Una estrategia en varias capas

La conducción de la Confederación General del Trabajo resolvió no convocar a un nuevo paro general en esta etapa del debate parlamentario. La decisión no implica desmovilización, sino una redefinición táctica: evitar una confrontación que el oficialismo busca plantear en términos absolutos y sostener, en cambio, una combinación de negociación política, presencia callejera y acción judicial.

Desde la central sostienen que el Gobierno procuró forzar una dicotomía —reforma total o inmovilismo— para consolidar respaldo político. En ese marco, la CGT optó por intervenir en la discusión técnica del proyecto y abrir canales de diálogo con bloques legislativos, con el objetivo de introducir modificaciones concretas.

Dirigentes cegetistas señalan que esta estrategia permitió frenar o atenuar artículos vinculados a indemnizaciones, extensión del período de prueba y límites al derecho de huelga. Aunque el texto conserva ejes centrales del programa oficial, la central considera que su intervención evitó un esquema de mayor desregulación.

Del Congreso a los tribunales

Con la sanción de la reforma cada vez más probable, la CGT anunció que avanzará con planteos judiciales para cuestionar la constitucionalidad de determinados artículos. El eje argumental se apoyará en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el principio de progresividad de los derechos sociales.

La decisión implica trasladar la disputa institucional hacia el fuero laboral y eventualmente a la Corte Suprema, en una estrategia que busca ganar tiempo, abrir instancias de revisión y consolidar un frente jurídico sólido.

En paralelo, la central convocó a acompañar movilizaciones frente al Palacio de Tribunales, donde también se expresó el rechazo al traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Para la CGT, la defensa del fuero laboral es un componente estructural de la protección de derechos.

Alimentación y el respaldo sindical

Entre los gremios que respondieron a la convocatoria se destacó la participación de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, que acompañó la movilización frente a Tribunales en respaldo a la estrategia definida por la central.

La presencia del sector de Alimentación no es menor: se trata de una actividad con fuerte peso en la estructura sindical y con capacidad de movilización territorial. Su apoyo refuerza la lectura de que la CGT logró sostener cohesión interna en torno a una hoja de ruta común.

La central también acompañó a la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación en el reclamo contra el traspaso del fuero laboral, entendiendo que la disputa institucional forma parte del mismo escenario político que atraviesa la reforma.

Una lógica de acumulación

La CGT interpreta que el contexto actual exige administrar fuerzas. Con un oficialismo decidido a avanzar con cambios estructurales y un Congreso con mayorías ajustadas pero operativas, la central evalúa que un paro general en esta etapa podría reforzar la narrativa gubernamental de confrontación total.

En cambio, la conducción apuesta a una lógica de acumulación: intervenir en el texto legal, preservar derechos en la negociación, sostener presencia pública y preparar una ofensiva judicial. No se trata de abandonar la movilización, sino de dosificarla y articularla con herramientas institucionales.

Este enfoque busca evitar que la discusión quede reducida a un choque frontal que favorezca al Ejecutivo. La judicialización, en ese sentido, aparece como un terreno donde la CGT puede disputar interpretación constitucional y ganar margen político.

Un conflicto que se redefine

La reforma laboral abre una nueva etapa en la relación entre el movimiento obrero organizado y el Gobierno de Javier Milei. Lejos de una respuesta unidimensional, la CGT eligió una estrategia escalonada: negociación, movilización selectiva y acción judicial.

El escenario inmediato estará marcado por la presentación de recursos de inconstitucionalidad y por el seguimiento de la aplicación de la ley. Para la central, el conflicto no termina con la votación parlamentaria; comienza una etapa de revisión jurídica que puede redefinir alcances y límites de la reforma.

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