Un colectivo de unos 5oo ejecutivos y grandes empresarios piden que no se avance con el Juicio Político a la Corte Suprema.

Sostienen que el cuestionamiento al Poder Judicial podría frenar la inversión privada, razón por la que le pidieron al la comisión de juicio político del Congreso que no avance con el trámite.

 Oposición y empresarios en defensa de la Corte

En sintonía con el reclamo de la oposición y de un sector del Poder Judicial, un grupo de grandes empresarios y ejecutivos solicitó a través de una carta a los integrantes de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que frene el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

El escrito se difundió después de que se conociera que el próximo 26 de enero es la fecha fijada para que inicie el trabajo de la comisión de Juicio Político, presidida por Carolina Gaillard en la Cámara Baja.

“Los abajo firmantes, ciudadanos, empresarios y profesionales preocupados por el presente y futuro de nuestra querida Argentina, nos dirigimos en primer lugar a los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados como así también al resto de los diputados de dicha Cámara para que desistan del intento de juicio político a los jueces miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)», comienza el escrito que firmaron, entre otros, Verónica Andreani (Andreani) Gonzalo Tanoira (ACDE- San Miguel) , Nicolas Braun (La Anónima), y Cristiano Rattazzi (FIAT).

En esa línea, plantean que la Constitución Nacional «es el pacto social que une a los argentinos y es el marco en el cual se desenvuelven todas las actividades que se desarrollan en el país», por lo que «el respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de dicho marco».

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Una Corte comprometida

El proyecto que presentó el Frente de Todos para impulsar el juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema se fundamente en una serie de causas judiciales con firme sustento.

Sin embargo, la razón que obligó al Gobierno de Alberto Fernández a actuar, fue el viaje a Lago Escondido y luego, la filtración de los chats entre el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, actualmente con licencia, y el vocero del presidente de la Corte, Silvio Robles.

El vuelo del escándalo partió de San Fernando el 13 de octubre gestionado por la empresa Flyzar con destino a Bariloche.

El vuelo privado lo compartieron los magistrados Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques. También lo hicieron el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; el consultor, Tomás Reinke; y un exhombre de Inteligencia, Leonardo Bergot.

La polémica comitiva fue recibida en el aeropuerto por Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y el CEO del grupo empresario Jorge Rendo, quienes habrían oficiado de anfitriones durante el fin de semana que compartieron en la residencia de Joe Lewis en Lago Escondido.

Fallos políticos

No sólo las relaciones impropias y las dádivas comprometen a los funcionarios judiciales.

También existen una serie de decisiones judiciales de la Corte Suprema que también dan lugar a que los miembros del máximo tribunal rindan cuentas.

La principal, y una de las más recientes, es el fallo por la coparticipación a favor de la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de los intereses del resto de las provincias del país.

Además, está sujeto a revisión el fallo que definió la composición del Consejo de la Magistratura, y a la resolución de 2017 que avaló el cómputo del 2×1 para los delitos de lesa humanidad.

Otra de las razones mencionadas involucra la situación de la obra social del Poder Judicial. El pedido de juicio político destaca las irregularidades detectadas por una auditoría impulsada por el propio Máximo Tribunal.

La iniciativa desarrolla a lo largo de sus 84 páginas los antecedentes en los que se funda el pedido de remover a los magistrados, detalla las conductas reñidas con sus funciones en las que incurrieron y consigna quiénes, además de los propios supremos en su condición de acusados, deberían comparecer como testigos al cabo del proceso previsto en la Comisión de juicio político de la Cámara de Diputados.