Verónica, en el límite: 700 familias sin salario y una empresa al borde del vaciamiento

Plantas paralizadas desde febrero, salarios impagos desde diciembre y una denuncia por lockout patronal. ATILRA y legisladores nacionales piden la intervención urgente del Estado.

Más de 700 familias de trabajadores de la industria láctea esperan respuestas que no llegan. Lácteos Verónica, una empresa centenaria con tres plantas en el interior santafesino y presencia en varias provincias del país, atraviesa su peor momento: sin producción desde mediados de febrero, sin salarios desde diciembre, con más de 3.800 cheques rechazados y una familia propietaria que se niega a dar la cara. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) denunció un lockout patronal y reclamó la intervención del Ministerio de Capital Humano. Mientras tanto, acampes frente a las plantas y cortes de ruta son la respuesta de trabajadores que sólo piden volver a trabajar.

UNA EMPRESA CENTENARIA QUE SE DERRUMBA

Lácteos Verónica fue fundada en 1923, en la localidad bonaerense homónima, por una familia española llegada desde Galicia. Una trayectoria de más de un siglo que empezó a crujir a partir de 2016, cuando falleció Antonio Espiñeira, uno de los tres hermanos que habían consolidado la firma. Lo que siguió fue un lento proceso de deterioro que hoy tiene a la empresa al borde del colapso. En 2020, Verónica había llegado a ubicarse entre las tres principales lácteas del país en volumen de producción, con una capacidad de procesamiento superior a un millón de litros diarios. Hoy, esas plantas están mudas.

La situación afecta directamente a los establecimientos de Clason, Lehmann y Suardi, en el interior santafesino, donde la firma es administrada por la familia Espiñeira. Los 700 empleados resisten la falta de pago de sus salarios mientras los empresarios no dan señales y el Estado provincial considera que la cuestión debe resolverse en el ámbito privado.

El cuadro financiero es categórico. Según registros del Banco Central, la compañía acumula 3.834 cheques rechazados por falta de fondos, con un pasivo superior a los 13.400 millones de pesos, además de deudas bancarias superiores a 5.300 millones, con parte de esos pasivos ya en situación irregular dentro del sistema financiero.

El deterioro operativo se arrastra desde hace más de un año, cuando comenzaron a interrumpirse los pagos a trabajadores, productores tamberos y proveedores, generando un quiebre en toda la cadena productiva. Se intentó implementar un procedimiento preventivo de crisis que contemplaba el despido de unos 200 empleados, pero la iniciativa fue rechazada por el gobierno nacional y el de Santa Fe, que consideraron que la firma presentaba números positivos y capacidad productiva viable. Sin embargo, desde entonces no hubo soluciones concretas ni un plan de continuidad.

LO QUE DEJARON DE PAGAR: SALARIOS, AGUINALDO Y APORTES

La deuda con los trabajadores es concreta y se acumula mes a mes. Según la presentación formal realizada por ATILRA ante las autoridades laborales, la empresa mantiene impagos los salarios correspondientes a enero y febrero de 2026, así como la segunda cuota del aguinaldo de 2025, mientras que desde el 8 de enero comenzó a reducir su actividad productiva hasta detenerla completamente el 16 de febrero.

A eso se sumaron medidas que los trabajadores denunciaron como ilegales. A través de cartas documento enviadas a los empleados, la empresa notificó una reducción del 50 por ciento de la jornada laboral y de los salarios. Para el sindicato, se trata de suspensiones encubiertas que profundizan el impacto social sobre los trabajadores.

Los testimonios desde las plantas son elocuentes. Ramón Mendoza, trabajador de la planta de Boulogne con cinco años de antigüedad, relató: «A muchos compañeros les llegó un telegrama que dice que nos van a pagar el 50% del sueldo durante 60 días. Pero no tenemos nada de nada. Este mes hicieron un depósito de 58 mil pesos. Las plantas no producen una gota de leche». Otro operario sintetizó la angustia cotidiana: «Es una angustia terrible. El día a día es sin recursos. Nos cuesta venir a trabajar, porque todo es dinero. Y mientras tanto todo sigue aumentando.»

Uno de los testimonios más duros resume lo que fue la trayectoria de la empresa antes del derrumbe: «Hace un tiempo no dábamos abasto con las ventas y la empresa incluso estaba por tomar más personal. Hoy están sacando a la gente. Antes no dábamos abasto y ahora no le podemos vender un queso a nadie. Muchos compañeros están en momentos críticos.» En la planta de Lehmann llegaron a cortar el suministro de agua por falta de pago. Los empleados denuncian que ni siquiera hay papel higiénico en los baños. El abandono es total.

