Info Alimentación Noticias del sector de Industrias de la Alimentación Argentina Alimenta: la industria frente al espejo
El 19 de mayo a las 11 horas se realizará la presentación oficial de Argentina Alimenta 2026, una feria internacional que buscará transformarse en uno de los grandes espacios de negocios, innovación y proyección internacional del sector alimentario y agroindustrial.
Argentina Alimenta 2026, busca convertirse en la primera gran feria internacional de la industria alimentaria del país, impulsada por COPAL, La Rural, Fira Barcelona y PROMArgentina. El evento llega en un momento de fuerte tensión. El sector que genera el 39% de las exportaciones nacionales y más de 416.000 puestos de trabajo formales enfrenta cierres de plantas, caída del consumo y una reforma laboral recién habilitada por la Justicia. La pregunta es si esa vitrina internacional tiene como correlato las condiciones para que la industria siga en pie.
El peso del sector
La industria de alimentos y bebidas es uno de los pilares estructurales de la economía argentina. Explica el 30% del PBI industrial y concentra el 33% del empleo industrial registrado, con más de 416.000 puestos formales directos.
Es, además, el principal motor exportador del país. Argentina ocupa el segundo lugar mundial entre los exportadores netos de alimentos, con presencia en todos los continentes y una diversidad productiva que abarca carnes, lácteos, galletería, aceites y productos orgánicos.
Esa base es la que le da sentido a Argentina Alimenta 2026. Del 17 al 19 de noviembre, La Rural de Buenos Aires será sede de la primera feria internacional específicamente dedicada al sector, con más de 300 expositores, rondas de negocios con compradores globales, workshops, espacios de innovación y demostraciones gastronómicas en más de 10.000 m2 de exhibición.
En marzo pasado, durante su presentación internacional en la feria Alimentaria de Barcelona, el sector se mostró bajo el concepto «confianza, capacidad y proyección global». El mensaje fue claro: la Argentina tiene escala, tradición y potencial para ser un actor central en el comercio alimentario mundial.
El evento en Barcelona tenía una agenda exportadora. Las condiciones internas de la industria quedaron fuera del escenario. Y son precisamente esas condiciones las que determinan si la proyección global tiene sustento real.
El tejido productivo se rompe por abajo
Desde noviembre de 2023 hasta diciembre de 2025, Argentina perdió 22.608 empresas, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo relevados por la organización Fundar. La cifra equivale a una reducción del 4,4% del total de unidades productivas del país.
La industria manufacturera registró la baja de 146 empresas solo en diciembre de 2025. Ese mes cerró con la pérdida de 670 empleadores respecto al anterior, consolidando la décimoquinta caída mensual consecutiva. Son los peores números en los primeros 25 meses de un gobierno desde 2003.
El sector alimentario concentró algunos de los cierres más emblemáticos. El Frigorífico San Roque, en Morón, cerró definitivamente y dejó a 140 trabajadores sin empleo. El Frigorífico General Pico desvinculó a casi 200 operarios. La planta de Lamb Weston en Munro despidió a 100 trabajadores. El STIA denunció en cada caso el «industricidio» que provoca la apertura indiscriminada de importaciones.
Las grandes empresas también registraron sacudidas de magnitud con cientos de despidos, reducción de turnos, suspensiones e incumplimientos de pagos. Casos como los de Paty, que suspendió a 450 operarios por deudas y desplome de ventas, se replican por todo el país en un contexto de desintegración del aparato productivo.
La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria. La reconstrucción del tejido productivo requiere, además, política industrial activa, paritarias que preserven el poder adquisitivo y educación pública de calidad. Argentina Alimenta 2026 puede ser la plataforma que el sector necesita para proyectarse globalmente.
Los motivos se repiten en toda la cadena: caída del consumo interno y avance de la competencia importada. Las dificultades para competir con bienes importados pasaron de cero menciones en octubre de 2024 al 19,4% de los problemas identificados por las empresas en enero de 2026. El 46,1% de las empresas identifica la caída de la demanda interna como su principal problema.
Detrás de cada cierre hay puestos de trabajo que se pierden, cadenas de valor que se interrumpen y economías regionales que pierden tracción.
Te puede interesar –> El listado infame de la experiencia libertaria
El eslabón que falta: la mano de obra calificada
Exportar alimentos con valor agregado requiere más que materia prima y maquinaria. Requiere trabajadores calificados, capaces de operar procesos tecnificados y de adaptarse a los estándares internacionales de calidad y trazabilidad.
