Paritarias bloqueadas: el gobierno le pone techo al salario

La federación de Empleados de Comercio marcha el 30 de abril con la CGT mientras el gobierno bloquea acuerdos salariales firmados entre partes y el salario mínimo acumula una caída del 39% desde diciembre de 2023.

Un gobierno que se define enemigo de la intervención estatal aplica desde hace meses la práctica más vieja del intervencionismo: bloquear acuerdos salariales alcanzados libremente entre trabajadoras, trabajadores y empleadores. El caso de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), el gremio más grande del país con más de 1,2 millones de afiliados, lo expone con claridad. El gobierno de Javier Milei no homologó un acuerdo que las partes habían firmado de manera autónoma, forzó una renegociación a la baja, dejó a 120 mil trabajadores de supermercados sin cobrar el aumento de abril, y hoy amenaza con volver a rechazar las cláusulas del último convenio. Mientras tanto, la FAECyS confirmó su participación en la movilización del 30 de abril convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), y la marcha se convierte en el escenario donde los mercantiles expresarán su malestar directo por la postura del gobierno en torno a su negociación salarial. La paradoja se sostiene en datos concretos: el salario mínimo perdió el 39% de su valor desde que Milei asumió, el empleo formal privado cayó más de 200 mil puestos y los convenios colectivos corren por detrás de la inflación mes tras mes.

El techo que impone el «mercado libre»

El gobierno nacional profundiza su intervención en las negociaciones paritarias y avanza un paso más allá de presionar para que los aumentos salariales no superen la inflación: evalúa rechazar aquellas cláusulas de los convenios que considera un costo adicional para las empresas. El sector que concentra la atención es el de los empleados de comercio, el más numeroso del país con más de 1,2 millones de trabajadores bajo el CCT 130/75. La Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, estudia una homologación parcial del convenio, lo que abrió un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y el movimiento sindical.

La decisión no se da en el vacío. La estrategia oficial apunta a un doble objetivo: contener la inercia inflacionaria y, al mismo tiempo, poner límites al poder de negociación de los sindicatos en las mesas paritarias. La herramienta es simple: el gobierno retiene la homologación como palanca de presión, obligando a los gremios a resignar lo que ya habían acordado.

Aunque el gobierno de Javier Milei se presenta como defensor del libre mercado y promotor de la mínima intervención estatal, su injerencia en acuerdos privados como las paritarias genera tensiones crecientes. La Secretaría de Trabajo pidió renegociar el reciente acuerdo salarial del gremio de Comercio argumentando que los aumentos superan el tope del 1% fijado por la administración. El sindicato y las cámaras habían firmado un 5,4% trimestral de manera consensuada. El gobierno lo bloqueó de todas formas.

La postura contrasta fuertemente con la inflación acumulada del 8,6% en lo que iba del año, según el INDEC. El techo del 1% mensual se impuso sobre una realidad que lo superaba ampliamente. El resultado directo: el salario real cayó.

Libertad para pocos

El contraste entre el discurso y la práctica del gobierno libertario alcanza niveles difíciles de sostener. El triunvirato de la CGT lo formuló con claridad: «Si hay algo que este gobierno ha hecho y siempre ha denostado es el control de precios. Una de las anclas que está llevando adelante para mantener su política económica es, precisamente, el control sobre uno de los valores y de los precios, que es el control de los salarios».

El gobierno desreguló las tarifas de servicios, liberó los precios de los alimentos, eliminó controles en combustibles y habilitó remarcaciones en cadena. Todo eso se dejó al libre mercado. El salario, en cambio, tiene techo. Un alto funcionario libertario fue explícito: «No hay más discusión salarial por inflación». La postura oficial equivale a impedir que los sindicatos recompongan los sueldos luego de que la inflación produjo un desfase ante acuerdos salariales firmados por debajo de esa cifra.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que el gobierno puso un techo a las paritarias porque considera que los salarios generan inflación. La admisión resulta reveladora: el gobierno que dice abominar de la intervención estatal la ejerce de manera sistemática cuando se trata de limitar el ingreso de los trabajadores.

Un acuerdo bloqueado y 120 mil trabajadores sin cobrar

El episodio del primer semestre de 2025 concentra la dimensión concreta del problema. Las principales cadenas de supermercados resolvieron no pagar a su personal el aumento salarial acordado correspondiente al mes de abril, ya que el Ejecutivo no homologó la paritaria entre el gremio y las cámaras. La decisión afectó a unos 120 mil trabajadores de esas cadenas, que no cobraron el incremento de 1,9% más una suma fija no remunerativa definido para el mes de abril.

Los supermercadistas usaron la inacción oficial como escudo. Cuando el Estado no homologa, los empresarios encuentran incentivos para no cumplir. El Sindicato de Empleados de Comercio Capital Federal cuestionó la «intromisión del gobierno nacional en la discusión de las paritarias libres» y estableció un «estado de alerta» mientras llamó a efectuar asambleas en los puestos de trabajo.

La paritaria mercantil recién se pudo homologar en agosto de 2025, luego de que Cavalieri y las cámaras empresariales rubricaron un acuerdo para el segundo semestre que incluyó los montos del primer semestre. Meses de conflicto, trabajadores que no cobraron en tiempo y forma, gremios en alerta. Todo por un 5,4% trimestral que las partes habían acordado libremente.