LOCKOUT PATRONAL: LA DENUNCIA FORMAL DEL GREMIO

Frente a ese cuadro, ATILRA decidió actuar. El sindicato denunció formalmente ante la Dirección Nacional de Relaciones Laborales y Regulación del Trabajo la existencia de lockout patronal, incumplimientos salariales y retención indebida de aportes, en medio de la paralización productiva que atraviesa la compañía.

Según la denuncia presentada por ATILRA, la empresa dejó de ingresar materia prima a sus establecimientos y paralizó la producción, mientras que en algunos casos se habría impedido el acceso de los trabajadores a las plantas, situación que el gremio interpreta como un lockout patronal ilegal.

Domingo Possetto, secretario general de ATILRA Rafaela, que reúne a los trabajadores de la láctea en Lehmann, calificó la situación de la firma como de «abandono real» por parte de la familia propietaria y advirtió que el impacto social en la provincia de Santa Fe es «peor que el caso Fate en Buenos Aires.»

La denuncia tiene además ramificaciones judiciales. ATILRA informó que existen investigaciones en curso vinculadas a la empresa, entre ellas una denuncia presentada en la Justicia Federal por presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social y posible lavado de activos, radicada en el Juzgado Federal N.° 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Desde el sindicato se solicitó además la intervención urgente de las autoridades laborales nacionales, mientras que la crisis ya obligó a municipios y al gobierno de Santa Fe a implementar asistencia social de emergencia, con ayuda económica y entrega de alimentos para los empleados afectados.

VACIAMIENTO: LO QUE DENUNCIAN LOS TRABAJADORES

La lectura que hacen los propios trabajadores sobre lo que ocurre en Verónica va más allá de una crisis financiera coyuntural. Apuntan a un proceso deliberado. Señalan a Las Becerras S.A. como vehículo para desviar capitales y activos productivos: campos, maquinarias y otros bienes. Esta firma, creada en Rosario en 2012, también pertenece a la familia Espiñeira y tiene por objeto actividades agropecuarias, financieras e inmobiliarias. Los trabajadores recuerdan además que los Espiñeira ingresaron cifras millonarias durante el blanqueo de capitales impulsado por el gobierno de Macri, y señalan estas triangulaciones patrimoniales como parte de un plan de vaciamiento sostenido en el tiempo.

A eso se suma una contradicción que los propios trabajadores señalan como prueba del vaciamiento: los propietarios continúan produciendo leche en su propio tambo, con un volumen cercano a los 80.000 litros diarios, que es enviado a otras industrias en lugar de procesarse en las plantas de Verónica. El delegado Muzzio fue directo al respecto: «Hace casi un año que la empresa interrumpió de manera unilateral los pagos a trabajadores, productores tamberos y proveedores. Hicieron un desastre, pues los lácteos hoy funcionan y de hecho hay inversión extranjera en el sector.» Y graficó el impacto en las localidades: «Está destruida.»

EL DRAMA SE EXTIENDE: FAMILIAS, PUEBLOS Y UNA REGIÓN ENTERA

El conflicto en Verónica no es sólo un conflicto laboral. Es una crisis social que afecta a comunidades enteras donde la planta era el principal motor económico. Los trabajadores afectados son más de 600 de manera directa, y la gran mayoría vive con sus familias en pueblos y pequeñas ciudades agroindustriales: Clason, Lehmann y Suardi tienen unos 1.000, 3.000 y 7.000 habitantes respectivamente. Los salarios adeudados están en el orden de los 2,5 millones de pesos por mes, con cifras que superan los 4 millones para quienes tienen mayor jerarquía y antigüedad. La crisis de estos trabajadores derrama sus efectos desfavorables sobre comerciantes, cuentapropistas y trabajadores en situaciones aún más precarias.

Trabajadores y familiares iniciaron acampes frente a las plantas de Lehmann y Clason ante el temor de que la firma disponga el cierre de las instalaciones o el retiro de maquinaria. Las esposas e hijas también salieron a las calles. Una de ellas relató: «Cada familia tiene su historia y sus gastos. Saber que te podés quedar sin trabajo de un día para otro es terrible. Una como esposa llora en los rincones, reza, y trata de fortalecerse junto a otras mujeres.»

En la protesta frente a Lehmann, dos jubilados de la firma con más de tres décadas de antigüedad también se sumaron a la marcha. Ya sin el temor de perder sus puestos de trabajo, sintieron la obligación de estar presentes. «Sabemos lo que fue la empresa Verónica», dijo uno de ellos, recordando cuando en 1985 la familia Espiñeira eligió esa ubicación para su planta. Su pedido a los dueños fue directo: «Vengan, los vamos a apoyar para levantar esto. Nos abandonaron.»

