La presencia de marcas extranjeras dejó de ser una rareza en los supermercados argentinos. Pastas, galletitas, panificados, quesos, embutidos, conservas, café y productos premium importados comparten cada vez más espacio con la producción nacional.
El cambio resulta visible, pero su verdadera dimensión requiere separar tres fenómenos distintos: los alimentos terminados que compiten directamente en la góndola, los productos que complementan la oferta local y las materias primas —como cacao o café— que la propia industria argentina necesita importar para producir.
Según datos difundidos por la Secretaría de Industria y Comercio, las importaciones de alimentos y bebidas alcanzaron los US$2.293 millones en 2025, frente a US$1.465 millones en 2024. El incremento fue del 56,5% en un año.
La tendencia, sin embargo, perdió fuerza durante 2026. La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) estimó que las compras externas del sector disminuyeron 2,6% interanual durante el primer semestre.
La moderación coincide con un movimiento más amplio del comercio exterior. De acuerdo con el INDEC, las importaciones argentinas de todos los rubros totalizaron US$35.531 millones entre enero y junio de 2026, con una caída interanual del 3,9%. En ese mismo período, las exportaciones alcanzaron US$49.454 millones y el país obtuvo un superávit comercial de US$13.923 millones.
Más visibilidad que participación efectiva
El aumento de la variedad puede producir una percepción mayor que su peso real. Distintas estimaciones privadas ubican la participación de los productos importados entre el 2,5% y el 10% de las ventas de alimentos, con diferencias considerables entre cadenas y categorías.
Una de las principales empresas supermercadistas consultadas por Ámbito informó que comercializa alrededor de 350 productos importados, equivalentes al 3% de sus ventas. Otros relevamientos sectoriales encontraron participaciones cercanas al 10% en determinadas cadenas.
No se trata de cifras contradictorias: cada empresa maneja surtidos, formatos comerciales y públicos distintos. Tampoco debe confundirse la participación de los importados en las ventas minoristas con el valor total importado por la industria, que incluye ingredientes, insumos y bienes que no llegan directamente al consumidor.
Las categorías donde más se percibió la llegada de productos extranjeros fueron lácteos, pastas secas, panificados, galletitas, conservas, embutidos y algunos alimentos premium. Brasil, Uruguay y Paraguay aparecen como proveedores relevantes por cercanía geográfica y ventajas logísticas, junto con países europeos y asiáticos en los segmentos de mayor valor agregado.
Más competencia no significa precios más bajos
Uno de los argumentos oficiales para facilitar las importaciones fue que una mayor competencia ayudaría a reducir los precios internos. La experiencia de las góndolas muestra un resultado heterogéneo.
En productos puntuales, como algunas pastas y conservas, el ingreso de nuevas marcas presionó inicialmente sobre los precios. En otros casos, los importados se ubicaron al mismo nivel o incluso por encima de sus equivalentes nacionales, especialmente después de la etapa promocional utilizada para introducirlos en el mercado.
Los datos del INDEC tampoco permiten establecer una relación directa entre apertura y abaratamiento de los alimentos. El Índice de Precios al Consumidor registró una inflación general del 2,1% en julio de 2026, pero las variaciones de cada alimento dependen también de los costos internos, la estacionalidad, el tipo de cambio, la demanda y la estructura comercial.
La competencia importada puede moderar el precio de una categoría determinada, pero no elimina los costos tributarios, logísticos, financieros y comerciales que se acumulan hasta la góndola.
Un nuevo escenario regulatorio
El avance de las importaciones fue acompañado por una reducción de trabas administrativas. El Decreto 35/2025 simplificó el ingreso de alimentos certificados por países con sistemas de vigilancia sanitaria reconocidos e incorporó procedimientos basados en declaraciones y controles posteriores.
El Decreto 697/2026 profundizó esa reorganización: trasladó al SENASA las funciones nacionales de registro, fiscalización y autorización de alimentos que estaban bajo la órbita de la ANMAT, mientras el Ministerio de Salud conservó la rectoría normativa y sanitaria.
En paralelo, la Resolución General 5868/2026 de ARCA extendió hasta el 31 de diciembre la excepción de las percepciones de IVA adicional y Ganancias para determinadas importaciones de bienes de primera necesidad y para ciertos insumos utilizados por mipymes.
La precisión es importante: la medida suspende percepciones cobradas por adelantado en la Aduana; no supone necesariamente que los productos queden exentos del IVA o del impuesto a las Ganancias en toda la operación económica.
La brecha estructural que enfrentan las empresas locales
Para COPAL, el problema central no es solamente el ingreso de mercadería extranjera, sino la diferencia entre las condiciones en las que produce una empresa argentina y las que enfrentan sus competidores.