El informe de Ceta Capital Humano sobre el mercado laboral del segundo semestre de 2025 ubicó a la producción alimenticia como el tercer sector en demanda de empleo, con el 13% de las búsquedas laborales. Solo la superaron logística y servicios.
La misma fuente advirtió que muchos puestos quedan vacantes por falta de formación específica. «Hay puestos disponibles que no siempre se logran cubrir por falta de capacitación específica», señaló Soledad Curbelo, coordinadora de Reclutamiento y Selección de Ceta Capital Humano.
El trabajo conjunto entre empresas, instituciones educativas y programas de inclusión laboral aparece como una condición para fortalecer el talento disponible en el sector. La tecnología se integra cada vez más a procesos que antes eran puramente manuales, y la demanda de perfiles técnicos crece junto con esa transformación.
La paradoja es elocuente: el sector alimentario demanda perfiles formados en el mismo momento en que el financiamiento de la educación pública superior está en disputa. El gobierno de Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, el Congreso revirtió el veto y el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación por decreto en octubre de 2025.
La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) respondieron con una decisión política concreta: marcharon el 12 de mayo junto a docentes, investigadores y estudiantes en la cuarta Marcha Federal Universitaria, en adhesión a la convocatoria de la CGT.
La postura del gremio conecta educación, formación y producción industrial. La industria alimentaria que Argentina quiere proyectar al mundo necesita universidades públicas que formen a los técnicos y operarios del mañana.
El gremio como interlocutor razonable
En ese escenario complejo, la FTIA y el STIA construyen una posición que va más allá de la defensa de sus afiliados. Es una postura industrialista que apuesta a la producción y al empleo de calidad como ejes de un modelo de desarrollo.
El máximo referente del STIA Buenos Aires, Sergio Escalante, expresa esa visión con precisión: invertir en el bienestar del trabajador es una estrategia de productividad. El trabajador con derechos garantizados, bien remunerado y formado produce más y mejor, y esa ecuación beneficia a toda la cadena de valor.
La consigna «Sin salario no hay producción», que resonó en las fábricas y las redes sociales del sector durante las negociaciones paritarias, resume una verdad estructural que la feria de noviembre debería incluir en su agenda: la cadena exportadora empieza en la planta, y en la planta hay personas.
La FTIA convocó para el 26 de mayo un Plenario de Secretarios Generales de los STIA de todo el país. El objetivo es debatir las acciones a seguir ante el techo del 1% mensual que el Ministerio de Economía impone a las paritarias, mientras la inflación de abril cerró en 2,8%, casi triplicando esa pauta oficial.
El gremio busca negociar y sabe construir puentes con las cámaras empresarias. Esa capacidad de interlocución es un activo estratégico para el sector: un sindicato orientado a la producción y al empleo de calidad es un factor de estabilidad en la cadena de valor.
Alijor: el costo de la mala gestión
El caso de Alijor ilustra con precisión lo que ocurre cuando una empresa elige la precarización en lugar de la inversión. La firma, dueña de los panificados con la marca La Salteña y con planta en Garín, partido de Escobar, tiene demanda estable de productos esenciales. A pesar de eso, sus 180 trabajadores cobran los salarios de manera parcial y fuera de término desde finales de 2024.
La planta llegó a emplear a más de 320 personas hace una década. La gestión la redujo a poco más de la mitad. Los operarios denuncian que desde 2019 la empresa no les compra ropa de trabajo ni elementos de protección personal: hay compañeros que no pueden ingresar a la planta por falta de calzado de seguridad. El comedor fue eliminado hace dos años. Las cuentas bancarias de la firma están embargadas, y los sueldos se pagan en efectivo y en cuotas.
«Nos amenaza con un lock out patronal, nos dice «si no les gusta cómo les pago, cierro la fábrica y me voy del país»», relató Nicolás Viñas, delegado congresal del STIA. «Entrás a la fábrica y ves caras largas, la gente está desganada, cansada. En Alijor perdimos todos los derechos.»
El STIA responsabiliza directamente a la conducción de la empresa. El conflicto acumula casi veinte audiencias en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires sin avances concretos. Para el gremio, la situación de Alijor es «el resultado acumulado de años de desinversión y decisiones de gestión que la empresa nunca corrigió», según el comunicado institucional difundido esta semana.
La posición del sindicato distingue con claridad entre los efectos del contexto macroeconómico que afecta a todo el sector y las fallas internas de una empresa con marcas competitivas y demanda probada. El STIA identifica problemas graves en la comercialización, la planificación financiera y la distribución, y concluye que el costo de esa mala administración está siendo trasladado a los trabajadores.
