Verónica: otra láctea en crisis con 700 empleos en riesgo

La empresa fundada en 1923 lleva cinco meses de parálisis productiva, adeuda salarios desde fines de 2025 y negocia su venta con una firma investigada por corrupción.

Verónica lleva cinco meses sin producir y 700 familias esperan cobrar. La histórica empresa láctea acumula deudas con trabajadores, tamberos y bancos. La crisis se inscribe en un proceso de destrucción del aparato productivo que el gobierno nacional no reconoce ni intenta revertir.

Otra empresa centenaria que no resiste el modelo libertario

Lácteos Verónica permanece sin actividad desde mediados de febrero y redujo la jornada laboral de sus más de 450 trabajadores a cuatro horas diarias. La empresa fundada en 1923 en la provincia de Santa Fe acumula cinco meses de parálisis productiva en sus tres plantas —Lehmann, Suardi y Classon— y arrastra una deuda salarial que afecta a 700 familias. Las familias tienen deudas y la situación económica no ayuda, describió uno de los trabajadores desde el acampe en Lehmann, donde se sostiene una vigilia permanente para evitar el cierre definitivo.

La crisis de Verónica no es un hecho aislado. Es un eslabón más en la cadena de derrumbes del sector lácteo argentino que se vienen registrando desde 2025: ARSA, La Suipachense y SanCor ya perdieron la batalla. Verónica todavía resiste, pero el margen se reduce con cada semana que pasa.

Una deuda que no para de crecer

Más de 700 trabajadores continúan sin cobrar sus salarios en forma regular, con atrasos que se arrastran desde fines de 2025. Desde febrero directamente no se registran pagos en varios casos, lo que obligó a los empleados a recurrir a changas, asistencia familiar o endeudamiento para sostener gastos básicos.

La empresa acumula más de tres meses sin pagar de forma completa los haberes de sus 700 empleados. Al mismo tiempo, sus trabajadores afirman que la firma cortó los aportes patronales y jubilatorios, y que ya no disponen de obra social. Los trabajadores llegaron con su reclamo al Concejo Municipal de Rosario, que aprobó un decreto para acompañarlos con herramientas de inserción y reconversión laboral mientras la empresa no resuelve su situación.

El gremio que representa a los trabajadores, Atilra, denunció penalmente a la compañía por presunto lockout y advirtió sobre la crítica situación laboral en las plantas. También alertó que la láctea aún adeuda los salarios correspondientes a enero y febrero de 2026, así como la segunda cuota del aguinaldo que debería haberse pagado en diciembre del año pasado.

El impacto no se limita a los trabajadores directos. Cerca de 150 productores de leche de la provincia de Santa Fe se unieron para reclamar el pago de mercadería entregada y nunca abonada. La ruptura de la cadena de pagos se extiende desde la fábrica hacia los tambos, los transportistas y los proveedores de insumos de toda la región.

De un millón de litros a cero

El derrumbe de Verónica tiene una dimensión que los números hacen concreta. En 2020, la empresa llegó a ubicarse entre las tres principales lácteas del país en volumen de producción, con una capacidad de procesamiento superior a un millón de litros diarios. Para 2025, en medio de la crisis, la empresa llegó a producir alrededor de 300.000 litros por día, un volumen que hoy se redujo a cero.

Las plantas ubicadas en Lehmann, Clason y Suardi operan de manera intermitente o directamente permanecen paralizadas por la falta de materia prima. La recepción de leche cayó de niveles históricos a volúmenes mínimos. La interrupción de acuerdos de producción a fasón que habían permitido sostener cierta actividad meses atrás profundizó el freno operativo, dejando a la empresa sin una fuente alternativa de ingresos.

La exportación también había sido una fuente relevante de ingresos. Entre enero de 2020 y abril de 2025, la compañía concretó ventas externas por más de 102 millones de dólares, con Argelia como principal destino de sus productos. Hoy esa actividad es un recuerdo.

