El costo laboral del experimento libertario
En 28 meses de gestión de Javier Milei, el empleo registrado cayó casi 370.000 puestos, cerraron más de 26.000 empresas y el salario mínimo perdió el 39% de su poder adquisitivo. Los datos del CEPA, el IIEP-UBA y Fundar componen un cuadro de destrucción del tejido productivo que el discurso oficial no logra ocultar.
La macro ordenada que celebra el gobierno de Javier Milei tiene una contracara que los números no ocultan. Desde el ballotage de noviembre de 2023 hasta marzo de 2026, Argentina perdió 370.487 puestos de trabajo registrados, desaparecieron más de 26.000 empleadores y el poder adquisitivo del salario mínimo cayó a niveles inferiores a los de 2001. Los datos surgen de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicado en junio de 2026 en base a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), y son consistentes con los relevamientos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA (IIEP-UBA) y la consultora Fundar. El resultado es un modelo que prioriza la estabilización de precios y el equilibrio fiscal a expensas del empleo formal, la producción industrial y el consumo masivo.
26.000 empleadores menos: el tejido productivo se deshilacha
El impacto sobre el entramado empresarial es el más visible y sostenido del período. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, la cantidad de empleadores pasó de 512.357 a 485.909, una contracción de 26.448 empresas equivalente a 31 empleadores menos por día.
Desde noviembre de 2023, más de 22.600 firmas bajaron sus persianas en medio de una crisis económica, productiva y de actividad. Solo en 2025 cerraron 10.392 empresas, según información de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. El informe de Fundar que recoge esta evidencia precisa que este retroceso iguala la gravedad de los cierres observados durante la pandemia de 2020, y los datos ubican al período actual como la peor caída en los primeros 25 meses de un gobierno desde 2003.
El sector de Comercio fue el más afectado en términos absolutos, con una pérdida de 6.836 empleadores en 28 meses. Le siguen Servicio de transporte y almacenamiento con 6.473 empleadores menos, Servicios inmobiliarios con 3.796, Industria manufacturera con 3.393 y Servicios profesionales, científicos y técnicos con 2.666.
En términos relativos, el sector más afectado fue Servicios de transporte y almacenamiento con una caída del 16,4% en la cantidad de empleadores, seguido por Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales con 15,8%, Servicios inmobiliarios con 12,8% y Construcción con 9,5%.
La destrucción es uniforme pero no aleatorea: las empresas de hasta 500 trabajadores explican el 99,75% del total de los casos, con 26.382 empleadores menos. Los grandes empleadores, los de más de 501 trabajadores, representan solo el 0,25% de la caída en cantidad de empleadores, con 66 casos.
400 trabajadores menos por día
La pérdida de empleadores tiene su correlato directo en el empleo. La cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas se redujo un 3,45%, lo que representa una pérdida de 339.841 puestos, al pasar de 9.857.173 a 9.517.332. Eso equivale a 400 trabajadores menos por día desde la asunción del gobierno de Javier Milei.
Si se suman las unidades productivas y los trabajadores en casas particulares, el empleo privado registrado pasó de 10.486.833 en noviembre de 2023 a 10.116.346 en marzo de 2026, una pérdida de 370.487 personas. Eso equivale a 435 puestos de trabajo registrados que se destruyen por día.
Los sectores más golpeados son los que estructuran la economía real. La Construcción lidera la pérdida de puestos con 81.425 trabajadores menos entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. Le sigue la Industria manufacturera con 79.263 puestos perdidos, Administración Pública con 67.312 empleos menos y Servicios de transporte y almacenamiento con 64.660 puestos de trabajo destruidos.
En términos relativos, la Construcción registra una caída del 17,1% en la cantidad de trabajadores, seguida por Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales con 12,1% y Servicios de transporte y almacenamiento con idéntica retracción del 12,1%.
El IIEP-UBA confirma y profundiza este diagnóstico. La industria fue uno de los sectores más afectados, con casi 74.000 puestos menos desde septiembre de 2023, de los cuales 45.000 corresponden al año 2025.
