LA CGT espera que el Congreso respete las modificaciones a la reforma laboral

La CGT busca llegar a un acuerdo para que se avance en el blanqueo de casi 1 millón de trabajadores.

El miércoles 29 será tratada la iniciativa de reforma laboral que el Poder Ejecutivo logró acordar con la Confederación General del Trabajo (CGT), la semana pasada. Desde la central obrera esperan que las modificaciones introducidas a la propuesta original sean tenidas en cuenta por los legisladores del Congreso de la Nación.

El principio de acuerdo al que llegó el Poder Ejecutivo con la CGT, será rubricado en el Parlamento nacional, el miércoles, donde los representantes de las organizaciones sindicales mas importantes del país, esperan que sean respetadas las modificaciones introducidas al proyecto original del Poder Ejecutivo.

Los temas fundamentales cuestionados por la central obrera giraron en torno a la filosofía del derecho tutelar, el costo de las indemnizaciones y el banco de horas, entre otros. El interés de la CGT por llegar a un acuerdo reside en que se avance en un mecanismo para que se blanqueen casi 1 millón de trabajadores y así puedan gozar plenamente de derechos laborales.

Los cambios más importantes sobre el proyecto del gobierno son la eliminación del artículo 4, que proponía redefinir el concepto legal de trabajo lo que implicaba la pérdida del sentido en el marco del derecho laboral.

Rodolfo Daer, miembro de la CGT, durante el debate en el STIA
Debate durante el plenario de delegados del STIA antes del acuerdo de la CGT

La creación de una mesa de diálogo tripartita, similar a un Consejo Económico y Social que funcionará en forma permanente para evaluar y determinar medidas o cambios en el actual marco laboral.

Por otra parte se remarcó que la «irrenunciabilidad» de derechos no podrá alcanzar ningún aspecto del convenio ni de la Ley de Contrato de Trabajo y que en el resto de los casos los trabajadores deberán ser patrocinados por abogados del sindicato en las presentaciones ante la autoridad administrativa. La modificación del principio de irrenunciabilidad suponía que el trabajador podría renunciar a los derechos adquiridos en la empresa, por ejemplo, a los premios estímulo. Con esta modificación peligraban los beneficios que están por fuera de la ley pero que se han convertido en derechos adquiridos de los trabajadores.

Otro de los puntos es que se exigió que no se rompa el principio de solidaridad en caso de incumplimiento; es decir, se mantiene la responsabilidad solidaria de la empresa principal en las tercerizaciones. Además, se incorporó una cláusula para que ningún principal puede tercerizar una tarea y que los trabajadores tercerizados estén por debajo de lo que marca el convenio colectivo, con lo cual nadie podrá subcontratar por debajo de los costos.

La CGT además rechazó la eliminación de la “hora extra” por el concepto de «Banco de Horas». La creación del llamado «banco de horas» sólo podrá efectuarse mediante el convenio de actividad y pidió que éstas y las comisiones se computen para el pago de indemnizaciones. La versión original de la reforma proponía que el salario que se tome para la indemnización sea el básico, es decir que no incluya premios, horas extra o aguinaldo.

Los últimos puntos cuestionados desde la central obrera apuntaron al régimen de Pasantías que se reduciría de los 18 meses proyectados por el gobierno a 12 meses de extensión de las llamadas «prácticas formativas», y al blanqueo donde los derechos individuales del trabajador que se blanquea se computan desde la fecha en que se inició la relación laboral y no desde el inicio del blanqueo, sin límite de retroactividad. Esto último incluye al cómputo de la antigüedad, las vacaciones o el cálculo de la indemnización. En cuanto a los efectos previsionales, será cómo máximo retroactivo hasta 5 años.

Por último quedó por definir las llamadas «Nuevas categorías laborales» que introduce la figura del “trabajador independiente”. Las negociaciones determinaron que un profesional que preste servicios por hasta 22 horas semanales podría considerarse automáticamente en relación de dependencia. Sobre esto se acordó que una comisión mixta integrada por funcionarios, gremios y empresarios definiría en 90 días qué profesiones abarcaría.

 

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