La salida que plantea el gremio es industrialista: la continuidad productiva bajo una nueva administración, ya sea a través de la venta de la firma o del ingreso de un socio capitalista que aporte gestión profesional junto con el capital. Los tres puntos que el STIA pone como condición son claros: pago inmediato de los haberes adeudados, garantía de continuidad laboral para los 180 operarios y creación de una mesa tripartita de seguimiento integrada por la empresa, el sindicato y el Estado.
La historia también muestra que el gremio tiene resultados. Tras movilizaciones y un acampe sostenido en la puerta de la planta, el STIA logró en enero de 2026 un acuerdo que obligó a la empresa a pagar la deuda salarial acumulada. La presión colectiva, organizada y sostenida, fue la única herramienta que forzó una instancia de negociación real.
Sin estándares laborales, no hay mercado global
El caso Alijor tiene una dimensión que trasciende el conflicto puntual: expone una contradicción que el sector no puede ignorar cuando se proyecta al mundo.
Los mercados internacionales de alimentos con valor agregado exigen hoy mucho más que calidad de producto. Los grandes compradores globales —cadenas de supermercados europeas, distribuidores internacionales, importadores de mercados premium— incorporan criterios de sustentabilidad y responsabilidad social en sus procesos de selección de proveedores. Una empresa con veinte audiencias laborales sin resolución, salarios impagos y trabajadores sin elementos de seguridad no cumple esos estándares. Y una empresa que no los cumple no puede proyectarse como exportadora de calidad.
La trazabilidad que demanda el mercado global incluye la trazabilidad de las condiciones laborales. Los estándares de ESG (environmental, social and governance) que rigen la compra de alimentos en mercados desarrollados contemplan explícitamente el tratamiento de la fuerza de trabajo. Una marca que quiera entrar en una cadena de supermercados europea o en un distribuidor de mercados de alto poder adquisitivo tiene que demostrar que sus productos se fabrican en condiciones dignas.
Dicho en términos concretos: el modelo de Alijor es incompatible con el objetivo de Argentina Alimenta. Una industria que maltrata a sus trabajadores erosiona la reputación de todo el sector exportador. Los escándalos laborales no quedan dentro de las fronteras del país; en la era de la información global, llegan a los compradores internacionales antes que los folletos de la feria.
El STIA, al defender los derechos de los trabajadores de Alijor con firmeza y con propuestas concretas orientadas a salvar la fuente de trabajo, cumple una función que va más allá de lo gremial. Actúa como un guardián de la reputación sectorial y como un promotor involuntario de los estándares que el mercado mundial exige. Un gremio que cuida a sus trabajadores también cuida la imagen del sector que quiere exportar.
La sustentabilidad no es un valor abstracto. Es un requisito de acceso al mercado global de alimentos. Y ese requisito empieza en la planta, en el salario, en los zapatos de seguridad y en el comedor que Alijor le quitó a sus operarios.
Una vitrina que necesita piso firme
Argentina Alimenta 2026 es una buena noticia para el sector. La articulación entre La Rural, COPAL, Fira Barcelona y PROMArgentina para organizar una feria internacional de esta escala es un paso en la dirección correcta.
Reunir a más de 300 expositores, compradores globales e instituciones del 17 al 19 de noviembre puede generar oportunidades reales de negocios y visibilidad para una industria que tiene con qué mostrarse al mundo.
Pero una vitrina necesita piso firme. El potencial exportador se construye con empresas que producen, con trabajadores que ganan lo suficiente para también consumir, con universidades que forman a los operarios del mañana y con un marco laboral que proteja los derechos en lugar de flexibilizarlos.
Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de PROMArgentina, afirmó en Barcelona que «Argentina hoy ofrece estabilidad, visión estratégica y oportunidades concretas para el desarrollo de la industria alimentaria». Es la narrativa que el gobierno proyecta al mundo. La industria y el movimiento sindical le agregan los matices que esa narrativa necesita para ser verdadera.
La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria. La reconstrucción del tejido productivo requiere, además, política industrial activa, paritarias que preserven el poder adquisitivo y educación pública de calidad. Argentina Alimenta 2026 puede ser la plataforma que el sector necesita para proyectarse globalmente.
Para que lo sea, la cadena de valor completa —empresas, trabajadores y estado— tiene que participar en condiciones de equidad. Sin esa ecuación, la feria corre el riesgo de ser una gran foto sin correlato en las plantas y los frigoríficos donde se produce lo que el mundo quiere comprar.
Te puede interesar → IA en la industria: tecnología que avanza y empleo en juego