El empleo doméstico: termómetro de la crisis de consumo
El sector de trabajadores en casas particulares sufrió una caída significativa en el empleo registrado: pasó de 629.660 en noviembre de 2023 a 599.014 en marzo de 2026, una pérdida de 30.646 personas equivalente a poco más de 36 puestos de trabajo por día.
Este sector es un termómetro sensible de la economía: al no estar protegido por grandes empresas ni convenios colectivos fuertes, el empleo en casas particulares reacciona rápido ante cualquier crisis. Si cae, es señal de que los hogares ajustan gastos y que el trabajo precario aumenta.
Grandes empresas: el efecto de escala en la destrucción
El análisis por tamaño de empresa revela una asimetría que cuestiona la narrativa de que el ajuste recae solo sobre los sectores ineficientes. La mayor expulsión de trabajadores se concentró en las firmas de gran porte: el 67,11% de la caída total del empleo registrado, equivalente a 228.084 puestos, se produjo en empresas con más de 500 trabajadores. Las empresas con menos de 500 empleados redujeron sus plantillas en 111.757 trabajadores, el 32,89% del total.
En términos porcentuales, las empresas de más de 500 trabajadores redujeron su personal 4,77%, mientras que las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación 2,20%. Las grandes estructuras productivas, las que concentran los encadenamientos industriales más complejos, son las que más empleo destruyen en términos relativos.
El salario que no alcanza
La erosión del empleo formal se combina con un deterioro severo del poder adquisitivo. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil descendió un 39%, según el estudio «Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones» elaborado por el IIEP de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

El valor real del SMVM correspondiente a abril de 2026 se ubicó en un escalón inferior al registrado en el año 2001, justo antes del colapso del régimen de la convertibilidad. Los aumentos nominales fueron constantes pero insuficientes: el salario mínimo, vital y móvil experimentó sucesivos recortes en su poder adquisitivo durante siete meses consecutivos previos a febrero de 2026.
Para los asalariados privados formales, la situación es menos severa pero igualmente negativa. El salario real en el sector privado cayó un 4,8% frente a noviembre de 2023, según el Índice de Salarios del INDEC.
Industria alimentaria bajo presión
La industria de alimentos y bebidas atraviesa una doble presión que combina caída del consumo interno y competencia de las importaciones. El 46,1% de las empresas del sector identifica la caída de la demanda interna como su principal problema. Las dificultades para competir con bienes importados pasaron de cero menciones en octubre de 2024 al 19,4% de los problemas identificados en enero de 2026.
Los cierres de plantas emblemáticas documentan ese deterioro. Cervecería Quilmes redujo su plantilla en la planta de Zárate, Georgalos aplicó suspensiones rotativas en Victoria con alcance a delegados sindicales con más de 30 años de antigüedad, y el Frigorífico San Roque cerró sus puertas en Morón con 140 despidos directos. Los motivos radican en la caída del consumo y el avance de las importaciones que desplazan la producción local.
A pesar de ese cuadro, el informe de Ceta Capital Humano sobre el mercado laboral del segundo semestre de 2025 ubicó a la producción alimenticia como el tercer sector en demanda de empleo, con el 13% de las búsquedas laborales. Ese peso productivo convierte cada cierre en un impacto sobre cadenas de valor regionales y sobre el acceso al empleo registrado de las comunidades donde operan esas plantas.
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Un modelo sin mercado interno
El diagnóstico macroeconómico tiene un núcleo duro: el modelo de Milei prioriza la estabilización cambiaria y fiscal sobre la demanda interna. «La apuesta es motorizar minería, petróleo y gas para exportar. Al agro con las bajas de retenciones. Al consumo masivo, lo que es alimentos y bebidas, no le fue bien», señaló Pedro Martínez, economista jefe de la consultora PxQ. «Industria y Construcción caen por el ingreso de importaciones y porque no hay obra pública. Crecen algunos servicios como inmobiliarios y basados en el conocimiento», agrega el análisis.