EL CONGRESO RECLAMA: LA VOZ PARLAMENTARIA

La gravedad de la situación llevó el conflicto al Congreso Nacional. La diputada nacional por Santa Fe Caren Tepp presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para advertir sobre la situación de Lácteos Verónica, una iniciativa que contó con el acompañamiento de los diputados Germán Martínez, Diego Giuliano y Agustín Rossi. El proyecto expresa preocupación por la paralización casi total de las plantas de Clason, Lehmann y Suardi, así como por el cierre de distintos depósitos en el país. «Detrás de cada planta paralizada hay familias, pueblos enteros y una economía regional que depende de esa actividad», afirmó Tepp.

La legisladora también señaló la ausencia de la patronal: «Nadie de la empresa se hace presente en las plantas que tiene esta industria láctea santafesina, que forma parte del tejido productivo del corazón de la cuenca lechera de la provincia.» Y planteó la necesidad de que el gobierno provincial se involucre de manera activa: «Cualquier gobierno que quiera enfrentar esta situación y atender sus consecuencias económicas y sociales tiene que intervenir de manera proactiva.»

Tepp además vinculó la crisis con los cambios en la legislación laboral impulsados por el gobierno nacional: «Ante las políticas que viene tomando el gobierno nacional, empiezan a darse situaciones como esta. Después de la reforma laboral se habilitan mecanismos que algunas patronales utilizan en detrimento de los derechos de los trabajadores.»

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UN SECTOR EN CRISIS: VERÓNICA NO ES UN CASO AISLADO

El caso de Verónica no puede leerse de manera aislada. Se inscribe en una crisis más amplia del sector lácteo santafesino y de la industria en general. Desde 2023 cerraron 310 empresas en la provincia de Santa Fe y se perdieron 8.200 puestos de trabajo. En enero de 2026, la producción industrial santafesina mostró una caída interanual del 9,7 por ciento, afectando a dos tercios de los sectores industriales. La industria láctea tuvo una caída productiva del 10,3 por ciento solo en ese mes. El caso de Verónica se suma al de otras empresas del sector como Sudamericana de Lácteos, La Suipachense y ARSA, que también atraviesan o han atravesado situaciones de crisis, cierres o quiebras en el período reciente.

El cuadro general a nivel nacional no es menos preocupante. Un informe elaborado por equipos de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA advirtió sobre un proceso de destrucción de puestos de trabajo en la industria argentina desde el inicio del gobierno de Javier Milei, con más de 100 mil empleos perdidos desde noviembre de 2023, a un ritmo de 160 empleos industriales menos por día. El mismo estudio señala que en el Presupuesto 2026, los recursos y exenciones destinados a la industria registraron un recorte del 40 por ciento, mientras que los incentivos se concentraron en el RIGI, orientado a proyectos vinculados a energía, minería y siderurgia.

LA ÚNICA SALIDA QUE PIDEN LOS TRABAJADORES: VOLVER A TRABAJAR

En medio de todo el ruido del conflicto, los trabajadores de Verónica tienen un pedido que suena simple y que sin embargo lleva meses sin respuesta: quieren trabajar. Sus propias palabras lo dicen todo: «No podemos ingresar. Respondimos a todo, hubo audiencias, convocatorias. Queremos trabajar, queremos que los compañeros vuelvan a sus puestos de trabajo.»

Las negociaciones para la venta de la empresa avanzaron con distintos actores del sector. Adecoagro, Savencia y Punta del Agua fueron algunos de los interesados en adquirir activos clave de la compañía, pero ninguna operación prosperó. El valor de mercado de Verónica se ubicaría entre los 60 y 70 millones de dólares, una cifra que la familia propietaria consideró insuficiente: los dueños aspiran a obtener al menos 100 millones de dólares por la empresa. En ese contexto, trascendió que la empresa negocia ahora su venta con Alimentos Fransro SRL, una firma ligada a la provisión de alimentos al Estado a través del ex Ministerio de Desarrollo Social, hoy Capital Humano, investigada por presunta corrupción. Una salida que, lejos de despejar las dudas, abre nuevos interrogantes sobre el futuro real de las fuentes de trabajo.

La industria láctea argentina cerró 2025 con 11.617 millones de litros de leche cruda, un 9,7 por ciento más que el año anterior y el nivel más alto de los últimos cinco años, con exportaciones que superaron los 1.690 millones de dólares. Como señaló el propio delegado Muzzio, el sector funciona y hay inversión extranjera. La crisis de Verónica no es del mercado. Es de conducción, de gestión y de responsabilidad patronal. Y mientras los dueños negocian precios, los trabajadores siguen sin cobrar.

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