El STIA exige un cambio de gestión en Alijor para salvar 180 empleos

El sindicato que conduce Sergio Escalante agotó 20 audiencias en el Ministerio de Trabajo. La familia Biderman, responsable de Alijor, acumula años de incumplimientos, amenazas de cierre y desinversión.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) Buenos Aires hizo pública la disputa por los derechos de los 180 trabajadores de Alijor en Garín: publicó un comunicado de diagnóstico y exigencias, y sostuvo acciones directas denunciando a la empresa de Benjamín Biderman. La conducción que encabeza Sergio Escalante identificó la raíz del problema con precisión: el deterioro de la planta es el resultado de años de mala gestión, y el contexto macroeconómico es la excusa que la empresa usa para no asumir esa responsabilidad.

El secretario general del STIA Buenos Aires, Sergio Escalante, junto con Gustavo Salas (secretario gremial) y Ramón Molina (miembro del Consejo Directivo) se reunieron con el senador provincial bonaerense, Fernando Coronel,  vicepresidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de la Provincia de Bs. As. y el Doctor Damián Descalzo para denunciar y exponer el deterioro de las condiciones laborales debido a «años de desinversión y mala gestión».

La situación en Garín es crítica. Los 180 trabajadores de Alijor perciben sus haberes de forma parcial y fuera de término desde finales de 2024. El sindicato acompañó con paros, asambleas y visibilización del conflicto ante la vivienda del propietario. Cerca de 20 audiencias en el Ministerio de Trabajo no produjeron resultados concretos.

En este contexto, el legislador de la provincia de Buenos Aires se comprometió a trasladar el reclamo al recinto parlamentario con el fin de buscar una intervención institucional que proteja a las trabajadoras y trabajadores del abuso empresario.

Por su parte, desde el STIA Buenos Aires hicieron públicas las demandas del gremio y solicitaron el compromiso político de los legisladores:

Desde el gremio de Alimentación solicitaron:

• Regularización del pago de los salarios: exigen el pago inmediato de sueldos en tiempo y forma.
• Continuidad operativa: Buscan asegurar la estabilidad de los 180 puestos de trabajo.
• Mesa tripartita de diálogo: Solicitan conformar un espacio de seguimiento institucional.
• Protección de derechos laborales: demanda el cese de despidos encubiertos y persecución gremial.

Una empresa familiar con historia de conflictos

Alijor es una empresa familiar fundada por Benjamín Biderman y continuada junto a sus hijos. Desde su planta ubicada en el Parque Industrial de Garín, sobre la Colectora Oeste del km 37,5 de la Panamericana en el partido de Escobar, produce panificados bajo la marca La Salteña —líder nacional en tapas de empanadas y pascualinas—, pastas frescas envasadas y tapas de empanadas con su propia marca.

La empresa se presenta como una firma familiar cuyo éxito radica en el empleo de materias primas de alta calidad, con controles exhaustivos de cada proceso productivo. El discurso institucional contrasta con el historial laboral documentado desde hace casi una década.

La firma llegó a tener más de 320 empleados, pero en la actualidad cuenta con unos 180 que no cobran su sueldo en tiempo y forma desde finales de 2024. La planta produce mensualmente 1,8 millones de panes, un millón de tapas de pascualina y 200.000 kilos de pastas.

El historial de Biderman: amenazas, lockouts y cuotas

La conducta del empresario ante los reclamos laborales tiene un patrón documentado que se repite desde 2017. Benjamín Biderman utilizó el cierre de planta como herramienta de presión en más de una oportunidad ante los reclamos del STIA, en lugar de reconocer los derechos laborales de sus trabajadores.

En mayo de 2019, el propietario Benjamín Biderman resolvió cerrar la empresa después de que fracasó una audiencia en la Secretaría de Trabajo. Los trabajadores tomaron la planta en Garín y temieron una posible represión policial. En la primera audiencia, el empresario ofreció pagar las indemnizaciones en tres veces pero incumplió; en la segunda ofreció pagar en seis veces pero volvió a incumplir; finalmente, en la audiencia siguiente planteó pagar en 12 cuotas pero el gremio rechazó la oferta. Furioso, Biderman llamó a sus administrativos para que echen a la calle al personal del turno tarde.

Desde el año pasado que el dueño Benjamín Biderman nos amenaza con cerrar si no aceptamos una rebaja de la paritaria. Paga las quincenas con retraso, denunció el Secretario de Organización del STIA en ese momento. En ese mismo conflicto, el jefe de personal informó a los empleados que Biderman «no piensa acatar ninguna orden».