Desde el inicio del gobierno de Javier Milei se implementaron 138 medidas puntuales para abrir la economía y liberalizar el comercio. La mayoría de las intervenciones estuvieron orientadas a facilitar las importaciones con el objetivo oficial de aumentar la competencia y presionar a la baja los precios. El efecto sobre los precios fue parcial; el efecto sobre el empleo industrial, contundente. El uso de la capacidad instalada en la industria cayó al 57,7% en noviembre de 2025, el nivel más bajo en ocho meses.

Entre diciembre de 2023 y junio de 2026, un total de 16 multinacionales vendieron activos estratégicos o completaron su salida del país. A diferencia de las multinacionales industriales que se retiraron, las marcas internacionales que llegaron no montan plantas productivas. La apertura comercial reemplaza producción local por distribución de productos importados, sin generar el empleo calificado que pierde la industria.
«Todos los países defienden su industria, incluso los Estados Unidos de Trump, en los que busca referenciarse Milei, y también Europa. Es una rareza que un Gobierno apueste activamente a no respaldar a ningún sector», señaló un analista económico consultado sobre el impacto del modelo aperturista.
La viabilidad del modelo: tres tensiones estructurales
Los economistas convergen en identificar tensiones estructurales que el modelo no resuelve, aun reconociendo sus logros en materia de equilibrio fiscal y estabilización cambiaria.
Los analistas coincidieron en que el programa económico cuenta con activos importantes, como el superávit fiscal y comercial, que funcionan como anclas de estabilidad. Sin embargo, señalaron que esos logros no alcanzan por sí solos para garantizar crecimiento, y que será necesario avanzar en medidas que impulsen la inversión y el consumo.
La primera tensión es la del consumo. Aún queda pendiente una recuperación en los salarios en términos reales y una mejora contundente en el consumo masivo. Las estadísticas oficiales y del sector privado confirman que el poder de compra continúa retraído en un escenario heterogéneo para las negociaciones salariales.
La segunda es la tensión de objetivos. El economista Santiago Bulat la ordenó bajo el concepto del «Tridente 2026»: el Gobierno busca sostener al mismo tiempo comprar reservas, seguir bajando la inflación y lograr una mejora sustancial de la actividad económica, objetivos que en la práctica se neutralizan entre sí. El Gobierno proyecta un crecimiento del 5%, pero la recuperación es profundamente asimétrica: sectores exportadores como el agro, la minería y la energía traccionan; el consumo masivo, la industria y el mercado interno siguen deprimidos.
La tercera tensión es la de la deuda. El Gobierno quiere generar un boom exportador para pagar la deuda externa y financiar el fuerte aumento de las importaciones. El país afronta vencimientos de deuda externa por casi el 50% de las reservas brutas.
Lo que los números dicen
El balance de 28 meses no admite lecturas neutras. La estabilización de la inflación y el superávit fiscal son resultados reales del programa. Pero tienen como contracara 370.000 puestos de trabajo destruidos, 26.000 empleadores que cerraron y un salario mínimo real que retrocedió a niveles previos a la convertibilidad.
El deterioro del mercado laboral se combina con una caída del poder adquisitivo. El economista Jorge Barreto puso en contexto la discusión y advirtió que el salario real «creció 0% en 13 años y medio». «En el largo plazo, los salarios reales crecen cuando crece la productividad. Si el salario real está en el mismo nivel que hace 13 años, no hubo crecimiento sostenido del producto por habitante, ni mejora estructural de la productividad. Ya no es un fenómeno coyuntural sino estructural», resumió.
La paradoja es elocuente: la macro mejora, pero el tejido productivo no termina de estabilizarse. Para el sector gremial de Alimentación y para los trabajadores industriales que perdieron su empleo registrado, esa paradoja es el centro del problema, y ninguna promesa de derrame la resuelve mientras el consumo siga deprimido y las importaciones desplacen lo que la Argentina sabe producir.
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