Alimentación marchará junto a las universidades

El gremio de Alimentación participará de la cuarta Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo en defensa de la educación pública y el empleo de calidad. Desde la filial que conduce Sergio Escalante convocaron a concentrar a las 14 h. en la sede del STIA Buenos Aires.

La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y el Sindicato de Trabajadores de Industria de Alimentación (STIA) resolvieron marchar el próximo 12 de mayo junto a docentes, investigadores, estudiantes y autoridades universitarias en defensa de la educación pública. La decisión se tomó en el marco de la adhesión formal de la CGT a la cuarta Marcha Federal Universitaria, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA) para reclamar que el gobierno de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. La central obrera fue categórica: defender la universidad pública es defender el futuro del país y el trabajo argentino.

La CGT tomó partido

La CGT oficializó su adhesión a la Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo 12 de mayo tras mantener un encuentro con rectores de universidades nacionales en su sede de Azopardo, donde el Consejo Directivo de la central sindical recibió a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional y a representantes gremiales del sector universitario.

Durante el encuentro se analizó el impacto del desfinanciamiento sobre las casas de estudio y las consecuencias sociales, educativas y productivas que genera la parálisis presupuestaria. La conducción cegetista fue categórica: la educación superior es una inversión estratégica en la que el Estado tiene la obligación constitucional e histórica de sostener.

El cotitular de la central obrera, Cristian Jerónimo, actuó como portavoz de la entidad sindical y subrayó que la CGT no sería una espectadora pasiva en el conflicto. Jerónimo sostuvo que «defender la universidad pública es también defender el desarrollo, la producción y el futuro de millones de argentinos y argentinas».

La CGT remarcó que «la educación pública, gratuita y de calidad es un orgullo argentino y la principal herramienta de ascenso social para los hijos e hijas de la clase trabajadora». Esa convicción es también la que moviliza a la FTIA y al STIA: los trabajadores de la alimentación saben que sin educación pública no hay clase trabajadora calificada, no hay movilidad social y no hay industria que funcione.

El gobierno se niega a cumplir la Ley

El conflicto universitario no nació de la nada. Tiene una historia reciente que expone con nitidez la voluntad política del gobierno libertario de desfinanciar la educación superior de manera sistemática.

Luego de que el veto presidencial de Milei fuera revertido por el Congreso, el Poder Ejecutivo suspendió por decreto la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario en octubre de 2025. En diciembre, intentó derogarla a través de un artículo del Presupuesto 2026, pero no consiguió los votos suficientes. A fines de febrero, el oficialismo anunció un proyecto alternativo que modifica varios de sus puntos centrales con el objetivo de «preservar» el equilibrio fiscal.

Los salarios docentes registraron una pérdida del 34% en términos reales desde noviembre de 2023, mientras que el presupuesto universitario cayó un 28,9% entre 2023 y 2025 y un 34,3% comparado con ese mismo año base en 2026.

El CIN, el Frente Sindical y la FUA denunciaron en un comunicado conjunto que «aún con una ley sancionada por el Congreso y con un fallo judicial ordenando su aplicación, el Gobierno nacional mira hacia otro lado y las respuestas no aparecen».

La Procuración del Tesoro de la Nación llegó a presentar un Recurso Extraordinario Federal ante la Cámara de Apelaciones para que el caso llegue a la Corte Suprema y suspender así la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, con el argumento de que la norma no establece una fuente clara de financiamiento y genera impacto fiscal. El gobierno eligió litigar contra su propia gente antes que cumplir la ley.

La diferencia entre lo que la ley exige y lo que el Ejecutivo está dispuesto a dar resulta escandalosa. Mientras el proyecto vigente implica un aumento del 51% para docentes y no docentes para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023, la iniciativa oficialista ofrece un 12,3% en tres cuotas. Con una inflación proyectada del 29% para 2026, ese porcentaje no es una propuesta salarial: es una nueva licuación encubierta.

Salarios de miseria, docentes en fuga

La crisis salarial de la docencia universitaria es el costado más crudo del ajuste libertario sobre la educación pública. Los números son devastadores y hablan por sí solos.

Los salarios docentes registraron una pérdida del 34% en términos reales desde noviembre de 2023, mientras que el presupuesto universitario cayó un 28,9% entre 2023 y 2025 y un 34,3% comparado con ese mismo año base en 2026.

Un informe del Observatorio del Salario y Presupuesto Universitario advierte que, entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, la combinación de alta inflación y falta de recomposición salarial provocó una pérdida acumulada equivalente a 11,4 sueldos actuales para los docentes. La inflación licuó casi un año completo de trabajo docente en poco más de dos años.

El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, denunció que el salario de un profesor titular sin antigüedad apenas supera la línea de pobreza, mientras que un ayudante de primera simple obtiene $270.000 de bolsillo y un ayudante de segunda, categoría para estudiantes avanzados, recibe $140.000. Nadie puede pretender que un joven quiera proyectarse como docente universitario con esa retribución.

Cagnacci también advirtió que el último llamado formal a paritaria de este gobierno, tanto docente como no docente, fue en el segundo semestre de 2024, lo que significa que el país lleva más de un año y medio sin negociación colectiva en el sector universitario, incumpliendo los convenios colectivos vigentes.

