SanCor pidió su quiebra: fin de una era láctea

La histórica cooperativa fundada en 1938 solicitó su propia quiebra ante la Justicia de Rafaela con una deuda de 120 millones de dólares, ocho meses de salarios impagos y una producción que cayó el 87% en menos de una década. El desenlace es también el espejo de un modelo de desindustrialización que el gobierno libertario aceleró sin frenos.

Fundada en 1938 como cooperativa de pequeños y medianos productores de Santa Fe y Córdoba, SanCor fue durante décadas una referencia de la industria láctea argentina. Su nombre condensaba una geografía y una forma de entender la producción: el asociativismo como motor del desarrollo federal, la leche como materia prima de un país que podía procesar, agregar valor y exportar. Esta semana, ese nombre quedó inscripto en los tribunales de Rafaela bajo un expediente de quiebra.

La cooperativa solicitó su propia quiebra ante la Justicia al admitir que ya no está en condiciones de cumplir con sus obligaciones financieras. El pedido fue presentado ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, a cargo del juez Marcelo Germán Gelcich, quien interviene en el proceso concursal. La empresa se encontraba en concurso de acreedores desde febrero de 2025 y tomó la decisión tras confirmarse un estado de insolvencia generalizada que compromete su continuidad operativa.

El derrumbe es cuantificable y es devastador. En 2017 SanCor empleaba a 4.000 personas y procesaba 4 millones de litros diarios de leche; hoy esa cifra se redujo a 500.000 litros y el plantel laboral cayó a menos de 850 operarios, muchos de los cuales llegaron al final sin cobrar un solo sueldo en ocho meses. Atilra, el sindicato del sector, denunció que la empresa se sostuvo con el patrimonio de los trabajadores, es decir,  SanCor se sostuvo con el sacrificio de quienes pusieron el cuerpo hasta el último día.

EL DESARME DEL APARATO PRODUCTIVO

Desde 2017, la firma atravesó un proceso de reestructuración que incluyó el cierre de plantas, la venta de activos y el ajuste de todo el plantel. Se desprendió de marcas de yogures y postres, pero nada alcanzó. Cada etapa de achicamiento fue presentada como un paso hacia la viabilidad. Cada paso fue, en realidad, una estación más del derrumbe.

El proceso judicial ya había dejado en evidencia el deterioro: a fines de diciembre de 2025, el juez resolvió intervenir la cooperativa y designar una coadministradora ante incumplimientos, falta de información suficiente y atrasos acumulados. En sus resoluciones, el juez identificó tres problemas centrales: la reticencia informativa —la empresa no aportó datos claros sobre contratos ni niveles de producción—, la crisis laboral y previsional —con salarios adeudados desde junio de 2025 y el aguinaldo completo sin pagar—, y un pasivo que no dejaba margen de maniobra.

El pasivo está compuesto por unos 90 millones de dólares y más de 40.000 millones de pesos, con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y fondos financieros internacionales entre los principales acreedores. El deterioro económico quedó expuesto en el proceso judicial de verificación de créditos, donde se analizaron más de 1.500 acreedores sobre un total superior a los 2.700 denunciados.

El caso de ARSA —la firma que producía los yogures, flanes y postres de la marca— cerró antes. Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima fue declarada en quiebra también recientemente, después del fracaso del concurso preventivo abierto en abril de 2024, donde no se presentaron interesados. La desmembración fue por partes. Primero los derivados, después la cooperativa madre.

Hace cinco años que no se realizan los aportes correspondientes a la obra social y al sindicato. Los trabajadores no solo perdieron el salario: perdieron la cobertura médica, la historia previsional, la red básica de protección social que el trabajo formal debería garantizar.

EL CONTEXTO: UN GOBIERNO QUE MIRÓ PARA OTRO LADO

La quiebra de SanCor no ocurre en el vacío. Ocurre en el marco de un gobierno que hizo del desmantelamiento del Estado productivo su política deliberada.

Desde la llegada de Javier Milei al gobierno en diciembre de 2023, se habrían cerrado más de 24.000 empresas en la Argentina, según un informe de la organización Fundar basado en registros administrativos de la Seguridad Social. El número de empleadores pasó de 512.357 a 488.177, una disminución de 24.180 unidades productivas. SanCor es la más visible de esa lista, pero no es la única del sector.

La sobrevaluación del peso, las altas tasas de interés con las que Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, buscan sostener la moneda, y la fuerte caída del consumo interno afectan a todas las empresas, incluidas las lácteas. Lácteos Verónica, otra empresa del ramo con deterioro sostenido, consiguió de momento evitar la quiebra pero mantiene congelada su producción en las tres plantas que posee y adeuda meses de sueldo a sus trabajadores.

La lógica libertaria presenta cada cierre como una consecuencia de la ineficiencia propia, como si el contexto macroeconómico fuera irrelevante, como si el crédito accesible, las tarifas razonables y el consumo interno activo no fueran condiciones que el Estado puede crear o destruir. En el caso de SanCor, esas condiciones se destruyeron. Las tarifas energéticas escalaron, el costo financiero se volvió insostenible y el poder adquisitivo del mercado interno —la base de la demanda de productos lácteos— cayó de forma estructural durante 2024 y 2025.

El gobierno nacional no ofreció ninguna herramienta de asistencia. No hubo refinanciación de deudas fiscales, no hubo crédito subsidiado para cooperativas en crisis, no hubo mesa de negociación articulada desde el Estado nacional. El ministerio de Economía celebró el superávit fiscal mientras el entramado productivo del interior del país se apagaba planta por planta.

LOS TRABAJADORES Y EL SINDICATO

Si hay un actor que sintetiza el impacto de esta crisis, son los trabajadores: con ocho meses de salarios adeudados y prestaciones sostenidas en muchos casos por mecanismos extraordinarios, el escenario social es tan crítico como el económico.

En enero de 2025, la cooperativa ya había despedido a 300 trabajadores en plantas de Córdoba y Santa Fe, bajo el argumento de «fuerza mayor». Al momento de esos despidos, SanCor tenía alrededor de 1.350 empleados, muy lejos de los 4.000 puestos de trabajo que llegó a sostener en 2017.

Atilra eligió no rendirse frente al resultado judicial. El gremio sostuvo que la quiebra no constituye un final sino el comienzo de una nueva etapa donde la marca SanCor, despojada de las estructuras que la llevaron al borde de su extinción, debe volver a florecer con el impulso de la nobleza y calidad de los productos que las y los trabajadores elaboran. Fuentes gremiales señalaron que hay empresas serias interesadas en adquirir la firma una vez dictada la quiebra, y que esperan ese momento para avanzar.

La asamblea extraordinaria de productores socios está convocada para el 30 de abril. Allí se definirá si los asociados ratifican la solicitud. Pero la realidad productiva ya habló: de 4,6 millones de litros diarios a 500.000. De 4.000 trabajadores a menos de 850. De exportar a 30 países a pedir la quiebra con 1.500 acreedores en fila.

Otra empresa víctima del experimento libertario

SanCor no murió de repente. Murió de a poco, con cada planta que cerró, cada marca que se vendió, cada sueldo que no llegó y cada aporte previsional que se retuvo sin girar. Murió mientras el gobierno nacional miraba para otro lado y explicaba que el mercado sabe lo que hace.

Lo que el mercado hizo es destruir una cooperativa de 88 años que era orgullo del cooperativismo argentino, empleaba a miles de familias del interior y procesaba la leche de cientos de tambos que hoy tampoco saben qué va a pasar. Eso no es ajuste. Es demolición.

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