La justicia rechaza el amparo de la CGT contra la reforma laboral

Un tribunal federal desestimó la medida cautelar presentada por la central obrera, aunque la batalla judicial recién empieza con nuevas impugnaciones sindicales.

La CGT llevó la pelea a los tribunales y el primer fallo le fue adverso. La central obrera no ceja: anuncia recursos judiciales y amenaza con llegar a la CIDH mientras una oleada de nuevas impugnaciones sindicales se suma a la disputa.

El primer round, para el Gobierno

La batalla contra la Ley de Modernización Laboral llegó a los tribunales con fuerza sindical inédita, pero el primer pronunciamiento judicial favoreció al Ejecutivo. Un tribunal del fuero Contencioso Administrativo Federal rechazó la medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo para frenar la implementación de la norma, sancionada por el Senado a fines de febrero y promulgada el 6 de marzo. Para la CGT, sin embargo, el rechazo no es el final del camino sino el comienzo de una disputa que, según anticiparon sus dirigentes, escalará por todas las instancias judiciales disponibles, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La ley, que el oficialismo bautizó como de «modernización laboral», introduce cambios que el movimiento obrero califica de histórica regresión: habilita jornadas de hasta 12 horas diarias, redefine la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, impone servicios mínimos del 75% en actividades esenciales para limitar el ejercicio del derecho de huelga, y restringe las facultades sindicales en la negociación colectiva. Desde la CGT advierten que desde que Milei asumió se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo y que 11 de las 14 ramas de la actividad privada cerraron el 2025 en negativo.

Los argumentos del movimiento obrero

La central sindical construyó su impugnación sobre dos pilares del derecho laboral argentino. El primero es el principio de progresividad, que establece que el Estado no puede adoptar medidas que signifiquen un retroceso en derechos ya reconocidos a los trabajadores. El segundo es el principio protectorio, que reconoce la desigualdad estructural entre empleador y trabajador y obliga al Estado a brindar tutela especial a la parte más débil de la relación laboral. Ambos principios, sostiene la CGT, son vulnerados de manera flagrante por la nueva normativa.

A estos argumentos se suma la afectación directa del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que consagra la protección contra el despido arbitrario, el derecho de huelga, la negociación colectiva y la libertad sindical. En su presentación ante los tribunales, la cúpula cegetista fue categórica: «Esta ley significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales que violan expresamente principios constitucionales.» Y advirtieron que la norma no es un hecho aislado sino parte del programa económico-social del Gobierno: «Todos estos perjuicios son consistentes con la implementación del programa que lleva adelante el gobierno nacional.»

El punto que la CGT consideró más sensible jurídicamente es el artículo que limita el derecho de huelga. Para la central, exigir servicios mínimos del 75% en actividades esenciales equivale a vaciar de contenido el derecho constitucional a la protesta laboral.

Una oleada de impugnaciones desde todo el país

El rechazo al amparo de la CGT no frenó la ofensiva judicial del movimiento sindical, sino que la multiplicó. En las horas siguientes, la Asociación Agentes de Propaganda Médica formalizó su propio pedido de inconstitucionalidad ante la Justicia, acoplándose a la estrategia que ya venían ejecutando los pilotos de APLA y los trabajadores estatales de Neuquén agrupados en ATE.

Desde la Patagonia, la voz del secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, aportó una perspectiva federal y una crítica que excede a la norma en sí misma. Quintriqueo señaló que la ley es una reedición de puntos que ya fueron declarados inválidos judicialmente cuando el Gobierno intentó colarlos en el DNU 70/2023. Pero además lanzó una advertencia hacia adentro del propio movimiento sindical: cuestionó a las conducciones gremiales nacionales por una pasividad que, a su criterio, obligó a trasladar a los estrados una discusión que debió haberse saldado con mayor presencia en las calles. En Neuquén, donde el 100% de los estatales están convencionados, la reforma debilita las negociaciones colectivas y las facultades de los ministerios de trabajo locales, subrayó el dirigente.

Alimentación en Tribunales: «Defender el trabajo es defender la Constitución»

El STIA Buenos Aires fue parte de la columna que acompañó a la CGT en la movilización al Palacio de Tribunales. El sindicato de los trabajadores de la alimentación porteños marchó bajo la consigna que la propia central eligió para enmarcar la jornada: defender el trabajo es defender la Constitución. La presencia del STIA en Tribunales no fue solo simbólica. Para el sector alimenticio, la reforma laboral representa una amenaza concreta sobre la arquitectura de la negociación colectiva que el CCT 244/94 construyó durante décadas. La posibilidad de que los convenios por empresa desplacen a los acuerdos sectoriales, la flexibilización del período de prueba y los cambios en el régimen indemnizatorio son puntos que el gremio sigue con especial atención.

La pelea recién empieza

El escenario judicial que se abre es complejo. A diferencia de lo que ocurrió con el DNU 70/2023 —donde los jueces pudieron cuestionar la forma, es decir, la vía del decreto—, ahora se trata de una ley aprobada por ambas cámaras del Congreso con los votos del oficialismo y sus aliados. Eso eleva la vara jurídica para lograr una suspensión. Sin embargo, el frente de impugnaciones sigue creciendo, y la CGT ya anticipó que llevará el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si los tribunales locales no hacen lugar a sus planteos.

Para el movimiento obrero, la disputa tiene una dimensión que excede lo estrictamente legal. Cada presentación judicial es también una declaración política: el rechazo a una reforma que consideran diseñada para disciplinar al trabajo, reducir costos laborales y desarticular la organización sindical. La batalla, coinciden desde la CGT, la FTIA y el STIA, recién empieza.

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