En noviembre de 2023, el patrón se repitió. La fábrica amaneció con una nota en la que su presidente, Benjamín Biderman, anunció el cierre del establecimiento debido a la situación económica y a la «falta de comprensión del personal». Para el gremio, el comunicado fue «una extorsión infantil, de parte de una empresa que ya recurrió a este tipo de amenazas varias veces».

Durante el paro de enero de 2025, los propietarios amenazaron con cerrar definitivamente la planta, aunque finalmente abonaron parte de la deuda tras la presión sindical.

Biderman frente a los derechos laborales

La conducta del empresario ante los reclamos del STIA configura un patrón que va más allá de las dificultades financieras: es una posición sistemática frente a los derechos laborales. Benjamín Biderman se toma atribuciones con el gremio que no le corresponden. En estos años se llevaron a cabo 70 despidos aproximadamente, y los trabajadores perdieron premios, hace cuatro años no les compran la ropa para trabajar, calzado, elementos de seguridad, y les sacaron el comedor por completo, denunció un empleado de la planta.

La estrategia patronal ante cada conflicto es consistente: ofrecer pagos en cuotas, incumplirlos, y ante la presión sindical amenazar con el cierre como herramienta de disciplinamiento. Entre los trabajadores se dice que el dueño está llevando adelante una quiebra autoinfringida, para cerrar la fábrica o reducir el personal a la mitad, recurriendo al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que le permitiría pagar las indemnizaciones al 50%.

Los números fiscales del empresario no acompañan el argumento de la crisis. Según la declaración que Biderman realizó ante la AFIP en 2017, el empresario contaba con un capital de $55 millones de pesos registrados en el país y otros 186 millones en cuentas del exterior.

El diagnóstico del STIA: gestión, no contexto

El sindicato que conduce Sergio Escalante fue preciso en su lectura del conflicto. La empresa atribuye los incumplimientos al aumento de costos y la caída del consumo. El STIA rechaza esa explicación y señala que llegar a este extremo con productos esenciales de demanda estable demuestra serias deficiencias en la comercialización y la gestión interna.

La situación actual no es solo consecuencia de la situación económica que atraviesa el país, sino el resultado acumulado de años de desinversión y decisiones de gestión que la empresa nunca corrigió, apuntó el gremio. Al producir bienes esenciales, la empresa debería tener una estructura más sólida. El STIA identifica fallas graves en la comercialización, planificación financiera y distribución.

El sindicato reconoce el impacto del ajuste fiscal, la devaluación y las altas tasas sobre la industria. Sin embargo, establece una distinción: las empresas con problemas estructurales previos son las que el contexto liquida. Alijor no es una víctima del modelo económico: es una empresa que llegó a esta instancia con una historia de desinversión que precede al actual gobierno.

«No se puede trasladar el costo de la mala administración al bolsillo del trabajador.» — STIA Buenos Aires, mayo de 2026.

Una cronología de conflictos que se profundiza

El historial de medidas de fuerza en Alijor refleja la persistencia del incumplimiento patronal:

En noviembre de 2023 realizaron un paro de siete días debido a los atrasos salariales. En diciembre de 2024 hicieron otra medida de fuerza que duró 12 días. En enero de 2025 pararon la planta por dos semanas luego de que no les pagaran el sueldo de diciembre, el aguinaldo y las vacaciones.

El conflicto se desató cuando la empresa incumplió con el pago de la primera quincena salarial, abonando apenas un 20 por ciento de los sueldos correspondientes. Las quincenas pagadas en cuotas, los compromisos incumplidos y la falta de respuestas en el Ministerio de Trabajo configuran una situación que el gremio define como agotada por la vía administrativa.

Las exigencias del STIA y la salida posible

El STIA fijó tres puntos innegociables para normalizar la situación en Garín: pago en tiempo y forma de todos los haberes, garantía de continuidad laboral para los 180 puestos actuales sin despidos ni retiros encubiertos, y la creación de una mesa de seguimiento tripartita integrada por la empresa, el sindicato y el Estado.

Ante esta situación, la organización planteó una salida que considera necesaria para salvar las fuentes de trabajo: la continuidad productiva bajo una nueva administración. Esto implica la posibilidad de una venta de la firma por parte de los actuales dueños o el ingreso de un socio capitalista que aporte no solo fondos, sino un nuevo management que logre normalizar la operación.

La postura del STIA bajo la conducción de Escalante articula una lógica industrialista: la fábrica puede seguir funcionando. El problema es la administración, y la solución es reemplazarla, no cerrar la planta. Producir alimentos esenciales en Argentina es viable. La inviabilidad la construyó la gestión de la familia Biderman, no el mercado.

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