintas plantas denunciaron atrasos de más de cinco quincenas de salarios, pagos fraccionados y, en el caso de Capitán Sarmiento, cheques sin fondos entregados a farmacias donde las familias de los operarios compran medicamentos. Productores integrados al esquema de GTA reportaron además racionamiento en el alimento destinado a las aves, lo que compromete un eslabón previo de la cadena productiva que no depende directamente de la relación laboral pero sí de la salud financiera de la empresa.
La preocupación por el pago de indemnizaciones, expresada por fuentes de los propios trabajadores en Capitán Sarmiento, remite a un riesgo conocido en procesos de este tipo: el vaciamiento de activos previo a una eventual presentación concursal puede dejar a la empresa sin bienes realizables para afrontar los créditos laborales, incluso cuando estos gozan de privilegio legal en el orden de cobro. Ese riesgo explica por qué la desaparición de maquinaria concesionada y el retiro de pertenencias del directorio, más allá de su magnitud simbólica, preocupan tanto a los trabajadores como a los propios acreedores financieros de la compañía.
La paritaria del sector no alcanza para resolver la crisis de GTA
El Convenio Colectivo de Trabajo 783/20, que regula el procesamiento de aves en todo el país, tuvo durante 2026 una negociación paritaria bimestral entre la FTIA y CEPA. El acuerdo cerrado el 28 de julio estableció un aumento del 2,2% para julio sobre los valores básicos de junio y un 1,8% adicional para agosto sobre las escalas de julio, en el marco de lo que la Federación definió como una defensa del poder adquisitivo salarial del sector.
Ese esquema de actualización fija el piso salarial para el conjunto de la actividad, pero no resuelve la situación específica de GTA: ni la deuda salarial acumulada, ni los atrasos previsionales, ni las suspensiones que afectan a las plantas del grupo. La paritaria sectorial y la crisis de una empresa en particular corren, en este caso, por carriles separados, y esa distinción resulta relevante para no proyectar sobre todo el sector una dificultad que hasta el momento aparece concentrada en GTA.
Qué sigue: reestructuración, Tyson Foods y la incógnita sobre Capitán Sarmiento
GTA negocia con sus acreedores la reestructuración de una deuda de USD 350,9 millones, con la banca de inversión VALO como asesora del proceso. El plan en discusión contempla quitas de hasta el 75% del capital adeudado, plazos de pago de hasta siete años y la venta de al menos cinco activos considerados no estratégicos para el grupo. A comienzos de 2026, dentro de ese mismo proceso, la empresa había vendido a ACA la planta de Avex en Río Cuarto bajo un esquema de venta con alquiler posterior y opción de recompra a cuatro años.
Desde 2022, el 34% del capital de GTA pertenece a la estadounidense Tyson Foods, uno de los mayores procesadores de proteína animal del mundo. La compañía está conducida por Joaquín De Grazia, hijo del fundador Gaspar De Grazia, un inmigrante italiano que comenzó a vender pollos en las calles de Buenos Aires en la década de 1930. Ni la empresa ni Tyson Foods respondieron hasta el momento a los pedidos de consulta de la prensa sobre la situación de Capitán Sarmiento.
Se desconoce si la planta de Capitán Sarmiento reabrirá una vez resuelto el problema de suministro eléctrico invocado en el comunicado interno, o si la suspensión constituye, en los hechos, el primer paso de un cierre definitivo similar al ya ocurrido en Tristán Suárez, Becar y La China. La localidad, con unos 15.000 habitantes, depende en buena medida del empleo que genera la planta, y tanto sindicatos como comercios de la zona siguen de cerca cada novedad sobre el futuro del establecimiento.