Armando Cavalieri, conductor habitual de una dirigencia moderada y dialoguista, tomó distancia del gobierno: «¿Tener salarios que aumentan 1,5% o 1,7% es realmente un peligro para la estabilidad que busca Milei? Si es así, estamos en una situación muy delicada». Y agregó que si eso ponía en peligro la inflación argentina, el país estaba perdido.

La marcha del 30 de abril

La movilización que la CGT convocó para el 30 de abril hacia Plaza de Mayo concentra el malestar acumulado del movimiento obrero organizado. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) confirmó su participación en la jornada y caracterizó la situación actual como «un deterioro sostenido de los ingresos». Más allá de la convocatoria general, la columna mercantil llevará a la Plaza un reclamo específico: el rechazo a la postura del gobierno en las negociaciones paritarias del sector, que amenaza nuevamente con no homologar la totalidad del acuerdo alcanzado entre las partes.

La CGT convocó la movilización en reclamo por la caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario y el endeudamiento familiar, y reclamó la defensa irrestricta de la posibilidad de que cada gremio pueda tener una discusión libre en sus paritarias salariales.

La jornada incorpora además una dimensión simbólica: una celebración religiosa en homenaje al papa Francisco, en el marco de su relación con la defensa del mundo del trabajo y de los trabajadores. La consigna «Tierra, Techo y Trabajo» interpela de manera directa al modelo que el gobierno de Milei aplica. Desde ATE, Rodolfo Aguiar fue contundente: «Si no hay plata no habrá paz social. El gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación». La central de los estatales suma su propio reclamo por la reapertura inmediata de las paritarias del sector público.

Los números que el modelo no puede esconder

Los datos desmienten la narrativa de la recuperación que el gobierno repite. El poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil disminuyó 39% entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, según el informe «Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones» del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El salario mínimo real en marzo de 2026 se situó en $352.400, cifra que representa un tercio del máximo histórico de septiembre de 2011 y un nivel incluso inferior al registrado en 2001, previo a la crisis de la convertibilidad.

El empleo formal sigue el mismo camino descendente. El empleo asalariado formal acumula nueve meses consecutivos de caída, con una pérdida de 206.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023. En términos interanuales, el empleo formal total se redujo 1,2% en enero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, mientras que la baja alcanza el 3% en comparación con noviembre de 2023.

En febrero de 2026, el Índice de Salarios registró un incremento de 2,4% mensual, por debajo de la inflación de 2,9% en el mismo período. En términos interanuales, los salarios acumularon una suba de 35,8%, frente a una inflación del 36,25% entre febrero de 2025 y el mismo mes de este año. La tendencia acumula seis meses consecutivos de caída del poder adquisitivo.

De los 27 acuerdos paritarios relevados por la propia Secretaría de Trabajo, solo cinco lograron empatar o superar la inflación mensual, dejando a los 22 restantes en terreno negativo. El organismo oficial confirma con sus propios números que el modelo destruye salarios.

Pierden los trabajadores

La lógica que el gobierno aplica a todos los sectores es la misma: el salario como variable de ajuste, como ancla inflacionaria, como herramienta para contener un modelo que, sin ese límite artificial al poder adquisitivo, mostraría más rápido su inviabilidad. El salario real acumuló una baja del 1,9% en el primer bimestre de 2026, profundizando una dinámica de pérdida de poder adquisitivo que ya alcanza el 8,9% en promedio.

La estrategia tiene una falla estructural que los propios datos del gobierno exponen: sin recomposición del ingreso de los trabajadores, el consumo interno se contrae, la actividad económica no se sostiene y el ajuste termina siendo mayor para quienes menos tienen.

Un empleado público nacional perdió el equivalente a 7,7 salarios mensuales promedio desde noviembre de 2023. En el caso de los privados formales, la pérdida acumulada equivale a casi un sueldo mensual completo. No son cálculos sindicales: surgen de informes del IARAF sobre datos del INDEC.

La inviabilidad del modelo

El gobierno apuesta al ancla salarial como pilar de su política antiinflacionaria. La estrategia tiene una falla estructural que los propios datos del gobierno exponen: sin recomposición del ingreso de los trabajadores, el consumo interno se contrae, la actividad económica no se sostiene y el ajuste termina siendo mayor para quienes menos tienen.

Las pymes registran un aumento de los pedidos de anticipo de salario por parte de sus trabajadores. En algunos casos, en los últimos meses trepó del 5% al 20% de la plantilla que realizó esas solicitudes. El endeudamiento familiar crece. La morosidad avanza. El consumo cede.

En la comparación con 2017 —uno de los últimos años de mayor poder adquisitivo—, los salarios privados acumulan una pérdida cercana al 20%, mientras que en el sector público la caída ronda el 35%. En 98 meses, un empleado privado formal perdió el equivalente a 16,2 salarios mensuales de 2017, mientras que un trabajador del sector público resignó 21,8 salarios, casi dos años completos de ingresos.

El movimiento obrero organizado responde con la herramienta que tiene: la movilización. La marcha del 30 de abril hacia Plaza de Mayo condensa la respuesta de los trabajadores ante un gobierno que predica la libertad de mercado y la ejerce a medias: plena para las empresas, negada para quienes trabajan en ellas.

La intervención del Estado en las paritarias forma parte constitutiva del modelo libertario. Es su condición de posibilidad. Sin el ancla salarial, la inflación que el gobierno promete domar se acelera. Con ella, los trabajadores financian con su bolsillo una estabilidad que no llega.

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