Las consecuencias ya son visibles en las aulas. Solo en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, desde diciembre de 2023 hasta hoy, se perdieron 438 cargos docentes, profesionales que decidieron renunciar a causa de la baja salarial. La falta de recomposición salarial combinada con el congelamiento de becas e insumos para la investigación científica está provocando un fenómeno silencioso: muchos profesionales altamente capacitados optan por dejar las cátedras universitarias para migrar al ámbito privado o buscar oportunidades laborales en el exterior.

Clara Chevalier, secretaria general de la Conadu, fue taxativa: «Los salarios son los más bajos en 40 años». La dirigente también señaló que existe un «ensañamiento especial» del gobierno de Milei con las universidades, una caracterización que los datos respaldan con creces.

Lo que se destruye no se repone fácilmente

El desfinanciamiento universitario no es un problema exclusivamente salarial. Es un ataque al tejido productivo, científico y social del país. Las universidades públicas argentinas son mucho más que aulas: son centros de investigación, hospitales, laboratorios, espacios de extensión comunitaria y motores de desarrollo regional. Desfinanciarlas es una decisión con consecuencias que se medirán durante décadas.

La directora del Instituto de Oncología Ángel Roffo, Roxana del Águila, advirtió que la falta de fondos nacionales pone en riesgo la atención de 110.000 pacientes y la continuidad de los hospitales universitarios. Señaló que aún no reciben el presupuesto del año 2026, que además está congelado porque es el mismo de 2025, y advirtió que si la situación no se resuelve en seis semanas, la parálisis será total.

El impacto sobre la investigación científica también es grave. El presidente del Center for World University Rankings, Nadim Mahassen, advirtió que «aunque Argentina cuenta con siete universidades entre las mejores del mundo, lo alarmante es el retroceso que tuvieron por el debilitamiento del rendimiento en investigación y los recortes del Gobierno». Y añadió que en un momento en que la mayoría de los países priorizan el desarrollo de la educación y la ciencia, Argentina está luchando por sostenerla.

La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), integrada por instituciones públicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, expresó oficialmente su apoyo a la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo y manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el sistema universitario argentino. Cuando las propias instituciones universitarias de la región se solidarizan con la lucha de los docentes y estudiantes argentinos, la dimensión del conflicto queda claramente en evidencia.

La cadena de daño es directa y comprobable: sin financiamiento, los docentes se van; sin docentes de calidad, la investigación cae; sin investigación, la industria pierde capacidad de innovar; sin innovación, el trabajo argentino queda subordinado a las tecnologías y saberes del exterior. Desfinanciar la universidad pública es desfinanciar el trabajo.

Un orgullo que el ajuste no puede borrar

El gobierno libertario ha intentado instalar la idea de que las universidades públicas son organismos ineficientes y costosos. Los hechos demuestran exactamente lo contrario.

La Universidad de Buenos Aires volvió a destacarse en el ranking QS por disciplinas 2026, con cinco carreras entre las 50 mejores del mundo y 12 en el top 100 global. En total, Argentina mantiene 18 disciplinas entre las mejores 100 del mundo, con 16 universidades que suman 134 apariciones en el ranking y una mejora neta del 12%.

Argentina cuenta con 57 universidades públicas, todas ellas gratuitas y reconocidas por su excelencia académica. La UBA se ubica entre el puesto 71 del ranking QS mundial y el puesto 34 en investigación global. La Universidad Nacional de La Plata figura entre las mejores de la región. La Universidad Nacional de Córdoba, la de Rosario, la de Cuyo, la del Litoral y decenas más a lo largo del territorio sostienen un sistema educativo que es referente en toda América Latina.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, fue preciso al señalar que «a pesar de la crisis que estamos atravesando, nuestros profesores, investigadores y no docentes son los que hacen posible mantener una calidad reconocida a nivel mundial». El mérito, entonces, no es del gobierno: es de los docentes y trabajadores que mantienen en pie el sistema a pesar del ajuste.

Ese es el sistema que la industria alimentaria necesita. Que forme nutricionistas, ingenieros en alimentos, bioquímicos, veterinarios, técnicos en bromatología y profesionales en comercio exterior. Que genere investigación aplicada sobre inocuidad, trazabilidad y desarrollo de nuevos productos. Que garantice la formación continua de los trabajadores y sus hijos.

Alimentación no va a mirar desde afuera

La decisión de la FTIA y el STIA de adherir a la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo es una definición política clara: la defensa de la educación pública es también la defensa del trabajo, de la producción y del futuro de los trabajadores de la alimentación.

La CGT lo dijo en Azopardo y el movimiento obrero de la industria lo ratifica en las calles: no hay proyecto de país sin universidades públicas fuertes. No hay industria nacional sin profesionales formados en instituciones gratuitas y de calidad. No hay ascenso social sin acceso igualitario a la educación superior.

El 12 de mayo, los trabajadores y trabajadoras de la alimentación marcharán con docentes, investigadores y estudiantes porque entienden que el ataque a la universidad es el mismo ataque que sufren los trabajadores en sus lugares de trabajo: ajuste, desfinanciamiento y desprotección de derechos. La causa universitaria es también la causa del movimiento obrero

El gremio de Alimentación, tanto la Federación como las distintas filiales, siguen sosteniendo la lucha en las calles contra el modelo libertario de Milei. Los dirigentes y activistas del STIA mantienen el firme compromiso de defender los intereses de las trabajadoras, los trabajadores y sus familias frente a un modelo de explotación, precarización y pauperización de los servicios públicos.

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