Reforma laboral: Los empresarios y el tiro de fin de año

Mientras los indicadores de producción, empleo, salarios, pobreza y consumo no mejoran para 2019, el sector empresarial salió a pedir el impulso de la reforma laboral y la modificación de los convenios colectivos de trabajo, para flexibilizar más las relaciones laborales. La CGT le respondió fuerte.

El vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, alzó la voz de los empresarios esta semana y salió a pedir que se reflote el proyecto del gobierno que apunta a modificar la Ley de Reforma Laboral y que se cambien los convenios colectivos de trabajo.

El referente industrial dejó trascender la intención real de el emprendedorismo nacional que busca ajustar aún más por el lado del salario y las condiciones laborales, en un contexto donde la inflación y la devaluación ya azotaron duro al poder de compra de los trabajadores.

Funes de Rioja hizo uso del recurso del trabajo informal para justificar su pedido, pero queda claro que las pretensiones de los empresarios son transformar la norma que regula las relaciones laborales para debilitar el carácter colectivo de la defensa del empleo.

Ello implica horadar uno de los puntos fuertes del reclamo salarial de cada año, desde que se reabrieron las mesas de negociación salarial, en 2004, que es la acción gremial conjunta para exigir paritarias acordes con la inflación.

Los empresarios no quieren dejar de ganar

El año que se va es un claro ejemplo del disgusto que a los empresarios les provoca las paritarias. En octubre, a pesar que todos los indicadores daban que el salarios perdería 20 puntos contra los precios, los empresarios rechazaron reabrir negociaciones.

El propio Funes de Rioja salió a rechazar la reapertura de paritarias exigida por la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA), asegurando que le resultaba “sorpresivo” el pedido de los empleados.

Su actitud de negación, como la de todo el empresariado del sector, que derivó en la ocupación de plantas y un conflicto de más de un mes de extensión, dejó en claro que detrás de sus discursos reformistas se esconde una clara vocación precarizadora.

Desde la Confederación General del Trabajo salieron a responder con contundencia que los convenios colectivos de trabajo no se van a tocar, y que no habrá apoyo del movimiento obrero a un proyecto de Ley de reforma laboral.

De aquí en más resta ver cuál será la actitud de los parlamentarios en caso de un virtual triunfo de la gestión actual en 2019. Pero, además, si la situación económica y social del país brinda el contexto para tratar una norma que impulse más presión sobre el trabajo.

Ya entrando al cuarto año de gobierno de la administración Cambiemos la lectura en retrospectiva permite ver que la protección del salario y el empleo no está entre sus prioridades. Es ahora, pues, cuando las herramientas gremiales son más necesarias.

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Reforma laboral

Cada vez se dibuja con más nitidez que la inflación, cómo cuestión “onirica”, no es una preocupación, en sí misma, para los empresarios que, durante todo 2018, no cesaron de subir los precios de sus productos.

De hecho fue el propio sector empresarial el gran responsable del alza de precios al trasladar el valor dolarizado de sus productos al consumidor local, con las dos grandes megadevaluaciones de este año.

Lo que realmente les importa es que, en un contexto de alta inflación, los salarios no crezcan, haciendo perder capacidad de compra a los trabajadores.

Es por eso que el proyecto de reforma laboral apunta a modificar las condiciones de contratación de los trabajadores para desamparar de derechos que protegen el salario y el poder adquisitivo del movimiento obrero.

Convenios colectivos de trabajo

Uno de los ejes de la reforma que quieren imponer es justamente socavar la capacidad colectiva que los asalariados tienen para defender su sueldo. El objetivo es quitarle a los sindicatos la capacidad de representación de grandes masas de trabajadores.

Concretamente, los empresarios pretenden conseguir que, en lugar de negociar paritarias con los gremios y en el orden nacional, hacerlo de manera individual con los trabajadores, para definir condiciones y modalidades de contratación.

El discurso reformista de los empresarios apunta a seducir a los empleados para que eludan la vía gremial como herramienta de negociación de sus condiciones, derechos y salarios.

Claro que, si eso sucediera, es muy difícil pensar que los empleados pudieran obtener paritarias que les permitiera batallar la inflación, cómo hicieron numerosos gremios que emprendieron medidas de fuerza contundentes.

La capacidad de organización, la representación y la huelga como medidas de protesta perderían eficacia para defender el ingreso de miles de trabajadores. Por tal motivo la CGT salió ya a manifestar su oposición al tratamiento posible del proyecto.

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CGT con todo

En ese sentido, el referente de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer, salió a marcar posición al respecto. «El Gobierno debe llamar otra vez al Consejo del Salario para actualizar el monto», dijo Daer.

El referente de la CGT le apuntó al intento de las cámaras de empresarias de reinstalar la reforma laboral.

«En lugar de amagar con una reforma laboral que no va a pasar en el Congreso, el Gobierno debería llamar de nuevo y reabrir esa instancia para discutir el piso del salario», sostuvo el secretario general del gremio de Sanidad.

Los convenios no se tocan

Esta no es la primera vez, desde ya, que los empresarios y el gobierno nacional intentan avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Hace un año la central obrera de los argentinos también tuvo que salir a «marcar la cancha».

Es que, en pleno debate sobre reforma laboral y previsional, el gobierno intentó que avanzara el proyecto en diciembre de 2017, en el Congreso. La resistencia de los trabajadores le hizo bajar las pretensiones.