La entidad calcula que los impuestos acumulados a lo largo de la cadena representan alrededor del 40% del precio final de los alimentos y pueden superar el 50% en bebidas. En los principales países competidores, según la cámara, la incidencia se ubica entre el 20% y el 25%.
COPAL también sostiene que los costos logísticos argentinos son aproximadamente 40% superiores al promedio regional. La diferencia surge del transporte, los combustibles, la infraestructura, las tasas y los costos asociados al movimiento de mercadería y contenedores.
Son estimaciones empresariales y no mediciones del INDEC, pero permiten identificar una asimetría relevante: mientras se reducen barreras para los productos importados, buena parte de los costos internos de fabricar y distribuir alimentos permanece ±0.
La industria alimentaria conserva, de todos modos, un perfil fuertemente exportador. COPAL estima que por cada dólar utilizado en importaciones sectoriales se generan alrededor de US$15 de exportaciones. La relación varía según la definición de productos incluida, pero confirma que el sector continúa siendo un aportante neto de divisas.
Las pymes, entre las grandes marcas y los importados
Las pequeñas y medianas empresas son las más expuestas al nuevo escenario. Tienen menor capacidad para financiar stock, negociar espacios en supermercados, absorber promociones o distribuir sus productos en todo el país.
Federico Vacarezza, economista y coordinador del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA), estima que algunas pymes perdieron cerca del 25% de su participación en el mercado interno. El dato debe leerse como una estimación sectorial y no como un promedio oficial para toda la industria alimentaria.
Vacarezza describe un “efecto sándwich”: las grandes compañías nacionales dominan la parte superior del mercado mediante escala, publicidad y cobertura comercial, mientras los productos importados —en especial los provenientes de Brasil— presionan desde los segmentos de menor precio.
Frente a esa competencia, numerosas pymes buscan espacios donde la escala pesa menos: alimentos sin TACC, productos premium, especialidades regionales, alfajores artesanales, recetas diferenciadas y venta directa mediante canales digitales.
La reconversión puede abrir oportunidades, pero no está disponible para todas las empresas. Desarrollar una nueva línea, certificar productos o construir una marca también requiere capital, tecnología y tiempo.
La dimensión laboral de la crisis
El debate no termina en las góndolas. La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y sindicatos de base vienen advirtiendo sobre cierres, suspensiones, despidos y atrasos salariales en empresas del sector. STIA Buenos Aires llegó a definir el proceso como un “industricidio” asociado a la caída del mercado interno y a la apertura comercial.
Uno de los casos recientes fue Lamb Weston–Alimentos Modernos. La multinacional cerró su planta de Munro, donde trabajaban alrededor de 100 personas, y concentró la producción en su nueva fábrica de Mar del Plata. La empresa presentó la decisión como parte de una reorganización regional destinada a ganar eficiencia; el sindicato cuestionó que el ajuste se realizara mediante la pérdida de esos puestos de trabajo.
La crisis de Granja Tres Arroyos tiene una escala mayor. La paralización de la planta La China, en Concepción del Uruguay, afectó a unos 700 trabajadores y estuvo acompañada por atrasos salariales y una compleja reestructuración de deuda. En agosto se confirmaron 255 desvinculaciones en ese establecimiento.
En ambos casos sería impreciso adjudicar la crisis únicamente a los alimentos importados. En Lamb Weston hubo una decisión de concentración productiva dentro del país. En Granja Tres Arroyos se combinaron endeudamiento, pérdida de mercados externos, problemas de abastecimiento, caída de la producción y menor consumo interno.
Los conflictos muestran, no obstante, el deterioro del contexto en el que deben competir las empresas alimentarias y la velocidad con que los problemas productivos terminan trasladándose al empleo.
La discusión que queda abierta
Los productos importados ampliaron la variedad y, en algunas categorías, introdujeron una presión competitiva que antes no existía. Pero su presencia todavía es minoritaria y no produjo una reducción generalizada de los precios de los alimentos.
El desafío consiste en evitar una falsa elección entre cerrar la economía o exponer a las empresas nacionales a una competencia estructuralmente desigual. La discusión de fondo pasa por los impuestos acumulativos, la logística, el financiamiento, la escala productiva y las condiciones de acceso a los canales comerciales.
Si esas diferencias no se reducen, la apertura puede ofrecer más opciones en la góndola sin resolver el precio que paga el consumidor y, al mismo tiempo, acelerar la pérdida de participación de las pymes y el deterioro del empleo industrial.
La mayor competencia puede ser una herramienta. Para que se convierta en precios más bajos y no solamente en sustitución de producción nacional, necesita estar acompañada por una política de competitividad para toda la cadena alimentaria.