La sombra del vaciamiento

La crisis tiene un costado que va más allá de los números y que la diputada nacional Strada expuso públicamente. Las Becerras S.A. es el tambo de la familia Espiñeira, los mismos dueños de Lácteos Verónica, que le proveía gran parte de los insumos a la empresa. Hoy Las Becerras le vende la leche a otras empresas lácteas y dejó de proveerle a Verónica. Los mismos dueños le cortan los insumos a su propia empresa mientras 700 trabajadores esperan cobrar.

En septiembre del año pasado, sus propietarios habrían constituido tres nuevas sociedades anónimas con similar objetivo social al establecido para Lácteos Verónica, es decir, explotación económica, tambo y comercialización de leche y sus derivados, con integrantes de la familia en todos los directorios.

Cinco meses sin cobrar ya llevan sus trabajadores y trabajadoras, pero no los despiden ni la empresa cierra. Quieren hacerlos renunciar y desgastarlos, denunció la legisladora.

Un posible comprador investigado por corrupción

La empresa busca comprador desde al menos julio del año pasado. Previamente mantuvo conversaciones con Adecoagro, Savencia y Punta del Agua, pero las negociaciones no prosperaron. El valor de mercado de Verónica se ubicaría entre los 60 y los 70 millones de dólares, una cifra que la familia propietaria consideraba insuficiente.

Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023 se produjo el cierre de 24.180 empresas. El parque empresarial activo pasó de 512.357 unidades productivas registradas a 488.177, un retroceso que superó la caída experimentada durante la crisis de 2001 y el período de restricciones sanitarias de 2020.

La empresa negocia ahora su venta con Alimentos Fransro SRL, una firma ligada a la provisión de alimentos al Estado a través del ex Ministerio de Desarrollo Social, que se encuentra investigada por presunta corrupción. La posibilidad de que una empresa bajo investigación judicial se convierta en la nueva dueña de una compañía con 700 trabajadores y tres plantas en el corazón de la cuenca lechera santafesina agrega una nueva capa de incertidumbre al conflicto.

La gravedad del conflicto llegó al recinto legislativo. En una reunión de urgencia en la Cámara de Senadores de Santa Fe, legisladores, funcionarios provinciales y representantes de Atilra buscaron trazar una hoja de ruta para evitar el cierre definitivo. El senador Felipe Michlig subrayó que el Gobierno provincial está agotando las instancias de gestión a través de distintos ministerios para sostener la fuente de trabajo.

El sector lácteo, al límite

La crisis de Verónica no ocurre en un vacío. De acuerdo con el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), el sector cerró 2025 con 11.617 millones de litros de leche cruda, un 9,7% más que el año anterior y el nivel más alto de los últimos cinco años. Sin embargo, la mejora en los volúmenes no se tradujo en mayor rentabilidad. El precio promedio que recibió el productor fue de 476,60 pesos por litro, mientras que el costo de producción se ubicó en 491,66 pesos, lo que dejó márgenes negativos.

En diciembre de 2025, el volumen comercializado fue un 0,4% menor al del mes anterior y un 1,1% inferior en la comparación interanual. Aunque el acumulado anual cerró con un incremento del 5,2%, ese repunte no alcanzó para revertir la fuerte contracción registrada en 2024, cuando el consumo de lácteos se desplomó un 9,7%.

Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023 se produjo el cierre de 24.180 empresas. El parque empresarial activo pasó de 512.357 unidades productivas registradas a 488.177, un retroceso que superó la caída experimentada durante la crisis de 2001 y el período de restricciones sanitarias de 2020.

La sobrevaluación del peso, las altas tasas de interés y la fuerte caída del consumo interno afectan a todas las empresas del sector lácteo. La lógica libertaria presenta cada cierre como una consecuencia de la ineficiencia propia, como si el contexto macroeconómico fuera irrelevante, como si el crédito accesible, las tarifas razonables y el consumo interno activo no fueran condiciones que el Estado puede crear o destruir.

Verónica resiste. Pero con cinco meses de plantas paradas, 700 familias sin cobrar, tamberos sin pago y un posible comprador investigado por corrupción, lleva la al límite la resistencia de los interesados en mantener la empresa a flote.

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